REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES SALA 3

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Sala Tercera
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia
Maracaibo, once (11) de julio de 2017
207º y 158º

CASO: VP03-R-2017-000653 Decisión N° 306-17

I
PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL DORIS CHIQUINQUIRA NARDINI RIVAS

Ha subido a esta Sala el recurso de apelación de autos, interpuesto por la profesional del derecho JHOANY CAROLINA RODRÍGUEZ, Defensa Pública Auxiliar Penal Ordinaria Décima Novena, adscrita a la Unidad de Defensoría del estado Zulia, en su carácter de defensa pública del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, portador de la cedula de identidad N° V-26.766.793, en contra la decisión Nº 035-17 de fecha 26 de abril del 2017, dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual la instancia declaró sin lugar la solicitud decaimiento de conformidad con el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, al acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, a quien se le sigue causa por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 163 numeral 7 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, en consecuencia mantuvo la Medida Cautelar de la Privación Judicial Preventiva de Libertad y negó el otorgamiento de una medida cautelar menos gravosa al acusado de autos.

Recibidas las actuaciones en este Tribunal de Alzada, el día 13 de junio de 2017, se da cuenta a las juezas integrantes de la misma, designándose como ponente a la Jueza Profesional DORIS CHIQUINQUIRA NARDINI RIVAS, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Seguidamente, en fecha 19 de junio de 2017, se produjo la admisión del recurso de apelación de auto, una vez verificados los presupuestos de admisibilidad del mismo, por lo que siendo la oportunidad prevista en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a resolver el fondo de la controversia, atendiendo a la denuncia formulada de conformidad con lo establecido en el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal.

II
ALEGATOS DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO

La profesional del derecho JHOANY CAROLINA RODRÍGUEZ, Defensa Pública Auxiliar Penal Ordinaria Décima Novena, adscrita a la Unidad de Defensoría del estado Zulia, en su carácter de defensa pública del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, apela de la decisión Nº 035-17 de fecha 26 de abril del 2017, dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en base a los siguientes argumentos:

