TSJ Regiones - Decisión

Exp. 48.922

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Años 207° y 159°

Conoció por distribución este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, del presente Juicio contentivo de la demanda que por IMPUGNACIÓN DE MATERNIDAD, incoaran los ciudadanos GIAN PAUL MORON BRAVO y SILVIA CAROLINA GÁMEZ BRAVO, venezolanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad números 24.736.171 y 15.808.894 en su orden, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y en el estado de Florida de los Estados Unidos de América respectivamente, en contra de la ciudadana XIOMARA ALBERTINA BRAVO PÉREZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad número 5.504.832, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, de conformidad con lo establecido en los artículos 221 y 226 del Código Civil, pasando este Tribunal a pronunciarse sobre la procedencia de la pretensión incoada tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

I
ANTECEDENTES

Alega la representación judicial de la parte actora que el ciudadano GIAN PAUL MORON BRAVO, nació el día 14 de marzo de 1996 en la Clínica Maraven Sur de Lagunillas, hoy Parroquia Venezuela del Municipio Lagunillas del Estado Zulia tal como se evidencia del acta de nacimiento N° 815 del año 1996 expedida por el Registro Civil de la Parroquia antes nombrada, estableciéndose en ese mismo acto, como progenitora del prenombrado, la ciudadana Xiomara Albertina Bravo Perez, posteriormente realizándose el reconocimiento de su filiación paterna mediante acto de reconocimiento voluntario por parte del ciudadano Regulo Jose Moron Malave, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 14.181.781.

Indican que, durante toda su existencia, el ciudadano GIAN PAUL MORON BRAVO, ha sabido que la identificada XIOMARA ALBERTINA BRAVO PEREZ, es su abuela materna mas no su progenitora, pues su madre biológica es la ciudadana SILVIA CAROLINA GAMEZ BRAVO, antes identificada. Arguyen que, el precitado ciudadano creció recibiendo el afecto filial de ambos progenitores con su abuela conjuntamente en un mismo grupo familiar.

Mencionan que, desde su nacimiento, el precitado ciudadano vivió hasta el año 2001 con su progenitora en la siguiente dirección: Campo Bella Vista, casa N° 92, 4ta calle, del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, trasladándose su progenitora desde el mencionado año a los Estados Unidos de Norte América donde constituyó su domicilio hasta la actualidad. Concluyen que, las razones por las cuales su abuela materna funge como progenitora en su acta de nacimiento fue la corta de edad de su madre, quien para el momento de su nacimiento tenía 15 años de edad, y su padre 16, por lo que, todo fue con el objeto de protegerlo adecuadamente ante la sociedad.

Admite la buena fe de sus progenitores y abuela al momento de su presentación, pero sin embargo acude ante esta Autoridad con el objeto de regularizar su identificación y filiación materna procediendo a tales efectos conjuntamente con su verdadera madre a demandar la inquisición y establecimiento de su filiación materna de conformidad con lo establecido en los artículos 221 y 226 del Código Civil.

En fecha 23 de septiembre de 2015, es admitida la presente demanda cuanto ha lugar en derecho ordenándose la publicación de un edicto en la prensa de la localidad y tanto la notificación del Ministerio Público como la citación de la parte demandada.

En fecha 8 de octubre de 2015, la representación judicial de la parte actora presentó diligencia impulsando la citación personal de la parte demandada.

En fecha 5 de noviembre de 2015, el Alguacil natural de este Despacho expuso haber recibido los emolumentos y recaudos necesarios para llevar a efecto las diligencias ordenadas.

En fecha 13 de noviembre de 2015, el Alguacil expuso haber realizado la notificación de la representación fiscal.

En fecha 10 de diciembre de 2015, la ciudadana XIOMARA ALBERTINA BRAVO PEREZ, antes identificada y bajo asistencia jurídica presentó diligencia dándose por citada en la presente causa.

