TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Extensión Cabimas
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación

Cabimas, 31 de Marzo de 2017
206º y 158º
ASUNTO: VP21-J-2017-000138
SENTENCIA DEFINITIVA No: PJ0122017000429
MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO
SOLICITANTES: VERMIS ANTONIO QUERALES BONILLAS y RUBDALIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTEGA, venezolanos, mayores de edad y portadores de las Cédulas de Identidad N°. V-18.978.397 y V-17.332.281, domiciliados el primero en el municipio Cabimas del estado Zulia y la segunda en el municipio Lagunillas del estado Zulia.
APODERADOS JUDICIALES: MISLENY PAZ y JAIRO FRANCO, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 124.785 y 105.525, respectivamente.
HIJOS: Se omite de conformidad con el articulo 65 de la LOPNNA

PARTE NARRATIVA
Ocurrieron por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas, en fecha 08/02/207, los ciudadanos: VERMIS ANTONIO QUERALES BONILLAS y RUBDALIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTEGA, venezolanos, mayores de edad y portadores de las cédulas de identidad N° V-18.978.397 y V-17.332.281, respectivamente, domiciliados domiciliados el primero en el municipio Cabimas del estado Zulia y la segunda en el municipio Lagunillas del estado Zulia, representados por los abogados en ejercicios MISLENY PAZ y JAIRO FRANCO, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 124.785 y 105.525, respectivamente, según consta en poder especial conferido por el ciudadano VERMIS ANTONIO QUERALES BONILLAS, por ante la Notaría Publica Primera de Ciudad Ojeda, en fecha 30/12/2016, quedando anotado bajo el N° 23, tomo 18 de los libros llevados por esa Notaria, y la Abogada en Ejercicio CHIARA CAROLINA CAMPISI MARIN, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 212.005, según consta en poder especial conferido por la ciudadana RUBDALIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTEGA, por ante la Notaría Publica Segunda de Cabimas, en fecha 01/11/2016, quedando anotado bajo el N° 20, tomo 444 folios 173 hasta 179 de los libros llevados por esa Notaria, quienes solicitaron se declare disuelto el matrimonio civil que los vincula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del Código Civil, acogiendo al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. 693-15 de fecha 02 de junio del año 2015, alegando que han vivido separados de hecho desde hace Un (01) año aproximadamente, por ser imposible la vida en común, debido a las diferencias existentes entre ambos.
Narran los solicitantes que contrajeron Matrimonio Civil por ante el Alcalde del municipio Simón Bolívar del estado Zulia, en fecha veintidós (22) de enero del año dos mil ocho (2008), según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio No. 11, expedida por la misma; que fijaron su último domicilio conyugal en el barrio Libertad, casa N° 112, calle Unión, parroquia Libertad, municipio Lagunillas del estado Zulia, donde habitaron hasta que la vida conyugal fue interrumpida desde hace Un (01) año aproximadamente, situación que persiste hasta la presente fecha, que de esa relación procrearon (01) hija que lleva por nombre Se omite de conformidad con el articulo 65 de la LOPNNA.
Recibida la anterior solicitud del órgano distribuidor, esta Jueza Segunda de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Cabimas, le da entrada en fecha 14/02/2017, admitiéndola cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ordenándose la notificación del Representante del Ministerio Público del estado Zulia, haciendo del conocimiento de los solicitantes que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, después de existir constancia en actas de la certificación por parte de la Secretaria de la Notificación ordenada, se procederá a fijar la Audiencia Única prevista en el Artículo 512 de la LOPNNA.
En fecha 24/02/2017, se agregó a las actas la Boleta de Notificación de la Fiscal 36° del Ministerio Público del estado Zulia, debidamente firmada.
En fecha 03/03/2017, la suscrita Coordinadora de Secretaría de este Circuito Judicial, certificó la Notificación de la Fiscal 36° del Ministerio Público del estado Zulia, procediendo a su respectiva verificación y agregándola a las actas del presente asunto.
En fecha 10/03/2017, se fijó para el día 24/03/2017, la oportunidad de la celebración de la Audiencia Única prevista en el Articulo 512 de la LOPNNA.
Llegada la oportunidad correspondiente el día 24/03/2017, fue celebrada la Audiencia Única prevista en el artículo 512 de la LOPNNA, dejándose constancia de la comparecencia de los apoderados judiciales de las partes intervinientes en el presente asunto, quienes manifestaron que en fecha en fecha veintidós (22) de enero del año dos mil ocho (2008), contrajeron matrimonio civil por ante el Alcalde del municipio Simón Bolívar del estado Zulia; asimismo manifiestan que establecieron su último domicilio conyugal en el barrio Libertad, casa N° 112, calle Unión, parroquia Libertad, municipio Lagunillas del estado Zulia, donde habitaron hasta que la vida conyugal fue interrumpida desde hace Un (01) año aproximadamente, situación que persiste hasta la presente fecha; que durante la unión matrimonial procrearon (01) hija plenamente identificado en actas, acordándose lo relacionado a las instituciones familiares a favor del mismo. Asimismo, se dejó constancia de la comparecencia del Representante del Ministerio Público del estado Zulia, quien no formuló objeción con respecto a que este Tribunal provea sobre lo solicitado.
PARTE MOTIVA
Analizadas las declaraciones de los cónyuges y las documentales consignadas, es decir, el acta de matrimonio, la partida de nacimiento de la hija procreada de dicha unión, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los solicitantes, observa ésta Juzgadora que ambos cónyuges admiten estar separados de hecho desde hace Un (01) año aproximadamente, asimismo solicitan se declare disuelto el matrimonio civil que los vincula, acogiendo al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. 693-15 de fecha 02 de junio del año 2015, en la cual se interpretó el artículo 185 del Código Civil, alegando para ello que han vivido separados de hecho desde el día veintitrés (23) de junio del año dos mil doce (2012), por ser imposible la vida en común, debido a las diferencias existentes entre ambos; en tal sentido, observa este Tribunal que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. 693-15 de fecha 02 de junio del año 2015, deja sentado que:
“…vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento… (Subrayado de la Juzgadora).
…Ello así, en atención a lo dispuesto en el artículo 177 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cónyuges cuyos hijos sean menores de edad que de mutuo acuerdo deseen divorciarse, acudirán ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en función de sustanciación y mediación del lugar donde hayan establecido su último domicilio conyugal y, previo acuerdo igualmente, expreso e inequívoco, de las instituciones familiares que les son inherentes, para solicitar y obtener, en jurisdicción voluntaria, una sentencia de divorcio.

