REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA EN SEDE CONSTITUCIONAL Maracaibo, 09 de mayo de 2.017 207° y 158°. Exp. No. 14.784.- Ocurren las ciudadanas NIVIA CHIQUINQUIRÁ VIERA MOLERO y SUJEILY MILAGROS MORÁN RODRÍGUEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidades Nos. V-9.752.241 y V-11.892.931, respectivamente asistidas por los abogados en ejercicio MARIA DEL MAR VELAZCO y WILL ANDRADE MEDINA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 80.331 y 69.830 respectivamente, en AMPARO CONSTITUCIONAL contra del ciudadano CESAR ANTONIO CUESTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.770.357, al considerar que el precitado ciudadano se adjudicó la autoridad del Conjunto Residencial Urbanización Bosque Alto Villas, en su carácter de Presunto integrante de la Asociación, Junta de Condominio, que al decir de las presuntas agraviados, no se encuentra formalizada, alegando la violación de los artículos 115, 50, 46, 82 y 83 de la Carta Magna venezolana de 1.999, relativo a los derechos de libre tránsito, integridad física, psíquica y moral, a la salud y la vivienda, respectivamente. Por virtud de la distribución de Ley, correspondió el conocimiento de la presente causa a este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, el cual lo recibió mediante auto de fecha 16 de diciembre de 2017, constante de sesenta y seis (66) folios útiles, admitiéndose cuanto ha lugar en derecho, ordenándose la notificación del Ministerio Público así como también del ciudadano CESAR ANTONIO CUESTA. Practicadas como fueron las notificaciones de Ley, éste Tribunal en Sede Constitucional, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, pública y oral, la cual se efectuó el día miércoles tres (03) de mayo de 2017, a las diez y treinta de la mañana (10:30 am.) en la Sala de Audiencias N° 1 del edificio Torre Mara, Sede Judicial de Maracaibo, a los efectos de dictar el dispositivo correspondiente, en el cual se declaró SIN LUGAR la acción interpuesta, por lo que con base en los elementos que cursan en actas y siendo la oportunidad procesal para ello, se pasa a publicar el extenso de la decisión dictada en los siguientes términos: PRIMERO DE LA COMPETENCIA El Tribunal hace constar su competencia, por cuanto le corresponde por Ley, conocer de la mencionada QUERELLA DE AMPARO CONSTITUCIONAL, la cual versa sobre derechos afines a la materia o competencia ratio materiae, esto es, presunta violación a los derechos de propiedad, vivienda, libre tránsito, y tomando en consideración la naturaleza y consecuencia del derecho constitucional delatado como lesionado o amenazado por lesionar, se le atribuye a los Tribunales de Primera Instancia que sean competentes por la materia afín al asunto debatido en amparo. En consecuencia, en base al criterio de afinidad, resulta competente para conocer de la presente querella de amparo constitucional, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, de conformidad con el articulo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como también de la jurisprudencia de la máxima y última intérprete de la Constitución, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sede constitucional, en fallos del 20 de enero del año 2000 (Caso Emery Mata Millán) y del 8 de diciembre del mismo año (caso: Yoslena Chanchamire Bastardo). Así se declara. SEGUNDO DE LA ADMISIBILIDAD Dicho lo anterior y una vez declarada la competencia de este Tribunal de Primera Instancia para conocer de la acción de amparo constitucional, verifica esta Juzgadora que fueron cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales e igualmente, en cuanto a las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, previstas en el artículo 6 eiusdem, esta Sentenciadora observa que no se opone a ella ninguna de dichas causales, por lo que resulta admisible la acción de amparo incoada, tal y como fue resuelto por este Tribunal en fecha 16 de diciembre de 2017. Así se decide. TERCERO DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO Las ciudadanas NIVIA CHIQUINQUIRÁ VIERA MOLERO y SUJEILY MILAGROS MORÁN RODRIGUEZ, antes identificada, en lo adelante presunta agraviada, presentaron amparo constitucional contra el ciudadano CESAR ANTONIO CUESTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.770.357, actuando en su carácter de “presunto Presidente de la Asociación, Junta de Condominio, Junta Directiva o Junta Administradora de la Urbanización Bosque Alto Villas”, en lo adelante presunto agraviante, realizando un conjunto de actos y tareas que afectan los derechos de propiedad sobre las áreas comunes, como así lo establece el documento de parcelamiento cursante en autos, ordenando y realizando acciones tales como: la desconexión del portón eléctrico y su posterior clausura, la colocación de un portero para el control de acceso y salida, impidiendo la activación del referido portón, y la sumisión del portero a las ordenes del presunto agraviante. Lo anterior, manifiesta la presunta agraviada, se ha traducidos dichas conductas en una inminente restricción de los derechos constitucionales de uso y disfrute del derecho constitucional previsto en el artículo 115 de la Carta Fundamental. Así como también, manifiesta, la violación de los derechos al libre tránsito, a la integridad física, psíquica y moral, a la salud, a una vivienda adecuada, segura, cómoda, vecinales y comunitarias, tal y como los establece los artículos 50, 46, 82 y 83 del texto fundamental. Manifiesta en el mismo sentido, que el presunto agraviante, en representación de una “presunta personalidad jurídica”, junto a los ciudadanos LUIS ALBERTO ROJAS SOLORZANO, ARGENIS BENITO GONZALEZ REYES y DUNILLY JOHANA VERA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidades Nos. V-6.693.558, V-15.085.551 y V-12.380.179, respectivamente, se adjudicaron la autoridad de la villa, sin haber existido quórum para conformar dicha sociedad, al punto de imponer pagos y deudas, manifestando que a estos efectos, deben realizarse asambleas para decidir sobre las cosas más convenientes para la villa, traduciéndose todas estas actuaciones en “actos anárquicos”. Ahora bien, sigue expresando, que el presunto agraviante, se tomó la libertad de contratar una empresa de vigilancia, la cual no fue consultada y por ende no existe conocimiento de ella, en la cual se proporciona un funcionario colocado en al garita de entrada, cuya tarea a sido abrir a los propietarios y visitantes de la villa. No obstante, en fecha 19 de diciembre de 2016, el ciudadano Cesar Cuesta, ordenó a dichos empleados de vigilancia, que se había tomado la decisión “como mecanismo de presión”. Además, expresa que el servicio de vigilancia no es prestado a las presuntas agraviadas, por encontrarse “presuntamente… morosas con los pagos de cuotas de condominio…”. En este mismo sentido, en fecha 19 de diciembre de 2016, el presunto agraviante, dio la orden de realizar por todos los medios posibles de poner en ejecución, las acciones para amedrentar y restringir a las presuntas agraviadas del derecho y uso de los bienes comunes, es decir fueron excluidas debido a las imposiciones, restricciones y limitaciones al acceso vehicular a las viviendas propiedad de las presuntas agraviadas, por presuntamente encontrarse morosas en el pago de las cuotas de condominio. En este mismo orden de ideas, expresa, que las órdenes de control de acceso a las villas, realizadas por el presunto agraviante, se extendió no solo a las hoy accionantes en amparo, sino hacia los visitantes y familiares que se dirijan a sus unidades habitacionales, ya que según manifiestan son “personas no gratas, realizando lo que en doctrina se llaman vías de hecho”. Sigue manifestando las presuntas agraviadas, que el ciudadano CESAR CUESTA, toma las decisiones de forma inconsultas, pero que benefician a la colectividad y que “las demás personas deben acatar lo que decida, ya que así es la manera en las cosas se hagan”. Aunado a lo anterior, siguen expresando las presuntas agraviadas, que las acciones tomadas por el presunto agraviante, se suma a la imposición de prohibición del uso del área del depósito de basura construido dentro de la villa, dando instrucciones a los empleados bajo sus órdenes, que estén “alerta y que nos limiten en nuestros derechos ya que no podemos ingresar, ni depositar basura dentro de los cuartos edificados dentro de las áreas comunes, así como el uso de las áreas de parque de recreación (por encontrarnos presuntamente morosos, y pretender el cobro de aportes, por esta vía de coacción)…” Lo anterior, y sumado a las imposiciones a que ningún propietario realice fiestas o reuniones, si no le solicitan el permiso por encontrarse morosos en el pago de los aportes de condominio, constituyen según los dichos de las presuntas agraviadas como “vías de hecho”, que restringen el uso y disfrute de los bienes comunes, violando así derechos como a la salud, a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Las acciones realizadas por el ciudadano CESAR CUESTA, como presunto agraviante, según manifiesta las presuntas agraviadas, a dejado como resultado la desconexión de los portones eléctricos, clausura del portón de salida, controlado por el empleado contratado por el presunto agraviante, dejándolo habilitado de forma manual, atribuyéndole a dichos empleados la supervisión de salida y apertura del portón a los propietarios de la villa, distorsionando el documento de parcelamiento y permisología otorgada, ya que el referido conjunto residencial fue construido con dos vías, una de acceso y otra de salida, separada con portones, para evitar así el encuentro de vehículos. Además alega las presuntas agraviadas, que el ciudadano CESAR CUESTA, está incurso en el delito tipificado en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Precios Justos, ya que los empleados contratados brindan el servicio a unos propietarios y no presta ningún servicio a las presuntas agraviadas. Igualmente manifiestan, que el ciudadano Cesar Cuesta, a realizado un conjunto de actividades que a juicio de las presuntas agraviadas, las ponen al escarnio publico y al descrédito, en el sentido de que en fecha 19 de diciembre, en la puerta de entrada al conjunto residencial, se colocó un listado de “relación de pagos y Bosque Alto, Morosidades de Propietarios Villas (18DIC2016)”, con los nombres y apellidos de las propietarios, lo que solicitan de este Tribunal, el cese de los actos anárquicos del mencionado ciudadano. Es así que, solicitan de este Tribunal la declaratoria con lugar del presente Amparo Constitucional, por existir una violación flagrante del derecho a la propiedad, libre tránsito, derecho a la integridad física, psíquica y moral, a la salud, derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, y el cese de los actos o vías de hecho del ciudadano Cesar Cuesta, con la finalidad de terminan con todos los actos discriminatorios y de violación de los derechos constitucionales descritos, asimismo que cesen todos los actos que cercenen los derechos de uso y disfrute de los bienes comunes y la activación inmediata de los portones eléctricos, sin mas restricciones a ningún miembro o propietario del Parcelamiento Bosque Altos Villas, permitiendo a su vez, el acceso vehicular al conjunto Además manifiestan las presuntas agraviadas, que los actos realizados por el presunto agraviante, implican actos de autoridad usurpada, en el sentido de asumir funciones estadales de juzgamiento, estableciendo sanciones y cometiendo el delito tipificado en el artículo 