LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA -I- DE LAS PARTES PARTE SOLICITANTE: JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-7.625.300, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia. ABOGADA DEL SOLICITANTE: YSABEL GUTIÉRREZ, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-8.076.407, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 267.229, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia. -II- ANTECEDENTES Se inicia el presente procedimiento por solicitud de TÍTULO SUPLETORIO, presentado por el ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA, asistido por la abogada en ejercicio YSABEL GUTIÉRREZ, ante la secretaría de este órgano jurisdiccional en fecha doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017); al cual se le dio entrada y curso de ley, en fecha dieciocho (18) del mismo mes y mismo año, considerándose necesario practicar inspección judicial sobre el lote de terreno denominado “HACIENDA NUEVA GRANADA”, a los fines de constatar las mejoras, instalaciones y bienhechurías que alega el solicitante han sido edificadas sobre el mismo. En fecha veinticinco (25) de julio del presente año, el ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA, asistido por la abogada en ejercicio YSABEL GUTIÉRREZ, solicitó se fijara fecha y hora para practicar la actuación referida en el párrafo anterior; lo cual fue proveído en fecha veintiocho (28) del mismo mes y año, fijando como oportunidad para llevar a efecto dicha actuación, el día veintiocho (28) de septiembre del mismo año, a partir de las ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 a.m.). En la fecha y hora fijada este órgano jurisdiccional se trasladó y constituyó sobre el lote de terreno denominado “HACIENDA NUEVA GRANADA”, a los fines de practicar la actuación indicada en el párrafo anterior, la cual se realizó efectivamente tal como consta del acta levantada al efecto. En fecha dos (09) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), el ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA confirió poder apud-acta a la abogada en ejercicio YSABEL GUTIÉRREZ, y en esa misma solicitó se fijara día y hora para la evacuación de los testigos promovidos; lo cual fue proveído en fecha once (11) del mismo mes y año, estableciéndose como oportunidad para evacuar las testimoniales promovidas, el día martes diecisiete (17) de octubre del presente año, en horas de la mañana. En la fecha y hora fijada se llevó a efecto la evacuación de las testimoniales promovidas, tal como consta de las actas levantadas. -III- MOTIVACIÓN Siendo la oportunidad para dictar sentencia en la presente solicitud de título supletorio, este Juzgado Agrario de Primera Instancia procede a realizarlo, para lo cual estima pertinente hacer las siguientes consideraciones: Establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: “Artículo 26.- Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Consagra la transcrita disposición constitucional, la garantía que tiene todo habitante de la República, de acceder a los órganos de administración justicia, los cuales deben garantizar la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, a través de un sistema de administración de justicia gratuito, accesible, imparcial, idóneo, transparente, autónomo, independiente, responsable, equitativo, expedito, sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles. En ejercicio de esa garantía de acceso a los órganos de administración de justicia, los justiciables pueden proponer los justificativos para perpetua memoria, los cuales tienen como finalidad solicitar del Juez competente instruir las diligencias necesarias destinadas a la comprobación de algún hecho o derecho propio del interesado, tal como lo dispone el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil. Estos justificativos son una pretensión de jurisdicción voluntaria, por lo que no existe contención o controversia alguna entre particulares; máxime, si la justificación solicitada tuviere como efecto asegurar la posesión o algún derecho del solicitante, en todo caso, quedarían a salvo los derechos de terceros, tal como expresamente lo disponen los artículos 11 y 937 del mismo Código. En tal sentido, disponen los artículos 936 y 937 del Código Civil Venezolano lo siguiente: Artículo 936.- Cualquier Juez Civil es competente para instruir las justificaciones y diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propio del interesado en ellas. El procedimiento se reducirá a acordar, el mismo día en que se promuevan, lo necesario para practicarlas; concluidas, se entregaran al solicitante sin decreto alguno. Artículo 937.