“En fecha veintiséis (26) de Abril de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, declaro (sic) sin lugar la solicitud de DECAIMIENTO DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, interpuesta por este despacho defensoril en favor del ciudadano DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, formulada en fecha siete (07) de Abril (sic) del año en curso, fundamentada en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, es criterio de quien recurre, que nos encontramos en presencia de una violación al derecho a la defensa, la garantía relativa a la tutela judicial efectiva y el principio del debido proceso, derechos constitucionales estos garantizados en los artículos 49.1 y 26 Constitucionales, en concordancia con el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, que consagra legislativamente la obligación de los órganos jurisdiccionales de motivar las decisiones que dicten en el ejercicio de su función de administrar justicia.
En efecto, la jurisdicente en la decisión recurrida en su parte motiva, realiza una serie de cita de artículos de la Constitución Nacional y a transcribir una serie de extractos de sentencias de nuestro máximo tribunal de la República, para concluir de manera genérica y abstracta que la jerarquía constitucional de la seguridad común consagrada en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así también, realiza refrenda a los delitos considerados como de lesa humanidad.
En efecto, no explica la juez del Tribunal de manera razonada, como y en que forma, restituir el pleno ejercicio de la libertad individual a mi defendido, en el caso sub examine, lesionaría o colocaría en peligro los derechos de la colectividad máxime cuando no es posible que el acusado pueda poner en peligro una investigación que ya concluyó con la presentación del escrito acusatorio aunado a esto el hecho de que con la imposición de una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, pueden garantizarse las resultas del proceso, ya que mi representado acudiría por sus propios medios, sin depender de la viabilidad del traslado que se realice desde la Comunidad Penitenciaria de Coro, lugar en el que se encuentra actualmente recluido, siendo que fuera igualmente negada la solicitud de cambio de sitio de reclusión que fuera realizada por esta defensa.
Así también, el tribunal de primera instancia cita sentencia de fecha 13/04/2007, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en la cual se ha asentado principalmente el criterio siguiente:
…Omissis…
En este orden de ideas, es oportuno señalar que sobre la motivación, como elemento esencial de todo pronunciamiento judicial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N0 747 de fecha 23 de mayo de 2011, expediente Nº 10-0176, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, dejo (sic) sentado que:
…Omissis…
Así mismo, en sentencia Nº 933 de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de junio de 2011 expediente 10-0671, con ponencia del magistrado Francisco Carrasquero, se estableció lo siguiente:
…Omissis…
Corolario de lo antes expuesto puede verificarse que mi defendido ha permanecido por más de dos (2) años sujeto a la medida de coerción personal más gravosa que puede decretarse a un ciudadano, solo de manera estrictamente excepcional, como lo es la medida cautelar de privación judicial de libertad.
Sobre este aspecto, la defensa estima necesario resaltar que en el presente caso no existen dilaciones indebidas imputables a mi defendido, ya que su inasistencia a las audiencias pautadas por el juzgado, se ha diferido fundamentalmente por la falta de traslado de los acusados desde el centro en el cual se encuentran recluidos, y mal podría imputarse a mi representado la ineficacia de una obligación que es propia de una institución del Estado Venezolano, situación esta que no puede traducirse en un perjuicio para mi defendido.
Así también ciudadanos Magistrados, es oportuno destacar que de la simple revisión de las actas que integran la presente causa se evidencia, que el presente no se trata de un caso complejo, en el que exista un numero significativo de pruebas, en el que se estime como necesario para la búsqueda de la verdad de los hechos, un tiempo excesivo para que el Juez realice el análisis de dichas pruebas, más aún cuando el debate oral y público, aún no ha iniciado ni existe por parte del Tribunal la posibilidad de garantizar que en una fecha próxima se inicie el juicio oral, siendo que tal circunstancia solo afecta a mi defendido, sobre el que pesa actualmente un estigma como lo es encontrase procesado por un delito que se considera de lesa humanidad, sin que se le permita hasta el momento a través del acto apropiado (juicio oral y público) demostrar su inocencia.
Ciudadanos Magistrados, esta defensa considera necesario recordar que el Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en el artículo 9 establece la interpretación restrictiva de las disposiciones que…Omissis…
Asimismo debe tenerse presente que el derecho a la tutela judicial eficaz, es tan importante como la libertad personal y la presunción de inocencia, por lo cual debe entenderse que la imposición de una medida menos gravosa que la privación de libertad, no beneficia al acusado en detrimento de los derechos de la colectividad, ni propende a la impunidad ya que se le estaría imponiendo una medida que igualmente restringe su libertad, las cuales constituyen también limitaciones a la garantía fundamental del juicio en libertad, y fueron dispuestas por el legislador, a costa del ejercicio, pleno o restringido, del derecho a la libertad personal, como garantía de que el proceso penal concluya con un pronunciamiento de fondo definitivo, incluido el condenatorio.
Por ello, al haber pronunciado una decisión con falta de motivación, la Juzgadora ha violentado los derechos y garantías de mi defendido, referidos al derecho a la defensa e igualdad de las partes, al debido proceso, y la tutela judicial efectiva, el principio in dubbio (sic) pro reo, afirmación de libertad y presunción de inocencia, establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 1, 126, 127, 157 y 236 del Código Orgánico Procesal Penal, y así solicito lo declaren los Jueces o Juezas Superiores Profesionales de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, y en consecuencia, sea revocada la decisión dictada en fecha 26-04-2017, se le restituya la libertad a mi defendido, bajo los principios de libertad y justicia o en todo caso, se le imponga una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad.
(…) Conforme a los artículos 440 y 441 del Código Orgánico Procesal Penal, ofrezco como prueba la decisión recurrida, así como aquellas actas que sean consideradas como necesarias, útiles y pertinentes para evidenciar las violaciones de derecho denunciadas en el presente recurso, y en tal sentido solicito al Tribunal de primera instancia, expida y acompañe al presente recurso, en copias certificadas las pruebas ofrecidas
Excepcionalmente puede solicitar la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado (sic) Zulia, las actas originales de la presente causa, y evidenciar los fundamentos de la denuncia del presente recurso.
(…) Por los fundamentos anteriormente expuestos, solicito a los Jueces o Juezas Superiores de la Sala de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, que el presente recurso sea ADMITIDO, por ser procedente en derecho, y sea declarado CON LUGAR en la definitiva y como consecuencia de ello sea revocada la Decisión Nº 035-17 de fecha veintiséis (26) de Abril del 2017, dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual declara sin lugar la Solicitud de Decaimiento de la Medida de Privación Judicial de Libertad, conforme a lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, y como consecuencia se le restituya la libertad a mi defendido, ciudadano DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, bajo los principios de libertad y justicia, o en todo caso, se le imponga una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad.”

