TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN
FUNCIONES DE CONTROL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA

Villa Rosa, veintiséis (26) de marzo de 2017

ASUNTO PRINCIPAL : PM3-2017-000167
ASUNTO : PM3-2017-000167

RESOLUCIÓN JUDICIAL

LA JUEZ MUNICIPAL DE CONTROL Nº 03: Abogada María Teresa García Murguey.

LA SECRETARIA: Abogada Yohana Rivero Ponce.

LA FISCAL DÉCIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abogada Mary Belo.

LA DEFENSA PRIVADA: Abogado Rómulo Rivero.

LOS CIUDADANOS PUESTOS A LA ORDEN DEL TRIBUNAL: Kenneth Sanders Fermín Salazar, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, titular de la cedula de identidad N° V- 24.695.302, fecha de nacimiento 04/02/1996, de 21 años de edad, de profesión u oficio estudiante de la Universidad Santiago Mariño y residenciado en Los Cocos , calle La Playa, cerca del ambulatorio de Los Cocos, casa Nº 2-73, con grafiado azul, con la mitad de cerámica con dibujos, Municipio Mariño, estado Nueva Esparta,

Sergio Luis Fermín Salazar, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, titular de la cedula de identidad N° V-20.536.754, fecha de nacimiento 09/12/1990, de 26 años de edad, de profesión u oficio universitario y residenciado en Los Cocos, calle La Playa, cerca del ambulatorio de Los Cocos, casa Nº 2-73, con grafiado azul, con la mitad de cerámica con dibujos, Municipio Mariño, estado Nueva Esparta,

Kevin Harold Fermín Salazar, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, titular de la cedula de identidad N° V- 20.536.753, fecha de nacimiento 26/01/1992, de 25 años de edad, de profesión u oficio estudiante y residenciado en Los Cocos, calle La Playa, cerca del ambulatorio de Los Cocos, casa Nº 2-73, con grafiado azul, con la mitad de cerámica con dibujos, Municipio Mariño, estado Nueva Esparta,

Henry José Rodríguez Suarez, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, titular de la cedula de identidad N° V- 10.201.267, fecha de nacimiento 04/04/5/1967, de 48 años de edad, de profesión u oficio indefinido y residenciado en Los Cocos, entre calles Ince Mar y La Playa, cerca del ambulatorio de Los Cocos, Municipio Mariño, estado Nueva Esparta,

Pascual Antonio López Hernández, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, titular de la cedula de identidad N° V- 10.198.112, fecha de nacimiento 27/02/1970, de 47 años de edad, de profesión u oficio obrero y residenciado en la calle Maneiro con calle Porlamar, cerca del ambulatorio de Los Cocos, Municipio Mariño, estado Nueva Esparta y

Tomas Antonio Fermín, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, titular de la cedula de identidad N° V- 10.299.799, fecha de nacimiento 07/03/1973, de 44 años de edad, de profesión u oficio comerciante y residenciado en Los Cocos, calle La Playa, cerca del ambulatorio de Los Cocos, casa Nº 2-73, con grafiado azul, con la mitad de cerámica con dibujos, Municipio Mariño, estado Bolivariano Nueva Esparta.

LOS DELITOS: Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal Y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones.

Habiéndose efectuado ante este Tribunal, la correspondiente Audiencia de Calificación de Procedimiento, en la cual se escuchó la exposición efectuada por la Fiscal del Ministerio Público, así como la declaración de los Ciudadanos puestos a disposición de este Juzgado y los alegatos efectuados por las Defensas Técnicas, este Tribunal de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, procedió a emitir los pronunciamientos que quedaron debidamente plasmados en la parte dispositiva del acta levantada al efecto, los cuales tuvieron fundamento, en los siguientes elementos:

PRIMERO: Considera esta Juzgadora indicar inicialmente, que nuestro sistema penal, se rige por el cumplimiento del principio jurídico procesal del Debido Proceso, según el cual, toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. La Noción del “Debido Proceso” como ha sido asumida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, comporta el categorizar a dicho derecho, como uno de los Derechos Humanos, vinculado éste a todo proceso jurisdiccional o administrativo y con miras a posibilitar tanto el requerimiento como el reconocimiento judicial a un “Juicio Justo”.