En fecha 24 de febrero de 2016, el Tribunal ordena agregar a las actas un ejemplar de la publicación en prensa ordenada mediante auto de admisión de fecha 23 de septiembre de 2015. Seguidamente y mediante actuación de igual fecha la representación judicial de la parte actora presentó escrito de pruebas en el expediente.

En fecha 7 de marzo de 2016 una vez agradado el escrito de pruebas promovido por la parte actora, son admitidas las mismas cuanto ha lugar en derecho.

En fecha 24 de mayo de de 2017 una vez evacuadas las pruebas en el expediente, es fijada la oportunidad para la presentación de los informes respectivos.

II
ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS

Durante el lapso probatorio, únicamente la parte actora procedió de manera oportuna a promover medios probatorios, pasando esta Juzgadora al análisis de los mismos conforme a las siguientes consideraciones:

En relación a la primera promoción, la parte actora promueve las siguientes documentales:

- Copia certificada del acta de nacimiento N° 815, libro 3, del año 1996 emitida por el Registro Civil de la Parroquia Venezuela, Municipio Lagunillas del Estado Zulia. Al respecto prevé esta Juzgadora que la documental en cuestión constituye copia certificada de un documento público, debiendo ser valorada conforme a las reglas establecidas en el artículo 1.359 del Código Civil el cual dispone:
“El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso:
1º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenia facultad para efectuarlos;
2º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que este facultado para hacerlos constar.”

En efecto, de la instrumental en cuestión se pueden evidenciar las siguientes situaciones: 1) Que el ciudadano Gian Paul Moron Bravo nació el día 14 de marzo del año 1996 en la Clínica Maraven Sur del Municipio Lagunillas del Estado Zulia; 2) Que originalmente fue identificada su progenitora como XIOMARA ALBERTINA BRAVO PÉREZ, plenamente identificada en actas; y 3) El establecimiento de la filiación paterna en fecha 10 de agosto de 1999 mediante el reconocimiento voluntario efectuado por su padre, ciudadano REGULO JOSE MORON MALAVE, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 14.181.781 de este domicilio, por lo cual se le otorga pleno valor probatorio en los términos antes mencionados por no ser objeto de impugnación mediante los mecanismos procesales pertinentes. Así se establece.-

- Certificación de los Pasaportes venezolanos N° D0130460 y 0470080126 pertenecientes al ciudadano Gian Paul Moron Bravo, antes identificado, y N° C1039044 perteneciente a la ciudadana SILVIA CAROLINA GAMEZ BRAVO, plenamente identificada en actas.

Analizada las anteriores documentales, prevé ésta Juzgadora que las mismas deben ser valoradas como documentos públicos administrativos. Al respecto el procesalita Arístides Rengel Romberg ha sostenido que la función del documento administrativo “...no es otra que la de documentar los actos de la administración que versan sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe o sobre manifestaciones de certeza jurídica...”. (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo IV, p. 152).

Aunado a lo anterior, la Sala Político Administrativa mediante Sentencia N° 300 de fecha 28 de mayo 1998, Juicio CVG Electrificación del Caroní, Exp. N° 12.818, expresó:
“...Esta especie de documentos –los administrativos- conforman una tercera categoría dentro del género de la prueba documental, y por tanto, no pueden asimilarse plenamente a los documentos públicos, ni a los documentos privados. La especialidad de los antecedentes administrativos radica, fundamentalmente, en que gozan de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad, pero tal presunción puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario. Se distinguen así esta especie de documentos de los instrumentos públicos, que sólo pueden ser impugnados mediante la tacha de falsedad; y de los meros documentos privados, que pueden ser, incluso, desconocidos en contenido y firma por el adversario…” (Negrillas del Tribunal).

En un mismo sentido, la referida Sala mediante sentencia de fecha 16 de mayo 2003, Juicio Henry José Parra Velásquez y otros, dejó sentado lo siguiente:
“...Los documentos públicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc), o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc.), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario...”. (Negrillas del Tribunal).