Se deja constancia que el Ministerio Público no presentó escrito de contestación en el presente caso, de conformidad con el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal.

III
CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR

De la revisión de las actas que conforman la presente incidencia, observa esta Sala que el aspecto central del presente recurso de apelación de auto, es impugnar la decisión Nº 035-17 de fecha 26 de abril del 2017, dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; el cual va dirigido a cuestionar la mencionada resolución, al considerar, que se dicto una decisión sin motivación, lo que a su juicio comporta una violación al principio de in dubio pro reo, la afirmación de libertad y presunción de inocencia, el debido proceso y a tutela judicial efectiva, asimismo afirmó que han transcurrido más de dos años si que se realizara el juicio oral y público, por causas no imputables a su defendido, adicionalmente alega que no se esta en presencia de un caso complejo y que no se explica cómo el cese de la medida de coerción personal colocaría en peligro la investigación, visto que la misma ya concluyó con la presentación del escrito acusatorio, por lo que solicitó que se revoque la decisión recurrida y se ordene la libertad de su patrocinado.

Ahora bien, una vez delimitados los argumentos contenidos en el recurso de apelación interpuesto, y al verificar quienes aquí deciden, que el único particular que la integra, versa sobre la improcedencia del decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad que recae en contra del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, esta Alzada procede a resolverlo de la manera siguiente:

En cuanto a lo alegado por el recurrente, referido a la procedencia del decaimiento, ya que su defendido tienen más de dos años con la medida de privación judicial preventiva de libertad, sin que se haya aperturado el juicio oral y público; esta Sala estima necesario destacar que las medidas de coerción personal establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal tienen una pretensión cautelar, orientada a garantizar la presencia y sujeción de los presuntos autores o partícipes en un hecho punible, al juicio penal, de esta forma el dictamen por parte de los Tribunales Penales Ordinarios, debe apoyarse en los supuestos justificativos y legitimadores, que además debe responder al Principio de Proporcionalidad establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo siempre a criterios de racionalidad y ponderación, partiendo en forma general del propio imputado: su sustracción del ius puniendi del Estado, la obstrucción de la investigación penal y la reiteración delictiva.

Como se observa, el paso del tiempo tiene una incidencia peculiar, en el sustento de la medida de prisión impuesta al acusado, pues la sentencia firme condenatoria adoptada tras el debido proceso, representa el título legítimo de privación del derecho a la libertad, consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En ese sentido, las integrantes de este Cuerpo Colegiado, a los fines de dilucidar la pretensión de la parte recurrente, estiman pertinente plasmar una cronología de las actuaciones insertas en la presente causa:

1.- En fecha 04 de julio de 2014, fue detenido el ciudadano DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA.

2.- En fecha 06 de julio de 2014, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, celebró audiencia de presentación de imputado, donde se decretó medida de privación judicial preventiva de libertad, en contra del ciudadano DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 163 numeral 7 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal.

3.- En fecha 20 de agosto de 2014 la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público, presentó ante el Departamento de Alguacilazgo, escrito acusatorio en contra del ciudadano DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA y la ciudadana ROSA ALBINA PIRELA, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 163 numeral 7 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; el cual fue recibido ante el tribunal de control en fecha 21 de agosto 2014.

