Solicitud N° 2506-16 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA I INTRODUCCIÓN En virtud que el Profesional del Derecho, Gabriel Fernando Virla Villalobos, quien suscribe la presente decisión, fue designado con todo el cumplimiento de las formalidades de Ley para el cargo de Juez Provisorio de este Tribunal, quedando encargado del mismo desde el día tres (3) de febrero del corriente año, con el objeto de procurar la permanencia a derecho de las partes procesales, el suscrito Juez se Aboca al conocimiento de la presente solicitud, Recibida ante este Juzgado con ocasión a la solicitud de Divorcio por mutuo consentimiento incoada por los ciudadanos YOLEIDY DEL CARMEN ESPITIA ZULETA y DANIEL ANDRÉS MUÑOZ LERVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 19.392.181 y 18.130.462 respectivamente, domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistido por el abogado en ejercicio CARLOS ALFONSO DEVIS FERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 168.784 y de igual domicilio, con fundamento en el artículo 185 del Código Civil amparados bajo el criterio vinculante emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 693 de fecha 2 de junio de 2015. II ANTECEDENTES En fecha dieciséis (16) de mayo de 2016, es admitida la presente solicitud cuanto ha lugar en derecho, ordenándose la citación del Fiscal del Ministerio Público del Estado Zulia. Seguidamente, y mediante actuación de igual fecha, el Alguacil Titular de este Tribunal dejó constancia de haber practicado la citación de la representación fiscal. Luego en fecha treinta (30) de junio de 2016, estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la Fiscal Auxiliar Interina de la Fiscalía Trigésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, presentó diligencia solicitándole al Tribunal, requiriera de los solicitantes indicación alguna de haber procreado hijos o no durante el vinculo matrimonial, ello a los efectos de determinar la competencia material de éste Órgano Jurisdiccional. En fecha trece (13) de febrero de 2017 comparecieron los solicitantes y mediante diligencia indicaron la información requerida por la representación Fiscal. En fecha trece (13) de febrero de 2017, el Juez se abocó al conocimiento de la presente causa, y ordenó notificar a la Fiscal Trigésima Novena del Ministerio Público del Estado Zulia, siendo notificada la misma el día diecisiete (17) de febrero de 2017, tal y como consta de la boleta de notificación firmada, que fuera agregada a las actas por el Alguacil del Tribunal. De seguidas en esa misma oportunidad, compareció la referida representación Fiscal y en virtud de haber cumplido los solicitantes con su requerimiento, presentó su opinión manifestando encontrarse de acuerdo con la presente solicitud. Siendo la oportunidad legal correspondiente para resolver lo conducente, este Juzgador procede a realizar las siguientes consideraciones: III MOTIVACIONES PARA DECIDIR Establecido el punto anterior, este Juzgador trae a colación el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 693, Exp. N° 12-1163 de fecha dos (2) de junio de 2015, que al respecto dispuso lo siguiente: “(…) Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento…” (Negrillas de la Sala). En efecto, reitera la Sala en su fallo que resulta indudable que cualquiera de los cónyuges, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente para contraer el vínculo matrimonial, pueden con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas encontrarse interesados en poner fin a su matrimonio por sobrevenidamente existir situaciones que impidan la continuación de la vida en común. Ese interés, relata la Sala, debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtenerse una sentencia que satisfaga su necesidad de requerir tutela del Estado, y en consecuencia, ponga fin al vínculo conyugal. Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, encontrándose en muchas situaciones ambos cónyuges frente a un vacío que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida frente a una regulación preconstitucional escasa e incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales. En tal sentido, concluye el criterio vinculante antes transcrito la posibilidad que tienen los cónyuges de requerir el divorcio por cualesquiera otra situación que estimen impida la continuación de la vida en común fuera de las establecidas en la normativa sustantiva vigente, encontrándose entre ellas, el mutuo consentimiento sin necesidad que los solicitantes se encuentren separados de hecho por más de cinco (5) años conforme a lo preceptuado en el artículo 185-A del Código Civil Vigente, o separados de cuerpos judicialmente sin reconciliación por más de un (1) año tal y como lo preceptuare el primer aparte del artículo 185 ejusdem, cuyas situaciones fácticas, constituían las únicas modalidades de divorcio por mutuo consentimiento existentes antes de la publicación del fallo constitucional antes citado. Aclarado lo anterior, de un análisis del contenido de las actas que integran el presente expediente, prevé este Juzgador que los solicitantes contrajeron Matrimonio Civil en fecha cuatro (4) de marzo de 2011, ante la Registradora y Secretaria respectivamente del Registro Civil del Municipio Tomás Lander del Estado Miranda, tal y como se desprende del acta de matrimonio signada con el N° once (11) de los libros llevados por el Registro Civil antes nombrado para el año 2011, consignada junto a la solicitud mediante copia certificada en atención a lo dispuesto en el primer aparte del artículo 185-A del Código Civil cuya aplicación por analogía realiza éste Órgano Jurisdiccional, y al cual este Sentenciador le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia con el contenido del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de una copia certificada de un instrumento público. Asimismo, verifica este Juzgador que ambos solicitantes una vez contraído el vinculo matrimonial establecieron como su último domicilio conyugal, un inmueble ubicado en el Conjunto Residencial “Las Islas” en Jurisdicción de la Parroquia Idelfonso Vásquez del Municipio Maracaibo Estado Zulia, habitándolo hasta el mes de septiembre del año 2016, momento en el cual, fue interrumpida la vida en común por mutuo consentimiento. Así las cosas, ambos cónyuges declararon no haber procreado hijos durante la vigencia del vínculo, ni tampoco haber adquirido bienes que repartir, por lo que este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, ejerciendo su competencia material y de forma exclusiva en todos aquellos asuntos de Jurisdicción voluntaria dentro de los Municipios antes nombrados, resulta plenamente competente en función del criterio vinculante antes transcrito, para pronunciarse sobre la procedencia en derecho de la solicitud incoada y así lo hará en la parte dispositiva del presente fallo. Así se declara.- En ese sentido, y a pesar que el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la protección que el Estado debe brindar al matrimonio entre el hombre y la mujer, no es menos cierto que la realidad de la vida conyugal puede conllevar a una situación que se haga insostenible para los cónyuges, por lo que esta protección encuentra su límite en la necesidad de disolver la unión matrimonial únicamente en los casos expresamente permitidos por la Ley o la Jurisprudencia constitucionalmente vinculante, como ocurre con esta especial modalidad de divorcio. No obstante lo anterior, observa además este Juzgador que una vez citada nuevamente la representación fiscal, éste acudió al proceso presentando su opinión favorable sobre la solicitud de divorcio incoada, por lo que al ser este Tribunal competente para declarar la disolución del vinculo legal de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución número 2009-0006, de fecha dieciocho (18) de marzo de 2009, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, concluye quien suscribe el presente fallo que se cumplieron los supuestos establecidos en la ley, para considerar procedente en derecho la disolución del vínculo matrimonial, y así se hará constar en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide.- IV DECISIÓN Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, declara PROCEDENTE EN DERECHO, la presente solicitud de Divorcio por mutuo consentimiento, realizada por los ciudadanos YOLEIDY DEL CARMEN ESPITIA ZULETA y DANIEL ANDRÉS MUÑÓZ LERVA, antes identificados en la parte narrativa del presente fallo, en consecuencia: ÚNICO: Se declara disuelto el vinculo matrimonial contraído por los ciudadanos YOLEIDY DEL CARMEN ESPITIA ZULETA y DANIEL ANDRES MUÑÓZ LERVA, en fecha cuatro (4) de marzo de 2011, ante la Registradora y Secretaria respectivamente del Registro Civil del Municipio Tomás Lander del Estado Miranda, tal y como se desprende del acta de matrimonio signada con el N° once (11) de los libros llevados por el Registro Civil antes nombrado para el año 2011. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo. Déjese copia por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a lo nueve (9) días del mes de marzo de 2017. Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. El Juez Abg. Gabriel Fernando Virla Villalobos La Secretaria Abg. Charyl Prieto Bohórquez En la misma fecha, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se publicó la anterior sentencia definitiva. La Secretaria Abg. Charyl Prieto Bohórquez GVV/cag.