Por otra parte, visto que los solicitantes indicaron que la progenitora detentará la custodia de la niña de autos y ambos la patria potestad y la responsabilidad de crianza. En este sentido, esta Juzgadora considera preciso señalar los artículos 358 y 359 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en cuanto al ejercicio de responsabilidad de crianza los cuales establecen:
“La Responsabilidad de Crianza comprende el deber y derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral…” (Subrayado de este Tribunal)
“El padre y la madre que ejerzan la Patria Potestad tienen el deber compartido, igual e irrenunciable de ejercer la Responsabilidad de Crianza de sus hijos o hijas, y son responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. En caso de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio o de residencias separadas, todos los contenidos de la responsabilidad de Crianza seguirá siendo ejercida conjuntamente por el padre y la madre.
Para el ejercicio de la custodia se requiere el contacto directo con los hijos e hijas y, por tanto deben convivir con quien la ejerza…” (Subrayado nuestro)

Asimismo, por cuanto los solicitantes han manifestado de mutuo consentimiento su deseo de disolver de mutuo acuerdo el vínculo jurídico que los une dese el veintidós (22) de enero del año dos mil ocho (2008), estando separados de hecho desde hace Un (01) año aproximadamente, y que hasta la presente fecha no ha podido ser reanudada como marido y mujer, situación esta que ha conllevado a que ambos ciudadanos soliciten conforme a su derecho a libre desarrollo de la personalidad, y a la tutela judicial efectiva, la disolución de su matrimonio civil y dejando claro previo acuerdo inequívoco de lo relativo a las instituciones familiares que le son inherentes, es decir, custodia y demás contenidos de la responsabilidad de crianza, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar, y quienes solicitaron en la audiencia única que sean homologados en beneficio del interés de los hijos de ambos.
En cuanto al régimen de convivencia familiar, el padre podrá visitar a su hija de lunes a viernes en su hogar de 5:00 p.m., a 8:00 p.m., siempre y cuando no perturbe las horas de sueño y estudios, y la madre tiene la obligación de facilitar y permitir esas visitas, así como también podrá visitarla los sábados y domingos, sacarlo del hogar de nueve de la mañana (09:00 a.m.) a cinco de la tarde (05:00 p.m.); en vacaciones escolares, los primeros quince (15) días de este periodo le corresponden al padre y los días restantes a la madre; en época navideña, se cumplirá de forma alternada, en un año el 24 de diciembre compartirá con el padre y el 31 de diciembre compartirá con la madre, y viceversa en los años siguientes, comenzando con el régimen a partir de este año.
Advierte esta sentenciadora que el artículo 386 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, textualmente expresa lo siguiente. “La convivencia familiar puede comprender no sólo el acceso a la residencia del niño, niña o adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto al de su residencia, si se autorizare especialmente para ello al interesado o interesada en la convivencia familiar. Asimismo, pueden comprender cualquier otra forma de contacto entre el niño, niña o adolescente y la persona a quien se le acuerda la convivencia familiar: comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas”.
En cuanto a la obligación de manutención de su hija, el padre se compromete a suministrarle la cantidad mensual de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs.30.000,00), los cuales serán depositados por él a la cuenta N° 0134 0430 57 4301096496 del banco Banesco, suma esta que será aumentada de acuerdo a los requerimientos que tenga la hija; en cuanto se refiere al concepto de Educación, (Uniformes, útiles y transporte escolar, serán sufragados por ambos progenitores; en cuanto se refiere a salud, de mutuo acuerdo, ambos progenitores convienen que los gastos por conceptos de medicinas, gastos médicos, hospitalización y cirugía, serán sufragados en un cincuenta por ciento (50%) por los progenitores; en cuanto se refiere al concepto de recreación, de mutuo acuerdo, ambos progenitores se comprometen a sufragar cada uno de ellos, el cien por ciento (100%) de los gastos de esas actividades ameriten al momento de compartir cada uno con su hija; en cuanto a los gastos ocasionados por concepto de navidad y año nuevo, ambos progenitores acuerdan que el ciudadano VERMIS ANTONIO QUERALES BONILLAS y la ciudadana RUBDALIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTEGA, cubrirán cada uno el cincuenta por ciento (50%) en todo lo concerniente a esta época del año, esto incluye: vestimenta y calzado, acordes a la edad de la niña, e igualmente a proporcionar cada uno un regalo de navidad correspondiente.