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia acoge y reitera estos precedentes jurisprudenciales, y establece que si bien los documentos públicos administrativos son dictados por funcionarios de la Administración Pública en el ejercicio de sus funciones y en las formas exigidas por la ley, no son documentos públicos, sino que constituyen en función de ello una categoría distinta.

En ese sentido, la Sala ha puesto de manifiesto las diferencias entre el documento público, el documento auténtico y el documento administrativo, en cumplimiento de lo cual ha establecido que el primero se caracteriza por ser autorizado y presenciado con las solemnidades legales, por un registrador, juez u otro funcionario o empleado público, que tenga facultades para dar fe pública; el segundo, es redactado por las partes interesadas y posteriormente es firmado ante un funcionario público, o reconocido ante aquél y, por ende, existe certeza legal de su autoría; y los documentos administrativos emanan de funcionarios de la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, con el propósito de documentar las manifestaciones de voluntad o de certeza jurídica del órgano administrativo que la emite, los cuales gozan de la presunción de veracidad y certeza, que admite prueba en contrario.

Por lo que, conforme a la jurisprudencia y doctrina ut supra expuesta, la Sala concluye que si bien el documento público y el documento administrativo gozan de autenticidad desde el mismo momento en que se forman, la cual emana del funcionario público que interviene en el acto, los documentos administrativos no se asimilan completamente a los públicos, por cuanto gozan de la presunción de certeza y veracidad, que puede ser desvirtuada por la parte mediante prueba o pruebas en contrario, que deben ser incorporadas en el proceso en cumplimiento de las formas procesales establecidas en la ley, con el propósito de que los no promoventes puedan ejercer sobre éstas un efectivo control y contradicción.

En efecto, de la documental en cuestión se evidencia 1) Que la ciudadana SILVIA CAROLINA GAMEZ BRAVO trasladó desde hace varios años su domicilio a los Estados Unidos de Norte America; 2) La existencia de múltiples entradas y salidas al territorio nacional con el propósito de visitar al ciudadano GIAN PAUL MORON; y 3) los múltiples viajes realizados por el ciudadano GIAN PAUL MORON con el ánimo de visitar a la ciudadana SILVIA CAROLINA GAMEZ BRAVO. Así se establece.-

- Licencias de Conducir clase E N° M651-295-96-094-0 y N° G521-783-80-970-0 expedida por autoridades de los Estados Unidos de América y pertenecientes a los ciudadanos GIAN PAUL MORON y SILVIA CAROLINA GAMEZ BRAVO. El Tribunal como quiera que las documentales en cuestión son de origen extranjero y no presentan legalización alguna de la firma del funcionario público que las expide en el ejercicio de sus funciones, procede a desecharlas del proceso por resultar ilegales en los términos antes mencionados. Así se establece.-

- Copia certificada del expediente N° 9819 perteneciente al antiguo Juzgado Unipersonal N° 2 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Maracaibo. Al respecto, prevé esta Juzgadora que la documental en cuestión constituye una instrumental pública debiendo ser valorada tenor de lo establecido en el artículo 1.359 del Código Civil antes citado. Del mismo se evidencian una serie de actuaciones procesales de interés, entre las cuales se destacan la práctica de una experticia hematológica ante el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (I.V.I.C.) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología en la cual pudo concluirse la existencia de una filiación materna entre el ciudadano Gian Paul Moron Bravo y la ciudadana Silvia Carolina Gamez descartandose científicamente la filiación materna entre la ciudadana Xiomara Albertina Bravo. En tal sentido, se le atribuye pleno valor probatorio a la referida documental en los términos antes explanados por no haber sido objeto de impugnación alguna durante el iter procesal. Así se establece.-

Como segunda promoción, requirió de conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, prueba de informes dirigida a 1) la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central del Departamento de Datos Filiatorios del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia con el objeto de requerir copia certificada de la planilla de datos filiatorios de la ciudadana SILVIA CAROLINA GAMEZ BRAVO; 2) el Servicio Autonomo de Identificación Migración y Extranjería (S.A.I.M.E.) con el objeto de obtener certificación de los movimientos migratorios del ciudadano GIAN PAUL MORON BRAVO; y 3) al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (I.V.I.C.), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología con el ánimo de requerir informe certificado sobre la investigación realizada sobre la filiación entre los ciudadanos Xiomara Albertina Bravo, Gian Paul Moron Bravo y Silvia Carolina Gamez Bravo.

