TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, cuatro (04) de mayo del 2017.
207° y 158°

EXPEDIENTE No. 47.513/AR
PARTE ACTORA: ANA ISABEL GUZMAN VERGARA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 25.181.047, domiciliada en el municipio Mara del estado Zulia.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: MIGUEL ANTONIO MARTINEZ DAMIAS E ISABEL TERESA ARRAIZ DE MARTINEZ, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 18.116 y 29.526.
PARTE DEMANDADA: JOSE VICENTE RONDON CARRERO, venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de identidad No. V- 1.092.583, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
MOTIVO: DECLARACIÓN DE CONCUBINATO
FECHA DE ADMISIÓN: veinticuatro (24) de marzo de 2010
I
PARTE NARRATIVA
A esta demanda se le dio entrada en fecha veinticuatro (24) de marzo de 2010, admitiéndose en cuanto ha lugar en derecho, ordenándose la notificación de la representación fiscal del Ministerio Público en materia de familia y acordando que una vez conste en actas la referida notificación se citará al ciudadano demandado y a los Herederos Desconocidos del causando GASTON ALBERTO CARRERO.
Mediante diligencia de fecha quince (15) de abril de 2010, la parte actora consigna Poder Judicial General, otorgando a los abogados en ejercicio MIGUEL ANTONIO MARTINEZ DAMIAS E ISABEL TERESA ARRAIZ DE MARTINEZ, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 18.116 y 29.526, facultad para que la representen en el procedimiento. Así mismo consigna dirección y emolumentos necesarios para la realización de la citación del demandado.
En fecha siete (07) de mayo de 2010, se agrega a las actas la notificación de la representación fiscal del Ministerio Público ya realizada.
En fecha once (11) de mayo de 2010, el ciudadano JOSE VICENTE RONDON se da por citado en la presente causa.
El día tres (03) de febrero de 2011, el abogado MIGUEL ANTONIO MARTINEZ DAMIAS, actuando con el carácter que se le acredita en actas, solicita se libre el respectivo edicto con la finalidad de cumplir con lo ordenado por el auto de admisión.
En fecha cuatro (04) de febrero de 2011, este Juzgado en vista de la diligencia suscrita con anterioridad, libra edicto ordenado por el auto de admisión.
El día veinticinco (25) octubre de 2011, el abogado ut supra mencionado, presenta escrito solicitante se libre un nuevo edicto de conformidad al artículo 507 del Código Civil, revocando el anterior.
El tres (03) de julio de 2012, este Juzgado negó lo solicitado por la representación judicial de la parte actor, en vista que de hacerlo habría un menoscabo del derecho a la defensa de los posibles herederos desconocidos del causante, antes identificado.
II
PARTE MOTIVA
La caducidad o Perención de la Instancia, es una de las modalidades de extinción procesal, que no comporta la solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al Proceso, en tanto se manifiesta como una auténtica sanción, a la inactividad de las partes, aunada al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales.
Similares términos son usados por el Procesalista Argentino MARIO ALBERTO FORNACIARI, para quien la institución sub examine:
“... es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley”

De igual modo, para JAIME GUASP, la caducidad de la instancia:
“...es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte”
Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en su obra ut supra citada:
“...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público
Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...”.
En referencia a la génesis de la instancia, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en fallo del 05 de Marzo de 1992, afirmó:
“...Con la presentación del libelo de demanda, se genera la <> en sus sentidos antes explicados, y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de Perención.
Lo dicho anteriormente queda evidenciado, al tomar en consideración el señalamiento que formula el Dr. Luis Loreto en su citada obra monográfica, en el sentido de que , lo que entonces significa que sí existe instancia en su sentido técnico procesal, aun antes de que se trabe la litis, bien sea que se adopte el criterio de que ello ocurre por la contestación de la demanda, bien sea que se asuma la posición de quienes consideran que ello acontece por virtud de la citación, con independencia de que se haya conformado o no plenamente la relación procesal, porque ella ya existe, en su manifestación entre el demandante y el órgano jurisdiccional ante quien se propone la demanda...”
Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla”.
Ahora bien, explicadas como han sido las diversas modalidades de la Perención, puede observarse de las actas procesales que desde el día dieciséis (16) de enero de 2012; fecha en la cual el Tribunal se pronuncio sobre el escrito presentado por la representación judicial de la parte actora en fecha veinticinco (25) de octubre de 2011, hasta el día de hoy que ha transcurrido más de un (01) año sin que la parte actora realizara ningún acto procesal en la presente causa, razón por la cual este Órgano de Justicia, considera consumada la extinción del proceso. ASÍ SE DECLARA
III
PARTE DISPOSITIVA
Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar PERIMIDA LA INSTANCIA en la presente demanda por DECLARACIÓN DE CONCUBINATO, fue intentada por la ciudadana ANA ISABEL GUZMAN VERGARA, antes identificada, en contra del ciudadano JOSE VICENTE RONDON CARRERO, identificado igualmente en la parte introductoria del presente fallo.

No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2017.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.
LA JUEZA

Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO
EL SECRETARIO ACCIDENTAL

Abog. JARDENSON RODRIGUEZ

En la misma fecha, se publicó la anterior sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva bajo el número 130-17.
EL SECRETARIO ACCIDENTAL

Abog. JARDENSON RODRIGUEZ