TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su Nombre:
EL JUZGADO SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN ZULIANA
Exp. Nro. 1617-14
Suspensión de Efectos

Cursa ante este Tribunal Recurso Contencioso Tributario interpuesto el 11 de julio de 2014 ante este Juzgado por el abogado Darío Romero Delgado, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 51.623 actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad de comercio COSTA NORTE CONSTRUCCIONES, C.A., inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el Nro. J-07005600-2 y en el Registro de Comercio que llevó la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 28 de mayo de 1968, bajo el Nro. 38, Tomo 28°, modificados los estatutos de la empresa según consta de asientos insertos en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial Estado Zulia en fecha 3 de junio de 1975, bajo el Nro. 42, Tomo 10-A; en contra de la Resolución signada con letras y números SNAT-GGSJ-GR-DRAAT-2013-0812 de fecha 9 de diciembre de 2013 emanada del Gerente General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaro sin lugar el recurso jerárquico ejercido en contra de la Resolución Culminatoria de Sumario SNAT-INTI-GRTI-RZU-DSA-2009-500003 de fecha 14 de enero de 2009, en materia de Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2004.
El 14 de octubre de 2014 se libraron las notificaciones dirigidas al Procurador General de la República, Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público con Competencia Especial Contencioso Administrativo, Contencioso Administrativo Tributario, Contencioso Especial Agrario y Derechos y Garantías Constitucionales de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y al Gerente Regional de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); y el 19 de enero de 2015 el Alguacil de este Tribunal consignó las mencionadas notificaciones.
El 20 de febrero de 2015 este Tribunal mediante Resolución 039-2015 admitió el presente recurso contencioso tributario y acordó notificar al Procurador General de la Republica. Notificación efectivamente practicada el 16 de diciembre de 2015.
En fecha 16 de febrero de 2016, el abogado Darío Romero, antes identificado, por la contribuyente presentó escrito de promoción de pruebas; escrito agregado el 17 de febrero del mismo año. En fecha 25 de febrero de 2016 este Tribunal mediante Resolución 124-2016 admitió las pruebas promovidas por la contribuyente, y se ordena notificar al Procurador General de la Republica.
El 12 de enero de 2017 el abogado Carlos Velásquez, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 46.555, actuando con el carácter de apoderado judicial sustituto del Procurador General de la Republica, consignó copia certificada del expediente sustanciado en sede administrativa de la presente causa; ordenándose abrir pieza de expediente administrativo aparte.
En fecha 26 de abril de 2017 el Alguacil de este Tribunal consignó la notificación del Procurador General de la República relativo a las pruebas promovidas por la recurrente.
El 15 de junio de 2017 este Tribunal dictó auto dejando constancia del vencimiento del lapso probatorio y del inicio de la oportunidad para que las partes presenten sus respectivos informes.
En fecha 11 de julio de 2017, el abogado Carlos Velásquez, por la República respectivamente, consignó escrito de informes.
El 27 de julio de 2017 este Tribunal dijo Vistos y entró en término para dictar sentencia.
En dicho escrito recursivo, la expresada sociedad mercantil solicitó amparo cautelar. Ahora bien, habiéndose sustanciado la causa principal, el Tribunal observa que está pendiente el pronunciamiento sobre la expresada solicitud de medida cautelar, por lo cual procede a efectuar el estudio cautelar de la siguiente manera:
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
1.- El recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad de comercio COSTA NORTE CONSTRUCCIONES, C.A., tiene como objeto la nulidad de la Resolución signada con letras y números SNAT-GGSJ-GR-DRAAT-2013-0812 de fecha 9 de diciembre de 2013 emanada del Gerente General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaro sin lugar el recurso jerárquico ejercido en contra de la Resolución Culminatoria de Sumario SNAT-INTI-GRTI-RZU-DSA-2009-500003 de fecha 14 de enero de 2009, en materia de Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2004.
2.- En fecha 5 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió Acta de Reparo signada con letras y números SNAT-GRTI-RZU-DF-07-0596, en materia de Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2004, que determino un impuesto a pagar de Bs. 876.280,56.
3.- El 1 de febrero de 2008 la contribuyente presentó escrito de descargos de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del Código Orgánico Tributario.
4.- Posteriormente, se inició la instrucción del sumario administrativo, para formular descargos y promover pruebas.
5.- En fecha 14 de enero de 2009 la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana emitió Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo signada con letras y numero SNAT-INTI-GRTI-RZU-DSA-2009-500003, en la cual se revocó parcialmente los reparos y confirmó parcialmente los mismos, formulados en materia de Impuesto Sobre la Renta por Bs. 2.324.674,55 que deberá pagar el contribuyente; y, es contra esta resolución que se interpone el presente recurso contencioso tributario.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
1. Requisitos de procedencia:
El artículo 270 del Código Orgánico Tributario señala:
“La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado, sin embargo a instancia de parte, el Tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho… (Omissis)…”.