En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 8 que consagra en Principio del Interés Superior del Niño y 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto se evidencia, que tanto la custodia como contenido de la responsabilidad de crianza, la patria potestad, el Régimen de Convivencia Familiar, así como la Obligación de Manutención fijada por las partes de mutuo acuerdo, es acorde a cada una de las necesidades y de los derechos de los niños de autos, entre ellos el derecho a un nivel de vida adecuado, el cual comprende entre otras cosas; alimentación, vestido y vivienda, derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con los padres, derecho a la salud, derecho a la integridad física, mental y espiritual, en consecuencia este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución, homologa los acuerdos relativos a las instituciones familiares presentados por las partes.
Igualmente consta del acta de Audiencia Única celebrada, que el Representante del Ministerio Público no formuló oposición alguna, con respecto a que este Tribunal provea sobre lo solicitado.
Ahora bien, examinadas las actas procesales se observa que los cónyuges VERMIS ANTONIO QUERALES BONILLAS y RUBDALIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTEGA, otorgaron poder apud acta a los abogados en ejercicios MISLENY PAZ y JAIRO FRANCO, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 124.785 y 105.525, respectivamente, para que en sus nombres y representación, “sostengan, representen y defiendan sus derechos en la solicitud de Divorcio conforme a la sentencia N° 693, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2.015, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Marchan, quienes contrajeron matrimonio civil en fecha veintidós (22) de enero del año dos mil ocho (2008), por ante el Alcalde del municipio Simón Bolívar del estado Zulia, manifestación inequívoca de divorciarse por la causal referida en virtud que su vida conyugal fue interrumpida desde hace Un (01) año aproximadamente, sin que hasta la presente fecha exista reconciliación alguna.
Por lo que, se desprende del articulo 85 del Código Civil, que existe la posibilidad de que el matrimonio civil pueda celebrarse por medio de apoderado judicial, constituido este en poder especial debidamente otorgado ante un Registro Público, o por ante el funcionario competente si se confiere en el extranjero, entendiéndose con tal figura jurídica surgen derechos y obligaciones personales y patrimoniales para ambos cónyuges, infiere esta Juez que mal podría prohibirse la disolución del vinculo matrimonial fundamentado conforme a la sentencia N° 693, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2.015, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Marchan, cuando los solicitantes actúan por intermedio de un apoderado judicial a través de poder especial para tal finalidad, ya que la intención del legislador al permitir que la celebración del matrimonio pudiera darse por medio de apoderado especial, hecho generador de derechos y obligaciones comunes que derivan del matrimonio con efectos jurídicos de trascendencia, es solo permitir que la disolución del vinculo jurídico que los une como marido y mujer pueda hacerse de igual manera mediante poder especial otorgado conforme a lo señalado por nuestra legislación.
Por tal motivo, se observa que los apoderados solicitantes han manifestado de manera inequívoca su interés de disolver su matrimonio civil y se acogen al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia 693-15 de fecha 02 de junio del año dos mil quince (2015), y han quedado garantizadas las instituciones familiares a favor de la niña de autos, conforme a lo previsto en artículo 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es por lo que este Tribunal estima pertinente declarar procedente la solicitud de Divorcio solicitada por los ciudadanos VERMIS ANTONIO QUERALES BONILLAS y RUBDALIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTEGA, con fundamento al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia 693-15 de fecha 02 de junio del año dos mil quince (2015). ASI SE DECIDE.

