TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

EXPEDIENTE: 13.075
PARTE DEMANDANTE: MILDRED CHIQUINQUIRÁ ACEVEDO GARCÍA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No 12.590.488, y domiciliada en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia.
APODERADO JUDICIAL: MARIX SOL AÑEZ DE PAEZ, y ENNA ROSA GONZALEZ inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 10.482 y 10.329.
PARTE DEMANDADA: MAUREEN ELIZABETH SANCHEZ COLMENARES y ANTONIO ALBERTO SANCHEZ COLMENARES, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad Nos 9.784.009, y 7.890.693, respectivamente domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
APODERADAS JUDICIALES: MARIO ALBERTO QUIJADA RINCÓN, LUISINETH FUENMAYOR ROMERO y GASTÓN LUIS HERRERA CADENA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 98.052, 145.053 y 149.732, respectivamente.
JUICIO: Simulación
MOTIVO: Desistimiento.
SENTENCIA: Interlocutoria con fuerza de definitiva.
FECHA DE ENTRADA: 04 de noviembre de 2016.

Vista la diligencia de fecha 22 de junio de 2017, presentada por la ciudadana MILDRED CHIQUINQUIRÁ ACEVEDO GARCÍA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.590.488, domiciliada en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, asistida judicialmente por la abogada en ejercicio MARIX SOL AÑEZ DE PÁEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 10.482, por medio de la cual, la demandante de autos, DESISTE DE LA ACCIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE SIMULACIÓN, por su parte interpuesto, contra los ciudadanos MAUREEN ELIZABETH SÁNCHEZ COLMENARES y ANTONIO ALBERTO SÁNCHEZ COLMENARES, todos antes identificados; este Juzgado de Alzada pasa a pronunciarse en virtud de las siguientes consideraciones:

DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El desistimiento consiste en la renuncia a los actos del juicio, es decir, es el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento a diferencia del convenimiento que es el acto de concertar en todo las pretensiones planteadas en la demanda, advirtiendo que para la validez de tales manifestaciones volitivas, es requisito sine qua non, que las mismas no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres, figura expresamente regulada en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo tanto, puede considerarse que el desistimiento y el convenimiento, constituyen en nuestro derecho, los dos modos unilaterales de auto composición procesal, pues, una de las partes que conforma el estadio procesal, cesa de la pretensión incoada, o se ajusta a lo pedido por el actor en el escrito liberal, dejando así la suerte del proceso a la elección de una de las partes, que decide abandonar lo pedido o consentir lo solicitado por el actor. De allí que dichos medios ponen fin al proceso y dejan resuelta la controversia con efectos de cosa juzgada.

Sobre tal aspecto, la doctrina jurisprudencial ha resumido su noción y condiciones de procedencia en la sentencia Nº 10, de fecha 27 de febrero de 2003, proferida por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, expediente 90-002, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, así:
(...Omissis...)
“El desistimiento, tal y como lo enseña la doctrina de nuestros procesalistas clásicos (Borjas y Marcano Rodríguez), es un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de la causa o, en fin, de algún recurso que hubiese interpuesto.
Como todo acto jurídico está sometido a ciertas condiciones, que si bien no todas aparecen especificadas en el Código de Procedimiento Civil, han sido establecidas por la jurisprudencia en razón de lo cual el desistimiento deberá manifestarse expresamente, a fin de que no quede duda alguna sobre la voluntad del interesado.
Se requiere además, para que el juez pueda darlo por consumado, el concurso de dos condiciones: a) que conste en el expediente en forma auténtica; y b) que tal acto sea hecho pura y simplemente, es decir, sin estar sujeto a términos o condiciones, ni modalidades ni reservas de ninguna especie. C)Para desistir se exige capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, y que se trate de materias en las que no están prohibidas las transacciones.
El Dr. Arístides Rangel (sic)- Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987; Teoría General del Proceso; Tomo II, dice:
“...Como el desistimiento del procedimiento, o renuncia a los actos del juicio, tiene por objeto el abandono de la situación procesal del actor, nacida de la existencia de la relación procesal y él puede ocurrir en cualquier estado y grado del juicio, se sigue que el desistimiento afectará a toda relación procesal o a una fase de ella, según que el juicio se encuentre en primer grado o en apelación al momento del desistimiento. El desistimiento del recurso (...) se refiere precisamente a esta última situación: al desistimiento o renuncia a los actos del juicio en apelación; figura que está implícitamente prevista en nuestra Ley Procesal, al regular uno de los efectos de este desistimiento (las costas); en el art. 282 C.P.C. Esta disposición establece: ‘Quien desista de la demanda, o de cualquier recurso que hubiera interpuesto, pagará las costas si no hubiera pacto en contrario ‘...”.