Ahora bien, mediante oficios de fecha 9 de agosto de 2016 y 19 de septiembre de 2016, el Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (S.A.I.M.E), emitió respuesta enviando A) movimientos migratorios de los demandantes y B) datos filiatorios de la codemandada SILVIA CAROLINA GAMEZ BRAVO, consolidando ello los siguientes puntos: 1) Que la ciudadana SILVIA CAROLINA GAMEZ BRAVO trasladó desde hace varios años su domicilio a los Estados Unidos de Norte America; 2) La existencia de múltiples entradas y salidas al territorio nacional con el propósito de visitar al ciudadano GIAN PAUL MORON; y 3) los múltiples viajes realizados por el ciudadano GIAN PAUL MORON con el ánimo de visitar a la ciudadana SILVIA CAROLINA GAMEZ BRAVO. Así se establece.-

Por su parte, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (I.V.I.C.), emitió respuesta mediante comunicación de fecha 19 de enero de 2017, mediante el cual remitió resultados de la experticia de indagación de maternidad biológica entre los ciudadano Gian Paul Moron Bravo, Xiomara Albertina Bravo y Silvia Carolina Gamez Bravo del cual se constató que la ciudadana Xiomara Albertina Bravo no es la legítima madre del ciudadano Gian Paul Moron Bravo, siendo su verdadera progenitora la ciudadana Silvia Carolina Gamez Bravo con una probabilidad del 99,997%, valorándose tales informes en su pleno valor probatorio todo conforme a los términos antes asentados. Así se establece.-

Como tercera promoción, promovió la testimonial jurada de los ciudadanos DECCI MALAVE, MORELA HERNANDEZ, CARMEN SANDOVAL, MARELIS MALAVE, ADRIANA VILLALOBOS y MANUEL CASTELLANOS, venezolanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad números 3.277.244, 3.96.069, 13.529.084, 16.366.252, 24.361.539 y 24.381.006 respectivamente, siendo evacuadas las mismas ante el Tribunal Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 23 de mayo de 2016, siendo todos los testigos contestes en cuanto al establecimiento de la filiación de los ciudadanos Gian Paul Moron Bravo y Silvia Carolina Gamez Bravo, concordando los testimonios entre sí y con las demás pruebas evacuadas en la causa, estimándose y valorándose las mismas en todo su valor por la confianza que merecen los testigos de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.-

III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Valoradas como han sido las pruebas promovidas durante el desarrollo del presente juicio, éste Tribunal resuelve el mérito del mismo, trayendo a colación lo establecido en los artículos 221 y 226 del Código Civil los cuales disponen:
“Artículo 221: El reconocimiento es declarativo de filiación y no puede revocarse, pero podrá impugnarse por el hijo y por quien quiera que tenga interés legítimo en ello
Artículo 226: Toda persona tiene acción para reclamar el reconocimiento de su filiación materna o paterna, en las condiciones que prevé el presente Código.”

De acuerdo a las disposiciones transcritas, las cuales obedecen a la orientación impuesta en la reforma del Código Civil de 1982 dirigida a la búsqueda de la verdad sobre la filiación de las personas, todo sujeto tiene la posibilidad de reclamar jurídicamente su filiación comprobada, de acuerdo a las condiciones previstas en ese cuerpo legal. Como referencia de dicha disposición, el legislador establece en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil que, a falta de reconocimiento, la filiación del hijo concebido puede ser establecida judicialmente con todo género de pruebas, incluidos los exámenes o experticias hematológicas y heredobiológicas pertinentes.

