TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL
MUNICIPIO MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

EXPEDIENTE: No. 2655-16.-
SENTENCIA: No. 3132.
CAUSA: OBLIGACION DE MANUTENCION.
DEMANDANTE(S): TANIA JOSEFINA NAVA PIRELA.
DEMANDADO(S): EDGAR ALEXANDER LOPEZ RODRIGUEZ.

Ocurrió por ante este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la ciudadana TANIA JOSEFINA NAVA PIRELA, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.373.529, domiciliada en la Urbanización Nueva Miranda, jurisdicción de la Parroquia Altagracia del Municipio Miranda del Estado Zulia, asistida por la abogada en ejercicio ANDREA RAMIREZ, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 99.950, actuando a favor de sus menores hijos (se omiten datos por razones de confidencialidad) a los fines de interponer demanda de Obligación de Manutención y medida de Embargo Provisional, de conformidad con el artículo 511, 466, 381 y 521 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, contra el ciudadano EDGAR ALEXANDER LOPEZ RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad No. V- 12.373.432, domiciliado en la Urbanización Nueva Miranda, segunda etapa, frente a la Iglesia La Coromoto, jurisdicción de la Parroquia Altagracia, Municipio Miranda del Estado Zulia, quien solicito que el Tribunal le asigne una obligación de manutención. Consignó los siguientes recaudos: Partidas de Nacimiento del niño y/o adolescente de autos.
A dicha demanda se le da entrada en fecha 20 de Septiembre de 2016 y se ordena la comparecencia del demandado al tercer día de despacho siguiente de la constancia en autos de la citación practicada, de igual manera se ordena notificar al Fiscal del Ministerio Público. Asimismo en la misma fecha se apertura pieza de medida y se decreto mediante sentencia Medida de Embargo Provisional decretando:

a) EL TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) sobre el salario, primas, bonos sobre sueldos, gratificaciones, comisiones que devenga el demandado en la empresa PDVSA, ubicada en Tía Juana, en jurisdicción del Municipio Lagunillas del Estado Zulia.
b) El TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de las cantidades de dinero por concepto de cualquier retroactivo, que pueda corresponderle al demandado por sus servicios prestados en la referida empresa. Sobre las prestaciones que le corresponden al demandado por sus servicios prestados en la empresa PDVSA.
c) El TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de la cantidad que posea el demandado en la caja de ahorro que pudiera existir para los empleados de dicha empresa.
d) El TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de las prestaciones sociales o cualquier otro concepto que le puedan corresponder al demandado en caso de renuncia, retiro, despido, jubilación, incapacidad o muerte, o cualquier otra forma de terminación de esta relación laboral.
e) El TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de la cantidad o cantidades que tuviese el demandado constituido en fideicomiso e interés sobre prestaciones sociales que le puedan corresponder por su relación laboral con la referida empresa.
f) EL TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de las vacaciones, bono vacacional, comisiones, bono de transferencia, utilidades o aguinaldo, intereses sobre prestaciones liquidas u otras cantidades de dinero que por indemnización que le puedan corresponderle al demandado como trabajador de la mencionada institución.
g) El CIEN POR CIENTO (100%) de las primas por hijos, juguetes y útiles escolares y cualquier otro beneficio que se le otorgue al demandado con ocasión de sus hijos.
h) El CIEN POR CIENTO (100%) de las capacidades por hijos con discapacidad.

En la misma fecha, el tribunal ordena oficiar a la empresa PDVSA, ubicada en Tía Juana, Jurisdicción del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, a objeto de ejecutar la medida decretada por este Despacho de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas Del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
En fecha 06 de Octubre de 2016, la demandante otorgo poder apud acta a la abogada Andrea Ramírez, identificada en actas.
En fecha 25 de Octubre de 2016, la apoderada judicial de la demandante solicita mediante diligencia sea nombrada correo especial a fin de llevar el oficio contentivo de la medida de embargo decretada por este Tribunal.
En fecha 03 de Noviembre de 2016, la parte actora solicita se ratifique el oficio N° 244-16, y que se realice la aclaratoria donde se nombre o identifique a la parte actora y se especifique la modalidad de pago de los literales “a”, “f” y “g”.
En fecha 02 de Noviembre de 2016, se recibió diligencia suscrita por la demandante, quien consigno acuse de recibo de oficio N° 304-16.

