Se inicia el presente juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, seguido por la ciudadana NELLY JOSEFINA PAZ STHORMES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 5.720.859, domiciliada en el municipio Cabimas del estado Zulia, asistida en este acto por el abogado en ejercicio TITO SANGUINO CABALLERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 142.954 de este domicilio, donde solicita la rectificación del acta de defunción signada con el No. 443, asentada por ante la Jefatura Civil de la Parroquia Olegario Villalobos de esta ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia, del causante JESUS ANTONIO PAZ, quién en vida fuera su progenitor.
I
RELACIÓN DE LAS ACTAS PROCESALES
Recibida del Órgano Distribuidor la presente demanda, este Tribunal para resolver sobre la admisión de la causa, instó a la solicitante a consignar en original o copia certificada el acta de defunción expedida por el Registro Principal del estado Zulia.
En fecha trece (13) de diciembre de 2010, la actora dio cumplimiento a lo ordenado, siendo que este Tribunal por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, en fecha doce (12) de enero de 2011 la admitió cuanto ha lugar en Derecho, ordenando la citación de la ciudadana YAMELYS COROMOTO ROSAS MONTERO, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. 7.864.232, para que compareciera por ante este Juzgado dentro de los díez (10) días de despacho, después de la constancia en actas de su citación, a los fines de dar contestación a la demanda incoada en su contra, asimismo se ordeno la notificación de Fiscal Trigésimo del Ministerio Público con Competencia en el Sistema de Protección del Niño, Adolescente y la Familia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de igual manera se emplazó a todo aquella persona que pudiera tener interés en el presente proceso, para que comparezca por ante este Juzgado dentro de los díez (10) días de despacho, después de consignado un edicto para ser publicado en el diario El Nacional o El Universal de la capital de la Republica.
Posteriormente el día catorce (14) de enero de 2011, la ciudadana Nelly Josefina Paz Sthormes, plenamente identificada, otorga poder apud-acta al abogado Tito Ronaldo Sanguino Caballero.
En fecha catorce (14) de enero de 2011, el apoderado actor presenta diligencia a los fines de que se librarán los respectivos recaudos de citación y notificación al Fiscal del Ministerio Público, manifestando asimismo que consigna los mecanismos necesarios para que el Alguacil procediera a practicar las respectivas diligencias. Al respecto la suscrita secretaria dejó constancia que no fueron materialmente consignados los fotostatos indicados ni lo concerniente a los emolumentos.
En fecha veinte (20) de enero de 2011, se libraron boletas y edicto.
En fecha veintiséis (26) de enero de 2011, el Alguacil expuso que recibió los medios de trasporte para practicar la notificación al Fiscal del Ministerio Público.
En fecha ocho (08) de febrero de 2011, el Alguacil expuso que fue notificado el Fiscal Trigésimo (30) del Ministerio Público.
Ahora bien, habiendo efectuado el debido estudio a las actas se observa, que la actora no realizó actuación alguna para dar el debido impulso procesar a la causa, en tal sentido este Juzgador pasa a pronunciarse sobre el desinterés de la acción previa las siguientes consideraciones:
II
CONSIDERACIONES.
Este Tribunal habiendo efectuado la revisión a las actas procesales que conforman el presente expediente, observa que una vez consignada la diligencia de fecha catorce (14) de enero de 2011, la parte actora no realizo actuación alguna posterior a dicha solicitud; por lo que se efectúa los siguientes argumentos:
En ese sentido, esta Sentenciadora para resolver observa:
La Perención de la Instancia, término propio del latín perimire, es una figura legal establecida como fórmula de castigo al desinterés de las partes en el proceso, encontrándose regulada por la normativa contenida en el artículo 267 del vigente Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:
"Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención...”
Han sido numerosos los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia referidos a la institución de la Perención. En los siguientes términos el más alto Tribunal de esta República, ha expresado:
En Sala de Casación Civil, mediante Sentencia Nº 208, de fecha el veintiuno (21) de junio del año dos mil (2000):
"La perención es un acontecimiento que se produce en el proceso por la falta de impulso procesal (…) y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, por tal motivo no es cualquier acto el que puede producir su interrupción.”
