Visto el escrito que antecede, suscrito y presentado por el ciudadano EMERSON JESUS AMUNDARAY MEDINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.629.256, domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, parte demandante debidamente asistido por el abogado Adolfo Romero Angulo, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 34.131, en el presente juicio seguido contra la ciudadana PENNY FALS ORTEGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 9.788.237, domiciliada en el Municipio San Francisco del Estado Zulia. Este Tribunal le da el curso de ley correspondiente y ordena formar cuaderno por separado y numerarlo. Solicita de conformidad con el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, se decrete Medida de Embargo Preventivo sobre bienes muebles que sean propiedad de la demandada, hasta cubrir el doble de la suma que se estimo en el decreto intimatorio. Este Tribunal para resolver observa: Establece el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil: “Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.” Con respecto a las medidas cautelares en el procedimiento monitorio, el Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en la Obra Medidas Cautelares, ha señalado: a) En el procedimiento por intimación es necesario hacer una doble distinción: la medida que se decreta antes de la oportu¬nidad de oposición y la que se decreta luego de precluida ésta. En este último caso el embargo es evidentemente ejecutivo, por haber pasado a la autoridad de cosa juzgada el decreto intima¬torio (artículo 1.930 CC). En cambio, la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición es de naturaleza preven¬tiva, pues tiene carácter provisional por estar pendiente la even¬tualidad del juicio de conocimiento, y se refiere por ello el legislador a las tres medidas preventivas típicas en el artículo 646. Estas medidas varían en sus condiciones de procedibilidad según el documento fundamental que exhiba el intimante: si es un título negociable, es decir, cedible o endosable desde el punto de vista comercial, patrimonial (facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheques, etc.), o si se trata de instrumentos públicos o privados reconocidos o tenidos legalmente por reco¬nocidos, el juez decretará la medida preventiva sin que goce de poder discrecional alguno que pueda llevarle a negar el decreto por razones de equidad o cautela…” De la norma trascrita, se evidencia que para acceder a la providencia cautelar, el intimante debe acompañar a las actas cualquiera de los instrumentos mencionados en la referida norma, en razón de la verosimilitud conferida a los nombrados instrumentos, por lo que, debe este Juzgador pasar a revisar el Instrumento de la Pretensión: - Una (1) Letra de Cambio, firmada en Maracaibo el 10 de enero de 2017, con fecha de vencimiento 01 de febrero de 2017, a favor de la ciudadana Penny Fals Ortega, evidenciándose así que en del instrumento fundamente de la pretensión consta la obligación de pagar una cantidad líquida y exigible. Así se Aprecia. En consecuencia, y por cuanto el instrumento fundamental de la pretensión deviene de una letra de cambio, que corre en las actas procesales en copia certificada, y constituye uno de los instrumentos previstos en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, que deberán ser indicados ante el Juzgado Ordinario y Ejecutor de Medidas que corresponda por efectos de distribución, hasta cubrir la cantidad de NUEVE MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 98/100 CÉNTIMOS (Bs. 9.002.999,98), suma ésta prudencialmente calculada por este Tribunal en el caso de que recaiga sobre bienes muebles estos deberán ser indicados ante el Juzgado Ejecutor. Que en caso de que la medida recaiga sobre cantidades de dinero, la ejecución versará sobre la cantidad de CINCO MILLONES UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON 66/100 CÉNTIMOS (Bs. 5.001.666,66), que corresponde al monto estimado en el decreto intimatorio, los cuales deberán ser remitidos mediante cheque de gerencia a nombre de este Juzgado para su posterior depósito en la cuenta que se aperture al efecto. Para la ejecución de la medida se comisiona suficientemente a un Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, haciéndole saber que al momento de la ejecución no se deberán afectar los derechos de terceros de conformidad con lo establecido en el articulo 546 del Código de Procedimiento Civil, previa distribución de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Poder Judicial. Líbrese despacho y remítase con oficio. Publíquese. Regístrese. Déjese copia certificada de la presente Resolución como lo dispone el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, sellada en la sala de despacho de este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los VEINTISEIS (26) del mes de Junio del año Dos Mil Diecisiete (2017).- Años 207º de la Independencia y 158° de la Federación.- El Juez, Abg. Adan Vivas Santaella La Secretaria, Abg. Aranza Tirado Perdomo