TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Expediente No. 45.966

Consta en actas lo siguiente:

En fecha 01 de diciembre de 2015 se recibió del Órgano Distribuidor bajo el Nº de Distribución TM-CM-11891-2015 a la demanda que por ACCIDENTE DE TRANSITO incoara el ciudadano JOSÉ ANTONIO CHIRINOS CASTELLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 4.990.691, domiciliado en la Ciudad y Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia; contra el ciudadano JUAN BAUTISTA GONZALEZ COLINA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 5.050.189, domiciliado en el Municipio Jesús Enrique Lossada, parroquia la Concepción del Estado Zulia y contra la Estatal PDVSA, C.A., domiciliada en el Municipio Maracaibo de l Estado Zulia.
En fecha 07 de diciembre de 2015, se insta a la parte actora a señalara de manera inequívoca la persona en la cual se verificará la citación de la Empresa Estatal PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.
En fecha 16 de diciembre de 2015, la parte actora presenta escrito de reforma de la demanda, cumpliendo con lo solicitado por este Tribunal.
En fecha 18 de enero de 2016, se admite la presente demanda y se ordena citar al ciudadano JUAN BAUTISTA GONZALEZ COLINA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 5.050.189, domiciliado en el Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia, para que comparezca ante este Juzgado dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación, a dar contestación a la demanda.
Así las cosas, el 27 de enero de 2017, la parte actora consigna copias simples para que libren recaudos de citación a las partes co-demandadas.
En fecha 2 de enero de 2016, vista la diligencia de fecha 27 de enero de 2016, este Tribunal provee conforme a lo solicitado y ordena entregar a la parte accionante los recaudos de citación del demandado.
Así las cosas, el 15 de febrero de 2016, se libraron los recaudos de citación.
En fecha 16 de febrero de 2016, los abogados JACKELINE GARCIA Y MISAEL CASTELLANO, inscritos en el Inpreabogado bajos los Nos. 195.924 y 195.904, en representación del ciudadano JOSÉ ANTONIO CHIRINOS CASTELLANO, ya identificado, consigna comisión conferida por este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para la práctica de citación del ciudadano JUAN BAUTISTA GONZALEZ COLINA, ya identificado, en la siguiente dirección: Transporte Lagunillas del Estado Zulia.
Así las cosas, el 29 de febrero de 2016, el Alguacil natural del Tribunal de Municipio y Ejecutor de Medidas del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Ciudad Ojeda; expone: “me traslade varias veces a la siguiente dirección carretera Nacional Transporte Terrestre de PDVSA Lagunillas del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, que los días lunes 22, miércoles 24, viernes 26 d febrero de 2016, hora 03:00 p.m., 10:00 a.m., 02:00 p.m., allí me atendió las veces que me traslade el Supervisor de Transporte Terrestre de PDVSA de Lagunillas el ciudadano EURO BLANCO Cédula de Identidad V.- 7.836.265, quien me manifestó que el ciudadano JUAN BAUTISTA GONZALEZ COLINA no trabaja allí, trabaja en la Misión Vivienda de PDVSA de Maracaibo del Estado Zulia. Por tal motivo no pude practicar la citación”.
Posteriormente, en fecha 18 de marzo de 2016, vista la exposición del Alguacil Natural del Tribunal de Municipio y Ejecutor de Medidas del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se ordena remitir la misma al Tribunal de la causa, es decir, a este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante oficio Nº 6130-232-S-6727-2016.
En fecha 07 de abril de 2016, se recibe del Tribunal de Municipio y Ejecutor de Medidas del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y se le da entrada a las resultas de la comisión contenida.

Realizada las Anteriores Aseveraciones el Tribunal para Resolver Observa:

Que la última actuación ocurrida en el juicio de ACCIDENTE DE TRANSITO incoado por el Ciudadano JOSE ANTONIO CHIRINOS CASTELLANOS en contra del ciudadano JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ COLINA y LA EMPRESA ESTATAL PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), ya identificados, Es en fecha 07 de abril de 2016, donde este Tribunal le da entrada a las resultas de citación remitidas del Tribunal de Municipio y Ejecutor de Medidas del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Ahora bien de lo anteriormente explanado, pasa esta Jurisdicente al estudio de la Institución Jurídica de la Perención y su procedencia o no en la presente causa.
La perención es una institución del derecho procesal, la cual comporta la extinción de la instancia por la falta de impulso procesal imputada a las partes y el transcurso del tiempo. El artículo 267 de nuestro Código Civil Adjetivo dispone lo siguiente:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla

Esta institución, según lo contempla el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, tiene carácter de orden público, por tanto, la misma es verificable de derecho, y no puede ser renunciada entre las partes, la puede declarar el Tribunal a solicitud de las partes o de oficio. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se ha referido a la perención, y ha planteado que la misma al ser de orden público, no puede tener lugar por cualquier acontecimiento, sino necesariamente por la falta de impulso procesal y por al transcurso un año, tal como lo prescribe la norma adjetiva(s.S.C.C. Nº 208/2000).
Ahora bien, cuando el legislador utiliza el término instancia en la norma copiada, ha de estarse refiriendo a sólo una de sus acepciones, específicamente la que considera instancia como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, dejando de lado la segunda acepción, que supone a la instancia como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. De allí que esta Sentenciadora considere que en la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, anteriormente transcrito, el término instancia es utilizado como impulso. Resulta importante esta acotación, para entender que el proceso se inicia a impulso de parte, y este impulso, o esta instancia, perime en los supuestos del artículo 267 ejusdem, lo cual ofrece como corolario la extinción del proceso, como consecuencia a la inactividad de la partes en el tiempo establecido. Las condiciones para la ocurrencia y verificación de la perención se contraen de manera meridiana en la sentencia Nº 01855 de la Sala Político Administrativa del Supremo Tribunal, de fecha 14 de Agosto de 2001, en cuya parte interesante estableció:
“…el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso. Luego, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.”
Del fallo transcrito se evidencia que el criterio imperante en la Sala, que ha sido acogida de manera pacífica y uniforme, es que basta con la verificación de esas dos condiciones (transcurso de un año e inactividad de las partes), para que se declare –a impulso de parte y aun de oficio– la perención de la instancia como sanción al incumplimiento del deber de las partes de inducir la causa hasta su finalización. Esta obligación no releva al Juez de mérito, de conformidad con lo que establece el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, de dirigir el proceso y de impulsarlo de oficio hasta su conclusión, pero la interpretación de esa norma no puede relegar el carácter dispositivo del proceso civil, y la condición de igualdad en las que debe mantenerse a las partes, sin que pueda suplirse a ninguna de ellas, actuaciones propias de sus cargas procesales.
Ello así, es un hecho que la perención no puede ocurrir después de vista la causa, ya que a partir de ello, la carga de actividad reposa en el Estado, que se encuentra llamado a la consecución del fallo definitivo, pero antes de decir “vistos” es muy probable que esa causa perima por la inactividad verificada de las partes.
En el caso analizado, la causa no está vista, por cuanto al haberse admitido, era deber de la parte actora impulsar la citación de los co-demandados, resultaba menester para la continuación del proceso.
Así las cosas, se puede constatar de la exploración de las actas procesales, que al no ser realizada ninguna solicitud por parte del demandante, así como ningún escrito que pretendiera impulsar el proceso, se puede entonces verificar el primer extremo para que pueda tener lugar la perención (inactividad procesal), falta confirmar si efectivamente ha transcurrido el tiempo que señala el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil.
A los fines del mencionado cálculo, se observa que la última de las actuaciones plasmada en las actas, Es en fecha 07 de abril de 2016, donde este Tribunal le da entrada a las resultas de citación remitida por el Tribunal de Municipio y Ejecutor de Medidas del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia., resulta evidente que ha transcurrido más de uño desde la última actuación, por ende, es un hecho que se ha consumado la perención de la presente causa y así será decidido de manera positiva, expresa y precisa en la parte dispositiva del presente fallo.
Por los fundamentos expuestos:
Este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

UNÍCO: PERIMIDO el presente proceso de ACCIDENTE DE TRANSITO incoada por el ciudadano JOSÉ ANTONIO CHIRINOS CASTELLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 4.990.691, domiciliado en la Ciudad y Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia; contra el ciudadano JUAN BAUTISTA GONZALEZ COLINA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- 5.050.189, domiciliado en el Municipio Jesús Enrique Lossada, Parroquia la Concepción del Estado Zulia y en contra la Estatal PDVSA, C.A., domiciliada en el Municipio Maracaibo de el Estado Zulia.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Déjese copia certificada de este fallo en el Tribunal de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los treinta (30) días de mayo de dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
La Jueza Provisoria.

Dra. Martha Elena Quivera
La Secretaria,

Abg. Milagros Casanova.

En la misma fecha siendo las dos y treinta minutos de la tarde , se dictó y publicó la sentencia que antecede, quedando anotada bajo el No. 206. La Secretaria,
Abg. Milagros Casanova.

MEQ/MC/es