Si bien es cierto, que el desistimiento es “la renuncia de la facultad para llevar adelante una instancia promovida mediante recurso” (Vocabulario Jurídico de Eduardo E. Couture), y “el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio), no es menos cierto que en nuestro ordenamiento jurídico tal actuación requiere de mandato en el cual específicamente se contemple esa facultad”.
(...Omissis...) (Negrillas de este Tribunal Superior)

Pues bien, siguiendo la cita del Dr. Arístides Rengel-Romberg, en su “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo II, páginas 354 y 355, cabe acotarse que el efecto principal que promueve el desistimiento es el de poner fin al juicio y produce los mismos efectos de la cosa juzgada, sin embargo, dicho efecto, no es inmediato ya que resulta necesario el acto homologatorio del Juez sobre lo cual el mencionado autor señala:

(...Omissis...)
“La homologación funciona así, como un requisito de eficacia del desistimiento, el cual, hasta ese momento, sólo tenía una eficacia relativa entre las partes.
El auto homologatorio no constituye una sentencia sobre el mérito (sentencia de renuncia) como es exigida en otros sistemas, sino la aprobación o ratificación por el juez, del desistimiento del actor. No se extiende sino al examen de los presupuestos requeridos para la validez del desistimiento, tales como la legitimación, la capacidad procesal de la parte, o la representación de su apoderado y la facultad expresa que requiere éste para el desistimiento, o la naturaleza disponible de los derechos involucrados.
Tampoco puede extenderse el auto homologatorio a los móviles del desistimiento, ni al examen de si éstos son legítimos u obedecen a buena o mala fe de la parte, o son el resultado de connivencia fraudulenta con la contraparte en perjuicio de terceros, porque todas estas cuestiones sólo pueden dar lugar a las acciones pertinentes por parte de los sujetos afectados”.
(...Omissis...) (Negrillas de este Tribunal Superior)

A este tenor, sobre los presupuestos del desistimiento, como modo anormal de terminación del proceso civil, los artículos 263, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil son los encargados de regular la situación de la siguiente forma:

Artículo 263: “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aún antes de la homologación del Tribunal”.

Artículo 264: “Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones”.

Artículo 265: “El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento, pero si el desistimiento se efectuare después del acto de contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria”.

Dentro de este contexto, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil reza de la siguiente manera:
“El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa.”
(Negrillas de este Tribunal Superior)

Así, en interpretación del citado criterio del autor Rengel-Romberg, en consonancia con la normativa que rige la materia, para el operador de justicia, al momento de homologar el desistimiento efectuado en la causa, su tutela judicial sólo se encuentra ceñida al examen de los presupuestos requeridos para la validez del desistimiento, sin que pudiera entrar y extenderse al estudio de la intención legítima, pues, podría configurarse el supuesto en el cual las partes, a solas o en conjunto, desisten sin expresar su verdadera intención; respecto de lo cual, el ordenamiento jurídico y las normas procesales, disponen las acciones pertinentes que podrán ser incoadas por los sujetos afectados.

Por ende, inteligencia esta Juzgadora de Alzada que, el desistimiento viene a ser un derecho de parte, a renunciar de su acción sustancial y/o al procedimiento, derivado del ejercicio de la acción, o en fin de algún acto o recurso, por lo cual no existe duda de la procedibilidad facultativa de su ejercicio, que, sin embargo, sólo se vería limitada por elementos atinentes a la capacidad de disposición del objeto de la controversia que se desiste y siempre y cuando se trate de materias que no prohíban netamente tal facultad.

Ahora bien, con fundamento en las anteriores apreciaciones jurisprudenciales, legales y doctrinales, en el examen de los presupuestos requeridos para la validez del desistimiento de la apelación propuesta, en primer lugar, se tiene que verificar la existencia de la legitimación del ejercicio de dicho modo de terminación procesal, constatándose, de la revisión y análisis de las actas procesales, que en original fue remitida a esta Superioridad, que la misma parte demandante, ciudadana MILDRED CHIQUINQUIRÁ ACEVEDO GARCÍA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.590.488, asistida por la abogada en ejercicio MARIX SOL AÑEZ DE PÁEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 10.482, es quien se presentó personalmente a formular el analizado desistimiento, quién en efecto tiene la facultad para efectuar tal actuación, por afirmarse titular del derecho pretendido en el presente juicio, en su carácter de demandante, por lo que esta Sentenciadora no posee dudas sobre el hecho que el requisito de legitimidad de la presente actuación de autocomposición procesal se encuentra cubierto en el caso de autos. Y ASÍ SE ESTABLECE.

En segundo lugar, por vía jurisprudencial se ha requerido que el desistimiento conste en el expediente en forma auténtica y que sea hecho pura y simplemente, así, se destaca que el desistimiento sub examine, el cual versa sobre la acción y el procedimiento, exige determinadas consideraciones al respecto, a los fines de inteligenciar la actuación realizada por la representación judicial de la parte accionante, en efecto, es importante resaltar que el “desistimiento de la acción” tiene sobre la misma efectos preclusivos y deja extinguida las pretensiones de las partes con autoridad de cosa juzgada, de tal manera que el asunto no podrá plantearse en lo adelante nuevamente, asimismo, y en lo atinente al “desistimiento del procedimiento”, debe señalarse que a través de éste la parte actora hace uso de la facultad procesal de retirar la demanda sin que ello implique la renuncia de la acción ejercida. Dicho lo anterior, se evidencia que el desistimiento efectuado en el caso de marras se encuentra expresado en el expediente de forma escrita, por medio de la diligencia presentada y firmada ante la Secretaría de este Tribunal Superior en fecha 22 de junio de 2017, se puede observar que nos encontremos frente a un modo de terminación anormal del proceso que no está sujeto a términos o condiciones, modalidades, ni reservas, cuando la manifestación fue expuesta de la forma pura y simple; razones por las cuales se considera que los singularizados requisitos también se encuentran cubiertos. ASÍ SE ESTIMA.