Al respecto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 106, de fecha diecinueve (19) de marzo de 2003, lo siguiente:

“…El debido proceso es el conjunto de garantías que protegen a un Ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia; que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho. Desde este punto de vista, entonces, el Debido Proceso es el principio madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del derecho Procesal Penal, incluso el del Juez Natural que suele regularse a su lado...”

De igual manera, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 100, de fecha quince (15) de abril de 2005, la conceptualización del Debido Proceso, indicando lo siguiente:

“…el conjunto de garantías establecidas como medios obligatorios necesarios y esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado se materialice...”

En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 1786, de fecha cinco (05) de octubre de 2007, inherente al expediente 07-1001, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero Lòpez, lo siguiente:

“…El derecho fundamental al debido proceso en materia penal constituye una limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, con miras a la protección de la libertad de las personas, o de otros derechos que puedan verse afectados...”

Finalmente, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 350, de fecha veintisiete (27) de julio de 2006, inherente al expediente Nº 06-221, con ponencia del Magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte, lo cual fue ratificado en la sentencia Nº 01, de fecha dieciocho (18) de enero de 2007, inherente al expediente Nº 06-0438, con ponencia del Magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte, lo siguiente:

“…la naturaleza de nuestro sistema penal acusatorio, implica la realización de una serie de actos tendientes a garantizar la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, principios fundamentales dentro del proceso penal. En razón de ello, tales garantías no pueden ser relajadas durante el proceso, pues ellas no constituyen simples formalismos, sino que son principios inviolables dentro del proceso penal acusatorio...”

Ahora bien de las actuaciones que fueron consignadas ante este Tribunal, por la representación del Ministerio Público, se verificó la existencia de un (01) acta de investigación Penal, elaborada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en fecha veinticuatro (24) de marzo de 2017, inherente a la detención de los Ciudadanos Kenneth Sanders Fermín Salazar, Sergio Luís Fermín Salazar, Kevin Harold Fermín Salazar, Henry José Rodríguez Suárez, Pascual Antonio López Hernández y Tomás Antonio Fermín.

