Sentencia N° 226-2.017
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR ESTADAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
VE31-N-2.004-000088
Asunto Antiguo: 8679
MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO.
PARTE RECURRENTE: YOSELIN RUZA, titular de la cédula de identidad número 14.415.964.
APODERADOS JUDICIALES DE LA RECURRENTE: El Abogado en ejercicio NERIO CORDERO BOSCÁN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 46.696.
PARTE DEMANDADA: GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA.
REPRESENTANTE Y/O APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO: La Abogada NEIDA RINCÓN GIL, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el números 35.010, en su condición de Abogada Sustituta del Procurador del Estado Zulia.
NARRATIVA:
En fecha, veintiséis (26) de Octubre de Dos Mil Cuatro (2.004) se recibió por ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO acompañada de anexos, presentado por la ciudadana YOSELIN RUZA, titular de la Cédula de Identidad número 14.415.964, asistida por el abogado en ejercicio NERIO CORDERO BOSCÁN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 46.696, en contra del acto administrativo de carácter Particular emanado de la Gobernación del Estado Zulia por órgano del Servicio Autónomo de Recaudación y Manejo de los Ingresos del Puente General Rafael Urdaneta. (Folios 1 al 77)
En fecha, 04 de Noviembre de 2.004, se le dio entrada. (Folio 78).
Posteriormente, en fecha, Nueve (09) de Noviembre de Dos Mil Cuatro (2.004), el a-quo dictó auto admitiendo cuanto ha lugar en derecho el Recurso de Nulidad de Acto Administrativo interpuesto, ordenando la citación del Procurador del Estado Zulia, a fin de que remita el expediente administrativo respectivo y de contestación a la demanda. (Folio 79).
En fecha, once 11 de Noviembre de Dos Mil Cuatro (2.004), se dictó auto mediante el cual se ordenó la apertura de la pieza de Medida Cautelar. En la misma fecha se cumplió lo ordenado. En la misma fecha, la recurrente suscribió poder Apud-acta en favor de los abogados en ejercicio NERIO CORDERO BOSCÁN, FERNANDO LOBOS AVELLO, CARLOS RAMÍREZ GONZÁLEZ y YOISID MELÉNDEZ SIVIRA, inscritos en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 46.696, 60.603, 81.657 y 79.831 respectivamente. (Folios 80 y 81).
Cursa desde el folio 82 al folio 90, escrito de contestación suscrito, en fecha, cuatro (04) de Febrero de Dos Mil Cuatro (2.004) por la abogada NEIDA RINCÓN GIL, en su condición de Abogada Sustituta del Procurador de Estado. En la misma fecha se le dio entrada y se agregó.
En fecha, diez (10) de Febrero de Dos Mil Cuatro (2.004), se fijó oportunidad para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en la presente causa. (Folio 91).
Inserta al folio 92 se encuentra Acta levantada con ocasión a la celebración de la Audiencia Preliminar en la presente causa y se abrió la misma a pruebas.
En fecha, veintitrés (23) de Febrero del año Dos Mil Cuatro (2.004), se recibió escrito de pruebas y anexos, suscrito por la abogada NEYDA RINCÓN GIL, en su condición de abogada sustituta del Procurador del Estado Zulia. En la misma fecha se le dio entrada y se agregó al expediente. Posteriormente se recibió escrito de promoción de pruebas suscrito por el abogado NERIO CORDERO BOSCÁN, apoderado judicial de la recurrente, el cual fue agregado a las actas en fecha, catorce (14) de Marzo del año Dos Mil Cuatro (2.004). (Folios 93 al 134).
Por auto, de fecha, catorce (14) de Marzo de Dos Mil Cuatro (2.004), el Tribunal ordenó notificar a las partes haciéndoles saber que se les concede el lapso de oposición a las pruebas, dándose cumplimiento a lo ordenado. (Folios 135 al 139).
En fecha, tres (03) de Mayo de Dos Mil Cuatro (2.004), el a-quo dictó sendos autos de admisión de pruebas. (Folios 140 al 143)
Mediante diligencia suscrita, en fecha, Siete (07) de Febrero de Dos Mil Siete (2.007), el representante de la Fiscalía Vigésimo Segunda del Ministerio Público del Estado Zulia, solicitó se declare la Perención de la Instancia, por cuanto la parte recurrente no ha impulsado mas la causa en un lapso mayor a un año. (Folio 144).
Cursa a los folios 144 y 145, escrito suscrito, en fecha, veintitrés (23) de Enero de Dos Mil Ocho (2.008) por la abogada MARÍA REYES BRACHO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 40.917, en su condición de Abogada Sustituta del Procurador del Estado Zulia, mediante el cual solicita se declare la Perención de la Instancia.
