SENTENCIA Nº 369-2.017.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
ZULIA.
VE31-N-2001-000062
Asunto Antiguo: 7019
MOTIVO: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA POR NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO.
PARTE DEMANDANTE: Ciudadano ISMAEL ANTONIO ROBERTIS HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.990.194.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Ciudadano JOSÉ ALEXANDER CASTRO GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.608.299 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 67.631.
PARTE DEMANDADA: GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA.
Fue recibido el presente Recurso de Nulidad con sus respectivos anexos, en fecha Diecinueve (19) de Junio del año 2.001; y el Veintiuno (21) del mismo mes y año, el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL, le dio entrada. (F.1-41).
El Veintisiete (27) de Junio de 2.001 se Admitió el presente Recurso de Nulidad. (F.42).
El Tres (03) de Julio de 2.001 la parte actora diligenció. (F.43-45).
El Veinticinco (25) de Julio de 2.001 se libraron los respectivos Oficios de Notificación. (F.46-49).
El Veintisiete (27) de Julio de 2.001 y el Veintiuno (21) de Septiembre del mismo año el alguacil expuso. (F.50-51).
El Cinco (05) de Octubre de 2.001 se recibió Escrito de Contestación. (F.52-70).
El Nueve (09) de Octubre de 2.001 se abre a pruebas la presente causa. (F.71).
El Dieciséis (16) de Octubre de 2.001 la parte Demandada consignó Escrito de Prueba. (F.72).
El Quince (15) de Octubre de 2.001 la parte actora consignó Escrito de Pruebas y el dieciocho (18) del mismo mes y año se le dio entrada. (F.73-120).
El Veintinueve (29) de Octubre de 2.001 el Tribunal Admitió las pruebas promovidas por ambas partes. (F.121).
El Treinta (30) de Octubre de 2.001 se libró Comisión. (F.122-125).
El Treinta y uno (31) de Octubre de 2.001 se recibió Escrito presentado por la parte actora. (F. 126-157).
El Cinco (05) de Noviembre de 2.001 el alguacil expuso. (F.158).
El Cinco (05) de Noviembre de 2.001 la parte demandada consignó Escrito, mediante el cual consigna los respectivos Antecedentes Administrativos. (F.159-265).
El Dieciséis (16) de Noviembre de 2.001 se recibieron las resultas de la Comisión librada. (F.266-279).
El Diecinueve (19) de Noviembre de 2.001 se fijó día para llevar a efecto el acto de Informes. (F.280).
El Diecinueve (19) de Noviembre de 2.001 la parte actora diligenció. (F.281-283).
El Veintidós (22) de Noviembre de 2.001 se procedió al acto de Informes. (F.284-307).
El Veintitrés (23) de Noviembre de 2.001 se fija día para comenzar la relación en la presente causa. Y el Treinta (30) del mismo mes y año se procedió al acto. (F. 308-309).
El Quince (15) de Enero de 2.002 el Tribunal dice VISTOS, entrando en término para dictar Sentencia. (F. 310).
El Dos (02) de Mayo de 2.002 la parte actora diligenció. (F. 311-313).
El Veinticinco (25) de Septiembre de 2.002 la parte actora diligenció. (F. 314).
El Dos (02) de Octubre de 2.002 el Tribunal dictó auto de Avocamiento. (F. 315).
El Veinticinco (25) de Noviembre de 2.002 la parte actora diligenció. (F. 316-317).
El Dos (02) de Octubre de 2.002 se libraron los respectivos Oficios. Y el Cuatro (04) de Febrero de 2.003 el alguacil expuso. (F. 318-319).
El Trece (13) de Mayo de 2.003 se recibió Escrito de Opinión Fiscal. (F. 320-332).
El Veinticuatro (24) de Noviembre de 2.003 la parte actora diligenció. (F. 333-339).
El Veinticinco (25) de Noviembre de 2.015 la parte actora diligenció. (F. 340-342).
Ahora bien, el Diez (10) de Febrero de 2.017, este Tribunal se Aboca al Conocimiento de la presente causa y mediante auto de esa misma fecha acuerda librar Boleta de Notificación al Ciudadano ISMAEL ANTONIO ROBERTIS HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.990.194, para que manifieste su interés en la continuación del proceso. (F.343-345).
Posteriormente, el Seis (06) de Junio de 2.017, el alguacil de este Tribunal Expuso. (F.346-347).
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO:
Revisadas las actas que conforman la presente causa, observa esta Juzgadora que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental recibió el presente Recurso en fecha Diecinueve (19) de Junio del año 2.001.
Por otra parte, conforme fue ordenado por auto de fecha Diez (10) de Febrero de 2.017, se acordó la Notificación del Ciudadano ISMAEL ANTONIO ROBERTIS HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.990.194, para que dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en actas de su notificación compareciera ante este Tribunal a los fines de manifestar su interés en la prosecución del presente asunto, advirtiéndosele que de no comparecer se declararía la pérdida del interés procesal por inactividad de las partes, y la cual fue debidamente materializada en esa misma fecha.