270 del Código Penal venezolano y de corrupción particular entre partes, previsto en el articulo 63 de la Ley Orgánica de Precios Justos, al inducir beneficios o ventajas en la prestación del servicio. Ahora bien, en fecha 28 de marzo de 2017, la ciudadana SUJEILY MILAGROS MORÁN RODRIGUEZ con asistencia letrada, presentó escrito de reforma, admitido en fecha 30 del mismo mes y año, en la cual manifiesta que se han venido agudizando desde el 07 de marzo de 2017 los presuntos actos del ciudadano Cesar Cuesta, en el sentido de que el presunto agraviante, a realizado actos contrarios al derecho de uso y disfrute de los bienes de la comunidad y al libre tránsito, en la cual ha proferido actos de cierres del portón a las ciudadanas NIVIA VERA y SUJEILEY MILAGROS RODRIGUEZ –presuntas agraviadas- así como tambien actos, tales como: cierre del portón, la colocación de un candado al tablero del CANTV, promoviendo testimoniales y otros medios probatorios, y establece que las denuncias planteadas en el escrito de fecha 28 de marzo de 2017 deben ser “…considerados en los hechos denunciados en el amparo presentado, como parte de ellos, ya que se extienden, a las limitaciones de los Derechos ya enunciados en el escrito de amparo, y los cuales, evidencian la continuidad de los actos limitativos de los derechos denunciados…”. CUARTO DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Dada la eminente naturaleza de orden público de los procedimientos de amparo constitucional, la cual se encuentra consagrada en el artículo 14 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que estatuye: “La acción de amparo, tanto en lo principal como en lo incidental y en todo lo que de ella se derive, hasta la ejecución de la providencia respectiva, es de eminente orden público. (…Omissis…)”, y de su directa vinculación con la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales, es por lo que en los artículos 13 y 15 eiusdem, se reconoce expresamente la legitimación y participación del Ministerio Público en este tipo de procedimiento, a quien se le tendrá a derecho en el proceso, desde el momento que el Juez competente le hubiere notificado de la apertura del procedimiento, participación que igualmente se encuentra reconocida en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Al respecto, le es pertinente a este Tribunal de Primera Instancia actuando constitucionalmente citar el criterio esbozado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión N° 3255, de fecha 13 de diciembre de 2002, caso: C.A. Mirabal y otro en amparo, expediente N° 02-0496, bajo la ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, que dictaminó de forma vinculante lo siguiente: “La Constitución de 1999, atribuye al Ministerio Público la competencia para “garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales”, lo cual conlleva a la participación como tercero garante de los derechos fundamentales en los procesos de amparo, que deriva de una legitimación institucional. Esta participación no es obligatoria, como tampoco lo es vinculante, para el juez constitucional, la opinión que pudiera presentar el representante del Ministerio Público notificado, quien puede apartarse del criterio sostenido por el órgano garante de la constitucionalidad. Ahora bien, el proceso de amparo se desarrolla, originariamente, entre dos partes, accionante o presunto agraviado y accionado o presunto agraviante, quedando siempre a salvo la participación del Ministerio Público.” En este orden de ideas, se constata de las actas procesales la participación del Titular del Ministerio Público Dr. FRANCISCO FOSSI, como garante de la vindicta pública, el cual debidamente fue notificado oportunamente por el Alguacil de este Despacho Judicial, y en la audiencia constitucional expuso lo siguiente: “Buenas tardes ciudadana Juez y a todos los concurrentes a la presente audiencia oral y publica, que se contrae en el articulo 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre derechos y garantías constitucionales, en razón de la acción de amparo constitucional que nos ocupa, ciudadana juez, conocido con suficiencia de los hechos controvertidos y a través de los cuales se denuncia la presunta lesión a los derechos constitucionales dispuestos en los artículos 115, 50 del texto constitucional, referido al derecho al libre transito y al derecho a la propiedad, que deviene ante la situación ampliamente conocida, esta representación del Ministerio Público, en atención a los hechos ya a todas luces demostrados, lo cual no me voy a extender en mayores disquisiciones, en tanto y cuanto conforme a las pruebas aportadas y evacuadas por las partes, esta representación del Ministerio Público, refiere que ciertamente existe una constitución de una suerte de disposiciones a través de los cuales se regula la convivencia de esta Villa o de esta comunidad y que a través del escrito contentivo de la solicitud de amapro constitucional refieren las accionantes, que el ciudadano que se reputa como el que lesiona tales derechos constitucionales, se subroga una cualidad que no posee y los cuales en esta oportunidad no se va a extender esta representación del Ministerio Público, toda vez que habría que realizar un análisis de las actas levantadas al respecto y lo cual no es objeto de esta acción de amparo constitucional, en tanto y en cuanto, está orientada a verificar si se ha lesionado los derechos constitucionales denunciados, de las mismas pruebas ciudadana Juez y conforme a la valoración que ha bien considere hacer este órgano jurisdiccional actuando en sede constitucional, de las mismas con oportunidad si resultan pertinentes o no conformes a las formalidades de ley, en razón de que debieron haberse proveído a través de las experticias necesarias de la idoneidad de la prueba, igualmente de las mismas pruebas aportadas por las accionantes, me voy a permitir ciudadana juez, de esta forma ciertamente no se obtiene nada, ciertamente el portón esta cerrado, pero existe del mismo Chat que manifiestan disculpe quien escribe, se supone que es el señor Cesar Cuesta, les informo que la junta directiva y me permito leerlo con la venia de este operador de justicia, le informo que la junta directiva, existe una junta directiva, no vamos a debatir, las cualidades que puedan tener este o no, conforme a las atribuciones conferidas en esa acta, les informo que la junta directiva ordenó al servicio de vigilancia contratado, en razón de los hechos ya conocidos, que se daño el motor, que el mismo no esta apto para abrir o cerrar, que el brazo hidráulico, no vamos a determinar eso, ordenó al servicio de vigilancia que los propietarios que están en condición de morosidad no se les prestará abrirles y cerrarles el portón por parte del servicio de vigilancia, debido, si no están al día, nosotros no podemos pagarles un servicio para que los que están en situación de morosidad lo disfruten, de igual manera se hará con la recolección de basura, tendrán que depositar la basura en el container ubicado en la entrada de la villa, bajo ningún concepto se les está coartando el acceso a la villa al propietario, a su familia y visitantes, solo que el propietario, debe abrir y cerrar el portón, cuando quieran entrar a la villa, esta posición, fue acordada por todos los propietarios. Ciudadana juez los que vivimos en comunidad, estamos concientes, desde el momento, desde el día uno, que adquirimos un bien de este tipo, en respetar las normativas que con ocasión a la mejor convivencia de este tipo de sitio que escogemos para vivir, es lamentable ciudadana juez, que tengamos que traer a esta sala de audiencia a través de la presente acción de amparo constitucional, un hecho vecinal que puede dilucidarse, orientarse, solventarse, tomar medidas para una mejor convivencia, sin ser y voy a permitirme este adagio “sin ser mas vivo que el otro”, ciudadana juez, no se verifica que se le esté coartando el derecho a la propiedad a las accionantes, en tanto y en cuanto las mismas habitan en su lugar o casa de habitación, disfrutan de la misma, disfrutan del parque con el que cuenta esta villa, solo que ante la situación y por notoriedad judicial, conforme a la prueba promovida por la parte accionada, se verifica que en el Juzgado de municipio ciertamente existe una demanda por el cumplimiento de estas cuotas de condominio, las mismas se niegan o no han podido cancelarlas y que en esta situación ciudadana juez ciertamente tendrán que bajarse de su vehiculo o hacer uso de sus propias miembros a los fines de poder abrir y cerrar el portón, poder transitar libremente, ciudadana juez no queda demostrado que se les esté lesionando el libre acceso a la villa, no se demuestra ciudadana juez que se les esté lesionando su derecho a la propiedad, no se les está lesionando hacer uso del parque recreativo, no se les está siendo, negando el uso del container empleado para el deposito de basura, ciudadana juez, no resulta la petición requerida por la parte accionada, en cuanto a la solicitud de inadmisibilidad, dado que existen otros medios judiciales, como lo es, el amparo referido, en cuanto no estamos hablando de una lesión a la posesión y que puede ser debatido a través de otro tipo de mecanismos judiciales, en esta circunstancias, no se verifica la lesión constitucional denunciada, por lo cual se requiere sea declarado sin lugar, la presente acción de amparo constitucional y así solicito, que sea motivado a través de la sentencia que ha de recaer en el presente fallo y así solicito sea dispuesto en el acta al ser levantada en la presente audiencia constitucional. Eso es todo.” QUINTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Admitida la acción de amparo y practicadas las notificaciones correspondientes, se inició la audiencia constitucional, pública y oral el día miércoles tres (03) de mayo de 2017 a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.), día y hora previamente fijados para su celebración, en la Sala de Audiencias N° 1 del Edificio Torre Mara, Sede Judicial de Maracaibo, con la presencia de la representación judicial tanto de la parte presuntamente agraviada, así como tambien de la parte accionada en amparo o presuntamente agraviante, y del Representante del Ministerio Público, Dr. Francisco Fossi. Al término de la Audiencia Constitucional, se levantó acta bajo los siguientes términos: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (escudo de Venezuela) EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA EN SEDE CONSTITUCIONAL. Maracaibo, 03 de mayo de 2017. 207° y 158°. Exp. 14.784. Se constituyó el Tribunal en la Sala de Audiencias No. 1, del edificio Torre Mara, Sede Judicial de Maracaibo, a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.), del día de hoy, miércoles tres (03) de Mayo de 2017, presidido por la Jueza Dra. INGRID COROMOTO VASQUEZ RINCON, en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en compañía de la Secretaria Titular Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL, a los fines de celebrar la Audiencia Constitucional, Pública y Oral, pautada en el expediente N° 14.784, contentivo de Amparo Constitucional intentado por las ciudadanas NIVIA CHIQUINQUIRÁ VIERA MOLERO y SUJEILY MILAGROS MORAN RODRÍQUEZ, quienes son venezolanas, mayores de edad, solteras, titulares de las cédulas de identidad Nos. V.-9.752.241 y V.