Interpretando este artículo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 00023 del 10 de enero de 2008, caso: CSR COMPUTACIÓN, C.A., ratifica su criterio contenido en los casos: Deportes El Márquez (sentencia Nº 607 del 03-06-2004), Mercedes Benz de Venezuela (sentencia No. 737 del 30-06-2004), Agencias Generales Conaven (sentencia No. 1023 del 11-08-2004), Servicios Especiales San Antonio S.A. (sentencia No. 01677 del 6-10-2004), Fuller Mantenimiento, C.A (sentencia No. 04255 del 16-06-2005), Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) (sentencia No. 00185 del 01-02-2006) y, Comercial Autocentro, C.A. (sentencia No. 01244 del 12-07-2007), entre otros, manifestando la necesidad de demostrar conjuntamente los dos extremos requeridos por el artículo 263 del Código Orgánico Tributario de 2001 hoy 270 y así ha expresado:
“…del artículo 263 del Código Orgánico Tributario, antes citado, se desprende que para la procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos deben cumplirse ciertas exigencias, que conforme con el texto de la norma se refieren a “... que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho...”.
…(omissis)…la interpretación literal del texto trascrito supra permitiría afirmar, en principio, la posibilidad de que los requisitos para decretar la medida cautelar en materia tributaria no sean concurrentes. Sin embargo, la Sala considera necesario advertir que las interpretaciones de los textos normativos…(omissis)…impone efectuarla de forma sistemática con respecto a todo el ordenamiento jurídico.
…(omissis)…esta Sala estima que las exigencias enunciadas en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, no deben examinarse aisladamente, sino en forma conjunta, porque la existencia de una sola de ellas no es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal, cual es la suspensión de los efectos del acto impugnado, en tanto que mal podrían enervarse los efectos de un acto revestido de una presunción de legalidad si el mismo no supone para el solicitante un perjuicio real de difícil o imposible reparación con la sentencia de fondo, o si aquél no ostenta respecto del acto en cuestión una situación jurídica positiva susceptible de protección en sede cautelar… (omissis)…”.

En consecuencia, es necesario constatar si los alegatos y pruebas de la recurrente, cumplen conjuntamente ambos requisitos.
2. Planteamientos de la recurrente:
En su escrito recursivo, manifiesta la recurrente que solicita medida cautelar de amparo constitucional por violación de los derechos a obtener una adecuada respuesta por parte de la autoridad pública, el debido proceso y la presunción de inocencia, igualmente los principios de capacidad contributiva y seguridad jurídica.
3. Ahora bien, para decidir sobre la cautelar solicitada el Tribunal observa:
Es deber de las partes impulsar todo proceso desde su inicio hasta su propia culminación. En razón de ello, encontramos que el artículo 265 del Código Orgánico Tributario establece:
“La instancia se extinguirá por el transcurso de (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa no producirá la perención”.

Disposición que concuerda con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”.

En sentencia Nº 00696 de fecha catorce (14) de julio del año dos mil diez (2010), la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado en cuanto a la institución de la perención lo siguiente:
“En orden a lo anterior, debe esta Alzada realizar algunas consideraciones respecto a la institución de la perención de la instancia, la cual constituye un medio de terminación procesal que opera por la inactividad de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, cuando esta omisión se prolonga por más de un (1) año.
Dicho modo de terminación procesal no es más que una sanción, que tiene por objeto evitar que los procesos en que existe falta de instancia o interés de las partes se prolonguen indefinidamente.
A tal efecto, se observa que la figura de la perención se encuentra prevista en las normas dispuestas en los artículos 267 del Código de Procedimiento Civil y 265 del vigente Código Orgánico Tributario, en los términos que a continuación se transcriben:
(…)
En atención a los dispositivos antes transcritos, esta Sala considera que para que opere la perención en el ámbito tributario, es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos, a saber: 1) la paralización de la causa por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento, transcurrido el cual el tribunal podrá sin más trámites declarar consumada la perención, sea de oficio o a solicitud de parte interesada; 2) la falta de realización de actos de procedimiento por las partes, pues el único límite impuesto por la norma en referencia, es que se haya dicho ‘vistos’, en cuyo caso no existirá inactividad”.

Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa N° 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. Conduven).
Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos debe ser entendida como aquélla en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras).
En este sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la aplicabilidad de la perención a incidencias cautelares como lo es la de la suspensión de efectos del acto recurrido, en sentencia No. 00871 de fecha 31 de mayo de 2007, caso: LABORATORIOS SUBSTANTIA, C.A., señaló:
“A mayor abundamiento, debe esta Sala precisar que si bien en la presente causa se encontraba pendiente un pronunciamiento respecto de la suspensión de efectos, este Alto Tribunal ha señalado que cuando se trate de cualquier otro pronunciamiento que no sea la sentencia de mérito, no existe impedimento para decretar la perención. Así, la Sala Constitucional en decisión N° 853 del 5 de mayo de 2006, estableció:
´El decreto de la perención, por el transcurso de más de un año sin actividad de las partes, ha sido considerado por esta Sala Constitucional como una sanción del legislador frente a la inactividad de las partes. Así en la sentencia Nº 956/01 del 1 de junio, se dejó sentado lo siguiente:
‘...También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención…’.
Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.
Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al de mérito.
En ese sentido se pronunció esta Sala Constitucional en sentencia N° 909 del 17 de mayo de 2004, en la que señaló:
De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia’. (…).
En el caso en el que se dictó la sentencia citada, se encontraba la causa al igual que en el presente, a la espera de un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, en particular de la Sala Político Administrativa, pero en ambos se trataba de una decisión interlocutoria.
En ese orden de ideas se indicó en la sentencia citada:
‘…que el acto judicial objeto del presente recurso de revisión, es la decisión del 30 de enero de 2003, dictada por la Sala Político-Administrativa, en el proceso correspondiente al recurso de nulidad interpuesto por el hoy solicitante, contra la resolución número DGAC-002 dictada por la Contraloría General de la República, en el cual la parte recurrente apeló, el 18 de abril de 1996, del auto que declaró inadmisible la prueba de testimonial promovida, se ordenó pasar el expediente al ponente a los fines de decidir la incidencia, posteriormente, el 2 de julio de 1997, la parte actora solicitó pronunciamiento sobre la referida apelación. En ese estado la causa principal se paralizó por un período superior a un año, por lo que, la representación de la Contraloría General de la República solicitó se decretara la perención, el 21 de julio de 1998.
De lo anterior se desprende que en la referida causa no se había dicho ‘vistos’ y estaba pendiente una decisión interlocutoria con relación a la mencionada apelación, razón por la cual no puede pretenderse la aplicación del criterio vinculante establecido por esta Sala con relación a la institución de la perención, que según lo expuesto, conduce a la anulación de las sentencias posteriores al 1 de junio de 2001 que declaren la perención en causas paralizadas por más de un año después de ‘vistos’.
Siendo así, estima la Sala que, en el caso planteado, la parte actora debió impulsar el procedimiento y ante su falta de actividad operó la perención de la instancia prevista en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo declaró la Sala Político- Administrativa a través de su decisión del 30 de enero de 2003, objeto del presente recurso de revisión”. (Subrayado y Resaltado de esta Sala).
En razón del criterio precedentemente expuesto, y atendiendo a lo determinado por la Sala Constitucional en la decisión parcialmente transcrita, debe esta Sala declarar que en el caso de autos ha operado de pleno derecho la perención de la instancia. Así se declara.

En este sentido, de actas se observa que en el presente caso, desde que el apoderado judicial de la parte recurrente Costa Norte Construcciones, C.A. presentó conjuntamente con la interposición del recurso contencioso tributario, la solicitud de amparo constitucional del acto recurrido (11 de julio de 2014), hasta el día de hoy (30/10/2017), ha transcurrido más de tres años y tres meses sin que la parte recurrente haya efectuado gestión alguna para la prosecución de la medida cautelar respectiva; por lo cual se hace evidente la pérdida del interés en sostener dicha solicitud por lo cual es procedente la figura de la perención. En razón de lo cual, este Tribunal declara la perención de la medida cautelar solicitada en fecha 11 de julio de 2014 por la representación judicial de la contribuyente, conforme a lo previsto en el artículo 272 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario de 2014. Así se resuelve.
DISPOSITIVO
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de ley, en el presente recurso contencioso tributario interpuesto por el abogado Darío Romero Delgado, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 51.623 actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad de comercio COSTA NORTE CONSTRUCCIONES, C.A., inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el Nro. J-07005600-2 y en el Registro de Comercio que llevó la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 28 de mayo de 1968, bajo el Nro. 38, Tomo 28°, modificados los estatutos de la empresa según consta de asientos insertos en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial Estado Zulia en fecha 3 de junio de 1975, bajo el Nro. 42, Tomo 10-A; en contra de la Resolución signada con letras y números SNAT-GGSJ-GR-DRAAT-2013-0812 de fecha 9 de diciembre de 2013 emanada del Gerente General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaro sin lugar el recurso jerárquico ejercido en contra de la Resolución Culminatoria de Sumario SNAT-INTI-GRTI-RZU-DSA-2009-500003 de fecha 14 de enero de 2009, en materia de Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2004, se declara:
1.- Consumada la perención y, en consecuencia; extinguida la instancia en la incidencia de solicitud de amparo constitucional, interpuesta por la contribuyente Costa Norte Construcciones, C.A.
2.- No hay condenatoria en costas, de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese. Regístrese. Notifíquese. Déjese copia. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, en Maracaibo a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017). Año: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

La Jueza,

Dra. María Ignacia Añez.
La Secretaria,

Abog. Yusmila Rodríguez Romero.
En la misma fecha se dictó y publicó este fallo interlocutorio, se registró bajo el Nro. _________- 2017. Así mismo, en la misma fecha se libró oficio bajo el Nro. ________- 2017 dirigido al Procurador General de la República y boleta de notificación dirigida a la contribuyente.
La Secretaria,

MIA/mtdlr.-