Vencido como se encuentra el lapso concedido para que la parte accionante compareciera a los fines de manifestar su interés en la prosecución del asunto, sin que hasta la presente fecha conste alguna actuación en el expediente tendiente a impulsar la continuación de la causa, pasa esta administradora de Justicia a hacer las siguientes consideraciones de derecho para verificar si ha operado el Decaimiento de la Acción:
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales: 1.- Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el Juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al Juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. 2.- La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de las instituciones no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de la prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que declara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Sentencia (Nº 956, caso Valero-Portillo, bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En la misma sentencia, la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia estableció lo siguiente:
(Omissis)
“…Es cierto que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional. Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumplimiento; pero cuando tal deber se incumple existen los correctivos, que los interesados soliciten se condenen a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207° del Código Penal, a causar denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria o la indemnización por parte del juez o del estado de daños y perjuicios (artículo 838 del Código de Procedimiento Civil y 49 constitucional); y en lo que al juez respecta, además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él. La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del Juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por si o por medio de otro en el archivo del tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído…”
Luego, la Sala Constitucional en esa Sentencia distingue la institución procesal de la perención, del Decaimiento de la Acción por falta de interés procesal. Finalmente, dentro de las distinciones anotadas, también es de sumo interés establecer las diferencias entre suspensión y paralización del procedimiento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil y como una expresión de la facultad directora del proceso a cargo del Juez, si bien es cierto que el Juez debe impulsar de oficio el procedimiento hasta su conclusión, excepto cuando el esté suspendido por algún motivo legal, caso en el cual, el Juez pierde la facultad oficiosa antes anotada, lo que quiere decir que la causa entra en estado de latencia o especie de “sueño invernal”, mientras dure el término legal de suspensión, que verificado, exista o no impulso de las partes, continuará automáticamente, tal como lo prevé el parágrafo primero del artículo 202° ejusdem.
Aplicando la normativa procesal señalada y el precedente vinculante del Máximo Tribunal de la República, en concordancia con las máximas fijadas por la Sala de Casación Civil, debe concluirse, que mal podía esta Juzgadora declarar perimido el presente procedimiento, y a su vez, dictar una Sentencia condenatoria en base a las actas procesales, sin que se violentaren todas las formalidades esenciales que integran el debido proceso y el derecho a la defensa.
Es imperioso destacar, que de las actas procesales se desprende a todas luces una falta de interés en la parte accionante; razón por la cual, quien suscribe, debe declarar el decaimiento de la acción en esta instancia. Así se decide.
Ahora bien, en virtud de haber transcurrido más de Un (01) año, desde el momento de la última actuación, hasta la presente fecha, sin que se demostrara interés procesal alguno en dicha causa, este Juzgado Superior, acogiendo el criterio Jurisprudencial reiterado por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil, relativo al Decaimiento de la acción cuando se trata de falta de interés procesal, considera, que en el caso de autos, ha cesado la amenaza o situación jurídica denunciada en la presente demanda, en virtud de encontrarse la causa sin actividad de las partes por más de Un (01) año.
En atención a lo expuesto, esta Juzgadora observa, que lo procedente es declarar el abandono del trámite o pérdida del interés procesal por inactividad del actor en la presente demanda y, en consecuencia, la terminación del procedimiento, lo que evidentemente, implica el Decaimiento de la Acción en esta instancia. Así se declara.
En consecuencia, en cumplimiento a los Principios Constitucionales relativos al Debido Proceso, el derecho a la defensa, igualdad de las partes, celeridad y economía procesal, previstos en nuestra Carta Magna, así como en nuestro ordenamiento jurídico, y conforme ha sido establecido en sentencia de fecha catorce (14) de febrero de 2002, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (caso Banco Central de Venezuela) y Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha dieciocho (18) de febrero de 2003 (asunto Nº 02-0827), mediante las cuales se ha establecido el criterio relativo al Decaimiento de la Acción por falta de interés e impulso procesal, en virtud de la inactividad indefinida de las partes, deberá declararse la extinción de la acción en esta instancia, por la pérdida de interés en el presente juicio. Así se decide.
DISPOSITIVO:
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Segundo Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara CONSUMADO EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, y en consecuencia extinguida la instancia, en el Juicio contentivo de la DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA POR NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, interpuesta por el Ciudadano ISMAEL ANTONIO ROBERTIS HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.990.194 en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA.
Publíquese y Regístrese. Archívese el Expediente. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los Veinte (20) días del mes de Junio de Dos Mil Diecisiete (2.017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,
Dra. HELEN NAVA.
LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABOG. ANNY HERNÁNDEZ.
En la misma fecha y siendo las Once y Treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 369-2.017.
LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABOG. ANNY HERNÁNDEZ.
Asunto: VE31-N-2001-000062.
HN/YV
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