-11.892.931 respectivamente, domiciliadas en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, en contra del ciudadano CESAR ANTONIO CUESTA, quien en es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-5.770.357 en su presunto carácter de “Presidente de la Asociación, Junta de Condominio, Junta Directiva o Junta Administradora de la Urbanización Bosque Alto Villas”. En este estado, la Jueza solicitó formalmente a la ciudadana Secretaria Titular del Tribunal, que procediera a la verificación de la comparecencia de las partes, así como también del Representante del Ministerio Público. Una vez verificada la asistencia de las partes, se dio inicio a la presente Audiencia Constitucional, dejándose constancia de la comparecencia de los abogados en ejercicio WILL ANDRADE y JUAN COELLO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 69.830 y 52.409, respectivamente, actuando en su condición de asistentes judiciales de las ciudadanas NIVIA CHIQUINQUIRÁ VIERA MOLERO y SUJEILY MILAGROS MORAN RODRÍQUEZ, antes identificadas. Asimismo se dejó constancia de la presencia en el acto del abogado en ejercicio JOSÉ LORETO RIVAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 16.520, en su condición asistente judicial del ciudadano CESAR ANTONIO CUESTA, ya identificado. Se dejó constancia de la presencia del Representante del Ministerio Público, Dr. FRANCISCO FOSSI, en su condición de Fiscal Trigésimo Quinto en materia de Protección de Derechos y Garantías Constitucionales del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Posteriormente se inició el debate oral correspondiente, con la exposición de la parte presuntamente agraviada a través de su asistencia acreditada, quien expuso sus alegatos por un lapso de diez minutos (10 min.), y una vez finalizada su intervención, procedió a exponer la parte presuntamente agraviante, por un lapso igual de diez minutos (10 min.), para la contestación al Amparo. Asimismo, este Juzgado deja constancia de haber otorgado cinco (05) minutos a las partes a los fines de las replicas y contrareplicas. Acto seguido se procedió a la evacuación de las pruebas, para lo cual se concedió a cada parte un lapso de quince (15) minutos. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, rindieron declaración los testigos promovidos junto al escrito de reforma de amparo, los ciudadanos HECTOR SANCHEZ, PEDRO PIRELA, YUSLIBETH FINOL y RAFAEL ROO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidades Nos. 15.009.452, 19.336.698, 12.999.510 y 5.054.346. Se deja constancia que el Tribunal, a pedimento del Representante del Ministerio Público, se desestimó la declaración del ciudadano PEDRO PIRELA, por existir vínculos o lazos de trabajo con la ciudadana NIVIA VIERA. Asimismo rindieron declaración los testigos promovidos por la parte presuntamente agraviante, ciudadanos KARINA GARCÍA, EDWIN LOAIZA y LUIS ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 11.607.591, 8.505.143 y 6.693.558, respectivamente. Con respecto al testigo de nombre EDWIN LOAIZA, se promovió con la finalidad de que ratificara el contenido y firma documento constante de presupuesto, promovido de igual manera en la causa por la parte accionada en Amparo. Seguidamente, se procedió a la evacuación de las documentales acompañadas junto al Escrito Libelar de Amparo y su Reforma. De igual manera, se evacuó las documentales promovidas en la oportunidad de la Audiencia Constitucional por la parte presuntamente agraviante, constantes de: Documento debidamente registrado por ante el Registro Público del Municipio san Francisco del Estado Zulia, de fecha 03 de agosto de 2016, inscrito bajo el No. 17, Folio 90, Tomo 14 del Protocolo de Transcripción del año respectivo; Presupuesto otorgado por Edwin Loaiza; libro de Actas autenticado constante de doscientos (200) por ante la Notaría Pública del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en la cual se deja constancia de las Actas Asamblea General del Parcelamiento Bosque Alto Villas; Prueba de informes al Juzgado Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, San Francisco y Jesús Enrique Lossada de esta Circunscripción Judicial, con la finalidad de que informara sobre Expediente cursante en dicho Tribunal, en Expediente 3621 y “CD”. Se deja constancia, que el Tribunal concedió oportunidad a ambas partes, para realizar las observaciones a las Pruebas promovidas. Asimismo, al momento de la evacuación de videos promovidos por la parte presuntamente agraviada, se deja constancia, que la parte promovente no constaba con dispositivo electrónicos para la evacuación de la prueba videográfica presentada. A este respecto, el Tribunal concedió un lapso de veinticinco minutos (25 m.), para la búsqueda de instrumentos adecuados para la evacuación del material ofertado, y así garantizar el derecho a la defensa y debido proceso, y la contradicción y control de la prueba. No obstante, fue imposible la evacuación de la prueba videográfica presentada, y el Tribunal permitió la consignación de los dispositivos “Pendrive” y “CD”, en la cual consta el contenido videográfico. Posterior a ello se concedió un lapso de cinco minutos (5 min) a cada parte para exponer sus conclusiones. Una vez finalizado, el lapso de evacuación de las pruebas, se le concedió la palabra al Representante del Ministerio Público, Dr. FRANCISCO FOSSI, en la cual manifestó de forma sucinta, que en la presente acción de amparo constitucional, no se evidencia ninguna violación a los derechos constitucionales alegados por la parte accionante, que no haya una limitación a los derechos de propiedad y libre acceso a los inmuebles y solicita sea declarado SIN LUGAR la presente acción de amparo. Finalizadas las exposiciones, la Jueza se retiró por espacio de una hora a fin de tomar decisión, y una vez finalizado ese lapso de tiempo, se procedió a dictar el dispositivo de la presente causa, el cual es del siguiente tenor: De las Actas del Expediente; De las exposiciones de las partes, del Ministerio Público y del material probatorio evacuado en la Audiencia Constitucional, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA en SEDE CONSTITUCIONAL, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Constitución y la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, la acción de amparo constitucional, interpuesta por las ciudadanas NIVIA CHIQUINQUIRÁ VIERA MOLERO y SUJEILY MILAGROS MORAN RODRÍQUEZ en contra del ciudadano CESAR ANTONIO CUESTA. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas y costos procesales por no considerarse TEMERARIA la presente acción de amparo de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Se deja constancia, que dentro de los cinco (05) días siguientes a la presente Audiencia, deberá ser publicada íntegramente la decisión correspondiente. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman. Maracaibo, Estado Zulia, 03 de mayo de 2.017. (L.S.) LA JUEZA PROVISORIA. DRA. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN (fdo) LA SECRETARIA. DRA. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL (fdo) PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA Y SUS ABOGADOS ASISTENTES (fdo) PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE Y SUS ABOGADOS ASISTENTES (fdo) EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, DR. FRANCISCO FOSSI. (fdo) TESTIGOS PROMOVIDOS Y EVACUADOS (fdo). Argumentos esgrimidos por la parte presuntamente agraviada en la oportunidad de la Audiencia Constitucional Siendo la oportunidad correspondiente, las actoras en Amparo con asistencia letrada esgrimieron lo siguiente: “Buenos día ciudadana juez, buenos días ciudadana secretaria, ciudadano fiscal, y público en general y contraparte. Ciudadana juez, el… la solicitud de amparo que interpusimos por ante este Tribunal versa sobre una violación de una garantía constitucional, que es la contenida en el artículo 115 de la Constitución, y el artículo 50 de la misma. Esos artículos constitucionales tratan sobre el libre tránsito, del que tiene derecho todo ciudadano dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Es así que tenemos que cuando el artículo 50 de la Constitución nacional establece, y me permito leerlo, con su venia, que toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver a trabajar y otras connotaciones del mismo artículo. Mientras que el derecho a la propiedad está contenido en el artículo 115 de la constitución, establece que se garantiza el derecho de la propiedad y toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes, y la propiedad estará sometida a contribuciones, restricciones y obligaciones. Igualmente el artículo 46 constitucional, establece el derecho que tiene toda persona que se respete su integridad física moral, etcétera. Ahora cuál es el quit del asunto, cuál es la pretensión y qué es el derecho que se encuentra violado. Nuestras representadas, las ciudadanas Nivia Molero y Sujeily Morán, habitan en un conjunto residencial denominado Bosque Alto. ¿Qué pasa en ese conjunto residencial? Ese es un conjunto residencial que es un parcelamiento. Ese parcelamiento, tal como se evidencia en los documentos cuando hicieron la compraventa respectiva, no es un parcelamiento sujeto a una ley de propiedad horizontal, no es un parcelamiento que esté sujeto a ciertas condiciones, preestablecidas en el documento de compraventa, en cuanto al uso y disfrute de las áreas comunes de esa villa, es caso que tenemos una casa de diversiones, de recreo, un área libre, tenemos para el depósito de basura, y el acceso está compuesto según el plano y el documento de la urbanizadora, por dos entradas; una entrada que permite justamente acceder al conjunto y otra para retirar, hay dos vías. Es el caso que a esas vías de acceso se le colocaron dos portones, con una unidad motorizada para abrirlo y cerrarlo con un control, ese fue un gasto que se hizo de común acuerdo entre todos los propietarios de ellas villa. ¿Qué pasa? De manera por decirlo unilateral, se levantó un acta por parte de ciertos propietarios del parcelamiento donde asumen, tiene una condición de parcelamiento y que quieren hacerlo una junta del condominio. En este caso mi colega que tiene más conocimiento en esta parte de esse acto va a continuar con la exposición. Buenos días ciudadana juez, ciudadana secretaria, ciudadano fiscal, ciudadano alguacil, abogado colega, demandado, demandante y público presente. La acción de amparo, como dice muy bien explicado el doctor Juan Coello, se especifica en la violación de varias normas constitucionales, entre ellas las mencionadas por el doctor Coello y aunado a eso también podemos agregar el derecho a la salud, el bienestar, al acceso a las personas que tengan una vivienda, que tengan un bienestar social desarrollado, de conformidad con el artículo 82 y 83 de la Constitución. Los hechos plasmados en el libelo de la demanda, señalan que el señor cuesta, posterior a una serie de reclamaciones relacionadas con el pago, tomó la atribución, en fecha 19 de diciembre del año 2016, de participarle a las personerías que funcionan o que trabajan en la garita de ingreso, prohibirle la entrada, en el sentido de restringirle y no darle prestación de servicio en cuanto al acceso a las ciudadanas Nivia Viera y Sujeily Morán. (…). La acción va dirigida en función de que el señor Cesar Cuesta, como bien estaba explicando, el 19 de diciembre tomó unas atribuciones que vienen a ser actos, hechos específicos, ya que previamente habían sido restringidos en el plano jurídico como amenaza, en función de que se estaba intentando establecer lo que era un condominio, una sociedad civil, y no se había logrado esa finalidad, y pretendía o pretende el cobro de algunos gastos que