En tal sentido, del análisis realizado a la mencionada acta de investigación Penal, se observa que dichos funcionarios, habrían indicado encontrarse realizando diligencias inherentes a la averiguación relacionada con las actas procesales signadas con los números K-17-0103-00031, K-17-0103-000139 y K-17-0103-000800, con ocasión a la comisión de unos delitos Contra la Propiedad, en las cuales figura como víctima, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES). En tal sentido, indican los funcionarios, haber conformado la respectiva comisión, dirigiéndose hacia el sector Los Cocos, Municipio Mariño de este estado, con la intención de realizar labores de inteligencia y de investigación de campo, realizando varios recorridos por el sector, logrando sostener conversación con varios residentes de la calle La Playa, quienes aunque se negaron a aportar sus datos por temor a futuras represalias, les habrían indicado sentirse consternados por los hechos delictivos, cometidos contra la Institución Educativa, ya mencionada, motivo por el cual, les habrían informado tener conocimiento que en la vivienda, donde reside un Ciudadano de nombre “Tomás”, apodado “El Maneto”, se encuentran varios materiales procedentes de los distintos robos cometidos en el referido Instituto, tales como, láminas de zinc y las llamadas “Loza Acero”, señalándoles a su vez, el inmueble sin número, con fachada de color azul y cerámica de color marrón, como el domicilio del Ciudadano en cuestión, acotando que a diario, “El Maneto” y sus familiares, participan en los robos cometidos, escondiendo en su casa lo robado, para negociarlo posteriormente. En tal sentido, los funcionarios indican en el acta en comento, que una vez obtenida dicha información, se acercaron en forma sigilosa al frente del domicilio del Ciudadano apodado “El Maneto”, logrando observar, a través de una de las ventanas de la fachada, varias láminas de “Loza Acero” y “Acerolit”, las cuales se encontraban apiladas en el patio de la vivienda, lo cual corroboraba la información que les había sido suministrada minutos antes, motivo por el cual, se dirigieron al vehículo, apostándose en el lugar, con el objeto de vigilar, de manera encubierta, el referido domicilio, en caso de que persona alguna tuviera la intención de sustraer los materiales observados. De igual manera, se solicitó la colaboración de unidades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En tal sentido, una vez presente el apoyo, los funcionarios indican en el acta, haberse dirigido a la puerta del inmueble, realizando varios llamados e identificándose como funcionarios, observando a través de la ventana de la vivienda, a varias personas de sexo masculino, quienes salieron de las habitaciones y al notar la presencia de la comisión policial, intentaron escapar por el patio del inmueble, motivo por el cual, los funcionarios, amparados en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, procedieron a ingresar en el domicilio, con el objeto de evitar la fuga de los Ciudadanos allí presentes, a saber, cinco (05) Ciudadanos, de sexo masculino, posteriormente identificados como Kenneth Sanders Fermín Salazar, Sergio Luís Fermín Salazar, Kevin Harold Fermín Salazar, Henry José Rodríguez Suárez y Tomás Antonio Fermín, a quienes procedieron a neutralizar, no incautándoseles ningún elemento de interés criminalístico. No obstante, los funcionarios procedieron a revisar las instalaciones y/o habitaciones de la vivienda, incautándose, entre otros, doce (12) láminas de “Loza Acero”, veintisiete (27) láminas de “Acerolit”, un (01) arma de fuego, tipo revolver, marca Amadeo Rossi, calibre .38, un (01) frezeer, elaborado en aluminio, una (01) motocicleta, marca Bera, de color rojo, etc., presumiendo los funcionarios, pudieren ser propiedad del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), tomando en consideración las denuncias realizadas anteriormente, así como por cuanto, los Ciudadanos retenidos, no lograron justificar su procedencia. En tal sentido, los funcionarios actuantes iniciaron sus respectivas diligencias, tales como Inspección Técnica y traslado de los objetos recuperados, a través del uso de una grúa, indicando que en ese momento, se habría apersonado el Ciudadano César Gil (Demás datos a reserva), quien figura como Coordinador de Seguridad del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), quien habría escuchado rumores en la comunidad, acerca del procedimiento que se estaba llevando a cabo, indicando los funcionarios que, oportunamente, el mismo habría sido usado como testigo para el procedimiento, que ya se habría iniciado. Al efecto, dicho Ciudadano, según lo señalado por los funcionarios, habría manifestado estar de acuerdo con ser testigo, reconociendo los objetos incautados como propiedad del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).

Ahora bien, los funcionarios indicaron en el acta levantada, haber sostenido coloquio, con el Ciudadano ya detenido, a saber, Tomás Antonio Fermín, quien en su condición de propietario del inmueble, les habría manifestado, libre de todo apremio y coacción, su intención de colaborar, informando que efectivamente los objetos retenidos, son los sustraídos del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), indicando que en esos hechos, habrían participado de igual manera, los Ciudadanos conocidos como “Danny García”, apodado “El Maruton”, “El Caminante”, “Luís Gorila”, “José” y “Argenis”, quienes son residentes del sector Los Cocos, desconociendo sus direcciones exactas. Asimismo, habría indicado que los materiales retenidos, habrían sido transportados en un vehículo, tipo “Pick up”, de color rojo, propiedad del Ciudadano “Pascual”, indicando su dirección. Al efecto, una vez obtenida dicha información, los funcionarios se dirigen a la dirección aportada, ubicando un vehículo con las características aportadas, lugar que a su vez, funge como taller de latonería, procediéndose a realizar llamados a la puerta principal, identificándose como funcionarios, siendo atendidos por el Ciudadano Pascual Antonio López Hernández, a quien procedieron a realizarle la respectiva revisión corporal, no incautándosele ningún elemento de interés criminalístico. No obstante, al ser impuesto de la investigación, habría manifestado haber sido contratado por el Ciudadano apodado “El Marutón”, para realizar el transporte de unas láminas, desde el sector Los Cocos, hasta un terreno baldío, ubicado en el sector Los Cuartos. Al efecto, los funcionarios procedieron a realizar la revisión del inmueble anteriormente señalado, incautándose una cabina de camioneta, de un vehículo, marca Nissan, modelo B-13, con evidentes signos de haber sido picado, con un equipo de “Oxicorte”, cuya procedencia no logró ser justificada por el Ciudadano Pascual Antonio López Hernández. Asimismo, se incautó Un (01) compresor de aire, una (01) bombona de oxígeno, un (01) soplete, entre otros. En consecuencia, se procedió a la inmediata detención de los Ciudadanos Kenneth Sanders Fermín Salazar, Sergio Luís Fermín Salazar, Kevin Harold Fermín Salazar, Henry José Rodríguez Suárez, Pascual Antonio López Hernández y Tomás Antonio Fermín.

