REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA RESUELVE: EXPEDIENTE NO. 3092 MOTIVO: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Conoce este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de la presente causa, en virtud de distribución efectuada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, en fecha veinticuatro (24) de mayo de 2013; contentivo de la demanda de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, intentada por el abogado ADOLFO ROMERO ANGULO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 7.793.441 e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 34.131 y domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en su carácter de Endosatario en Procuración de la ciudadana KARINA ALICIA PALMAR RODALES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 10.033.646 y de mismo domicilio; en contra de los ciudadanos JOYCER ESTHER COVA y ALIRIO ANTONIO ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad No. 11.563.440 y 9.929.290 respectivamente, y domiciliados en la Ciudad de Barquisimeto del Estado Lara. I ANTECEDENTES La presente demanda fue admitida mediante auto de fecha veintiocho (28) de mayo de 2013, ordenándose la intimación de la parte demandada. En fecha treinta y uno (31) de mayo de 2017, la parte actora consignó escrito de medida preventiva de embargo. En misma fecha, el Tribunal decretó la medida solicitada, y libró exhorto mediante oficio No. 273. En fecha veintiséis (26) de junio de 2013, el abogado en ejercicio ADOLFO ROMERO ANGULO, mediante diligencia señaló dirección, consignó los fotostatos necesarios para la práctica de la intimación y solicitó se libren los recaudos conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. En fecha veintiséis (26) de octubre de 2012, el Alguacil de Tribunal dejó constancia sobre tal actuación, y mediante auto de fecha dos (2) de julio de 2013, este Juzgado ordenó librar los recaudos de intimación conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. En fecha ocho (8) de julio de 2013, se libraron los respectivos recaudos. En fecha catorce (14) de noviembre de 2013, se recibió el exhorto por parte el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Iribarren, Crespo y Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, donde consta que no fue ejecutada la medida, por falta de impulso procesal. II DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Ahora bien, esta Juzgadora para decidir observa que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. Asimismo, establece el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y en la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Es así como las normas ut supra transcritas contemplan la extinción del procedimiento al haber transcurrido un (1) año sin actividad procesal, pudiendo en este caso el Juez, declarar de oficio la perención, por ser una facultad que la ley le otorga, quien al verificar los presupuestos que determinan su procedencia está en obligación de emitir pronunciamiento al respecto, entendiéndose que los efectos de la referida sanción operarán desde el momento en el cual se cumplió el tiempo de paralización del proceso o lo que es lo mismo, el período donde se evidenció la falta de impulso procesal; hallándose sin efecto alguno, todos los actos procesales realizados por las partes después de cumplido el referido lapso, por lo que de ninguna manera dichos actos significaran convalidación o subsanación alguna de la perención. En atención a lo previsto en la legislación, la Sala de Casación Civil en Sentencia signada con el No. 211, de fecha veintiuno (21) de Junio de 2000, correspondiente al expediente Nº 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente: “La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…” En ese sentido, en sentencia No. 853 de fecha cinco (5) de mayo de 2006, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, dispuso: “Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.” De lo antes citado, se evidencia que la perención anual puede ser declarada aun de oficio por el Tribunal, una vez verificados los extremos de ley, en este caso, el transcurso de un (1) año, sin que las partes hubiesen realizados actos tendientes al impulso del proceso. En este caso, se observa que la última actuación verificada en actas, fue el día catorce (14) de noviembre de 2013, fecha en la cual se recibió el exhorto por parte el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Iribarren, Crespo y Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, donde consta que no fue ejecutada la medida, por falta de impulso procesal. Por lo cual, desde la aludida fecha, hasta el día de hoy, ha transcurrido más de un (1) año sin que la parte actora hubiese efectuado actuación alguna capaz de interrumpir el computo de la perención de la instancia, por lo que de conformidad con las normas y los extractos jurisprudenciales antes citados, considera esta Juzgadora consumados los extremos concurrentes para la Perención de la Instancia, por lo que se hace necesario declarar la extinción del presente proceso. Así se decide.- Asimismo, se suspende la medida preventiva de embargo decretada mediante auto de fecha treinta y uno (31) de mayo de 2013. III DECISIÓN Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 269 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar: 1) PERIMIDA LA INSTANCIA, y por consiguiente EXTINGUIDO el presente proceso de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, intentada por el abogado ADOLFO ROMERO ANGULO, actuando en su carácter de Endosatario en Procuración de la ciudadana KARINA ALICIA PALMAR RODALES, en contra de los ciudadanos JOYCER ESTHER COVA y ALIRIO ANTONIO ROJAS, todos plenamente identificados en la parte narrativa del presente fallo. 2) SE SUSPENDE la medida preventiva de embargo decretada mediante auto de fecha treinta y uno (31) de mayo de 2013 3) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada por la Secretaría de este Despacho de la presente decisión a los fines legales previstos en el artículo 72 ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y 1.384 del Código Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de las Federación.- La Jueza, Abg. Auriveth Meléndez La Secretaria, Abg. Dessiré Pirela Rivera En la misma fecha, siendo las tres y diez minutos de la tarde (3:10 p.m.), se publicó la anterior sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva en el expediente No. 3092.- La Secretaria, Abg. Dessiré Pirela Rivera