- Si se pidiere que tales justificaciones o diligencias se declaren bastantes para asegurar la posesión o algún derecho, mientras no haya oposición, el Juez decretará lo que juzgue conforme a la ley, antes de entregarlas al solicitante, o dentro del tercer día, si esta petición se hubiere hecho posteriormente a la primera diligencia; quedando en todo caso a salvo los derechos de terceros. El competente para hacer la declaratoria de que habla este artículo es el Juez de Primera Instancia del lugar donde se encuentran los bienes que se trate.” Señala el autor Emilio Calvo Baca en su obra “Código de Procedimiento Civil de Venezuela” (Ediciones Libra 2004. Pág: 761 y 762), que “Para el legislador venezolano, esta justificaciones son las que tiene por objeto comprobar algún hecho o algún derecho propio del interesado que las promueve (…)”, siendo que “De conformidad con nuestra legislación procesal, el objeto de estas justificaciones es amplísimo, porque no tienen restricción en cuanto tiendan a demostrar hechos o derecho propios del solicitante (…)”. Agregando el citado autor, que “El título supletorio es también denominado justificativo para perpetua memoria, consiste en unas simples declaraciones de testigos con las cuales un ciudadano cualquiera busca obtener un título suficiente de propiedad sobre una casa o edificio que ha construido a sus expensas.”, señalando que “Las bienhechurías son aquellas plusvalías o mejoras en las plantaciones o instalaciones de fincas rústicas (…).” Por su parte, el autor Arminio Borjas en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano – Colección Clásicos del Derecho Tomo VI” (Editorial Atenea, Caracas 2007. Pag: 465, 471 y ss.), al referirse al justificativo para perpetua memoria señala que debe entenderse por “(…) justificación para perpetua memoria o ad perpetuam reí memorian, o simplemente ad perpetuam, las informaciones de testigos, instruidas judicialmente, para hacer constar algún derecho que le interese a las personas que las promueva.” Para continuar señalando al referirse al artículo 798 del Código de Procedimiento Civil derogado (actualmente artículo 937) que “La presente disposición permite atribuir a determinadas justificaciones y diligencias ad perpetuam el carácter de títulos supletorios o provisionales, mediante la declaratoria, de la autoridad judicial competente, de que son bastantes para asegurar a la parte que las promueve, o en cuyo favor se las promueve, la posesión o algún otro derecho, mientras no haya oposición.” Teniendo claro lo que es un justificativo para perpetua memoria y sus efectos jurídicos, resulta necesario establecer la competencia de los Juzgados de Primera Instancia Agraria para conocer y proveer, en sede de jurisdicción voluntaria, de las solicitudes de Títulos Supletorios que versen sobre bienhechurías, instalaciones o mejoras que posea un fundo con vocación agraria, teniendo en cuenta que la intención de este título es justificar ante terceros el derecho de carácter real de quien posee en forma pacífica y sin oposición estos bienes, sin tener un verdadero título de propiedad sobre la tierra. Para lo cual se debe observar el contenido del artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual dispone: “Artículo 197.- Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos: (…) 3. Acciones relativas al uso, aprovechamiento, constitución de servidumbres y demás derechos reales, para fines agrarios. (…) 15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.” En tal sentido, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 200, de fecha catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007), caso Aníbal Jesús Núñez Beauperthuy vs. Agropecuaria La Gloria, C.A., señaló lo siguiente: “Conforme a lo antes expuesto, todos los inmuebles susceptibles de explotación agropecuaria gozan de la protección especial que consagra la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, independientemente de que los mismos estén ubicados en poligonales urbanas o rurales. Por otro lado, ha señalado la Sala Constitucional que del análisis de los artículos 197 y 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, antes citados, se desprende que el legislador ha establecido ‘en primer lugar un foro atrayente con respecto a la jurisdicción agraria (artículo 197 eiusdem) para ventilar conflictos que se produzcan entre particulares con motivo de dicha actividad; y en segundo lugar, atribuyen competencia para conocer y decidir de determinadas acciones (como las del caso de marras, esto es, acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria) a los Juzgados de Primera Instancia Agrarios, dejando en su último ordinal una cláusula abierta para que estos Juzgados conozcan de ‘(…) todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’ (artículo 208 eiusdem)’ (subrayado