En consecuencia, para iniciar, considera esta Juzgadora, necesario tomar en consideración el contenido del artículo 44, numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inherente a la Libertad Personal, el cual señala lo siguiente:

“…1º Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti…”

En este mismo orden de ideas, el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, inherente a la Aprehensión por Flagrancia, establece lo siguiente:

“Para los efectos de este capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad judicial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora…”

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 1744, de fecha nueve (09) de agosto de 2007, inherente al expediente 04-2149, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero, lo siguiente:

“…sólo se permiten arrestos o detenciones si existe una orden judicial, salvo que sea la persona sorprendida in fraganti… Los cuerpos policiales sólo podrán aplicar la medida de arresto cuando se haya cometido un hecho punible, sea a través de la aprehensión en flagrancia o cuando medie una orden judicial...”

Ahora bien, esta juzgadora observa, de la revisión de las presentes actuaciones, que se evidencia un flagrante incumplimiento a las normas anteriormente transcritas, ello por cuanto no se evidencia actuación alguna, inherente a la orden de aprehensión dictada por una autoridad competente, a los fines de verificarse la detención de los Ciudadanos puestos a disposición del Tribunal. De igual manera, considera esta Juzgadora, que de dichas actuaciones, no se verifica la Flagrancia, ello por cuanto, se observa el contenido del acta anteriormente transcrita, en la cual, los funcionarios actuantes, indicaron encontrarse realizando las investigaciones respectivas, con ocasión a las denuncias inherentes a los expedientes K-17-0103-00031, K-17-0103-000139 y K-17-0103-000800, con ocasión a la comisión de unos delitos Contra la Propiedad, en las cuales figura como víctima, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES). Al efecto, se evidencia que efectivamente, dichos hechos habrían sido denunciados en fechas cuatro (04) de enero de 2017, catorce (14) de enero de 2017 y once (11) de marzo de 2017. Sin embargo, nuestro Sistema Penal Acusatorio, establece el deber de cumplir con una serie de requisitos, de obligatorio cumplimiento, para todos aquellos casos iniciados con ocasión a la denuncia de un hecho punible, evidenciándose que en el presente caso en particular y concreto, no se dio cumplimiento a dichos requisitos, conforme lo establecen los artículos 265 y siguientes de la Norma Adjetiva Penal.

Ahora bien, con ocasión a los mismos hechos, pero en otro orden de ideas, se observa, en relación a la detención del Ciudadano Pascual Antonio López Hernández, quien resultó detenido al final del procedimiento, que los funcionarios actuantes en el presente proceso, habrían indicado que el Ciudadano Tomás Antonio Fermín, les manifestó de manera voluntaria, su intención de colaborar, informando que efectivamente los objetos retenidos, eran los sustraídos del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), indicando que en esos hechos, habrían participado de igual manera, los Ciudadanos conocidos como “Danny García”, apodado “El Maruton”, “El Caminante”, “Luís Gorila”, “José” y “Argenis”, quienes son residentes del sector Los Cocos, desconociendo sus direcciones exactas. Asimismo, habría indicado que los materiales retenidos, habrían sido transportados en un vehículo, tipo “Pick up”, de color rojo, propiedad del Ciudadano “Pascual”, indicando su dirección, declaración ésta que habría generado la detención, declaración e incautaciones subsiguientes, considerando evidenciarse una flagrante violación al Debido Proceso, inherente al Derecho a la Defensa.

El ejercicio del ius puniendi, previsto como el poder máximo sancionador para los actos ilícitos, sólo puede ser ejercido por el Estado, a través de las personas autorizadas, conforme a los medios legales y con respeto a las garantías y postulados constitucionales, con apoyo en las pruebas que sustentan los hechos y la culpabilidad del justiciable. La Tutela efectiva de las garantías individuales, constitucionalmente reconocidas, exige que cualquier dato probatorio que se obtenga en violación de ellas sea considerado ineficaz, por apoyarse así en una prueba ilícitamente obtenida.

