REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Expediente N° __46403______
I.- Consta en las actas que:
Con fecha 10 de agosto de 2017, se recibió en este Despacho por asignación del Órgano Distribuidor bajo el No. TM-CM-13978-2017, constante de ciento doce (112) folios útiles, demanda de PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA, propuesta por las ciudadanas MARIA FABIOLA RINCÓN PEREZ y MAYRA ALEJANDRA RINCÓN PEREZ, venezolanas, mayores de edad, portadoras de las cédulas de identidad No. V- 20.833.627 y V- 14.697.303, respectivamente, en contra de los ciudadanos GISELA CARRUYO, ALBERTO RINCÓN CARRUYO y RENÉ RINCÓN CARRUYO, identificados en las actas del expediente.
II.- El Tribunal para resolver observa:
Dispone el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral 6°, lo siguiente:
“…El libelo de la demanda deberá expresar: …6°) Los instrumentos en lo que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo de la demanda...”
Asimismo, estatuye el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, que:
“…778: En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, (resaltado del Tribunal) el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente...”
Igualmente el artículo 1.920 del Código Civil, en sus numerales 1° y 4° establece:
“…Además de los actos que por disposiciones especiales están sometidos a la formalidad del registro, deben registrarse:
1º. Todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a Título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles, o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca.
(omisis)
4º. Los actos de adjudicación judicial de inmuebles u otros bienes y derechos susceptibles de hipoteca.…”
Es necesario señalar primeramente, que la existencia de una comunidad se verifica en el documento que indubitable y fehacientemente la acredite; así encontramos que cuando se trata de bienes inmuebles es ineludible que el título que acredita la propiedad de los condóminos, se encuentre debidamente registrado ante la Oficina de Registro Público correspondiente; por cuanto se trata de un documento traslativo de propiedad, de donde su efecto ante terceros se deriva justamente de la publicidad que le otorga el registro del mismo, tal como lo estatuye el transcrito artículo 1.920 en sus numerales 1° y 4° del Código Sustantivo.
Al respecto la Sala Constitucional de nuestra Máximo Tribunal, se ha pronunciado destacando la importancia que en los juicios de partición y liquidación de comunidad, tiene la existencia del instrumento fehaciente que acredita la indudable existencia de la comunidad que se pretende liquidar. En tal sentido la mencionada Sala, en sentencia del 17 de Diciembre de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente N° 003070, se pronunció de la siguiente forma:
“…Quiere la Sala apuntar, que, en los procesos de partición, la existencia de la comunidad debe constar fehacientemente (artículo 778 del Código de Procedimiento Civil) bien de documentos que constituyen o la prorroguen, o bien de sentencias judiciales que las reconozcan. No es posible dar curso a un proceso de partición sin que el juez presuma por razones serias la existencia de la comunidad, ya que sólo así podrá conocer con precisión los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes, así como deducir la existencia de otros condóminos, los que ordenará sean citados de oficio (artículo 777 del Código de Procedimiento Civil)…”
De lo anterior se colige que los requisitos de admisibilidad de las demandas de partición y liquidación de comunidad están relacionados con el orden público; y, el incumplimiento de tales requisitos es una violación al orden público del proceso, por lo que la admisión de una demanda de esta naturaleza, la cual no esté acompañada del instrumento fehaciente, debe acarrear necesariamente la inadmisibilidad de la misma.
Dentro de este marco, por una parte, se verificó del estudio minucioso de las actas que el documento del bien descrito como: “un inmueble constituido por un terreno, situado en el sector nombrado La Plaza, inmediaciones de La Iglesia Parroquial, de la Parroquia Concepción del Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, el terreno abarca una superficie aproximada de un mil cien metros cuadrados (1.100 mts²), comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos (…). Según Documento protocolizado ante el Registro Subalterno del Registro del Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, el día 13 de septiembre de 1995, bajo el No. 28, tomo 18, posteriormente protocolizado ante la referida oficina subalterna en fecha 06 de diciembre de 1995, quedando registrado bajo el No. 48, protocolo 1°, tomo 2°, del cual acompaño copia simple junto al presente escrito”; fue consignado en copia simple por la parte accionante, de la misma manera, que de una lectura del referido documento tampoco se puede presumir la existencia de una comunidad entre los herederos del ciudadano ROMER ANGEL RINCÓN LEÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 4.015.165, en lo que respecta al mencionado bien, puesto que no aparece como parte material del contrato que se halla reflejado en el referido instrumento, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional concluye que la presente demanda es inadmisible, al no cumplir con los requisitos exigidos en los artículos aplicables a la presente acción y así se decide expresamente.
III.- Por los fundamentos expuestos:
Este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda de PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA propuesta por las ciudadanas MARIA FABIOLA RINCÓN PEREZ y MAYRA ALEJANDRA RINCÓN PEREZ, venezolanas, mayores de edad, portadoras de las cédulas de identidad No. V- 20.833.627 y V- 14.697.303, en contra de los ciudadanos GISELA CARRUYO, ALBERTO RINCÓN CARRUYO y RENÉ RINCÓN CARRUYO, identificados en las actas del expediente.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE.
Déjese copia certificada de este fallo en el Tribunal de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
La Jueza Provisoria,
Dra. Martha Elena Quivera
La Secretaria,
Abg. Milagros Casanova
En la misma fecha siendo las 3:00 p.m.., se dictó y publicó la sentencia que antecede, quedando anotada bajo el No. 353-17. La Secretaria,
Abg. Milagros Casanova
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