añadido) (sentencia número 5047 del 15 de diciembre de 2005, caso Humberto Lobo Carrizo). Por tal razón, considera esta Sala Plena que cuando el artículo 208, numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario atribuye competencia a los juzgados de primera instancia agraria para conocer de ‘todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’, debe entenderse como una cláusula abierta que comprende cualquier controversia en la que pueda verse afectada la producción agroalimentaria. Ello en virtud de que el juez agrario ‘debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental’ (artículo 207 eiusdem)”. Igualmente, el Magistrado Francisco Carrasquero López, en el voto salvado emitido en la sentencia N° 01 de fecha quince (15) de enero de dos mil nueve (2009), de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, señaló lo siguiente: “(…) En tal sentido, el artículo 271 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ya interpretado por este Máximo Tribunal, establece la prevalencia de las disposiciones de dicho complejo normativo, sobre el resto de las normas sustantivas y adjetivas de rango legal y, en tal sentido, el artículo 208.15 eiusdem, dispone, que corresponde a los tribunales de primera instancia agraria, el conocimiento general de todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria, desarrollando así el principio de exclusividad agraria a tenor del cual, los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, tienen un fuero especial atrayente que en virtud de criterios subjetivos y atendiendo a la naturaleza agraria de los asuntos, extraen de la jurisdicción ordinaria (civil-mercantil) el conocimiento de los litigios con incidencia o afectación sobre la actividad agrícola para otorgársela a los tribunales especializados en la materia. Sobre el mencionado principio de exclusividad agraria y fuero especial atrayente, ya se pronunció esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 24, firmada el 12 de diciembre de 2007, y publicada el 16 de abril de 2008, la cual expresamente asentó el criterio que a continuación se transcribe: “(…) En el presente caso, el procedimiento donde se interpuso la demanda de tercería, es un juicio de intimación incoado a los fines de cobrar una letra de cambio, que como acto objetivo de comercio, le confiere a la cuestión controvertida un cariz mercantil, que de acuerdo a lo expuesto, atribuye el conocimiento del asunto en primera instancia a los tribunales ordinarios civiles mercantiles y en alzada a los juzgados superiores competentes por la materia y el territorio. No obstante ello, el artículo 271 de de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece la prevalencia de las disposiciones de dicho complejo normativo, sobre el resto de las normas sustantivas y adjetivas de rango legal y en tal sentido, el artículo 208.15 eiusdem, dispone, que corresponde a los tribunales de primera instancia agraria, el conocimiento general de todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria, desarrollando así el principio de exclusividad agraria a tenor del cual, los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, tienen un fuero especial atrayente que en virtud de criterios subjetivos y atendiendo a la naturaleza agraria de los asuntos, extraen de la jurisdicción ordinaria (civil-mercantil) el conocimiento de los litigios con incidencia o afectación sobre la actividad agrícola para otorgársela a los tribunales especializados en la materia. (…) Con el referido criterio, la Sala evidenció que, el legislador viene a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Todo en el contexto de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico. En concordancia con lo anteriormente expuesto, el Único Aparte del artículo 269 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece la competencia funcional de los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, para conocer de las siguientes cuestiones: En primer lugar, de las apelaciones planteadas en los litigios surgidos entre particulares (criterio subjetivo) cuya competencia sustancial (naturaleza del asunto), sea la actividad agraria, lo cual ocurre, cuando la cuestión litigiosa verse sobre un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite, sea con ocasión de esta actividad, lo cual debe verificarse de forma concomitante para que proceda la competencia del Tribunal Agrario (..omissis…). (…) De lo expuesto se colige, que el antes referido principio de exclusividad agraria reafirma y expande el espectro funcional de los tribunales con competencia en la materia, toda vez que somete a dicha jurisdicción (competencia), el conocimiento en primera y segunda instancia de los asuntos litigiosos agrarios