Cabe apuntar que la finalidad fundamental del proceso penal es el establecimiento de la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, a lo que deberá ajustarse el juez al adoptar su decisión, como lo pauta el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este punto, debemos abordar el principio de licitud de la prueba, la cual es una barrera que exigen las sociedades democráticas, contra aquellas desviaciones del poder punitivo del Estado, pues dicho principio es una exigencia básicamente para los funcionarios públicos encargados de la persecución penal

Ahora bien, inicialmente, esta juzgadora considera que se evidencia un flagrante incumplimiento a lo establecido en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, inherente a la Defensa e Igualdad Entre Las Partes, el cual establece lo siguiente:

“La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso.
Corresponde a los jueces y juezas garantizarlo sin preferencias ni desigualdades…”
Corolario de lo anteriormente expuesto, el artículo 127, numeral 3º de la mencionada Norma Adjetiva Penal, inherente a los derechos del imputado o imputada, establece lo siguiente:
“…3º Ser asistido o asistida, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor o defensora que designe él o ella, o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público o defensora pública…”

Finalmente, ratificando los postulados anteriormente transcritos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 49, numeral 1º, inherente al Debido Proceso, lo siguiente:

“1º La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación…”

En relación a lo anteriormente expuesto y de la revisión de la mencionada Acta de Detención, se evidencia que los funcionarios actuantes, manifestaron haber recibido la declaración del Ciudadano Tomás Antonio Fermín, lo cual condujo posteriormente a la detención del Ciudadano Pascual Antonio López Hernández, así como la incautación de ciertos objetos, denunciados como hurtados. No obstante, de la lectura de dicha acta, no se observa que el Ciudadano Tomás Antonio Fermín, hubiere rendido su respectiva declaración, en presencia de un abogado, que pudiere asistirlo desde el inicio del proceso, a los fines de explicarle de manera detallada, sus derechos y garantías, ante el presente proceso.

Al respecto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 124, de fecha cuatro (04) de abril de 2006, con ponencia del Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, lo siguiente:

“…todo imputado tiene derecho a declarar durante la etapa de investigación y a su vez tiene derecho a la asistencia técnica, esto es, a ser asistido desde los actos iníciales de la investigación, por un defensor que designe o bien por un defensor público...”

Es importante dejar constancia que lo transcrito anteriormente, ha sido ratificado en las sentencias Nº 773, de fecha veintisiete (27) de abril de 2007, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón y en la Sentencia Nº 350, de fecha veintisiete (27) de julio de 2006, emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Eladio Aponte Aponte.

En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 152, de fecha tres (03) de mayo de 2005, Expediente Nº 04-0412, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Marmol de León, lo siguiente:

“…Pero esta declaración ante el Ministerio Público, debe estar cubierta por la garantía de la defensa, que de acuerdo al artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal es un derecho inviolable en todo grado y estado del proceso, por ende, desde el inicio de la investigación, cualquier persona que se encuentre involucrada en los hechos que se averiguan, puede ser asistida y representada por abogado de su confianza...”
Ahora bien, el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, inherente a la declaración del imputado o imputada, establece lo siguiente:
“…En todo caso, la declaración del imputado o imputada será nula si no la hace en presencia de su defensor o defensora”

En este mismo orden de ideas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 49, numeral 1º, inherente al Debido Proceso, lo siguiente:

“1º… Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso…”

El Principio de la legalidad de las pruebas consiste en que sólo pueden practicarse y ser incorporadas al proceso aquellos medios de prueba cuya obtención se haya realizado con sujeción a las reglas que la ley establece, lo que implica el cumplimiento de las formalidades esenciales establecidas para la obtención de las evidencias y para hacerlas valer ante el juzgador, a los fines de formar su convicción, o sea, que sería ilícita una prueba ilegalmente lograda, como ilegalmente incorporada.