nunca han aprobado. En el proceso de conciliación o de conversaciones, el señor César Cuesta no tomó las sugerencias que se le otorgó por parte de la ciudadana Sujeily Morán y Nivia Viera, en cuanto a hacer el análisis de las circunstancias que plasman lo que es la villa, y por mecanismos unilaterales, tomó la atribución de primeramente clausurar el portón eléctrico, el cual era el acceso, uno era el ingreso y otro era el acceso. Esos portones, uno fue apagado y otro fue desmantelado, en el sentido de que se le colocó un brazo hidráulico y que se colocó un funcionario, un empleado contratado por el señor Cuesta para el ingreso y salida de esa Villa a través de una sola vía de las dos tomadas como tal. De esas dos vías, como le dije una está clausurada, lo que irrumpe la facilidades de entrada y salida, y violenta lo que es el derecho al libre tránsito. Igualmente, el señor Cuesta, a través de un medio de comunicación que fue el mensaje por Chat dirigido de su teléfono personal 0414-6442559, el 21 de diciembre le participa a la ciudadana Sujeily Morán y Nivia Viera de que no podían utilizar primeramente las áreas comunes, como era el botadero de basura, hay en cada dos etapas hay un sitio que se elaboró por parte de la construcción de Surca para arrojar los desperdicios sólidos de cada vivienda. En el referido Chat, el señor Cesar Cuesta le participa que tiene instrucciones dadas a los funcionarios de él, y conjuntamente todos los copropietarios solventes que no pueden utilizar ésta área ni las áreas de uso recreacional. Debo hacer alusión que esto viene a concretarse porque siempre hubo las amenazas, en el sentido de que, según participación y según reuniones que él mismo mencionaba, se había establecido que el uso del área recreacional tenía que ser aprobado por asamblea para poder utilizarla, y que tenía que dar la aprobación una junta que, como bien dicho y se lo señalé en lo que era el aparo constitucional en su desarrollo, ya que no existe junta de condominio ya que no es una propiedad horizontal, no existe una asociación civil, tal como ellos agregaron en panfletos y copias de memorandos y participaciones que repartían… (…) Ya que no hay una sociedad como tal, y por ende esas circunstancias señaladas, dan origen a que él tome una atribución de que simplemente por la falta de pago de cuotas que no fueron prefijadas, y que no han sido comprobadas su real existencia, y sanciona a la ciudadana Sujeily Morán y Nivia Viera en que no pueden utilizar y en prohibirle el acceso a esas áreas y el uso de lo que es el portón eléctrico clausurados por las circunstancias antes señaladas, y que el personal de seguridad, que presuntamente funcionan como porteros, no le presten el servicio de apertura y cierre hacia la vivienda y circulación de los vehículos de las mencionadas ciudadanas. Le señalo que dentro de lo que se hizo en la inspección judicial, se evidenció de que, según las listas, que ellos publicaron en las puertas de afuera de la mencionada villa, existe una serie de deudores morosos, presuntamente morosos, de unas deudas que como le dije, no han señalado, y donde solamente no existen la señora Sujeily Morán y Nivia Viera, sino que en esas listas, como se dejó plasmado en la inspección judicial, que se consignó como respaldo de la querella interdictal de amparo… (…) Conclusión Considerando lo expuesto por la contraparte, que señala primeramente que es una sociedad; tengo que señalar expresamente que el documento de condominio, perdón, el documento de parcelamiento, que muy bien consta en actas, señala que las normas aplicables son el Código Civil de forma supletoria, y se debe aplicar la ley de venta de parcerla. No estamos ante un condominio como tal. El mismo artículo, la misma norma, no recuerdo el capítulo, en el último in fine, señala que en caso de cualquier cosa que no esté regulada, se debe aplicar la norma del Código Civil, la cual señala que para formar una sociedad, tiene que ser las previstas en el artículo 19 del Código Civil, estas están muy bien plasmadas en ese mismo norma, texto sustantivo de nuestra legislación; no prevé una junta de condominio, sino una sociedad civil, y en este caso sería una sin fines de lucro la que se tendría que formar conjuntamente con una unión. Esto con referencia a que si existe o no una sociedad como tal, y no un acta de asamblea, así mismo debo señalar que dicha asamblea tendría sus vicios procesales, los cuales no estamos en este acto a los fines de analizar, sino prever lo que señala como tal estos actos que el doctor señala que es una sociedad civil. Allí no hay una sociedad civil constituida como tal, lo que hay es simplemente un documento de parcelamiento que prevé que debe posteriormente realizar lo que es la sociedad civil, y no se puede aplicar la ley de propiedad horizontal porque como documento contractual el mismo parcelamiento le señala que debe aplicarse las normas del Código Civil y la ley de venta de parcelas. Esto con referencia a esa situación. Con referencia a lo que es los derechos de propiedad, como muy bien se ha alegado en el amparo constitucional, debo hacerle entender de que todos los bienes comunes del inmueble, eso se llamar parque de recreación, lo que se llama depósito de basura, lo que se llama portones, pertenecen a la comunidad; no pertenecen a nadie, o sea, a una sola persona en específico, sino que a la comunidad como tal, toda decisión que se tome respecto a ello debería ser consultada, por todos, por la mayoría, y resolver con respecto a ello; así mismo el acceso fue restringido en función de directrices dirigidas por el señor César, en los cuales, como muy bien expliqué, se promovió lo que eran los mensajes de Chat, enviados desde su teléfono 0414-6442559, hacia el 0414-3619898, y el cual se promovió en consonancia con lo que es la prueba libre como prueba de lo siguiente. Sin embargo, le hago la observación ciudadana juez, en caso de que sea necesario una verificación del texto como tal, pudiesen en el caso del doctor César, si está disponible facilitar su teléfono, o en el caso como tal está la verificación de lo que es la fuente de prueba que el teléfono personal del cual se envió el mensaje, igualmente todo lo que se señaló como prueba en referencia a lo que son las grabaciones como tal que están en este Pen-Drive, específicamente en todo lo señalado en el escrito de prueba, fueron recavados y así mismo también ofrezco como fuente de prueba, que aquí tengo, lo que es el video DVR, donde se puede observar específicamente las fechas indicadas en el escrito del libelo de la demanda, todas las situaciones de hecho que se plasmaron como tal. Estamos en esta circunstancia, ciudadano juez, en función de que son varias violaciones de derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la propiedad, porque los bienes comunes pertenecen y son propiedad de cada uno de los condóminos, en este caso serían la ciudadana Sujeily Morán, Nivia Viera e igualmente el doctor César Cuesta que también tiene una cualidad de propietario. Es decir, todos son propietarios de esos bienes, y todos tienen derecho al uso y disfrute de esos bienes. Igualmente, lo que es la restricción que se señaló, prevé que él restringe con la utilización de los funcionarios o los empleados que contrató él, ánimus propio, el ingreso y acceso a las personas, restringiéndole a la ciudadana Nivia Viera y Sujeily Morán, el ingreso como tal y el acceso al ser displicente con respecto a ello, con respecto a los otros propietarios sí les presta el servicio como tal. Esa prestación de servicio está plasmada en un delito como tal, porque el mismo artículo 63 de la ley orgánica de precios justos señala que el administrador o la persona contratante no pueden tener favorecimiento sobre los entes contratantes cuando prestan un servicio hacia los demás, ocasionándole un daño. Igualmente estas acciones responden a lo que llaman el delito de hacer uso por parte de él, de una autoridad que no está dada, porque está usurpando lo que es la autoridad judicial en determinar si existe morosidad o no, para poder sancionar, con respecto a restringirle el uso de propiedad de los bienes señalados, que fuera el bote de basura, el área de recreación, y lo que es el uso de los portones eléctricos como tal, que fueron elaborados, y está plasmado en los Chat, donde el mismo señor César cobraba 2.500 bolívares por lo que era la sincronización del portón eléctrico.” Argumentos esgrimidos por la parte presuntamente agraviante en la oportunidad de la Audiencia Constitucional Siendo la oportunidad correspondiente, el accionado en Amparo con asistencia letrada esgrimió lo siguiente: “Mi asistido el Doctor Cesar Cuesta, niega todos los hechos que se le señala o se le atribuyen como responsable en este amparo constitucional, niega el hecho de que el haya desconectado u ordenado la desconexión del porton, o de los portones que tienen acceso a la Villa. Niega el hecho que haya publicado una relación de pago. Niega igualmente el hecho de que el haya de una u otra forma enviado mensajes donde supuestamente le violaba el derecho a la propiedad a la ciudadana Vieira o a la Ciudadana Rodríguez Morán. También se niega el hecho que el día 7 de marzo el haya ido al frente de la casa y haya proferido palabras que vayan en desmedro o desmejora de sus derechos de convivencia, dentro de la villa, que le haya violentada su derecho de propiedad. También niega el hecho que el haya de una u otra forma interferido el acceso a la villa Bosque Alto por medio de unas supuestas ordenes que le dio a los vigilante de la villa. Lo cierto es ciudadana Juez, que el mencionado Doctor Cesar Cuesta , funge como presidente de una Junta Administradora de una Asociación donde todos los propietarios lograron una regulación de sus normas de convivencia, y aquí está el acta y se la vamos a promover, registrada que tiene efectos erga omnes. Quisiera que se cotejara con las copias que consta en las actas. Lo cierto es, Ciudadana Juez, que el hecho cierto de esta situación es que el portón de acceso o de salida del conjunto, ambos portones, están dañados, no fue que él ordenó la desconexión de los mismo, cuya reparación, que está presupuestado, y que ese costo, aquí también lo tenemos y lo vamos a acompañar con las pruebas, no le causa precisamente ningún tipo de violación al derecho de propiedad. Ciudadana Juez el Doctor Cesar Cuesta no tiene cualidad ni interés de estar en este amparo constitucional, como también se lo expreso al Señor Fiscal, puesto que él a pesar de que es el Presidente de esa Asociación, si nosotros aplicamos la Ley de Propiedad Horizontal como norma análoga de estos sistemas de regulación de estos Conjuntos Residenciales, y así lo ha sostenido así la jurisprudencia de la Sala Constitucional y Sala de Casación Civil, que se tendría en el supuesto de que se haga en contra de esa Asociación que se acaba de promover, que se tendría que hacer directamente a la Junta de Condominio en Pleno o en su defecto al administrador de la Junta y no al Presidente, sin embargo, se señala en el Amparo que se le imputa los hechos de violación al ciudadano Cesar Cuesta, porque los hizo personalmente, cosa que el lo niega en cada una de sus partes los hechos alegados. Lo otro es ciudadana Juez, que la acción de amparo interpuesta no guarda relación con el derecho invocado, porque lo que se entiende es que en el supuesto negado de que mi cliente haya violentado a traves de un mecanismo que señalan en el amparo, a todo evento, ni la jurisprudencia señalada