entre particulares y al mismo tiempo, entre particulares y el Estado, a través del contencioso agrario. En este contexto se observa, que en el caso planteado se está en presencia de una apelación planteada en un juicio entre particulares, donde la cuestión litigiosa son unos semovientes (inmuebles por destinación) y unas bienhechurías realizadas en un predio rustico o rural, de acuerdo al documento de adjudicación suscrito por el entonces Presidente del Instituto Agrario Nacional, que cursa al folio 43 y siguiente del legajo, donde se desprende que el inmueble objeto de la presente querella se encuentra ubicado fuera de la poligonal urbana, específicamente en un asiento campesino. Asimismo, la demanda que dio lugar a la decisión apelada, tuvo como ratio impedir la afectación de la actividad agraria en el fundo donde se encuentran los semovientes y las bienhechurías afectadas por una demanda principal, en la cual se acordaron unas medidas preventivas que de manera indubitable inciden en la explotación agropecuaria que desarrolla la ciudadana FRANCISCA DEL CARMEN MALDONADO DE MATERANO”. Entonces, el criterio precedentemente trascrito precisa que la jurisdicción (competencia) agraria constituye un mecanismo de heterocomposición de los conflictos intersubjetivos que pudieran atentar contra el principio de seguridad agroalimentaria, planteando así que, aquellos litigios surgidos entre particulares (criterio subjetivo) cuya competencia sustancial (naturaleza del asunto), sea la actividad agraria, son asuntos del conocimiento exclusivo del tribunal agrario, lo cual ocurre también cuando la cuestión litigiosa verse sobre un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza, incluyendo aquellos casos que se susciten en sede de jurisdicción voluntaria, como son los casos de solicitudes de títulos supletorios sobre terrenos agrícolas.” Queda claro entonces que la competencia de los Juzgados Agrarios de Primera Instancia en nuestra República, está determinada por el objeto sobre el cual recaen las distintas pretensiones que se presenten para su conocimiento, lo que obliga a efectuar un análisis del mismo, pues el tipo de pretensiones que pueden plantearse en la jurisdicción especial agraria son similares a las que pueden ventilarse en la jurisdicción civil, a saber, pretensiones declarativas, reivindicatorias, posesorias, servidumbres, deslindes, sucesorales, contractuales, de créditos, entre otras, pero las que se presenten ante esta jurisdicción, deben tener como particularidad el hecho que las mismas deben versar siempre sobre la actividad agroproductiva y por ende repercutir en la seguridad agroalimentaria de la Nación y/o en la protección de la biodiversidad y/o de los recursos naturales renovables. Al respecto, es criterio pacífico y reiterado del máximo Tribunal de Justicia en su Sala Constitucional que: “(…) la competencia de los tribunales de la Jurisdicción agraria viene determinada por el objeto sobre el cual versan las pretensiones deducidas, siendo que dicho objeto debe estar directamente vinculado con la actividad agraria (…) aún cuando los Justificativos de perpetua memoria se encuentra consagrado en el Código de Procedimiento Civil (artículos 936 y siguientes), ello no implica que en todos los casos la competencia esté asignada a la Jurisdicción civil…”, mucho más cuando el artículo 197 numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone lo antes trascrito. En conclusión, son criterios en los que resulta coincidente la posición de afirmar por distintas razones de orden constitucional, legal, e inclusive orden público agrario, la competencia de los Juzgados Agrarios de Primera Instancia para tramitar y proveer en sede de jurisdicción voluntaria, solicitudes de título supletorio sobre mejoras y bienhechurías, cuando estas sean de naturaleza agraria, vale decir que guardan relación con actividades agroproductivas. En el caso de autos, se solicitó la expedición de un Título Supletorio de propiedad sobre las mejoras, instalaciones y bienhechurías fomentadas sobre un lote de terreno denominado “HACIENDA NUEVA GRANADA”, antes identificado, descritas por el solicitante de la siguiente manera: “(…) Se encuentra ocupado por instalaciones, construcciones, carreteras de acceso y callejuelas, asi como también una parte de reserva forestal potencialmente producible. (…)” Por lo que, cualquier decisión en este caso puede incidir sobre la continuidad o interrupción de la actividad agraria que se realiza en dicho predio, así pues, a juicio de este órgano jurisdiccional el caso bajo examen se enmarca dentro de las competencias atribuidas a los Juzgados Agrarios de Primera Instancia. Así se establece. Establecido lo anterior, se pasa a valorar el material