En este sentido, se debe resaltar la doctrina del Fruto del Árbol Envenenado, la cual hace referencia a las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita, las cuales impedirán posteriormente en el proceso judicial que puedan ser utilizadas en contra de cualquier persona, en el sentido de que cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier nexo esté viciada, debe ser prueba nula. Un ejemplo podría ser la obtención de una prueba sin respetar el control de la legalidad originando que se convierta en ilegítima, y por tanto, ello significaría su radical nulidad, conllevando que todas aquellas otras pruebas directamente relacionadas y derivadas en el procedimiento sean también nulas de pleno derecho, ello tomando en cuenta que dicha doctrina considera que todo árbol que dé frutos envenenados, habría que cortarlo de raíz, consiguiendo así evitar la fuente que ha envenenado el árbol, para que dé el fruto malo. En consecuencia, el resultado probatorio obtenido sin respetar los principios y garantías correspondientes, es ilegítimo y su nulidad insubsanable, y arrastrará a todas aquellas pruebas relacionadas y derivadas.

En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 518, de fecha nueve (09) de agosto de 2005, inherente al expediente Nº 2005-000230, con ponencia del Magistrado Héctor Coronado Flores, lo siguiente:

“…No pueden convalidarse violaciones de derechos fundamentales y procesales como el Debido Proceso, dentro de éste, a la defensa y a la doble instancia, por lo que indiscutiblemente, es forzoso decretar la nulidad...”

En este sentido, el artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal, inherente a las Nulidades, establece lo siguiente:

“Los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las condiciones previstas en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes, Tratados, convenios y acuerdos Internacionales, suscritos y ratificados por la República, no podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado”

Ahora bien, en relación al Tema de las Nulidades, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 2013, de fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2006, inherente al expediente Nº 06-1361, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, lo siguiente:

“…Las nulidades absolutas pueden ser solicitadas en cualquier estado y grado del proceso, ello justamente, por la gravedad del vicio que afecta el acto objeto de la misma...”

En relación a la sentencia anteriormente señalada, esta juzgadora considera necesario dejar expresa constancia que dicho criterio, ha sido reiterado, evidenciándose ello en las sentencias Nº 1363, de fecha cuatro (04) de julio de 2006, emanada de la Sala Constitucional, con Ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Sentencia Nº 681, de fecha diecisiete (17) de abril de 2007, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales y en la Sentencia Nº 549, de fecha veintiséis (26) de marzo de 2007, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al expediente Nº 07-0046, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales.

Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 681, de fecha diecisiete (17) de abril de 2007, inherente al expediente Nº 07-0154, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, lo siguiente:

“…Las nulidades absolutas son aquellas que vulneran la búsqueda de la verdad, el debido proceso y el derecho a la defensa…”

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 1581, de fecha nueve (09) de agosto de 2006, inherente al expediente Nº 05-1938, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, lo siguiente:

“…La Nulidad Absoluta puede declarase cuando existe inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos suscritos por la República, en donde se incluye los derechos constitucionales de las víctimas... Cuando existe un vicio que acarree la declaratoria de nulidad absoluta de un acto, no es posible hablar de subsanación…”
Ahora bien, considera el Tribunal, que el caso típico de acto imposible de sanear en sí mismo, es la toma de declaración al imputado, sin la presencia de abogado defensor, pues se trata de un acto agotado en el tiempo que no puede retrotraerse, por lo cual no queda más que anular la declaración anterior, de oficio o a instancia de parte y disponer que se le tome otra declaración con las previsiones legales del caso, a saber, renovación del acto. Sin embargo, el asunto no supone mayores dificultades ni puede dar lugar a nulidades subsecuentes si la declaración decretada nula no tuvo ulteriores consecuencias en el proceso, pero si el imputado ilegalmente interrogado reveló la existencia de evidencia que le inculpa, la obtención de esa evidencia, aunque hubiere estado precedida de ciertos requisitos formales, como una orden de allanamiento, por ejemplo, es nula de nulidad absoluta, porque el conocimiento que llevó hasta allí a las autoridades fue consecuencia de un acto nulo, a saber, el interrogatorio del imputado sin su defensor.
Ahora bien, como otro punto a verificarse en el presente proceso, de la revisión de la mencionada acta de detención, se observó que los funcionarios policiales, al momento de ingresar en las residencias de los Ciudadanos Tomás Antonio Fermín y Pascual Antonio López Hernández, no cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inherente a la Inviolabilidad del Hogar Doméstico, ello por cuanto no contaban con la respectiva orden judicial, que les permitiere el ingreso a dichas residencias, no evidenciándose de la revisión del acta de Investigación Penal, de fecha veinticuatro (24) de marzo de 2017, suscrita por los funcionarios actuantes, que los mismos se hubieren encontrado amparados por las excepciones establecidas en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, como pretendieron hacer notar en el acta levanatada al efecto.