ni el derecho invocado guarda relación con dichos hechos, porque como bien lo señala el artículo quinto (5to) de la Ley de Amparo y Garantías Constitucionales, debió la parte recurrir en amparo de esa supuesta violación del acceso de esa villa por la querella de un Interdicto de Amparo, es decir, que es también un mecanismo breve y sumario que se puede hacer por la vía civil, porque se trata de violaciones al derecho de posesión y mas no de propiedad, toda vez, que como ellas mismas lo señalan en su escrito de amparo, ellas han tenido acceso a su propiedad, y en ningún momento, ninguno de los que ella señala, a parte del Doctor Cesar Cuesta, que los debió traer a juicio, han cometido el grave error de señalar personas que no guardan relación con el hecho que ellas mismas alegaron en contra de mi cliente. De suerte que este Amparo debe ser declarado inadmisible, porque como lo sostiene la misma Ley en el numeral 2 de su artículo 6, establece que cuando las amenazas contra el derecho o la garantía constitucional no sea inmediata, posible y realizable por el imputado, porque el no ha dado orden alguna. Y en cuanto a las pruebas promovidas por la parte todas son ilegales e impertinentes, y si me lo permite se las señalaré en la oportunidad de evacuación. Entonces, estando dicha la negativa de estos actos y los hechos nuevos que he traído, como lo son; el hecho que el portón se encuentra dañado y que requiere una reparación, yo voy a promover un testigo para que reconozco su contenido y firma los daños que tiene el portón y su reparación y el costo de la misma. Es todo. Conclusiones Doctora se insiste en la negativa de los hechos alegados por la parte presuntamente agraviada, en cuanto a la Ley de Propiedad Horizontal, se supone por la teoría de la hermenéutica, el derecho positivo está compuesto por normas que no están reguladas pero que por analogía está en otras normas, en este caso, como son conjuntos cerrados, eso es algo novedoso dentro del aspecto inmobiliario, nos trae como referencia que se debe aplicar en este caso la Ley de Condominio, sin embargo, para refrendar eso, las dos jurisprudencia que ellos mismos promueven no guardan relación con los hechos alegados por la parte actora, sin embargo, se trata precisamente que un condominio, oiga se bien, le suspendió el suministro de agua a un copropietario y a otro se le priva del uso del ascensor, esas dos jurisprudencia que ellos mismos traen a colación en el escrito, no guardan relación con los hechos, sin embargo, si hacen mención de la comunidad a través de unos condominios, que es la que se debe aplicar al presente caso. Y, además, esas son normas de convivencia social, precisamente, que son normas de ética y moral, que si bien es cierto que no están reguladas dentro del derecho positivo tampoco están prohibidas, porque si nos vamos filosóficamente al derecho, la teoría de filosofía del derecho hace mención al ser y deber ser, y el deber ser es la norma del derecho positivo y el ser son las normas éticas, y que de allí se desprende el deber ser o la regulación de los hechos de convivencia, que deben ser regulados porque estamos en una comunidad, debido a eso es que insisto en hacer valer esas normas, y esas normas le dieron el carácter erga omnes, es por lo que no deben decir las Señoras Viera y Morán Rodríguez que ellas desconocían eso, como lo señalan en su amparo constitucional. De suerte que ese amparo debe ser declarado inadmisible, en primer lugar, porque debió acudirse vía civil porque se trata de una supuesta perturbación a la posesión, porque si bien es cierto, ambas están demandadas por cuotas de mantenimientos de esas áreas, que dentro de las normas de convivencia se establecieron para darle mantenimiento y servicio a las áreas comunes. Pero la Señora Sujeiri no está demandada, apenas ella presentó un documento autenticado de propiedad entre las partes de la venta, pero no se puede hacer valer erga omnes, por lo tanto está demandado el ciudadano Remy Antonio Andrade, y el número de la causa es 3621, llevado por el Tribunal Séptimo de Municipio, del cual pido la prueba de informe, que ese Tribunal informe a este Juzgado sobre ese procedimiento. Es todo.” SEXTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA Pruebas de la parte presuntamente agraviada: CON EL ESCRITO DE AMPARO INICIAL DOCUMENTOS JUDICIALES • Inspección judicial extra litem y anexos, evacuada por ante el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, San Francisco y Jesús Enrique Lossada de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 20 de enero de 2017, en la cual se dejó constancia de los siguientes hechos: con respecto al primer particular: “Deja constancia el Tribunal que la Solicitante le manifestó el notificado, que como propietaria del inmueble signado con el N-16 de la 1era Etapa de la Urbanización Bosque Alto, tiene los mismos derechos, que todos los miembros del parcelamiento del Conjunto Residencial Bosque Alto, por lo tanto puede utilizar las áreas comunes y no se le debe restringir el paso.” Con respecto al segundo particular: “Deja constancia el Tribunal que existe una cartelera colocada en la pared exterior de garita de vigilancia, en la cual se lee la lista de propietarios con indicación de las sumadas adeudadas, por concepto de cuotas de condominio y la penalidad interpuesta por dicha deuda estimada en el diez por ciento (10%)” Con respecto al tercer particular: “Deja constancia el Tribunal que ciertamente existe una garita de vigilancia construida con bloques, en al cual se encuentra el notificado por estar de guardia, según su manifestación, pero que hay cambio de guardia y personal cada doce (12) horas y existe tambien un centro eléctrico o brekera o fusiblera operada por el personal de guardia de la garita.” Con respecto al cuarto particular: “Deja constancia el Tribunal que observa las brekeras que según lo indica la leyenda en la tapa de la brekera, corresponden a los portones de entrada y salida en modo apagado (en off) y que el notificado informa que no puede operar los portones por cuanto no tienen servicio eléctrico” Con respecto al quinto particular: “Deja constancia el Tribunal que el notificado presento una lista de propietarios de los cuales no se les puede prestar el servicio de abrir los portones por orden la junta de condominio del Conjunto Residencial Bosque Alto, observándose que a ciertos propietarios les es prestado el servicio” Con respecto a este medio probatorio, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha determinado su pleno valor probatorio, sin necesidad de ser ratificadas en el juicio, ya que el Juez interviene directamente en su elaboración y es el quien, mediante sus sentidos, se impone de las circunstancias del caso y lleva al acta respectiva el resultado de sus percepciones, cumpliendo con los extremos previstos en el artículo 1429 del Código Civil. No obstante, de la inspección judicial –extralitem- cursante en autos, no se pueden extraer elementos que den certeza a esta Sentenciadora en Sede Constitucional, de presuntas violaciones a los derechos constitucionales alegados por la parte promovente, por tanto, se desecha del debate constitucional, por no aportar elementos de convicción. ASÍ SE VALORA. OTROS DOCUMENTOS • Copia simple de “nota informativa”, de fecha 15 de julio de 2015, que contiene información relativa a una series de normas aplicadas por la Asociación Civil, sin Fines de Lucro, propietarios de la Urbanización Bosque Alto Villas. En lo que respecta a éste medio de prueba, por cuanto se observa que el mismo constituye un documento privado presentado en copia fotostática simple, en consecuencia, carece de valor probatorio por no tratarse de aquellos documentos que permite el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ser promovidos en copias fotostáticas, ello fundamentado en el criterio emanado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante de sentencia de fecha 04 de abril de 2003, caso Chichi Tours C. A. contra Seguros La Seguridad, C. A., Exp. N° 01-0302; por lo tanto, este Tribunal los desecha del presente debate probatorio. Y ASÍ SE DECIDE. • Foto a color “capture” de diverso mensaje de textos a través del servicio de mensajería “WhatsApp.”, el cual presuntamente aparece enviado por el ciudadano Cesar Cuesta y que es del siguiente tenor: “Disculpe quien escribe. Le informo que la junta directiva ordeno al servicio de vigilancia que los propietarios que están en condición de morosidad No se le prestara abrirles y cerrarles el portón por parte del servicio de vigilancia debido a que si no están al día nostros no podemos pagarles un servicio para que los que están en situación de morosidad lo disfruten, de igual manera se hara con la recoleccion de basura y tendran que depositar la basura en el conteiner ubicado a la entrada a la villa. Bajo ningún concepto se le esta coartando el acceso a la villa al propietario debe ir a abrirle y cerrarles el portón cuando quieran entrar a la villa. Esta posición fue acordado por todos los propietarios que se encuentran solventes. Gracias.” • Foto a blanco y negro “capture” de mensaje de texto, presuntamente emitido por el numero de teléfono +58 414-6442559-CESAR…, a grupo de “Bosque Alto Villas” que es del siguiente tenor: “INFORMACION en el día de ayer se realizo la citación a la intendencia a las personas que mantienen una actitud hostil y conductas no aceptables, la cita es mañana a la 9:30 en la Intendencia de Francisco Ochoa. Los que puedan y quieran acompañarnos los esperamos. Gracias.” • Otras fotos a color “capture” de mensajes de textos, constantes de dieciséis (16) folios. Con respecto a estos instrumentos probatorios, se evidencia que constan de mensajes de textos, sin embargo, se evidencia que la parte promovente, no acompañó la prueba de experticia informática correspondiente, con la finalidad de corroborar el contenido, destinatario y emisor de dichos mensajes, en consecuencia se desechan del Debate constitucional probatorio. ASÍ SE DECIDE. DOCUMENTOS PÚBLICOS • Documento registrado de parcelamiento -en copia simple- de parcelamiento de la Urbanización Bosque Alto Villas, registrado por ante el Registro Público del Municipio San Francisco del Estado Zulia, de fecha 26 de mayo de 2011, bajo el No. 49, Tomo 13, Protocolo 1, Segundo Trimestre. Las copias de instrumentos públicos se equiparan a la presentación de éstos en original, por lo tanto el instrumento antes descrito se valora conforme a las mismas reglas, en tal sentido tiene carácter de público y al no ser objeto de tacha tienen pleno valor probatorio y en consecuencia hacen fe entre las partes y frente a terceros, de los hechos que el funcionario declara haber efectuado si tenía la facultad para ello, según lo dispuesto en el artículo 1359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE VALORAN. • Documento –en copia certificada- de venta de parcela de terreno propio y casa sobre ella construida, distinguida con el No. I-15m del Conjunto I, Etapa I, de la Urbanización Bosque Alto Villas, ubicada en el Sector Los Silos, Km. 2 ½ vía a Perijá, Avenida 50, Parcela I-15, en jurisdicción de la Parroquia Francisco Ochoa del Municipio San Francisco del Estado Zulia, registrado bajo el No. 2015.539, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado bajo el No. 482.21.18.2.889, Libro de Folio Real del año 2015 a nombre de la ciudadana NIVIA VIERA MOLERO. Las copias certificadas de instrumentos públicos se equiparan a la presentación de éstos en original, por lo