Establecido lo anterior, y dada la naturaleza del litigio, el objeto de la controversia se encuentra circunscrito a la determinación de la filiación materna entre el ciudadano GIAN PAUL MORON BRAVO y SILVIA CAROLINA GÁMEZ BRAVO, plenamente identificados, para lo cual, el actor en principió debió desvirtuar la filiación existente entre la ciudadana XIOMARA ALBERTINA BRAVO PÉREZ quien aparece como su legítima madre en su acta de nacimiento.

En función de ello, el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece la premisa de la filiación de un hijo: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.”

Así las cosas este Tribunal observa que los actores, promovieron experticia hematológica ante el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (I.V.I.C.), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, evidenciándose de las resultas de la precitada experticia una probabilidad de maternidad del 99,99999% con respecto a la ciudadana SILVIA CAROLINA GÁMEZ BRAVO, excluyéndose en dos sistemas fenotipicos la presunta maternidad de la ciudadana XIOMARA ALBERTINA BRAVO con respecto al ciudadano GIAN PAUL MORON BRAVO, por lo tanto, se consideró como altísima la probabilidad de maternidad de la ciudadana SILVIA CAROLINA GAMEZ BRAVO.

Asimismo, el trato y situación familiar, quedó demostrado con las testimoniales rendidas por los ciudadanos DECCI MALAVE, MORELA HERNANDEZ, CARMEN SANDOVAL, MARELIS MALAVE, ADRIANA VILLALOBOS y MANUEL CASTELLANOS, venezolanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad números 3.277.244, 3.96.069, 13.529.084, 16.366.252, 24.361.539 y 24.381.006 respectivamente, quienes manifestaron conocer que el ciudadano GIAN PAUL MORON BRAVO, es verdaderamente el hijo de la ciudadana SILVIA CAROLINA GAMEZ BRAVO, todas siendo concordantes entre sí.

Finalmente, y como quiera que la demandada al momento de darse por citada no efectuó rechazo y contradicción sobre los términos narrados en la demanda, quedó en consecuencia demostrado que el ciudadano GIAN PAUL MORON BRAVO es el hijo legítimo de la ciudadana SILVIA CAROLINA GAMEZ BRAVO, razón por la cual es forzoso para esta operadora de justicia concluir que se debe declarar con lugar la presente demanda y así quedará establecido en el dispositivo de la presente decisión. ASÍ SE ESTABLECE.-

IV
DISPOSITIVO

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, con base a los fundamentos de hecho y derecho plasmados anteriormente, declara: CON LUGAR la demanda que por IMPUGNACIÓN DE MATERNIDAD, incoaran los ciudadanos GIAN PAUL MORON BRAVO y SILVIA CAROLINA GÁMEZ BRAVO, venezolanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad números 24.736.171 y 15.808.894 en su orden, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y en el estado de Florida de los Estados Unidos de América respectivamente, en contra de la ciudadana XIOMARA ALBERTINA BRAVO PÉREZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad número 5.504.832, en consecuencia, se deja establecido que el ciudadano GIAN PAUL MORON BRAVO es el legítimo hijo de la ciudadana SILVIA CAROLINA GÁMEZ BRAVO, y no, de la ciudadana XIOMARA ALBERTINA BRAVO PÉREZ según acta de nacimiento N° 815 del año 1996 expedida por el Registro Civil de la Parroquia Venezuela del Municipio Lagunillas del Estado Zulia. ASI SE DECIDE.-

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.
La Jueza

Abg. Adriana Marcano Montero La Secretaria

Abg. Anny Díaz Gutiérrez

En la misma fecha se publicó la anterior decisión bajo el número 258-2017 conforme a lo ordenado.-

La Secretaria

Abg. Anny Díaz Gutiérrez