Con ocasión a este punto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 370, de fecha cuatro (04) de julio de 2007, inherente al expediente Nº 07-0086, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, lo siguiente:

“…Se encuentra viciado de nulidad absoluta, el allanamiento practicado sin contarse con la emisión previa de la orden de un juez, y sin que concurran las excepciones previstas en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal…”

De igual manera, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 1978, de fecha veinticinco (25) de julio de 2005, inherente al expediente Nº 04-0796, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, lo siguiente:

“…los motivos que determinen un allanamiento sin orden deben constar detalladamente en el acta…”
En consecuencia, considera esta Juzgadora, que en el presente caso, los funcionarios actuantes habrían violado de manera flagrante los derechos y garantías constitucionales inherentes a las partes involucradas, ya que si bien la acción penal le corresponde al Ministerio Publico, y es ejercida a través de las acciones de investigación que efectúan los órganos policiales, no es menos cierto que dichas actuaciones deben ser realizadas sin menoscabo de los derechos y garantías de los ciudadanos, tal y como lo establece el artículo 115 del Código Orgánico Procesal Penal.
Finalmente, en otro orden de ideas y como complemento de los puntos tratados anteriormente, de la revisión de la mencionada acta de detención, se observó que los funcionarios policiales, desde el primer momento en que efectuaron las actuaciones correspondientes, no se hicieron acompañar de testigos, con el objeto de presenciar las posibles detenciones a practicar, a los fines de poder dar fe del dicho de los funcionarios actuantes, así como verificar las posibles circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieren ocurrir las posibles detenciones, evidenciándose que sólo contaron con un (01) testigo, que presenció el procedimiento, una vez ya los funcionarios hubieren practicado las detenciones de los Ciudadanos puestos a la orden del Tribunal, así como también se hubieren incautado, los objetos que presuntamente habrían sido denunciados como hurtados o robados.
Al respecto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia de fecha diecinueve (19) de enero de 2000, inherente al expediente Nº 99-0465, con ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, lo siguiente:

“…Es evidente que la declaración del Ciudadano…es una prueba relevante del proceso puesto que es el único testigo presencial; y ha sido indicado en jurisprudencia reiterada que el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar a los procesados, pues sólo constituye un indicio de culpabilidad...”

De igual manera, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 345, de fecha veintiocho (28) de septiembre de 2004, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Marmol de León, lo siguiente:

“…El solo dicho por los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, sólo constituye un indicio de culpabilidad...”

En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia Nº 225, de fecha veintitrés (23) de junio de 2004, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Marmol de León, lo siguiente:

“…El establecimiento de los hechos debe partir del razonamiento empleado a los medios de prueba practicados, para lo cual se cuenta con una serie de normas señaladas en el Código Orgánico Procesal Penal, que permiten al juez valerse de cualquier medio idóneo lícito para fundamentar suficientemente su decisión...”

Finalmente, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en la Sentencia de fecha veintiuno (21) de mayo de 2012, inherente al expediente 2011-330, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Marmol de León, lo siguiente:

