TSJ Regiones - Decisión

Expediente No. 46.011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Consta en actas lo siguiente:

Se recibió de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Poder Judicial del Estado Zulia en fecha cinco (05) de Febrero del año dos mil dieciséis (20!6), un escrito de demanda signado con el numero TM-CM -12126- 2016 constante de una (01) pieza y siete (07) folios por DIVORCIO ORDINARIO presentado por el ciudadano RUBOHAN DE JESUS REINA CURIEL, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad No 2.854.466, domiciliado en la ciudad y Municipio Autónomo de Maracaibo del Estado Zulia asistido por el abogado en ejercicio JAVIER FELIX OROZCO PIÑA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad No 9.780.382, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No 186.953, domiciliado en la ciudad y Municipio Autónomo de Maracaibo del Estado Zulia, edad, titular de la Cedula de Identidad No 4.663.291, domiciliada en la ciudad y Municipio Autónomo del Estado Zulia, contra la ciudadana ANA JULIA PEÑA CACERES, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad No. 4.663.291.

Acompaño el libelo de la demanda con copia certificada del Acta de Matrimonio de los ciudadanos RUBOHAN DE JESUS REINA CURIEL y ANA JULIA PEÑA CACERES, antes identificados, signada con el numero 382 que lleva la Oficina Parroquial del Registro Civil de la Parroquia Cristo de Aranza del Municipio Maracaibo del Estado Zulia inserta en el libro 2.
Copia de la Cedula de Identidad del ciudadano RUBOHAN DE JESUS REINA CURIEL, ya identificado.

Con base a lo arrojado en la exploración de las actas procesales se observa que en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, admite la demanda por DIVORCIO ORDINARIO por cuanto la misma, no es contraria al orden público a las buenas costumbres, ni a disposición expresa de la ley.

Así las cosas, este Tribunal procede al estudio de la figura jurídica de la Perención sobre su procedencia o no en la presente causa.

El tribunal para resolver observa:
Dentro del ordenamiento jurídico la figura de la perención es considerada un medio de terminación del proceso bajo la presunción de un abandono o perdida de interés en el juicio fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujeto de la relación procesal al no instar el procedimiento, manteniéndolo paralizado por un tiempo determinado por la ley. Es por esta razón que procesalistas como Rengel-Romberg ha definido la perención como “la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
Es este orden de ideas, la perención de la instancia se encuentra tipificada dentro del ordenamiento jurídico venezolano en el Artículo 267 del texto adjetivo civil, el cual indica lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. (Negrita y subrayado de este Juzgado).
2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.”
Con al Ordinal 1° de la disposición legal que antecede, en sentencia de fecha Seis (6) de Julio del año 2004, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo ponente fue el Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, estableció el siguiente criterio expresando:

“Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. (…)”

Con el firme objetivo de mantener la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, este Órgano Jurisdiccional se adhiere al criterio Jurisprudencial señalado; por cuanto en presente caso, se observa, que la parte actora no cumplió con sus cargas de orden económico, más no tributarias, dentro del lapso perentorio de los treinta (30) días continuos siguientes a la admisión de la demanda la cual se realizo en fecha dieciséis (16) de Febrero del año Dos mil Dieciséis (2016), que eran; consignar mediante diligencia las copias fotostáticas para la elaboración de la citación de la parte demandada, además indicar la dirección de dicha parte y entregar los medios y recursos necesarios al alguacil para que practicara la citación de la mima; ya que es indispensable la secuencia orgánica de los actos procesales, que la ley le impone a la parte actora, como carga de ir sucesivamente cumpliendo con todos y cada uno de ellos, ante la amenaza sancionatoria, de que si no realiza un acto exigido para la continuidad del proceso, operaría la perención, verificándose entonces, que desde la admisión de la demanda, y hasta la presente fecha, no ha existido por parte del actor, la intención de disminuir los efectos jurídicos de la perención por vía de la activación del procedimiento, realizando algún acto que lleve implícito la intención de impulsar el proceso.
Resulta importante acotar que la perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse los treinta (30) días continuos siguientes a la admisión de la demanda o el año de inactividad procesal, atribuible a las partes, en un mismo sentido que dentro del ordenamiento jurídico vigente el Juez se encuentra facultado para declarar la perención de oficio.

En base a las consideraciones anteriores se observa que en la presente acción de DIVORCIO ORDINARIO, incoada por el ciudadano RUBOHAN DE JESUS REINA CURIEL, ya identificado, contra la ciudadana ANA JULIA PEÑA CACERES, anteriormente identificada no ha existido impulso procesal desde la fecha de la admisión, es decir desde el dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), por cuanto se incurre en la causal primera de la disposición 267del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual, es de menester para este Juzgado declarar la perención de la instancia. ASI DECIDE.

Por los fundamentos expuestos:

Este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

UNICO: PERIMIDO el presente proceso de DIVORCIO ORDINARIO incoada por el ciudadano RUBOHAN DE JESUS REINA CURIEL, ya identificado contra la ciudadana ANA JULIA PEÑA CACERES, igualmente identificada.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE.
Déjese copia certificada de este fallo en el Tribunal de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los veintidós (22) días del mes de Mayo del año 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
La Jueza Provisoria

Dra. Martha Elena Quivera.
La Secretaria

Milagros Casanova

En la misma fecha, siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30pm) de la tarde (3:00)pm, se dictó y publicó la sentencia que antecede, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotada bajo el N° en el libro correspondiente.
La Secretaria

Abg. Milagros Casanova.
MEQ/mc/gch