tanto el instrumento antes descrito se valora conforme a las mismas reglas, en tal sentido tiene carácter de público y al no ser objeto de tacha tienen pleno valor probatorio y en consecuencia hacen fe entre las partes y frente a terceros, de los hechos que el funcionario declara haber efectuado si tenía la facultad para ello, según lo dispuesto en el artículo 1359 del Código Civil. ASÍ SE VALORAN. Con el escrito de reforma o ampliación del amparo presentado por la ciudadana SUJEILY MORAN: • Fotografía donde se observa una especie de puerta o portón blanco con un candado. • Fotografía donde se observan dos personas sentadas y un portón blanco aparentemente cerrado, sin mayores especificaciones. Dichas pruebas, no aporta ningún elemento a la presente Acción de Amparo Constitucional, por lo tanto en virtud de la sana critica, se desecha del debate constitucional probatorio. ASI SE DECIDE. TESTIMONIALES: • RAFAEL ROO RINCON y YUSLIBETH MARGARITA FINOL LUGO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.054.346 y V-12.999.510, respectivamente, para que expongan: “sobre el dia 21 de marzo, donde fueron a la residencia de la ciudadana Sujeily Moran, y estos no fueron atendidos por el empleado de la empresa, quien les indico que la Sra., tenia que abrirles ya que el, tenia ordenes de no atendía a los morosos ni sus visitantes.” La testigo Yuslibeth Finol, manifiesta que asistió a la vivienda de la ciudadana Sujeily Morán en fecha 21 de marzo de este año, ya que dicha persona le iba a prestar unas enciclopedias de contabilidad para su hija, y al momento de llegar al Conjunto Residencial le manifestaron que no podía pasar a las Villas por encontrarse morosa y tuvo que comunicarse con la ciudadana Sujeily Morán para poder entrar, y manifiesta que no la dejaron entrar por encontrarse morosa Sujeily Moran, sin embargo manifiesta que una vez comunicada con dicha ciudadana actora en amparo, le abrió el portón y pudo acceder al Conjunto Residencial. Manifiesta que no tiene ningún vínculo de amistad íntima con la ciudadana Sujeily Morán. En este estado, la ciudadana Jueza del Tribunal, realizó pregunta relativa al vínculo de amistad de las hijas de ambas ciudadanas y la testigo manifestó que son amigas la hijas de ambas, ya que estudiaron juntas y que es manicurista de la hija de la actora en amparo, pero no tiene lazos de amistad con la ciudadana Sujeily Morán. Por otro lado, la testigo manifiesta por pregunta realizada por la Jueza del Tribunal, que la ciudadana Sujeily Morán, abre el portón manualmente. La parte accionada en amparo, hace el derecho de repregunta, sobre que día exactamente se trasladó la testigo al Conjunto Residencial donde habita Sujeily Morán, a este aspecto manifiesta que fue el día 21 de marzo, para prestarle las enciclopedias a su hija. El Fiscal del Ministerio Público, pregunta sobre lo relativo a quien dio las presuntas órdenes de cierre de acceso a la vivienda de la actora en amparo por parte del vigilante, la testigo manifestó que dichas órdenes venían por parte del condominio, de una junta de condominio y no de una persona en especial. El testigo Rafael Roo, manifestó que el día 21 de marzo de este año se trasladó a la casa de Sujeily Morán, para llevar a su esposa y al momento de llegar al Conjunto Residencial, el vigilante de las Villas le manifestó que no podía acceder a la casa de la ciudadana Sujeily Morán por tener problemas con el condominio de morosidad, y que tiene que salir ella para abrirle, y luego llegó Sujeily Morán, y le abrió el portón. La parte accionada en amparo hace uso del derecho de repregunta, con lo relativo a si tiene alguna relación con la ciudadana Yuslibeth Finol, a este respecto manifestó que no tiene relación con ella, sino es la persona que hace las uñas a la esposa. Además manifiesta el testigo que ese día, llevó a la ciudadana Yuslibeth Finol, ya que iba a retirar unos libros en la casa de Sujeily Morán. Manifiesta además que al llegar al sitio se bajó del auto solo “porque el que iba manejando el carro era yo” El Fiscal del Ministerio Público hace su derecho a repreguntar, en lo que respecta si actualmente persisten los hechos denunciados, a este aspecto manifiesta el testigo, que no le consta que persiste la situación y que las órdenes fueron dadas por el condominio. Con respecto a estas testimoniales, se evidencian contradicciones entre ambas deposiciones, ya que la testigo Yuslibeth Finol, en fecha 21 de marzo del presente año, cuando se trasladó a la casa de la ciudadana Sujeily Morán, manifiesta que cuando llegó al Conjunto Residencial, le manifestaron personalmente que no podía pasar a la vivienda de la actora en amparo por encontrarse morosa y que tenía que abrirle ella el portón. Por otro lado, el testigo Rafael Roo, manifiesta que, ese ese día, llevó a la ciudadana Yuslibeth Finol, ya que iba a retirar unos libros en la casa de Sujeily Morán, expresando, que al llegar al sitio se bajó del auto sólo “porque el que iba manejando el carro era yo”. De las anteriores deposiciones se evidencian incongruencias y contradicciones, en el sentido de que la testigo manifiesta que personalmente le fue impedido el paso, mientras que el testigo Rafael Roo, manifiesta que fue a él personalmente quien se le impidió el paso, y que la ciudadana Yuslibeth Finol, no se bajó del auto en esa oportunidad. En consecuencia, las anteriores deposiciones se desechan del debate constitucional. ASÍ SE DECIDE. • HÉCTOR SÁNCHEZ y PEDRO PIRELA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 15.009.452 y V-19.336.698, respectivamente, para que expongan: “sobre el día 10 de enero del año en curso, y del dia 22 de marzo, cuando en horas de la tarde fueron a la residencia de la ciudadana NIVIA VIERA, y los mismo, no le fue permitido la entrada, y a los cuales le informaron que ella tenia prohibido los servicios por encontrarse morosa”. El testigo Héctor Sánchez, manifestó que aproximadamente el día 7, 8 o 9 de marzo de este año, se dirigió a la vivienda de la ciudadana Nivia Viera, y al momento de entrar al Conjunto Residencial, el vigilante no lo dejó pasar por estar morosa, sino que se tuvo que comunicarse con la hija de la ciudadana Nivia Viera para abrirle el portón. Manifestó que se ha dirigido como diez (10) veces al Conjunto Residencial donde habita la ciudadana Nivia Viera. Manifestó que se encontraba un aviso puesto de las personas morosas, pero expresa que no le tomó importancia. La parte accionada en amparo se abstuvo de repreguntar al testigo, por no guardar relación con los hechos alegados, y que no coincide con las fechas que se señalan en el libelo del amparo. El Fiscal del Ministerio Público hizo uso del derecho de repregunta al testigo, sobre la fecha de la última vez que asistió al Parcelamiento Bosque Altos, a tal efecto respondió, que los primeros días de marzo. Además el Fiscal preguntó al testigo, si actualmente persiste o le consta que dicha situación alegada persiste, en este aspecto respondió, que tiene días que no va al sitio. De otro lado, el Fiscal manifestó que sobre el listado que aparece en el portón de la Villa, preguntó sobre cuantas personas aparecen en dicho listado, el testigo manifestó que no le tomó importancia, pero que había un listado de personas. Además manifestó el testigo que no le consta si a otras personas del Conjunto Residencial, les han cercenado sus derechos al tránsito. De la anterior deposición, observa este Tribunal en sede Constitucional, que el testigo, es impreciso en sus declaraciones, en lo relativo a la fecha en que se dirigió a la vivienda de la ciudadana Nivia Viera. Además, de las propias declaraciones del testigo, se observa, que no hay evidencia clara y precisa de supuestas violaciones de orden constitucional sobre los derechos alegados como violados, en consecuencia se desecha del debate constitucional. ASÍ SE DECIDE. El testigo Pedro Pirela, manifiesta que actualmente tiene una relación de trabajo “jefa” con la ciudadana Nivia Viera. A tal respecto el Fiscal del Ministerio Público, manifestó al Tribunal que dicho ciudadano no puede declarar. El Tribunal aceptó el pedimento Fiscal y lo desechó. OTRAS PRUEBAS • Archivos contenidos en dispositivo de almacenamiento tipo “PenDrive”, marca SanDisk. Cruzar Blade 8GB. Dicho instrumento de tecnología de almacenamiento, supuestamente contienen videos, no obstante, se observa que no fue acompañado junto a dicho instrumento probático, la prueba de experticia informática, con la finalidad de acreditar el contenido de los archivos almacenados en el dispositivo, en consecuencia se desecha del debate constitucional probatorio. ASÍ SE DECIDE. Pruebas de la parte presuntamente agraviante: Al momento de la Audiencia Constitucional, la parte accionada en Amparo presentó los siguientes medios probatorios: TESTIMONIALES • KARINA GARCÍA, EDWIN LOAIZA y LUIS ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 11.607.591, 8.505.143 y 6.693.558, respectivamente. Con respecto al testigo de nombre EDWIN LOAIZA, se promovió con la finalidad de que ratificara el contenido y firma documento constante de presupuesto, promovido de igual manera en la causa por la parte accionada en Amparo. La testigo Karina García, manifestó que conoce al ciudadano Cesar Cuesta y le consta que viven las ciudadanas Sujeily Moran y Nivia Viera. Manifiesta que vive en Bosque Alto Villas. Manifiesta que no ha presenciado órdenes del ciudadano Cesar Cuesta sobre limitación o restricción de derechos a las ciudadanas actoras en amparo. Manifiesta que los portones de acceso del Conjunto Residencial están dañados. Manifiesta que el basurero siempre está abierto, que existe un candado pero está semi puesto. Manifiesta que existe una cajera de CANTV. Manifiesta que todas las personas pueden transitar libremente dentro del Conjunto Residencial y por las áreas verdes. La parte actora en amparo hace su derecho de repregunta, en lo que respecta a cuantos portones tiene la villa de accesos, a tal respecto manifiesta, que existe don portones, una de entrada y otro salido. Manifiesta que uno está habilitado y el otro esta dañado. Manifiesta que ambos portones, tienen los motores dañados y que no se ha podido recoger el dinero para repararlos. El Fiscal no hizo preguntas. El testigo Luis Rojas, manifiesta que conoce al ciudadano Cesar Cuesta. Manifiesta que habita en el Conjunto Residencial Bosque Alto Villas, Etapa 4, Casa 15. Manifiesta que le consta que viven en el conjunto Residencial las ciudadanas Sujeily Morán y Nivia Viera. Manifiesta que la vigilancia depende de unos lineamientos de una junta establecida, y que se atribuyó el cargo porque conoce la materia, y que consultada esa decisión. Manifiesta que el portón vehicular tiene un problema en los motores. Y el portón peatonal, tiene limitaciones, ya que está dañado. Manifiesta que pueden disfrutar de las áreas comunes del Conjunto Residencial. Manifiesta que el basurero está dispuesto para todos los propietarios. La parte actora hizo su derecho de repregunta, sobre si existe limitaciones por el personal de vigilancia para prestarle el servicio a unos propietarios y a otros no. A tal respecto, manifiesta que no. Manifiesta que le abren y cierran a todos, y que no existen restricciones. Manifiesta que tanto los vigilantes y los propietarios abren y cierran el portón. Manifiesta existe una medida por parte de la Junta de Condominio, cuya decisión fue tomada por mayoría respecto de no abrirle el portón a los vecinos que estén insolventes. Manifiesta que no le consta cuantas personas se