TSJ Regiones - Decisión

Expediente 3.386-17.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
207° y 158°
I.- Consta en las actas:
Que los ciudadanos YVAN JOSÉ PINEDA OBERTO y YAJAIRA ALEMANIA DELGADO VALLENOTTI, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-7.776.104 y V-7.774.148 respectivamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistidos por la abogada BLANCA GIL PERALES, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 19.600, solicitan la declaración de la disolución del vinculo matrimonial que los une, alegando que contrajeron matrimonio civil el día veintinueve (29) de septiembre del año mil novecientos ochenta y nueve (1989).
Invocan el criterio jurisprudencial establecido en sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha nueve (09) de Diciembre de 2016, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, expediente número Exp.16-0916.
La solicitud de divorcio fue admitida por este Tribunal el día veintiuno (21) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), ordenándose la citación al Fiscal de Ministerio Público en Materia de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
En fecha 25 de septiembre de 2017, el Alguacil Suplente de este Tribunal expuso que citó al Fiscal de Ministerio Público en Materia de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
II.- El Tribunal para decidir, observa:
Que fueron acompañados a la solicitud los siguientes documentos:
- Copia certificada del acta de matrimonio celebrado en fecha veintinueve (29) de septiembre del año mil novecientos ochenta y nueve (1989), ante la Jefatura Civil de la Parroquia Chiquinquirá, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asentada bajo el número mil doscientos dos (1202).
- Copias certificadas de las actas de nacimiento de los ciudadanos IVAN ELIAS PINEDA DELGADO y JOSE DAVID PINEDA DELGADO, levantadas ante la Jefatura Civil de la Parroquia Olegario Villalobos, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asentada bajo los números 1.002 y 1.059, respectivamente.
Estos instrumentos son valorados por el Tribunal con fundamento en las previsiones del artículo 1.357 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose del acta de matrimonio la existencia del vínculo matrimonial contraído por los solicitantes en fecha veintinueve (29) de septiembre del año mil novecientos ochenta y nueve (1989).
Por otra parte se evidencia de los instrumentos acompañados a la solicitud que, durante la relación matrimonial fueron procreados dos (02) hijos que llevan por nombre IVAN ELIAS PINEDA DELGADO y JOSE DAVID PINEDA DELGADO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V-19.214.170 y V-20.579.839, respectivamente, y que estos son mayores de edad. Asimismo alegaron los solicitantes que su último domicilio conyugal fue en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
En consecuencia, fijada la mayoridad de los hijos y el lugar del último domicilio conyugal, debe precisarse que estos factores determinan que la competencia esta plenamente atribuida a este Tribunal en función de la materia y territorio.
Al respecto es oportuno traer a colación, que en fecha dieciocho 18 de marzo del año dos mil nueve (2009), la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó Resolución Nº 2009-0006, por medio de la cual modificó la competencia de los Tribunales de Municipio y de Primera Instancia de la siguiente manera:
Artículo 3: Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia de territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida.
En este orden se observa, que los ciudadanos YVAN JOSÉ PINEDA OBERTO y YAJAIRA ALEMANIA DELGADO VALLENOTTI alegaron que desde el mes de febrero de 1998 fue interrumpida su vida conyugal y no hubo reconciliación alguna, que debido a las diferencias entre ellos se perdió el afecto como pareja, que hubo una perdida gradual del amor y el apego sentimental y la disminución del interés de uno por el otro, lo que conllevó a una apatía, indiferencia y alejamiento emocional, cuya situación continua y persiste impidiendo la continuación de la vida conyugal.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia numero 1070 de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) sentó criterio en relación al divorcio:
“…Es de agregar, tal y como en la institución del affectio maritalis, dicho afecto que origina la unión de una pareja en matrimonio debe ser permanente, por cuanto éste es la fuente directa de la creación del contrato matrimonial y la existencia, de hecho, del vínculo marital depende de tal afecto.
En este sentido, al momento en el cual perece el afecto y cariño ocurre el nacimiento del desafecto, el cual es definido por la Real Academia Española como la falta de estima por algo o alguien a quien se muestra desvío o indiferencia.
Dicho desafecto consiste en la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo de una disminución del interés por el otro, que conlleva a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los sentimientos positivos que existían hacia el o la cónyuge cambien a sentimientos negativos o neutrales
En este orden de ideas, resulta conveniente citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, Reino de España, del 27 de Marzo de 2003, lo siguiente:
(…) se ha venido desarrollando doctrinalmente la (teoría) del divorcio-separación remedio, con fundamento en la teoría de la ‘DESAFECCTIO’ y del principio que no pueden imponerse convivencia no deseadas, por ello, AÚN CUANDO UNO DE LOS CÓNYUGES SE OPONGA A LA SEPARACIÓN, los Tribunales la vienen sancionando bajo el manto de la reciprocidad en los deberes de convivencia, fidelidad, ayuda y cariño mutuo, entendiendo que si por parte de uno ha desaparecido, es imposible que el otro los cumpla porque el matrimonio es cosa de dos, la perdida (sic) de la felicidad conyugal de cualquiera de ellos convierte al matrimonio en un infierno. (Resaltado de esta Sala).
A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales…”
La Sala Constitucional en la citada sentencia número 1070 continúa señalando:
“…Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vinculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada…
Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia. En este sentido la Sala en la precitada sentencia destacó lo siguiente:

Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal. Al respecto, considera esta Sala que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de experiencia explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos de facto perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vínculo que los une, a través del divorcio.

En ese sentido, sin temor a equívocos puede asegurarse que atenta más contra la familia una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que terminan acostumbrándose sus miembros; que el divorcio, como un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional.

De tal manera, que no es el divorcio sino los hechos que lo demandan los que atentan contra la familia. De suerte pues que no es manteniendo una unión matrimonial e impidiendo el divorcio como se subsanan los conflictos familiares, y se persuade a las parejas para la convivencia pacífica y el bienestar familiar.

Así, la institución del divorcio con las formalidades de ley surge para disolver el vínculo matrimonial con todas las dificultades procesales propias que ponen en cabeza del juez y del Ministerio Público incluso por encima de los cónyuges mismos, la decisión final de la declaratoria “con lugar” o “sin lugar” el divorcio, con todos los efectos absurdos que conlleva un “sin lugar” del divorcio. (Subrayado propio)….”
Siguiendo el criterio sustentado por la Sala Constitucional, este Tribunal considera que al haber alegado los cónyuges la perdida del afecto y del amor que sentían el uno por el otro, al señalar circunstancias contrarias a la base afectiva y la armonía que debe reinar en una relación; debe proceder este órgano jurisdiccional a declarar la disolución del vínculo matrimonial en cumplimiento del deber tuitivo de la familia y de la sociedad; y en cumplimiento de los fines del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; dado que la familia es la base fundamental de la sociedad, y la ruptura de la armonía familiar es generadora de conflictos en su seno y se hacen extensivos al mundo que la rodea, en el cual se integran sus miembros.
En tal sentido debe procederse a declarar el divorcio sin entrar a pronunciarse sobre ningún otro particular en acatamiento al criterio jurisprudencial antes referido, pues lo contrario significaría una limitación al derecho constitucional de los solicitantes al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad, al derecho de adquirir un estado civil distinto, constituir una nueva familia y demás derechos sociales que le son intrínsecos a la persona, tal como lo ha señalado la citada sentencia.
III.- Por los fundamentos expuestos:
Este TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO propuesta por los ciudadanos YVAN JOSE PINEDA OBERTO y YAJAIRA ALEMANIA DELGADO VALLENOTTI, ambos ya identificados, y en consecuencia, disuelto el vinculo matrimonial que ellos contrajeron ante la Jefatura Civil de la Parroquia Chiquinquira, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha veintinueve (29) de septiembre de 1989, asentado en acta número mil doscientos dos (1202). –
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE.
Déjese copia certificada de este fallo de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo trece (13) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
LA JUEZ,

Abg. MARIA DEL PILAR FARIA ROMERO Mg. Sc.

LA SECRETARIA,
Abg. JOHANA BARRERA AUVERT.-

En la misma fecha siendo las dos y treinta minutos de la tarde (02:30 p.m.) se dictó y publicó la sentencia que antecede.
LA SECRETARIA,

Abg. JOHANA BARRERA AUVERT.-

Expediente: 3.386-17
MPFR/jp.