TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
JUZGADO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DE LOS MUNICIPIOS MARIÑO, GARCÍA, VILLALBA, TUBORES Y PENÍNSULA DE MACANAO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA.
207º y 158º
Exp. Nº 1586-16
I.-IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
PARTE ACTORA: CARMEN JOSEFINA QUIJADA JIMÉNEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.825.526, de este domicilio.
APODERADO DE LA PARTE ACTORA: ALFREDO JOSÉ SURUMAY RODRÍGUEZ e IVON JOSÉ LOUVANDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nro. V-17.111.124, V-18.940.497 e inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 123.343 y Nº 185.100, de este domicilio.-
PARTE DEMANDADA: LIBRADA MARGARITA viuda de SUÁREZ, CARLOS ALBERTO SUÁREZ MARCANO, ORLANDO RAMÓN SUÁREZ MARCANO, ADALBERTO JOSÉ SUÁREZ MARCANO Y SIRAYMA ANTONIETA DEL VALLE SUÁREZ MARCANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V-2.169.375, V-8.391.009, V-4.653.718, V-10.197.685 y V-8.398.126, domiciliados en la calle Independencia, dos casas antes de la Catedral de la Asunción, del lado izquierdo de la acera, en sentido a la Plaza Bolívar, de la ciudad de la Asunción, Municipio Arismendi del Estado Bolivariano de Nueva Esparta
MOTIVO: PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA O LIBERATORIA.
II.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.-
Se inicia el presente procedimiento por demanda de PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA O LIBERATORIA, instaurada por la ciudadana CARMEN JOSEFINA QUIJADA JIMÉNEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.825.526, debidamente asistida por el abogado ALFREDO JOSÉ SURUMAY RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-17.111.124, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 123.343 y de este domicilio, por ante el Tribunal Distribuidor de municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios Mariño, García, Villalba, Tubores Y Península De Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, correspondiendo al presente Tribunal Cuarto de municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios Mariño, García, Villalba, Tubores Y Península De Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta (f.01 al 06).-
En fecha 11-03-2016 (f.07) el Tribunal le da entrada a la presente causa y le asigna en el Libro de Ingreso de causas el Número 1586-16.
En fecha 17-05-2016 (f.08-16) comparece la ciudadana CARMEN JOSEFINA QUIJADA JIMÉNEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.825.526, debidamente asistida por el abogado ALFREDO JOSÉ SURUMAY RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-17.111.124, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 123.343, consignando los recaudos correspondientes a la presente demanda.
En fecha 24-05-2016 (f.17-19) se realizó auto de abocamiento de la ciudadana Juez y en auto seguido se admite la demanda por el procedimiento ordinario ordenando el emplazamiento de los demandados una vez que conste en auto la consignación de los emolumentos del alguacil para librar las compulsas.
En fecha 30-05-2016 (f.20-23) comparece la ciudadana CARMEN JOSEFINA QUIJADA JIMÉNEZ, plenamente identificada en autos confiriendo Poder Apud-Acta a los abogados ALFREDO JOSÉ SURUMAY RODRÍGUEZ e IVON JOSÉ LOUVANDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nro. V-17.111.124, V-18.940.497 e inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 123.343 y Nº 185.100, seguidamente en diligencia posterior consignan los emolumentos necesarios al alguacil a fin de que pueda elaborar la compulsa y practicar la citación de los demandados, el alguacil deja expresa Constanza de haber recibido los medios y en esta misma fecha el secretario libra las boletas de citación para los demandados.
En fecha 10-05-2017 (f.24-80) se ordena agregar a los autos oficio Nº 2940/826, de fecha 04-10-2016 correspondiente del Tribunal Primero Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, contentivo de las resultas de la comisión librada a dicho Tribunal a fin de que practicara las citaciones de la parte demandada.
III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
El encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “…Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, la inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”
El procesalista Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329, comenta:
“…La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de interés (uti singulis), y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciendo cumplir. El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función Pública del proceso (cfr. Comentarios al art. 14) exige que éste, una vez indicado se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural que es la sentencia. Por ello, el Juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia…”