probatorio promovido por el solicitante, y en tal sentido observa que se promovieron y evacuaron los siguientes medios probatorios: 1. Copia fotostática simple de la cédula de identidad del ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-7.625.300. (Folios 4, 7 y 9) La anterior documental, distinguida con el número 1, se compone de la copia fotostática simple de un documento público, la cual debe ser valorada en conformidad con las previsiones del artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Identificación, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sean impugnada; el mismo constituye uno de los medios de identificación del solicitante del título supletorio, del cual se desprende sus nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros aspectos. Así se establece. 2. Copia fotostática simple del Registro Único de Información Fiscal (RIF) N° V-076253001, tramitado por el ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA, ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en fecha dos (02) de mayo de dos mil cinco (2005). (Folio 5) La anterior documental, distinguida con el número 2, se compone de la copia fotostática simple de un documento público administrativo, el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario o sea impugnado, ello en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; de la misma se desprenden los datos de inscripción ante el Registro Único de Información Fiscal (RIF) del ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA, su domicilio fiscal, entre otros aspectos. Así se establece. 3. Copia fotostática simple del Certificado Electrónico Zamorano, emitido por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), a favor del ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA, bajo el numero de comprobante BAF3-93EE534C-0FE6-5FD1-361F-8696EEFF3337. (Folio 6) La anterior documental, distinguida con el número 3, se compone de la copia fotostática simple de la impresión de un documento público administrativo, emanado por el Instituto Nacional de Tierras, previsto en el artículo 66 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual debe ser valorado de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, el cual fue además verificado por este Juzgado en el portal Web www.inti.gob.ve mediante el Nº de Comprobante: baf3-93ee534c-0fe6-5fd1-361f-8696eeff3337, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario o sea impugnado; de la misma se desprende el otorgamiento del referido certificado electrónico al solicitante del título supletorio, en virtud del ejercicio de la posesión agraria sobre el lote de terreno denominado “HACIENDA NUEVA GRANADA”, hecho que es reconocido válidamente por el ente regulador de la tenencia de las tierras en la República Bolivariana de Venezuela. Así se establece. 4. Original de Constancia de Residencia emitida por el Consejo Nacional Electoral, avalada por la Comisión de Registro Civil y Electoral, del municipio Maracaibo del estado Zulia, Unidad de Registro Civil Parroquia Caracciolo Parra Pérez, tramitado por el ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA, en fecha diez (10) de julio de dos mil diecisiete (2017). (Folios 08 y 10) La anterior documental, distinguida con el número 4, se compone del original de un documento público administrativo, el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de veracidad, legalidad y certeza hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario, o sea tachada, en conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; siendo que de la misma se desprende la residencia del solicitante. Así se establece. 5. Original de Constancia de Residencia emitida por el consejo comunal “ONJULUSH” en fecha once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017), a favor del ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA. (Folio 11) La anterior documental, distinguida con el número 5, se compone del original de un documento privado emanado de un tercero ajeno al juicio, el cual debe ser ratificado mediante la prueba testimonial, en conformidad con lo dispuesto el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil; siendo que dicha circunstancia no se verificó, la misma es desechada del acervo probatorio. Así se establece. 