(Negritas y subrayado del tribunal).
Y en Sala Político Administrativa, mediante Sentencia Nº 01855, proferida en fecha catorce (14) de agosto del año dos mil uno (2001), indicó:
"(…) el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley (…), lo cual comporta la extinción del proceso.”
Señala el Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Instituciones del Derecho Procesal, que el fundamento del instituto de la Perención de la Instancia reside en dos distintos motivos: de un lado la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo); y otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios, constituyendo de esta manera un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida esta como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y que cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
Por su parte, el reconocido maestro Arístides Rengel Romberg, expone:
“(…) la perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales; una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año. (…)”
Igualmente, es de hacer notar que es un deber del actor impulsar los procesos para que no se paralicen; deber que se encuentra expresado, entre otras disposiciones, en el artículo 173 del Código Procesal Civil cuando establece lo siguiente: “El apoderado o el sustituto estarán obligados a seguir el juicio en todas las instancias...” y que se corresponde con el propósito del artículo 10 ejusdem, que dispone: "La justicia se administrará lo más brevemente posible...”.
Seguidamente, se observa que en la Sentencia Nº 01855, citada ut supra, la Sala Político Administrativa expresó:
“Luego, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.”
Respecto de la Sentencia Nº RC-003, en Sala de Casación Civil de fecha 7 de marzo de 2002, dictada en el Juicio de Jean Fares Bassil y otros contra Abelardo Raidi Hosry, en la que se ratificó una decisión proferida el día 13 de mayo de 1980, expresó lo siguiente:
“(…) nuestro derecho procesal sigue en materia de perención el sistema italiano; la perención, conforme al artículo 203 del Código de Procedimiento Civil (sustituido por el artículo 269), se verifica de derecho, vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, la cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que conforme a la enseñanza de la doctrina, existe aun con antelación a la solicitud de parte en hacerla valer (…)”.
Ahora bien, evidencia esta Sentenciadora del estudio realizado a las actas procesales, que desde el día catorce (14) de enero de 2011, fecha en la cual, fue consignada diligencia, y siendo ésta la ultima actuación efectuada por la parte interesada, se observa que ha transcurrido más de seis (06) año sin que se verifique de parte de la accionante impulso procesal alguno en aras de lograr la prosecución del presente Juicio; lo consiguiente a la citación de la demandada, notificación al Fiscal del Ministerio Publico y el Edicto, siendo evidente que se trata de una figura en materia de orden público, que constituye la perención declarable aún de oficio, que no permite excepción de ningún tipo, por cuanto opera de derecho y una vez configurada así la perención de la instancia consagrada en el artículo 267 ejusdem, no queda más a este Juzgador que declarar la misma. ASÍ SE DECIDE.-
De igual manera, el Tribunal en virtud de la declaración de perención realizada y el tiempo trascurrido, ordena realizar la notificación de la demandante a través de boleta que se fijará en la cartelera del Tribunal, dejando transcurrir diez (10) días de despacho y una vez transcurridos dicho lapso se tendrá por terminado el proceso y se archivará el expediente. ASI SE DECLARA.-
III
DISPOSITIVO
Por los fundamentos amplia y claramente expuestos con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de RECTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, intentada por la ciudadana NELLY JOSEFINA PAZ STHORMES, en contra la ciudadana YAMELYS COROMOTO ROSAS MONTERO.-
• NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 287 del vigente Código de Procedimiento Civil.-
• Se ordena notificar a la parte en la forma antes prevista.
Publíquese, regístrese y notifíquese en la forma indicada en esta sentencia. Déjese copia fotostática certificada por la Secretaría de este Despacho de la presente decisión a los fines legales previstos en el artículo 72 ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y 1384 del Código Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los tres ( 03 ) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017). Año: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
La Jueza Suplente
Abg. Mg.Sc. María del Pilar Faria R. La Secretaria,
Abg. Aranza Tirado Perdomo
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