TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
JUZGADO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DE LOS MUNICIPIOS MARIÑO, GARCÍA, VILLALBA, TUBORES Y PENÍNSULA DE MACANAO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA.
207º y 158º
Exp. Nº 781-15

I.-IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
SOLICITANTE: JOSÉ RAFAEL GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-9.421.814, de este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE: AILEEN JOSEFINA GUANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.840.728, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 115.003 y de este domicilio.-
MOTIVO: TITULO SUPLETORIO DE VEHICULO
II.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.-
Se inicia el presente procedimiento por solicitud de TITULO SUPLETORIO DE VEHICULO, instaurada por el ciudadano RAFAEL GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-9.421.814, de este domicilio. Debidamente asistido por la abogada en ejercicio AILEEN JOSEFINA GUANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.840.728, abogado en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 115.003, por ante el Tribunal Distribuidor de municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios Mariño, García, Villalba, Tubores y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, correspondiendo al presente Tribunal Cuarto de municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios Mariño, García, Villalba, Tubores y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta (f.01).-
En fecha 16-10-2015 (f.06) se le dio entrada a la presente solicitud, siendo anotado en el Libro de Solicitudes correspondiente, quedando asentada bajo el Nro. 781-15.
En fecha 19-10-2015 (f.07 y 08) presento diligencia el ciudadano RAFAEL GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-9.421.814, Debidamente asistido por la abogada en ejercicio AILEEN JOSEFINA GUANCHEZ, antes identificada y consigna las copias de cédulas de los testigos.
En fecha 22-10-2015 (f.07 y 08) se admitió por cuanto no es contraria a derecho, y se fijo el tercer (3er) día de despacho para oír la declaración de los y se libro oficio Nº 279-15 al cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas ( C.I.C.P.C ) y oficio Nº 280-15 al Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre.
En fecha 30-10-2015 (f.13 al 14) comparecieron los testigos BRICEIDA DEL VALLE VALERIO y LUIS DAVID GUERRA, plenamente identificados en autos, y fueron contestes al interrogatorio formulado por el tribunal.
En fecha 07-12-2015 (f.15 al 17) se dicto auto mediante el cual el tribunal ordeno agregar a la presente solicitud el oficio Nº 9700-103-1068, de fecha 02-12-2015 emanado del CICPC, contentivo de experticie de Improntas de Vehiculo.-
En fecha 18-07-2016 (f.18 al 19) se dicto auto mediante el cual el tribunal se aboco al conocimiento de la presente solicitud y ordeno la notificación de la parte solicitante mediante boleta.-
En fecha 02-10-2017 (f.20 al 22) presento diligencia el alguacil y expone consigno boletas de notificación sin recibir ni firmar en virtud de que la parte solicitante no cuenta con la dirección para su notificación.
III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
El encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “…Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, la inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”
El procesalista Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329, comenta:
“…La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de interés (uti singulis), y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciendo cumplir. El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función Pública del proceso (cfr. Comentarios al art. 14) exige que éste, una vez indicado se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural que es la sentencia. Por ello, el Juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia…”
Sobre este partícula la sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fallo Nro. 01035, emitido en fecha 12-06-2001, expediente Nro. 15620, estableció lo siguiente:
“…Para decidir la Sala observa:
La Perención de la Instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinado a mantener en curso el proceso, en un periodo de al menos un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el lapso previsto en los supuestos de hecho del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil…”
De lo anteriormente resaltado se colige que la Perención de la Instancia consagrada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es una institución estrechamente ligada al orden público, no es renunciable, opera de pleno derecho y se produce antes de que en la causa se inicie el lapso de dictar sentencia, en aquellos casos en los que se produzca una paralización por un tiempo superior a un año por causa que le sean imputables a las partes, o bien, cuando pasados que sean los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor no suministre al alguacil los medios de transporte necesarios para que éste se traslade a efectuar la citación de la parte demandada, o cuando transcurra seis meses desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, sin que los interesados hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.
Estos términos no son otros que los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
1. El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
2. El transcurso de treinta días desde la fecha de la admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3. El transcurso de treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, realizada antes de la citación del demandado, si el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
4. El transcurso de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), o por haber perdido el carácter con que obra, sin que los interesados hubiesen gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
En este caso en particular, de que la ultima actuación de la parte solicitante ocurrió el 30 de octubre de 2015, fecha en la cual comparecieron los testigos promovidos por el solicitante, sin que durante ese intervalo de tiempo la parte solicitante haya ejecutado actuaciones tendentes a darle impulso al proceso, procediéndose así a dictar el Decreto correspondiente en la presente solicitud y en consecuencia, en vista de las características especiales de la perención de la instancia, la cual como se expresó es irrenunciable y opera de pleno derecho, en virtud de que conforme a lo señalado la presente demanda, se mantuvo paralizado por un período superior a un año, por consiguiente se verificó indefectiblemente la perención de la instancia contemplada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.

IV.- DISPOSITIVA
En fuerza de las consideraciones precedente expuestas, éste TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO y EJECUTOR de MEDIDAS de los MUNICIPIOS MARIÑO, GARCÍA, VILLALBA, TUBORES y PENÍNSULA DE MACANAO de la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, administrando justicia en nombre de La República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de La Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN de la INSTANCIA en la presente solicitud de TITULO SUPLETORIO DE VEHICULO, intento por el ciudadano RAFAEL GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-9.421.814, de este domicilio. Debidamente asistido por la abogada en ejercicio AILEEN JOSEFINA GUANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-14.840.728, abogado en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 115.003.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA, NOTIFÍQUESE. Cúmplase lo ordenado en Porlamar, a los tres (03) días del mes de octubre del año dos mil Diecisiete (2017).
La Juez,

Abg. Marianny Velásquez Salazar

La Secretaria

Abg. Horiana Gómez Gómez
En esta misma fecha (03-10-2017) siendo las 10:00, am, se dictó y publicó la anterior decisión, así mismo se libró boleta de Notificación a las partes. Conste.-

La Secretaria

Abg. Horiana Gómez Gómez

MVS/ hgg.-
Exp.- 781-15