Sobre este partícula la sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fallo Nro. 01035, emitido en fecha 12-06-2001, expediente Nro. 15620, estableció lo siguiente:
“…Para decidir la Sala observa:
La Perención de la Instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinado a mantener en curso el proceso, en un periodo de al menos un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el lapso previsto en los supuestos de hecho del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil…”
De lo anteriormente resaltado se colige que la Perención de la Instancia consagrada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es una institución estrechamente ligada al orden público, no es renunciable, opera de pleno derecho y se produce antes de que en la causa se inicie el lapso de dictar sentencia, en aquellos casos en los que se produzca una paralización por un tiempo superior a un año por causa que le sean imputables a las partes, o bien, cuando pasados que sean los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor no suministre al alguacil los medios de transporte necesarios para que éste se traslade a efectuar la citación de la parte demandada, o cuando transcurra seis meses desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, sin que los interesados hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.
Estos términos no son otros que los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
1. El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
2. El transcurso de treinta días desde la fecha de la admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3. El transcurso de treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, realizada antes de la citación del demandado, si el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
4. El transcurso de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), o por haber perdido el carácter con que obra, sin que los interesados hubiesen gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
En este caso en particular, de que la ultima actuación ocurrió 30 de Mayo de 2016, fecha en la cual comparece la parte actora consignando los medios y emolumentos para llevar a cabo la elaboración de las compulsas y la practica de la citación de los demandados, sin que durante ese intervalo de tiempo la parte actora haya ejecutado actuaciones tendentes a darle impulso al proceso, procediéndose así a dictar el Decreto correspondiente en la presente demanda y en consecuencia, en vista de las características especiales de la perención de la instancia, la cual como se expresó es irrenunciable y opera de pleno derecho, en virtud de que conforme a lo señalado la presente demanda, se mantuvo paralizado por un período superior a un años, por consiguiente se verificó indefectiblemente la perención de la instancia contemplada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
IV.- DISPOSITIVA
En fuerza de las consideraciones precedente expuestas, éste TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO y EJECUTOR de MEDIDAS de los MUNICIPIOS MARIÑO, GARCÍA, VILLALBA, TUBORES y PENÍNSULA DE MACANAO de la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, administrando justicia en nombre de La República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de La Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN de la INSTANCIA en el presente juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, intento la ciudadana CARMEN JOSEFINA QUIJADA JIMÉNEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.825.526 representada por sus apoderados Judiciales abogados ALFREDO JOSÉ SURUMAY RODRÍGUEZ e IVÓN JOSÉ LOUVANDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nro. V-17.111.124, V-18.940.497 e inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 123.343 y Nº 185.100 y de este domicilio en contra de los ciudadanos LIBRADA MARGARITA viuda de SUÁREZ, CARLOS ALBERTO SUÁREZ MARCANO, ORLANDO RAMÓN SUÁREZ MARCANO, ADALBERTO JOSÉ SUÁREZ MARCANO Y SIRAYMA ANTONIETA DEL VALLE SUÁREZ MARCANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V-2.169.375, V-8.391.009, V-4.653.718, V-10.197.685 y V-8.398.126, domiciliados en la calle Independencia, dos casas antes de la Catedral de la Asunción, del lado izquierdo de la acera, en sentido a la Plaza Bolívar, de la ciudad de la Asunción, Municipio Arismendi del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA, NOTIFÍQUESE. Cúmplase lo ordenado en Porlamar, a los treinta y uno (31) días del mes de Mayo del año dos mil Diecisiete (2017).
La Juez,

Abg. Marianny Velásquez Salazar

La Secretaria

Abg. Horiana Gómez Gómez

En esta misma fecha (31-05-2017) siendo las 12:58 de la tarde, se dictó y publicó la anterior decisión. Conste.-
La Secretaria

Abg. Horiana Gómez Gómez

MVS/hgg/cdl.-
Exp.- 1586-16