4.- En virtud del escrito acusatorio presentado, en fecha 27 de agosto de 2014, el tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, acordó fijar la audiencia preliminar de conformidad en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, para el día 17 de septiembre de 2014.

5.- En fecha 17 de septiembre de 2014, el tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difirió la celebración de la audiencia preliminar, por incomparecencia de la defensa y la falta de traslado de los imputados, fijándola nuevamente para el día 20 de octubre de 2014.

6.- En fecha 24 de octubre de 2014, el tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difirió la celebración de la audiencia preliminar por cuanto el tribunal de instancia se encontraba de guardia, fijándola nuevamente para el día 19 de noviembre de 2014.

7.- En fecha 19 de noviembre de 2014, el tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difirió la celebración de la audiencia preliminar por incomparecencia de la Representación Fiscal 24° del Ministerio Público, la defensa y por falta de traslado de los imputados, fijándola nuevamente para el día 30 de diciembre de 2014.

8.- En fecha 19 de febrero de 2015, el tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difirió la celebración de la audiencia preliminar por cuanto para la fecha 30-12-2014 el tribunal de instancia no dio despacho con motivo al receso navideño desde el día 20-12-2014 hasta el día 04-01-2015, fijándola nuevamente para el día 03 de marzo de 2015.

9.- En fecha 16 de abril de 2015, el tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difirió la celebración de la audiencia preliminar por cuanto para la fecha 03-03-2015 no se realizó el acto, fijándola nuevamente para el día 27 de abril de 2015.

10.- En fecha 27 de abril de 2015, el tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difirió la celebración de la audiencia preliminar por incomparecencia de la Representación Fiscal 24° del Ministerio Público, la defensa y por falta de traslado de los imputados, fijándola nuevamente para el día 22 de mayo de 2015.

11.- En fecha 22 de mayo de 2015, el tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difirió la celebración de la audiencia preliminar por incomparecencia de la Representación Fiscal 24° del Ministerio Público, la defensa y por falta de traslado de los imputados, fijándola nuevamente para el día 15 de junio de 2015.

12.- En fecha 22 de mayo de 2015, el tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difirió la celebración de la audiencia preliminar por incomparecencia de la Representación Fiscal 24° del Ministerio Público, la defensa y por falta de traslado de los imputados, fijándola nuevamente para el día 15 de junio de 2015.

13.- En fecha 21 de julio de 2015, el tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, celebró el acto de audiencia preliminar, donde se admite totalmente la acusación presentada por el Ministerio Público, en la causa seguida a los ciudadanos DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA y ROSA ALBINA PIRELA, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 163 numeral 7 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, asimismo mantuvo la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los acusados en mención y ordenó la apertura del juicio oral y público.

14.- En fecha 19 de agosto de 2015, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia recibe la presente causa.

15.- En fecha 20 de agosto de 2015, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ordena la fijación del juicio oral y público para el día 09 de septiembre de 2015.

16.- En fecha 15 de septiembre de 2015, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público en virtud de que en fecha 09-09-2015 el tribunal de instancia no dio despacho por cuanto la jueza de ese despacho se encontraba de reposo médico; y lo fijó nuevamente para el día 30 de septiembre de 2015.

17.- En fecha 30 de septiembre de 2015, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público en virtud de la incomparecencia de la defensa de la acusada ROSA ALBINA PIRELA; y lo fijó nuevamente para el día 22 de octubre de 2015.

18.- En fecha 22 de octubre de 2015, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público en virtud de la falta de traslado de los acusados; y lo fijó nuevamente para el día 09 de noviembre de 2015.

19.- En fecha 09 de noviembre de 2015, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público en virtud de la incomparecencia de las defensas y la falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 30 de noviembre de 2015.

20.- En fecha 30 de noviembre de 2015, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público en virtud que el tribunal de instancia se encontraba en continuación de juicio en otro asunto, y lo fijó nuevamente para el día 15 de diciembre de 2015.