En tercer y último lugar se exige que la controversia se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, siendo ajenas a la transacción las materias relativas al estado y capacidad de las personas, como el matrimonio, divorcio, separación de cuerpos, filiación, tutela, emancipación, interdicción, ciudadanía, y las de alimentos, las que conciernen al ausente, las que versan sobre donaciones o instituciones testamentarias prohibidas por la ley, las de jurisdicción y competencia, y otras semejantes.

Así pues, tratándose el presente de un juicio de SIMULACIÓN, incoado por la ciudadana MILDRED CHIQUINQUIRÁ ACEVEDO GARCÍA, contra los ciudadanos MAUREEN ELIZABETH SÁNCHEZ COLMENARES y ANTONIO ALBERTO SÁNCHEZ COLMENARES y observándose asimismo, que la sentencia definitiva, objeto de la apelación sub litis, declaró sin lugar la demanda, oyéndose en ambos efectos la apelación propuesta por la parte actora, aunado a los argumentos antes expuestos, allega a la conclusión esta Jurisdicente que la presente controversia no constituye materia en la que se encuentren prohibidas las terminaciones anormales del proceso. Y ASÍ SE ESTABLECE.

Ahora bien, es menester para esta Sentenciadora señalar que, de una revisión exhaustiva realizada a las actas que conforman el presente expediente se evidencia, que la parte demandante de autos, ciudadana MILDRED CHIQUINQUIRÁ ACEVEDO GARCÍA, asistida por la abogada en ejercicio MARIX SOL AÑEZ DE PÁEZ, consignó documento autenticado por ante la Notaria Publica Décima Primera de Maracaibo del estado Zulia, , en fecha 19 de junio de 2017, anotado bajo el No. 56, Tomo 46, del cual a su vez se desprende una transacción celebrada entre las partes y de la misma forma, acordaron desistir de la acción y del procedimiento sub iudice, sin embargo, de la diligencia suscrita por la parte demandante, se evidencia su ánimo de desistir de la acción y del presente procedimiento de manera pura y simple, razón por la cual, mal podría este Tribunal de Alzada proceder a pronunciarse sobre dicha transacción. En tal sentido, verificados como han sido los presupuestos procesales para la validez del desistimiento como modo de anormal de terminación del proceso, resulta pertinente declarar validamente homologado el desistimiento de la acción y del procedimiento planteado por la ciudadana MILDRED CHIQUINQUIRÁ ACEVEDO GARCÍA, en su carácter de parte demandante en la presente causa. ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVO

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en el juicio que por SIMULACIÓN sigue la ciudadana MILDRED CHIQUINQUIRÁ ACEVEDO GARCÍA, ut supra identificada, contra los ciudadanos MAUREEN ELIZABETH SÁNCHEZ COLMENARES y ANTONIO ALBERTO SÁNCHEZ COLMENARES, se declara: HOMOLOGADO el desistimiento de la acción y el procedimiento interpuesto por la ciudadana MILDRED CHIQUINQUIRA ACEVEDO GARCIA, asistido judicialmente por el abogada en ejercicio MARIX SOL AÑEZ DE PÁEZ, en fecha 22 de junio de 2017; en consecuencia se le otorga así el carácter de cosa juzgada, todo lo cual origina la extinción de la segunda instancia, a tenor de la norma consagrada en el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil, referida al conocimiento que era objeto de esta operadora de justicia, en virtud del recurso de apelación desistido, interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 30 de junio de 2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Se condena en costas a la parte demandante-recurrente, de acuerdo con el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, una vez transcurridos los lapsos en esta segunda instancia, en garantía de los principios constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna, la salvaguarda del debido proceso, del derecho a la defensa, de la tutela judicial efectiva y en obsequio de una sana, adecuada y recta administración de justicia, se ordenará la remisión del expediente al mencionado Juzgado de Primera Instancia.

PUBLÍQUESE. REGÍSTRESE.

A los fines previstos por el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase por Secretaría copia certificada y déjese en este Tribunal.

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil dieciséis (2017). Años: 207° de la Independencia 158° de la Federación.
LA JUEZ SUPERIOR,

DRA. GLORIMAR SOTO ROMERO.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL

ABOG. PRISCILLA BOLAÑO HORVÁTH.

En la misma fecha, siendo las dos y cuarenta de la tarde (02:40 p.m.), hora de despacho, se publicó el presente fallo, se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencias bajo el No. S2-086-17

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

ABOG. PRISCILLA BOLAÑO HORVÁTH.
GSR/pbh/ral