REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE: TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 206° y 158° Solicitud No. 613 Vista la diligencia de fecha dieciséis (16) de Marzo de 2.016, suscrita por el abogado en ejercicio CARLOS ARAUJO MÉNDEZ. Inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 103.029, apoderado judicial de la Sociedad Mercantil VORTEX, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el siete (07) de mayo de 2.004, quedando anotado bajo el No. 12, Tomo 29-A, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; donde da cumplimiento al auto proferido por este despacho en fecha quince (15) de Marzo de 2.017; ahora bien, este Tribunal antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente solicitud considera necesario hacer las siguientes observaciones: Ocurrió el abogado FERNANDO LOBOS AVELLO, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 60.603, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil VORTEX, C.A., antes identificada, alegando que su representada es arrendataria de un inmueble constituido por dos locales comerciales signados con los Nos. 10 y 11, ubicados en el primer piso del Centro Comercial La Colina, situado en la calle 84, entre Avenidas 2A Y 2B, en jurisdicción de la Parroquia Santa Lucía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. De igual forma alegó, que respecto al pago de los cánones de arrendamiento EL ARRENDADOR del inmueble desde el mes de Marzo del año 2.017, se negó a recibir el pago, siendo que el último monto de canon de arrendamiento se estableció en la cantidad de CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCUENTA Y OCHO SÉNTIMOS (Bs. 107.257,58). Al respecto hace del conocimiento del Tribunal que se ha retrasado en el pago del canon correspondiente al mes de Marzo del año 2.017, situación por la que acude a esta instancia jurisdiccional para exigir que EL ARRENDADOR reciba el pago que corresponde, en consecuencia solicitó al Tribunal le sea notificado a la ciudadana ELENA SABATINI DE BORIN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-4.764.274, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Para el estudio del caso de autos, es importante traer a colación el artículo 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regularización del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que establece: “El pago del canon de arrendamiento se efectuará en una cuenta bancaria cuyo único titular sea el arrendador, la cual no podrá ser clausurada durante la relación arrendaticia. Los datos correspondientes a la cuenta bancaria deberán ser establecidos en el contrato de arrendamiento. En caso de cambio o modificación de la cuenta bancaria el arrendador deberá, con quince (15) días antes de la fecha de pago, participar al arrendatario los datos de la nueva cuenta bancaria o de las modificaciones que se hubieren efectuado. Si el arrendatario no pudiese efectuar el pago por causas imputables al arrendador, a la entidad bancaria, o por fuerza mayor, podrá consignar los montos correspondientes en la cuenta qua a tal efecto pondrá a disposición de los arrendatarios el organismo competente en materia de arrendamientos de inmuebles destinados al uso comercial. Estos montos sólo podrán ser retirados a solicitud expresa del arrendador.” Dicha norma, entró en vigencia a partir del veintitrés (23) de mayo de 2014, cuando fue publicado dicho decreto en Gaceta Oficial No. 411.827, la cual estableció en sus disposiciones derogatorias: “Primera: Se desaplican, para la categoría de inmuebles cuyo arrendamiento regula el presente Decreto Ley, todas las disposiciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley No. 427 de Arrendamiento Inmobiliario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999.” Así las cosas, con la entrada en vigencia del indicado decreto, quedo desaplicado las normas de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios para los casos regulados por el Decreto Ley publicado en fecha veintitrés (23) de mayo de 2014; pero para el caso concreto hasta ahora no ha sido creado el ente destinado para tal fin, este Tribunal como garante de la administración de justicia, y ante la incertidumbre de los arrendatarios inmersos en la situación que el arrendador se niegue aceptar los canon de la relación arrendaticia, considera procedente abocarse a la protección de los derechos subjetivos e intereses jurídicos generados, en aras de velar con el cumplimiento del principio a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana establece: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” Asimismo el artículo 49 señala: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley…” Ahora bien, esta operadora de justicia, en consideración que la administración de justicia no ha puesto a disposición de los ciudadanos los organismos y mecanismos necesarios para su debida tutela, por lo que en base a los artículos 26 y 49 de la carta magna habilitan a este Juzgado para proteger jurídicamente a los arrendatarios que se encuentren en la necesidad de consignar los cánones de arrendamiento. Así se aprecia. De acuerdo con las normas jurídicas anteriormente citadas, y atención a la vigencia de las normas establecidas en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que regula actualmente el régimen jurídico arrendaticio de los inmuebles no destinados a uso habitacional o comercial, este Tribunal en aras de garantizar el principio de tutela judicial efectiva, aplica al caso de autos por analogía el procedimiento de consignación arrendaticia contenido en el artículo 51 y siguientes de la indicada norma, hasta tanto el órgano administrativo respectivo consolide el procedimiento correspondiente. Así se estable. En virtud de los argumentos antes expuesto, este Tribunal admite la presente solicitud cuanto ha lugar en Derecho, en consecuencia insta al consignante a depositar únicamente mediante cheque de gerencia o en efectivo las cantidades de dinero respectivas, a la orden de este Tribunal en la cuenta bancaria cuyos datos serán suministrados en la secretaría de este despacho. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. Déjese por Secretaría copia certificada de este fallo conforme al artículo 248 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, a los fines del artículo 1.364 del Código Civil, y el artículo 9, ordinales º3 y º9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Tribunal Décimo Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en Maracaibo a los diecisiete (17) días del mes de Marzo de 2.017. Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación. LA JUEZA PROVISORIA, Abg. MARIELA PÉREZ DE APOLLINI. LA SECRETARIA, Abg. IRIANA URRIBARRI. En la misma fecha, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.) se dictó y publicó el fallo que antecede signado con el Nº (44).- LA SECRETARIA , Abog. IRIANA URRIBARRI.