6. Copia fotostática simple del Título de Adjudicación Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario N° 24342170516RAT0005710, otorgado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en reunión ORD 633-15, de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015), a favor del ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA. (Folios 12 al 17) La anterior documental, distinguida con el número 6, se compone de la copia fotostática simple de un documento público administrativo, el cual el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario o sea impugnado, ello en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, que se encuentra previsto en el artículo 66 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como un documento emanado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), a través de un acto administrativo, mediante el cual se transfiere la posesión legítima de la tierra productiva ocupada y trabajada por él o los adjudicatarios; del mismo se desprende la posesión agraria reconocida por el referido ente administrativo, a favor de el ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOSS, sobre el lote de terreno denominado “HACIENDA NUEVA GRANADA”. Así se establece. 7. Copia fotostática simple del Plano Topográfico del lote de terreno denominado “HACIENDA NUEVA GRANADA”, emitido por Oficina Regional de Tierras Zulia Norte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. (Folio 18) La anterior documental, distinguida con el número 7, se compone de la copia fotostática simple de un documento público administrativo, el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario o sea impugnada, en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; de la misma se desprende la ubicación exacta, medidas y linderos del referido lote de terreno, según el levantamiento efectuado por la Oficina Regional de Tierras Zulia del Instituto Nacional de Tierras (INTI), mediante el sistema de Coordenadas Datum REGVEN Huso 18. Así se establece. 8. Original de “Informe de Instalaciones y Edificaciones de la Finca NUEVA GRANADA”. (Folios 19 al 33) La anterior documental, distinguida con el número 8, se compone del original de un documento privado, el cual contiene una descripción detallada de las instalaciones y edificaciones levantadas sobre el lote de terreno objeto de la presente solicitud, pero que se desconoce de quien emana, toda vez que carece de firma o de los datos de su autor, por lo que la misma es desechada del acervo probatorio. Así se establece. 9. Copia fotostática simple de la Nota de Inscripción del Registro Único Nacional Obligatorio y Permanente de Productores y Productoras Agrícolas, realizada en fecha diez (10) de abril del dos mil quince (2015), por el ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA, ante el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. (Folio 34) La anterior documental, distinguida con el número 9, se compone de la copia fotostática simple de un documento público administrativo, el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario o sea impugnada, en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; de la misma se desprende la inscripción en el Registro Único Nacional Obligatorio y Permanente de Productores y Productoras Agrícolas del ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA. Así se establece. 10. Copia fotostática simple del contrato de compra-venta de Hierro para marcar ganado, suscrito por la ciudadana OLGA CEPEDA DE CASTELLANOS, como vendedora, y JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA, como comprador. (Folio 35 y 36) La anterior documental, distinguida con el número 10, se compone de la copia fotostática simple de un documento privado simple, la cual no es un medio de prueba admisible en nuestra legislación, por cuanto las únicas copias fotostáticas simples, que pueden ser promovidas como medios de pruebas, en conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, son las copias fotostáticas simples de documentos públicos y de documentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, a las cuales se pudieran agregar las copias fotostáticas simples de los denominados documentos públicos administrativos, en virtud de lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que, la referida copia fotostática simple del contrato de compra-venta de Hierro para marcar ganado, es desechada del acervo probatorio. Así se establece. 11. Copia fotostática simple de la cédula de identidad de la ciudadana SUANY DEL CARMEN FINOL MAGALLANES, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-4.157.250. (Folio 37) 12. Copia fotostática simple de la cédula de identidad de la ciudadana SENIA ELVIRA FINOL MAGALLANES, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-4.525.506. (Folio 38) 13. Copia fotostática simple de la cédula de identidad del ciudadano ÁNGEL EDUARDO ALBORNOZ BERRUETA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-20.944.753. (Folio 39) Las anteriores documentales, distinguidas con los números del 11 al 13, se compone de las copias fotostáticas simples de un documento público, las cuales deben ser valoradas en conformidad con las previsiones del artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Identificación, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sean impugnadas; las mismas constituyen un medio de identificación de los testigos promovidos en la presente solicitud del Título Supletorio, de los cuales se desprenden sus nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros aspectos. Así se establece. 