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO:
Revisadas las actas que conforman la presente causa, observa esta Juzgadora que la parte accionante, la ciudadana YOSELIN RUZA, o alguno de sus coapoderados Judiciales, los Abogados en ejercicio NERIO CORDERO BOSCÁN, FERNANDO LOBOS AVELLO, CARLOS RAMÍREZ GONZÁLEZ y YOISID MELÉNDEZ SIVIRA; desde el día veintiocho (28) de Marzo de Dos Mil Cinco (2.005), fecha en la cual se dan por notificados del lapso para hacer oposición a las pruebas promovidas por la parte recurrida, siendo que posterior a lo supra señalado, no consta en autos algún otro acto realizado por parte de la precitada ciudadana o sus Coapoderados Judiciales, lo que indica que la parte interesada no ha efectuado ninguna actuación en el expediente tendiente a impulsar la continuación de la causa; por espacio de once (11) años y once (11) meses, pasa esta operadora de justicia a hacer las siguientes consideraciones de derecho para verificar si ha operado la perención de la instancia:
Establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 41, lo que a continuación se reproduce:
“Artículo 41: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas”.
Concatenado con lo anterior, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 267 en concordancia con el artículo 269 ejusdem prevé:
“Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (…)”
“Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia derogada y aplicada por ser la norma vigente para la fecha, dispositivo que ad pedem literae establecía:
“La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia.”
La redacción de esta norma fue considerada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 5 de agosto de 2004, caso: Consejo Legislativo del Estado Aragua, como contradictoria y de imposible entendimiento por establecer la misma, en primer término, una consecuencia jurídica “declarar consumada la perención, como consecuencia de la verificación del supuesto de hecho previamente establecido en el dispositivo normativo, cual es la existencia de causas que hayan estado paralizadas por mas de un (1) año, antes de la presentación de los informes”, y en segundo lugar, la orden de cumplir “otras actividades a continuación que hacen absolutamente inoperante a la norma y en consecuencia a la institución de la perención en las causas seguidas ante este Supremo Tribunal”. (negrillas del Tribunal)
En el mismo fallo expresó dicha Sala, que la mencionada disposición legal, en los términos en los cuales fue redactada, colide con la “necesaria celeridad que debe informar al proceso, así como la prohibición de dilaciones indebidas establecidas en la constitución”. (negrillas de quien suscribe)
Con base en tales alegatos, concluyó desaplicando para el caso en concreto por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, acordando aplicar supletoriamente para el caso que ante ésta se ventilaba, el artículo 267 ejusdem, por considerar que el mismo regula adecuada y convenientemente la institución de la perención.
Así mismo, la Sala Político Administrativa en sentencia Nº 00249 dictada el 24 de marzo de 2010, ha establecido lo siguiente:
“Se trata así del cumplimiento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por las cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso de un (1) año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. CONDUVEN).
Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001., caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras) (…)”
El autor patrio Arístides Rengel Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II. Pág. 372-373, afirma lo siguiente:
“Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad esta referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisa de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitro de los órganos del Estado la extinción del proceso (…)
La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisa de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el termino de un año (…)”
En armonía con lo anterior, constata esta sentenciadora una vez examinadas las actas que componen el presente expediente, que en la presente causa no se constata desde la indicada fecha, actuación alguna que evidenciara el interés de las partes en la prosecución del presente juicio.
Siendo ello así, al verificarse que no existe actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, durante un lapso mayor a un (1) año, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativa, resulta forzoso para esta Juzgadora declarar de oficio la perención de la instancia. ASÍ SE DECIDE.-
DISPOSITIVO:
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
ÚNICO: Se declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el presente RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, presentado por la ciudadana YOSELIN RUZA, titular de la Cédula de Identidad número 14.415.964, representada judicialmente por los abogados en ejercicio NERIO CORDERO BOSCÁN, FERNANDO LOBOS AVELLO, CARLOS RAMÍREZ GONZÁLEZ y YOISID MELÉNDEZ SIVIRA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 46.696, 60.603, 81.657 y 79.831 respectivamente, en contra del acto administrativo de carácter Particular emanado de la Gobernación del Estado Zulia por órgano del Servicio Autónomo de Recaudación y Manejo de los Ingresos del Puente General Rafael Urdaneta.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los Tres (03) días del mes de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2.017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.
La Jueza Titular,
Dra. HELEN NAVA.
La Secretaria Temporal,
Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
En la misma fecha y siendo la una y treinta minutos post meridiem (1:30 p.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 226-2017.
La Secretaria Temporal,
Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
HN/jg
VE31-N-2004-000088
Asunto Antiguo: 8679
|