encuentran morosas. Dichas declaraciones, guardan relación con los hechos debatidos, no se observan contradicciones ni incongruencias, y en razón de la sana crítica, se admiten y se valoran conforme a dicho principio. ASÍ SE DECIDE. El testigo Edwin Loaiza, promovido para ratificar documento relativo al estado del portón, a este respecto manifestó que lo ratifica en su contenido y firma. Manifiesta además que los motores los portones de la Villa Bosque Altos, se encuentran dañados. Manifiesta que los portones son muy pesados y eso origina un deterioro más rápido de los motores. Manifiestan que se han dañado los rodamientos, los anclajes del motor, los sellos, se han estallados, han botado el aceite, los receptores de los controles están dañados. Manifiesta a pregunta del Fiscal del Ministerio Público, que los motores, se pueden reparar, pero si lo siguen abriendo manualmente se le va a dañar el embolo. Con respecto a esta testimonial, ya fue valorada conjuntamente con el documento promovido por la parte accionada en amparo, en líneas pretéritas. ASÍ SE ESTABLECE. INSTRUMENTOS PÚBLICOS • Documento debidamente registrado por ante el Registro Público del Municipio san Francisco del Estado Zulia, de fecha 03 de agosto de 2016, inscrito bajo el No. 17, Folio 90, Tomo 14 del Protocolo de Transcripción del año respectivo. Dicho instrumento fue autorizado por un funcionario público competente de conformidad con las solemnidades de Ley, por lo tanto tiene carácter público según lo dispuesto en el artículo 1357 del Código Civil, y por cuanto fue presentado en original y no fue tachado de falso, ostenta pleno valor probatorio en el presente proceso, en consecuencia hace fe entre las partes y frente a terceros, de los hechos que el funcionario declara haber efectuado si tenía la facultad para ello, según lo dispuesto en el artículo 1359 del Código Civil. ASI SE DECIDE. DOCUMENTO PRIVADO • Documento –original- otorgado por el ciudadano Edwin Loaiza, titular de la cédula de identidad No. V-8.505.143, en la cual se establecen un conjunto de especificaciones técnicas y de recomendaciones sobre los portones instalados en el Conjunto Residencial Bosque Alto Villas. A este respecto, al momento de la Audiencia Constitucional, se evacuó la testimonial del referido ciudadano, en donde ratificó en su contenido y firma dicho documento. Dicha instrumental emanado de un tercero ajeno a la causa, fue promovido y evacuado al momento de la Audiencia Constitucional, por lo tanto se le concede pleno valor probatorio a la documental presentada y adminiculada con la testimonial del ciudadano Edwin Loaiza. ASÍ SE DECIDE. INSTRUMENTOS AUTENTICADOS • Libro de Actas autenticado constante de doscientos (200) por ante la Notaría Pública del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en la cual se deja constancia de las Actas Asamblea General del Parcelamiento Bosque Alto Villas. Dicho instrumento autenticado, tiene carácter de privado reconocido ante un Notario Público, y que al no ser objeto de tacha tienen pleno valor probatorio según lo dispuesto en los artículos 430 y 443 del Código de Procedimiento Civil y por ende hacen fe entre las partes y frente a terceros de la verdad de sus declaraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1363 del Código Civil. ASI SE VALORAN. PRUEBA DE INFORMES • Prueba de informes al Juzgado Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, San Francisco y Jesús Enrique Lossada de esta Circunscripción Judicial, con la finalidad de que informara sobre Expediente cursante en dicho Tribunal, en Expediente 3621. A este respecto, por recomendación del Fiscal del Ministerio Público, y en concordancia con el principio de notoriedad judicial, el Tribunal realizó una investigación sobre el expediente referido, y se evidencia en dicha causa cursante en el Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, San Francisco y Jesús Enrique Lossada de esta Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que fue incoada –con fecha de entrada, 17 de noviembre de 2016-, acción de Cobro de Cuotas de Condominios (vía ejecutiva) intentada por el Condominio urbanización Alto Villas en contra del ciudadano Renny Antonio Andrade Medina, propietario de la Casa ubicada en la parcela I-16 y su vivienda construida, correspondiente al Conjunto I, Etapa I de la Urbanización Bosque Alto Villas. Es necesario acotar que dicho ciudadano según documento autenticado de fecha 03 de febrero de 2014, por ante la Notaría Pública de San Francisco del Estado Zulia, asentado bajo el No. 23, Tomo 21, de los libros respectivos, documental cursante en autos, específicamente en el expediente 01-2017, relativo a Inspección Judicial extralitem, solicitado por la ciudadana Sujeily Morán, valorado anteriormente, le vendió pura y simplemente a la ciudadana Sujeily Morán Rodríguez, el inmueble anteriormente singularizado. Este Tribunal, le concede pleno mérito a dicha información. ASÍ SE DECIDE. OTRAS PRUEBAS • Dispositivo de almacenamiento tipo “CD”, en la cual contiene dos (02) archivos de Microsoft Power Point, relativos a diapositivas que se evidencian algunas fotografías de distintas áreas del Conjunto Residencial Bosque Alto Villas. Dicho instrumento de tecnología de almacenamiento, contienen distintas fotografías del Conjunto Residencial Bosque Alto Villas, no obstante, se observa que no fue acompañado junto a dicho instrumento probático, la prueba de experticia informática, con la finalidad de acreditar el contenido de los archivos almacenados en el dispositivo, en consecuencia se desecha del debate constitucional probatorio. ASÍ SE DECIDE. SEPTIMO CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Del análisis y valoración efectuada por éste Tribunal de Primera Instancia, actuando en Sede Constitucional al acervo probatorio cursante en actas, y del estudio detenido de los argumentos expuestos por la parte presuntamente agraviada y agraviante así como de las intervenciones del Fiscal del Ministerio Público DR. FRANCISCO FOSSI, y en virtud de la aplicación del principio general, relativo a quien alega debe probar sus respectivas afirmaciones, procede esta Sentenciadora actuando en sede constitucional, a precisar si los mismos, constituyen violaciones a normas constitucionales, y por ende si son objeto de tutela constitucional, para lo se hace imperativo esbozar ciertos lineamientos a los fines de inteligenciar con precisión metodológica la decisión a ser proferida en esta instancia. En este orden, el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales. Con relación a la naturaleza de la pretensión de tutela constitucional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia proferida el 26 de enero de 2001, caso: Juicio de José Ignacio Felice A. en amparo, expediente Nº 00-1377, sentencia Nº 46, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, dejó sentado el siguiente criterio: “La naturaleza de la acción de amparo constitucional, fue revisada por esta Sala Constitucional en sentencia de fecha 28 de julio de 2000 (Caso Luis Alberto Baca), en la cual se asentó que: La doctrina y muchas sentencias, la consideran una acción extraordinaria, aunque en realidad no lo sea, ya que ella es una acción común que la Constitución vigente (artículo 27) otorga a todo aquel a quien se le infrinjan derechos y garantías constitucionales, pero cuya admisibilidad varía de acuerdo a las diversas fuentes de transgresión constitucional que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales previene. Estas infracciones pueden provenir de vías de hecho, o estar contenidas en actos administrativos, normas jurídicas, actos u omisiones procesales, sentencias judiciales, etc.”. Igualmente, debe señalarse que la pretensión de amparo constitucional puede adoptar diferentes modalidades, siendo una de ellas el Amparo contra particulares, como es el caso bajo estudio, el cual tiene su fundamento legal en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuyo texto es del siguiente tenor: Artículo 2.- La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley. Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente. Cabe destacar que las solicitantes de la tutela constitucional, no necesitan ceñirse a formas estrictas ni a un ritualismo formales inútiles, en sintonía con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero en todo caso la petición debe estar en sujeción a la normativa jurídica que regula la materia, a objeto de que la autoridad judicial pueda restablecer eficiente y congruentemente, la situación jurídica denunciada como infringida o la situación que más se asemeje a ella. Ahora bien, en el presente caso se observa, que las querellantes denuncian la infracción de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 115, 50, 46, 82 y 83 de la Carta Magna venezolana de 1.999, relativo a los derechos a la propiedad, de libre tránsito, integridad física, psíquica y moral, a la salud y la vivienda, por presuntamente actos realizados por el ciudadano Cesar Cuesta, en su presunto carácter de Presidente de la Junta de Condominio del Conjunto Residencial Urbanización Bosque Alto Villas. Punto Previo Sin embargo, es necesario analizar como punto previo, el alegato de la parte accionada en amparo en lo relativo a: “Ciudadana Juez el Doctor Cesar Cuesta no tiene cualidad ni interés de estar en este amparo constitucional, como también se lo expreso al Señor Fiscal, puesto que él a pesar de que es el Presidente de esa Asociación, si nosotros aplicamos la Ley de Propiedad Horizontal como norma análoga de estos sistemas de regulación de estos Conjuntos Residenciales, y así lo ha sostenido así la jurisprudencia de la Sala Constitucional y Sala de Casación Civil, que se tendría en el supuesto de que se haga en contra de esa Asociación que se acaba de promover, que se tendría que hacer directamente a la Junta de Condominio en Pleno o en su defecto al administrador de la Junta y no al Presidente, sin embargo, se señala en el Amparo que se le imputa los hechos de violación al ciudadano Cesar Cuesta, porque los hizo personalmente, cosa que el lo niega en cada una de sus partes los hechos alegados.” En este sentido, la parte presuntamente agraviante (demandada), alega una falta de cualidad, en el sentido de que las demandantes en Amparo debieron de accionar en contra de la Junta de Administración o en contra del Administrador del Conjunto Residencial Bosque Alto Villas. Sin embargo, observa este Tribunal en sede Constitucional, que los hechos denunciados por la parte actora están dirigidos personalmente, en contra del ciudadano Cesar Cuesta, en su presunto carácter de Presidente dicha Asociación. No obstante, se resalta, que los hechos controvertidos, se resumen en el sentido de que las ciudadanas Nivia Viera y Sujeily Morán demandan, la lesión presunta de los derechos constitucionales antes mencionados, por parte del ciudadano Cesar Cuesta, como persona jurídica individual, y por tanto, en atención a la sentencia No. 1571 de fecha 15 de julio de 2005, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se establece que el Amparo constitucional, tiene un carácter personalísimo cuyos efectos recaen única y exclusivamente en lo sujetos que instan y en contra va dirigida tal solicitud, en consecuencia se declara IMPROCEDENTE, la falta de cualidad alegada por la asistencia letrada del ciudadano Cesar Antonio Cuesta, por ser demandado personalmente dicho ciudadano como el presunto agraviante de los derechos constitucionales alegados como infringidos. ASÍ SE DECIDE. Del