14. Copia fotostática simple de Justificativo de Testigos, tramitado por la ciudadana OLGA CEPEDA CANQUIZ, ante la Notaria Publica Segunda de Maracaibo, en fecha primero (1°) de julio de mil novecientos setenta y uno (1971). (Folios 40 al 49) La anterior documental, distinguida con el número 14, se compone de la copia fotostática simple de un documento autentico, que debe ser valorada en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1357 del Código Civil venezolano, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sea impugnada; sin embargo, se observa que la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, ha establecido de forma retirada que los justificativos de testigos evacuados ante un juez u otro funcionario con la facultad de darle fe pública, otorgado con todas las formalidades de ley, debe ser ratificado mediante la prueba testimonial, a los efectos que pueda ser valorado en el juicio, habida cuenta que el mismo es realizado de forma unilateral y extralitem, haciendo la parte interesada de un documento autenticado declaratorio que pretende oponer a la contraparte, quien no intervenido en el control de esa prueba; circunstancia que no ha ocurrido en la presente causa, por lo cual es desechada del acervo probatorio de la presente incidencia. Así se establece. Igualmente, consta en actas que en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), se practicó inspección judicial sobre el lote de terreno denominado “HACIENDA NUEVA GRANADA”, cuyos datos de ubicación, medidas y linderos constan en el cuerpo de la presente sentencia, oportunidad en la cual se observó la existencia de las siguientes mejoras, bienhechurías e instalaciones: “(…) Se deja constancia que al lote de terreno objeto de la presente actuación se accede por un portón de hierro de color rojo, y en el patio central del fundo se observó una (01) casa destinada al uso de obreros construida con paredes de bloques frisadas y pintadas, techos de zinc sobre estructura de hierro, pisos de cemento rústico; un (01) anexo construido con láminas de zinc destinadas a cocina; una (01) vaquera cercada con cintas de hierro, con su manga y embarcadero, techos de Zinc sobre estructura de hierro, pisos de cemento; un (01) depósito construido con paredes de bloques frisadas y pintadas, techos de zinc sobre estructura de hierro, dos (02) tanques de almacenamiento de agua concreto; tres (03) comederos de concreto; se deja constancia que el fundo se encuentra dividido internamente por ocho (08) potreros y cuatro (04) corrales, y cercados con estantillos de madera y cinco (05) pelos de alambres de púas; así mismo se deja constancia que el fundo se encuentra dotado de servicio de electricidad suministrado por Coorpoelec (…).” Respecto a este medio probatorio, el autor Emilio Calvo Baca, en su obra “Código Civil Venezolano Comentado y Concordado” (Ediciones Libra 2004: Pág. 855), señala que es el “(…) medio probatorio por el que el Juez constata personalmente, a través de todos los sentidos, los hechos materiales que fundamentan la controversia.”, el cual debe ser valorado en conformidad con las previsiones los artículos 472 y 507 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1428 del Código Civil Venezolano, constituyendo plena prueba de los hechos que el Juez aprecie por todos sus sentidos; desprendiéndose de dicho medio probatorio las mejoras, bienhechurías e instalaciones que posee el solicitante ha edificado sobre el lote de terreno denominado “HACIENDA NUEVA GRANADA”. Así se establece. Igualmente, fueron evacuadas las testimoniales de los ciudadanos ÁNGEL EDUARDO ALBORNOZ BERRUETA, SENIA ELVIRA FINOL MAGALLANES y SUANY DEL CARMÉN FINOL MAGALLANES, cuyas declaraciones reposan en actas, siendo que este órgano jurisdiccional en ejercicio del principio de inmediación, y en atención a las facultades referidas en los artículos 190 y 191 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, estima que las testigos fueron contestes, al detallar el modo, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos sobre los cuales versan sus respuestas, que en el caso que nos ocupa recayó sobre las mejoras y bienhechurías que conforman el lote de terreno denominado “HACIENDA NUEVA GRANADA ”. Así se establece. Finalmente, antes de proceder a dictar el dispositivo en la presente causa, considera importante este órgano jurisdiccional, traer a colación el primer aparte del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, el cual literalmente establece: “Artículo 11.