PARTE DISPOSITIVA
Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
a) CON LUGAR la solicitud de Divorcio, con fundamento al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia 693-15 de fecha 02 de junio del año dos mil quince (2015), formulada por los ciudadanos: VERMIS ANTONIO QUERALES BONILLAS y RUBDALIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTEGA, venezolanos, mayores de edad y portadores de las Cédulas de Identidad N° V-18.978.397 y V-17.332.281 respectivamente, domiciliados el primero en el municipio Cabimas del estado Zulia y la segunda en el municipio Lagunillas del estado Zulia, representados por los abogados en ejercicios MISLENY PAZ y JAIRO FRANCO, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 124.785 y 105.525, respectivamente.
b) DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL que contrajeron los ciudadanos antes mencionados, por ante el Alcalde del municipio Simón Bolívar del estado Zulia, en fecha veintidós (22) de enero del año dos mil ocho (2008), según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio No. 11, expedida por la Autoridad respectiva.
c) En relación a la Custodia, así como también en lo relativo a la Obligación de Manutención y al Régimen de Convivencia Familiar, se acoge a lo acordado por las partes en su solicitud, cuyo contenido queda íntegramente reproducido.
d) HOMOLOGA los acuerdos relativos a las Instituciones Familiares enunciados, dándole el carácter de cosa juzgada por no ser contrario a los intereses del (los/las) niños(as) de autos, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 351 parágrafo primero de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con lo previsto en los artículos 359, 365 y 386 ejusdem.
No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del proceso.

Se ordena oficiar al Registrador Civil del Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, bajo el N°. 0388-17, respectivamente, a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia con el artículo 101 del Reglamento No. 01 de la Ley Orgánica del Registro Civil.
Publíquese, regístrese, ejecútese, expídanse copias certificadas de la presente resolución, déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil, y los numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Expídase copias certificadas a cada parte y devuélvase los documentos originales, previa certificación de los mismos en actas. Se ordena el archivo del presente asunto. ARCHÍVESE.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Jueza Segunda de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Cabimas, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017 ). Años 206º de la Independencia y 158º de la Federación.

Abg. Omaira Jiménez Arias
Jueza Segunda de Primera Instancia de
Mediación, Sustanciación y Ejecución

Abg. Keirong Jesús Leal López
Secretaria

En la misma fecha, se dictó, publicó la anterior sentencia definitiva bajo el Nº PJ0122017000429, y se cumplió con lo ordenado.

Abg. Keirong Jesús Leal López
Secretaria