El Tribunal antes de decidir observa:
Según la Resolución N° 2014-0009, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 12/03/14 mediante la cual modifico lo relativo a estructura, organización y funcionamiento de la distribución de causas o comisiones en los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas, ampliando o limitando la competencia en el conocimiento de las causas o comisiones por municipio según los factores de ubicación de acuerdo a la distancia existente entre los tribunales.
En relación a la competencia para la tramitación de los procedimientos en materia alimentaria (actualmente Obligación de Manutención), en fecha 22 de Agosto del 2000, mediante resolución N° 1278, emanada de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en gaceta Oficial N° 37.036 del 14 de Septiembre del 2000, le atribuyo la competencia para conocer y decidir los asuntos relativos en dicha materia, a los Tribunales de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en este sentido la señalada resolución expreso:
“Articulo 1. Se establece un régimen atribuido de competencia para asuntos alimentarios a los Tribunales con los que funciones que en localidades foráneas, donde no existan Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente”.
“Articulo 2. El orden de Competencia será el siguiente: Los Juzgados de Primera Instancia Civil existentes en aquellas localidades donde no hayan Tribunales de Protección, serán competentes para conocer de las causas alimentarias, cuando los beneficiarios de las mismas sean niños o adolescentes residentes del lugar. En ausencia del Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer el Juez del respectivo Municipio. Cuando ninguno de estos nombrados tribunales existan en una determinada localidad, será competente para conocer el Juzgado de Primera Instancia Civil, o en su defecto el Juzgado de Municipio foráneo más cercano a la residencia del niño o del adolescente.
En atención a la base de los fundamentos legales antes expuestos, hace concluir a este Juzgador que es competente este Tribunal para conocer de la presente solicitud. Así se declara.
Ahora bien, este Sentenciador para resolver pasa de seguidas a analizar las disposiciones legales referidas a la Obligación alimentaria y a la Perención de la Instancia, a la luz de la Ley Orgánica para la Protección del Niño del Adolescente y del Código de Procedimiento civil, los cuales disponen:
“Artículo 30: Todos los niños tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende, entre otros, el disfrute de:

Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud; vestido apropiado al clima y que proteja la salud; vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales”

Artículo 365: “La obligación alimentaria comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño y el adolescente”

Artículo 366: “La obligación alimentaria es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad...”

Artículo 282 cc: “El padre y la madre están obligados a mantener, educar e instruir a sus menores hijos...”

Artículo 267 cpc: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención

Artículo 268 cpc; “La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso sobre su representante”

Artículo 269 cpc: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquier de los casos del artículo 267, es apelable libremente”
La institución de la perención de la instancia no está regulada expresamente en la Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescente, de tal forma, que deben aplicarse supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.-
El autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil Tomo II”, considera con respecto a la perención de la instancia:

“El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (Después de un período de inactividad procesal prolongado el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal).”
“La perención constituye un expediente práctico sanciona torio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uyi singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.”
La autora y jurista Margelys Guevara Velásquez en su artículo titulado “Análisis de jurisprudencias de las Cortes Superiores de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente en la obra “Segundo año de vigencia de la Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescente. Terceras Jornadas sobre la LOPNA, refiere:

“Ahora bien, se evidencia del contenido del artículo 268 del Código de Procedimiento, trascrito con anterioridad, la intención del legislador de no exceptuar de la institución procesal de la Perención de la Instancia, aquellos procedimientos donde estén involucradas personas que no hubiesen alcanzado la mayoría de edad.”

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 12 de mayo de 2003, con ocasión de un recurso de amparo constitucional contra sentencia dictada por la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, fijó criterio sobre la declaratoria de perención en los juicios de alimentos, asentó:

“Del análisis del expediente, y de la apreciación de las exposiciones realizadas por las partes en la audiencia orla del presente procedimiento, la Sala observa, que en el presente caso surge un conflicto entre los derechos constitucionales individuales de los litigantes y el interés superior del menor (sic). En efecto, admitida la demanda y decretada y practicada la medida preventiva para garantizar los derechos de los menores, la parte actora, mantuvo una inactividad procesal anual, por lo que el hoy acciónate solicitó se declarara la perención de la instancia, por parte del juzgador de la primera instancia.
Apelada dicha decisión la alzada revocó el fallo en base a que el interés superior del menor (sic) impedía la perención.
Para esta Sala, la institución de la perención “castiga” la negligencia de las partes, sin diferenciar si ello son menores o no, tal como lo expresa el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil. Dicha negligencia no puede ser premiadas, fundada en el interés de los menores, manteniendo indefinidamente al demandado sujeto a juicio, ya tal situación sub. iudice indefinida contraría el debido proceso y la propia finalidad del mismo.
Si se toma en cuenta que el efecto de la perención de la instancia no es extinguir el derecho, sino a raíz de su declaración, postergar por espacio de tres meses que se incoe de nuevo la acción para reclamar el derecho, en principio, ningún perjuicio causa la declaratoria de perención al demandante, así se trate de un menor y así se declara.
Pues bien, decretada la perención, la acciónate pasado tres meses de la sentencia firme en este sentido, podría demandar de nuevo las pensiones alimentarías, corriéndose el riesgo que el presunto deudor cobrare las prestaciones, si es que ellas se liquidan en ese término, y se hiciere nugatorio para los menores la obtención de las pensiones.
Ante esa posibilidad, la Sala a fin de que los menores disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías, y debido al principio de subsistencia de la obligación alimentaria, que como efecto de la filiación corresponde a los padres, así se haya privado o extinguido la patria potestad (artículo 366 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (sic)), y habiéndose fijado judicialmente una pensión provisoria, tendrá como medida preventiva y garantiza de la prioridad absoluta que la vigente Constitución (artículo 78) otorga a la protección integral de los menores, mantener la medida sobre las prestaciones al menos durante tres meses después que se decretase – si ello fuere así – la perención de la instancia, de manera que si se incoase de nuevo la acción, no se perjudicará a los menores”
De los artículos antes transcritos y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que desde el día 02 de Noviembre de 2016, hasta el día de hoy, la parte actora no ha realizado ninguna actuación, por lo cual de un simple computo se desprende que hubo inactividad procesal de la parte actora por mas de un año, es decir, la parte actora no ha realizado actos procesales que evidencien la voluntad de ella de activar o de impulsar el proceso hacia su finalidad lógica, que es la sentencia del Tribunal, en consecuencia este Juzgador acoge el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por lo tanto debe declararse la perención de la instancia. Así se decide.-
En este orden de ideas, el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República y en la jurisprudencia transcrita se sostiene que la negligencia de las partes no puede ser premiada manteniendo el demandado sujeto a un juicio pues ello contraviene el debido proceso y la propia finalidad del mismo, en consecuencia, por ser el debido proceso una garantía de carácter constitucional, es procedente la declaratoria de la perención de la instancia.- Así se decide.-

DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos este Juez del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la causa por OBLIGACION DE MANUTENCION, intentado por la ciudadana TANIA JOSEFINA NAVA PIRELA, contra el ciudadano EDGAR ALEXANDER LOPEZ RODRIGUEZ, a favor de sus hijos de autos.-

SEGUNDO: Se levantan las medidas de embargo decretadas por este Tribunal en fecha 20 de Septiembre de 2016, en contra del ciudadano EDGAR ALEXANDER LOPEZ RODRIGUEZ, y acatamiento al criterio emitido por la Sala Constitucional, se mantiene vigente durante noventa (90) días, la medida de embargo decretada sobre el treinta y tres por ciento (33%) de las Prestaciones Sociales del reclamado, a partir de la ejecución de la presente decisión y se suspenden las demás medidas de embargo decretadas por este Tribunal.

TERCERO: NO HAY CONDENATORIA en costas dada la naturaleza de este fallo.-
Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo establecido en el articulo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el articulo 1384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3 y 9 del articulo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-
Dada, Firmada y sellada en la Sala del Despacho de este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En Los Puertos de Altagracia, al segundo (02) día del mes de Noviembre del dos mil diecisiete. Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.-
El Juez Provisorio,

Dr. Jesús Peralta R

La Secretaria,

Abog. Vicky E. Rodríguez.

En la misma fecha siendo se dicto y publicó el presente fallo bajo el Nº 3132.-

La Secretaria,

Quien suscribe, la secretaria de este Tribunal, Abog. Vicky E. Rodríguez, hace constar que la presente copia es fiel y exacta de su original, correspondiente a la resolución dictada en el Expediente Nº 2655-16. Lo Certifico, en los Puertos de Altagracia, al segundo día (02) día del mes de Octubre de 2017.
La Secretaria,

JPR/ver/yjl.-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE MUNICIIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO MIRANDA
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ESTADO ZULIA

Los Puertos de Altagracia,
03 de Noviembre de 2017.
207° y 158°

Oficio No. 376-17.- Exp. 2655-16.-

Ciudadano:
Gerente del Departamento de Recursos Humanos de
La Empresa PDVSA, Tía Juana, Municipio Lagunillas del Estado Zulia-
Su Despacho.-

Cumplo con participarle en relación al expediente signado con el No.2655-16, nomenclatura llevada por este Tribunal, el cual tiene relación con el juicio que sigue la ciudadana TANIA JOSEFINA NAVA PIRELA, titular de la cédula de identidad Nº 12.373.529, contra el ciudadano EDGAR ALEXANDER LOPEZ RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 12.373.418, a favor de los niños de autos, que este Tribunal dicto sentencia en esta misma fecha, la cual se decreto, CONSUMADA LA PERENCION Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en la presente causa por OBLIGACION DE MANUTENCION, ordenándose el levantamiento de las medidas de embargo decretadas y ejecutadas por este Tribunal en contra del ciudadano EDGAR ALEXANDER LOPEZ RODRIGUEZ, y acatamiento al criterio emitido por la Sala Constitucional, se mantiene vigente durante noventa (90) días, la medida de embargo decretada sobre el treinta y tres por ciento (33%) de las Prestaciones Sociales del reclamado.-

Participación que le hago a los fines legales consiguientes

Dios y Federación,

Dr. Jesús Peralta R
Juez Provisorio Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia

JPR/yjl.-

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