- (…) En los asuntos no contenciosos, en los cuales se pida alguna resolución, los Jueces obrarán con conocimiento de causa, y, al efecto, podrán exigir que se amplíe la prueba sobre los puntos en que la encontraren deficiente, y aún requerir otras pruebas que juzgaren indispensables; todo sin necesidad de las formalidades del juicio. La resolución que dictaren dejará siempre a salvo los derechos de terceros y se mantendrá en vigencia mientras no cambien las circunstancias que la originaron y no sea solicitada su modificación o revocatoria por el interesado, caso en el cual, el Juez obrará también con conocimiento de causa”. En virtud de lo cual, la sentencia que se dicte en el presente caso, dejará expresa constancia que se dejarán a salvo los derechos que terceros pudieran tener sobre las referidas mejoras y bienhechurías. Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional considera suficientes los medios probatorios previamente indicados y valorados, para declarar JUSTO TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD a favor de el ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-7.625.300, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, sobre las mejoras, instalaciones y bienhechurías descritas en la inspección judicial practicada sobre el lote de terreno denominado “HACIENDA NUEVA GRANADA”, y así lo hará constar en el dispositivo de la presente decisión. Así se decide. -IV- DISPOSITIVO Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1°) ÚNICO: JUSTO TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD a favor de el ciudadano JUAN CARLOS CASTELLANOS CEPEDA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-7.625.300, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, sobre las mejoras, bienhechurías y edificaciones construidas sobre un lote de terreno denominado “HACIENDA NUEVA GRANADA”, ubicado en el sector El Oculto, parroquia Mariano Parra León y José Ramón Yepez del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, el cual posee una superficie de SETENTA Y NUEVE HECTAREAS CON SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS (72 has con 7.892 mts²), según levantamiento topográfico realizado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), que está alinderado de la siguiente manera: NORTE: Terrenos ocupados por Isilio Leal y Rogelio Uriana; SUR: Vía de penetración; ESTE: Terrenos ocupados por Giuseppe Franco y Hacienda La India; y, OESTE: Terrenos ocupados por Isilio Leal y Máximo Pulgar; descritas de la siguiente manera: “(...) Se accede por un portón de hierro de color rojo, y en el patio central del fundo se observó una (01) casa destinada al uso de obreros construida con paredes de bloques frisadas y pintadas, techos de zinc sobre estructura de hierro, pisos de cemento rústico ;un (01) anexo construido con láminas de zinc destinadas a cocina; una (01) vaquera cercada con cintas de hierro, con su manga y embarcadero, techos de Zinc sobre estructura de hierro, pisos de cemento; un (01) depósito construido con paredes de bloques frisadas y pintadas, techos de zinc sobre estructura de hierro, dos (02) tanques de almacenamiento de agua concreto; tres (03) comederos de concreto; se deja constancia que el fundo se encuentra dividido internamente por ocho (08) potreros y cuatro (04) corrales, y cercados con estantillos de madera y cinco (05) pelos de alambres de púas; así mismo se deja constancia que el fundo se encuentra dotado de servicio de electricidad suministrado por Coorpoelec (…).” Esto en conformidad con los artículos 11 y 937 del Código de Procedimiento Civil, dejándose a salvo los derechos que terceros puedan tener sobre las mismas, instándose al beneficiario a acogerse a los mecanismos de participación y regularización establecidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Devuélvanse los originales con sus resultas a la parte interesada, previa certificación por Secretaría. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por Secretaria de la presente sentencia, en conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en Maracaibo a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación. EL JUEZ PROVISORIO, ABOG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO. EL SECRETARIO, ABOG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN. En la misma fecha, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), se dictó y publicó la presente sentencia bajo el Nº 109-2017, se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencias llevado por este órgano jurisdiccional. EL SECRETARIO, ABOG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.