fondo del Amparo Ahora bien, con respecto al fondo del presente Amparo Constitucional, se observa del material probatorio promovido y evacuado, que las presuntas violaciones a los derechos constitucionales no fueron debidamente probadas por la parte actora –presuntamente agraviadas-, en el sentido de que del contenido de las declaraciones de los testigos promovidos en la causa y evacuados al momento de la Audiencia Constitucional, manifestaron de forma contestes, que las ciudadanas NIVIA CHIQUINQUIRÁ VIERA MOLERO y SUJEILY MILAGROS MORÁN RODRÍGUEZ, plenamente identificadas en autos, pueden transitar libremente por el Conjunto Residencial Bosque Alto Villas, y que no tienen ningún impedimento de acceso a las Villas, ya que las ciudadanas actoras en amparo, alegan como elemento central de la situación supuestamente infringida, que los vigilantes contratados por la Junta de Administración constituida en el Conjunto Residencial –tal y como se demuestra de las documentales promovidas por la parte accionada el momento de la Audiencia Constitucional-, no le abren y cierran el portón a las precitadas ciudadanas, por encontrarse morosas con el condominio, sin embargo, de las deposiciones de los testigos, se deduce, que las mismas, pueden abrir y cerrar los portones manualmente, usando sus propios medios, es por lo que, no existe una violación inminente al Derecho a la Propiedad, como así lo consagra el artículo 115 de la Carta Fundamental. ASÍ SE DECIDE. Por otro lado, de las propias declaraciones de las ciudadanas actoras en su escrito de amparo y reforma, que las acciones realizadas por el ciudadano CESAR CUESTA, ha derivado a un conjunto de acciones como la desconexión de los portones eléctricos, clausura del portón de salida y que éste es controlado por el empleado contratado por el presunto agraviante, dejándolo habilitado de forma manual, atribuyéndole a dichos empleados la supervisión de salida y apertura del portón a los propietarios de la villa, distorsionando el documento de parcelamiento y permisología otorgada, ya que el referido conjunto residencial fue construido con dos vías, una de acceso y otra de salida, separada con portones, para evitar así el encuentro de vehículos. A este respecto, se evidencia que de la declaración del ciudadano Luis Rojas, se dejó sentado que los vigilantes del Conjunto Residencial Bosque Alto, contratado por la Junta de Condominio, le abren y cierran a todos los portones y que no existen restricciones de acceso. Por otro lado, la ciudadana Karina García, manifestó a este Tribunal en sede Constitucional, que no ha presenciado órdenes del ciudadano Cesar Cuesta sobre limitación o restricción de derechos a las ciudadanas actoras en amparo, además que los portones de acceso del Conjunto Residencial están dañados, esto también ratificado por el testigo –experto- promovido, ciudadano Edwin Loaiza, el cual manifiesta, que los motores de los portones de la Villa Bosque Altos, se encuentran dañados, ya que los portones son muy pesados y eso origina un deterioro más rápido de los motores, además deja sentado que se han dañado los rodamientos, los anclajes del motor, los sellos se han estallados, ha botado el aceite y que los receptores de los controles están dañados. De estas declaraciones, se observa que los portones se encuentran actualmente con un deterioro que dificulta su funcionamiento, lo que ha originado una reducción en su capacidad operativa, y por tanto, el cierre de los portones no constituye una restricción al derecho al libre tránsito, como así lo alegan las actoras en amparo, sino que existe un hecho no imputable a ningún sujeto en específico, sobre el cierre o limitación mecánica de los portones o a uno de ellos. ASÍ SE DECIDE Por otro lado, con respecto al basurero ubicado en el Conjunto Residencial, manifiesta la testigo Karina García, que el mismo, siempre está abierto, que existe un candado pero está semi puesto, y que todas las personas pueden transitar libremente dentro del Conjunto Residencial, por las áreas verdes y hacer uso del contenedor de basura, aunado al contenido del Acta de Asamblea cursante en autos de fecha 17 de diciembre de 2016, en donde se estableció que en aquellos casos de propietarios morosos se les limitará la facilidad de acceso al cuarto de basura, y el fin de la medida era que los propietarios morosos boten sus desechos en los contenedores que se encuentran dispuestos en al entrada de la villa “en busca de la concientización de los morosos…”, pero dicha decisión no fue aprobada, tal y como quedó asentada en la respectiva acta cursante en autos, es por lo que, este Tribunal en Sede Constitucional concluye que no hay restricción en cuanto a su uso del contenedor dispuesto para tal fin, derivado del análisis del materia probatorio ofertado por las partes. ASÍ SE DECIDE Ahora bien, con respecto al alegato de las ciudadanas actoras en amparo, en lo que respecta al sometimiento al escarnio público, por existir –supuestamente de unas listas- en donde se evidencian, a las personas que se encuentran morosas por la falta de cuotas insolutas de condominios del Conjunto Residencial Bosque Alto Villas, observa éste Tribunal en Sede Constitucional, que de conformidad con el documento registrado de fecha 03 de agosto de 2016, en donde constan un conjunto de normas que rigen la convivencia vecinal de los propietarios del Conjunto Residencial Bosque Alto Villas, se estableció, que es una obligación de todos los propietarios de dicha comunidad vecinal, la contribución de todos los gastos comunes en proporción a los porcentajes establecidos en el documento de parcelamiento. Además se desprende de dicha documental, que en caso de que algún propietario por razones justificables tenga algún inconveniente con el pago de la alícuota de parcelamiento u otro aporte para beneficio del parcelamiento, deberá notificarlo por escrito a la junta Administradora para que éste lo participe al Administrador y así detener las acciones legales a que hubiere lugar en contra del propietario insolvente. Además, observa ésta Juzgadora en Sede Constitucional, que según acta de Asamblea de fecha 16 de octubre de 2016, debidamente convocada –tal y como se demuestra del Libro autenticado por ante la Notaría Pública de San Francisco del Estado Zulia, de fecha 25 de abril de 2016-, se estipuló –siendo aprobado por unanimidad-, la sanción del 10 % sobre el saldo deudor, 10 unidades tributarias “como medida de sanción incluyendo a los propietarios que nunca notifican los pagos…” y además según acta de fecha 17 de diciembre de 2016, se estipuló, siendo aprobado por unanimidad que debido a la alta morosidad de algunos propietarios de las cuotas de condominios se tomó la decisión de “suspender las tareas de abrir y cerrar el portón a los copropietarios morosos, servicio o tarea asignada a los oficiales de seguridad de la empresa Sedinca (a causa del daño de los portones automáticos, los cuales fueron revisados por el Sr. Edwin Loaiza, técnico encargado del mantenimiento preventivo y correctivo de los portones, quien informó en el mes de noviembre los correctivos necesarios para evitar daños mayores en los motores)…”. Ahora bien, se concluye que las actoras en amparo, tuvieron conocimiento de dichas medidas –que se enfatiza, no violan derechos constitucionales-, realizando un simple cálculo entre la fecha de entrada de la presente Querella de Amparo Constitucional y la fecha de las decisiones referidas en líneas pretéritas, en el sentido del contenido de las actas mencionadas, no se extrae el cierre absoluto de los portones de acceso al Conjunto Residencial Bosque Alto Villas, sino que la medida obedece a dos causas: la primera, es que los portones se encuentran dañados en lo que respecta a sus motores, tal y como quedó demostrado del documento promovido y su posterior evacuación y ratificación de la testimonial del ciudadano Edwin Loaiza y de las deposiciones rendidas en la causa, y en segundo lugar, por medida –aprobada por unanimidad-, en solo aquellos casos de insolvencias en lo que respecta a las cuotas de condominios, y del análisis exhaustivo de las actas dicha medida obedece únicamente solo a “suspender las tareas de abrir y cerrar el portón a los copropietarios morosos, servicio o tarea asignada a los oficiales de seguridad de la empresa Sedinca”, lo cual implica, que únicamente los oficiales de seguridad no abrirán y cerrarán los portones a los propietarios insolutos, no así que éstos, puedan tener acceso a sus viviendas. En consecuencia, no existe violación a los derechos constitucionales de no discriminación y libre tránsito, en razón de lo expuesto anteriormente. ASÍ SE DECIDE. En derivación, con fundamento en la legislación, doctrina jurisprudencial precedentemente expuesta, y especialmente sobre el acervo probatorio presentado, esta Sentenciadora concluye en la declaratoria SIN LUGAR de la pretensión de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por las ciudadanas NIVIA CHIQUINQUIRÁ VIERA MOLERO y SUJEILY MILAGROS MORÁN RODRÍGUEZ, en contra del ciudadano CESAR ANTONIO CUESTA, todos plenamente identificadas en autos, por la violación de sus derechos y garantías constitucionales contenidas en los artículos 115, 50, 46, 82 y 83 de la Carta Magna venezolana de 1.999, relativo a los derechos de propiedad, libre tránsito, integridad física, psíquica y moral, a la salud y la vivienda, y así se plasmará de forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Y ASÍ FINALMENTE SE DECIDE. OCTAVO DISPOSITIVO Por los fundamentos expuestos este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, actuando en SEDE CONSTITUCIONAL, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Constitución y Ley, con ocasión a la pretensión de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por las ciudadanas NIVIA CHIQUINQUIRÁ VIERA MOLERO y SUJEILY MILAGROS MORÁN RODRÍGUEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidades Nos. V-9.752.241 y V-11.892.931, respectivamente, en contra del ciudadano CESAR ANTONIO CUESTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.770.357, DECLARA: PRIMERO: IMPROCEDENTE, la falta de cualidad alegada por la asistencia letrada del ciudadano CESAR ANTONIO CUESTA, en la oportunidad de la Audiencia Constitucional. SEGUNDO: SIN LUGAR la pretensión de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por las ciudadanas NIVIA CHIQUINQUIRÁ VIERA MOLERO y SUJEILY MILAGROS MORÁN RODRÍGUEZ, en contra del ciudadano CESAR ANTONIO CUESTA, ya identificados. TERCERO: No hay condenatoria en costas y costos procesales, por no haber resultado la presente acción de amparo constitucional como TEMERARIA, en concordancia con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. A los fines previstos por el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase por secretaría copia certificada y déjese en este Tribunal. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los nueve (09) días del mes de mayo de 2017. Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación. LA JUEZA, Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN LA SECRETARIA, Dra. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL En la misma fecha, siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 am), hora de despacho, se dictó y publicó el anterior fallo No. 07, previo el anuncio de Ley dado a las puertas del despacho por el Alguacil, se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencias. LA SECRETARIA, Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL ICVR/MRAF/eddyafranci*