“…Ahora bien, esta Sala ha establecido claramente en jurisprudencia reiterada que “…el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello solo constituye un indicio de culpabilidad…” Este criterio ha sido sustentado, entre otras, en las sentencias Nº 225, de fecha 23 de junio de 2004 y Nº 345 del 28 de septiembre de 2004, ponente Magistrada Blanca Rosa Marmol de León. Así mismo, esta sala considera impretermitible advertir que para la práctica de inspecciones realizadas por funcionarios policiales es necesaria la presencia de testigos en el lugar, para disipar o suprimir la duda que implican ciertos hechos, en los que cabe pensar que, a cualquier Ciudadano se le atribuya el ocultamiento de objetos o cosas, que no portaba realmente. Es por ello indispensable que los testigos declaren sobre lo percibido, y su testimonio aportará convicción de certeza, para mantener o desvirtuar la condición de inocencia del procesado… Por ello, el Juez debe observar, en el momento de tomar decisiones que afecten la libertad de la persona, los derechos fundamentales del procesado, como lo es el principio legal “In dubio Pro Reo”, el cual se concreta cuando le faltan pruebas para condenar, y en el presente caso se evidencia que en el juicio no existieron pruebas suficientes que demostraran la responsabilidad penal del imputado de autos, ya que fundamentó su decisión sólo en la declaración de los funcionarios aprehensores, concatenada con la del funcionario que practicó la experticia a la supuesta arma incautada...”

En tal sentido, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, este Tribunal entiende que para que una prueba pueda ser considerada contundente en un juicio, debe estar acompañada de otros elementos, como lo son los testigos y hasta cualquier otro indicio, ya que los policías son órganos de seguridad del Estado y son parte interesada, considerando que el dicho de esos funcionarios policiales, debe estar reforzado con otros elementos informativos, para adminicular sus testimonios y así, acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos objeto de un proceso penal, es decir, se hace necesario un elemento objetivo distinto al dicho de los funcionarios policiales, para así obtener plena prueba.
En consecuencia, considera esta Juzgadora que en el presente caso, lo procedente y ajustado a derecho, es proceder a ejercerse el Control Judicial, conforme a lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala lo siguiente:
“A los jueces o juezas de esta fase le corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República, y en este Código; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones”

Al respecto, considera este Tribunal, que en el presente proceso, se ha evidenciado una flagrante violación al Debido Proceso, toda vez que los funcionarios actuantes, habrían actuado de forma arbitraria, desconociendo las Normas, Leyes y Convenios, bien suscritos en o por la República Bolivariana de Venezuela, considerando este Tribunal que lo procedente y ajustado a derecho, es proceder a decretarse la Nulidad de la totalidad de las presentes actuaciones, que habrían dado origen al presente proceso, conforme a lo establecido en el artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal, por incumplimiento de los postulados establecidos en los artículos 44, numeral 1º, 47 y 49, numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inherentes a la Libertad Personal, la Inviolabilidad del Hogar Doméstico y el Debido Proceso.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo aquí decidido, se ordenó oficiar al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a los fines de solicitarles actualizar los datos generados por este hecho en contra de los Ciudadanos Kenneth Sanders Fermín Salazar, Sergio Luís Fermín Salazar, Kevin Harold Fermín Salazar, Henry José Rodríguez Suárez, Pascual Antonio López Hernández y Tomás Antonio Fermín, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y Así Se Declara.

DISPOSITIVA

VISTOS Y ANALIZADOS LOS ANTERIORES PARTICULARES, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD DE LA LEY, EMITE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: PRIMERO: Se decretó la Nulidad Absoluta de las actuaciones y del Procedimiento de Detención de los Ciudadanos Kenneth Sanders Fermín Salazar, Sergio Luís Fermín Salazar, Kevin Harold Fermín Salazar, Henry José Rodríguez Suárez, Pascual Antonio López Hernández y Tomás Antonio Fermín, conforme a lo establecido en el artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal, por incumplimiento de los postulados establecidos en los artículos 44, numeral 1º, 47 y 49, numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inherentes a la Libertad Personal, la Inviolabilidad del Hogar Doméstico y el Debido Proceso, acordándose en consecuencia, la Libertad Plena de los mencionados Ciudadanos. SEGUNDO: Se ordenó oficiar al Cuerpo De Investigaciones Científicas Penales Y Criminalísticas, a los fines de solicitarles actualizar los datos generados por este hecho, en contra de los Ciudadanos Kenneth Sanders Fermín Salazar, Sergio Luís Fermín Salazar, Kevin Harold Fermín Salazar, Henry José Rodríguez Suárez, Pascual Antonio López Hernández y Tomás Antonio Fermín, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y Así Se Decide.
La Jueza Municipal De Control Nº 03

Abg. María Teresa García Murguey

La Secretaria

Abg. Yohana Rivero Ponce