21.- En fecha 15 de diciembre de 2015, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por incomparecencia de la Representación Fiscal quien se encontraba en reunión con la Fiscalía Superior, y lo fijó nuevamente para el día 19 de enero de 2016.

22.- En fecha 19 de enero de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 11 de febrero de 2016.

23.- En fecha 11 de febrero de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 03 de marzo de 2016.

24.- En fecha 03 de marzo de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 29 de marzo de 2016.

25.- En fecha 29 de marzo de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 20 de abril de 2016.

26.- En fecha 20 de abril de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 12 de mayo de 2016.

27.- En fecha 17 de mayo de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por cuanto en fecha 12-05-2016 no hubo despacho por ser decretado no laborable por decreto presidencial, y lo fijó nuevamente para el día 15 de junio de 2016.

28.- En fecha 15 de junio de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 13 de julio de 2016.

29.- En fecha 13 de julio de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados e incomparecencia de la defensa privada, y lo fijó nuevamente para el día 25 de julio de 2016.

30.- En fecha 25 de julio de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por incomparecencia de todas las partes, y lo fijó nuevamente para el día 15 de agosto de 2016.

31.- En fecha 15 de agosto de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 05 de septiembre de 2016.

32.- En fecha 05 de septiembre de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 26 de septiembre de 2016.

33.- En fecha 26 de septiembre de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 17 de octubre de 2016.

34.- En fecha 17 de octubre de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 31 de octubre de 2016.

35.- En fecha 17 de octubre de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 31 de octubre de 2016.

36.- En fecha 31 de octubre de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado de los acusados, y lo fijó nuevamente para el día 17 de noviembre de 2016.

37.- En fecha 17 de noviembre de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, y lo fijó nuevamente para el día 28 de noviembre de 2016.

38.- En fecha 28 de noviembre de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, y lo fijó nuevamente para el día 12 de diciembre de 2016.

39.- En fecha 12 de diciembre de 2016, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, y lo fijó nuevamente para el día 16 de enero de 2017.

40.- En fecha 16 de enero de 2017, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, y lo fijó nuevamente para el día 30 de enero de 2017.

41.- En fecha 30 de enero de 2017, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, y lo fijó nuevamente para el día 13 de febrero de 2017.

42.- En fecha 13 de febrero de 2017, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, y lo fijó nuevamente para el día 06 de marzo de 2017.

43.- En fecha 06 de marzo de 2017, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, y lo fijó nuevamente para el día 23 de marzo de 2017.

44.- En fecha 23 de marzo de 2017, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por falta de traslado del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, y lo fijó nuevamente para el día 12 de abril de 2017.

45.- En fecha 18 de abril de 2017, el Juzgado Sexto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, difiere el Juicio Oral y Público por cuanto para la fecha 12-04-2017 no hubo despacho en virtud de la circular CJPZ-0006-2017 de fecha 07-04-2017 emanada de la Presidencia del Circuito, mediante la cual se declararon como días no laborables los días 10-04-2017, 11-04-2017 y 12-04-2017, acordado en decreto presidencial N° 2078; y lo fijó nuevamente para el día 11 de mayo de 2017.

46.- En fecha 07 de febrero de 2017, la Defensa Pública 19° solicita el decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre el acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA.

47.- En fecha 26 de abril de 2017, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, declaró sin lugar la solicitud de decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad, en la causa seguida al acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 163 numeral 7 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.

En el caso sometido a la consideración de esta Sala de Alzada, se verifica que hasta la fecha de dictada la decisión recurrida, se han realizado un total de cuarenta y siete (47) actuaciones y se ha diferido el acto de juicio oral y público treinta (30) veces, las cuales en su mayoría son por la falta de traslado de los acusados por parte del centro penitenciario; por esta razón, es importante resaltar que, igualmente, no ha podido celebrarse el juicio oral y público en razón de la complejidad y gravedad del delito por el cual se juzga al acusado, así como la protección al derecho constitucional de la víctima en este proceso, por lo que mal puede la defensa alegar que en el caso bajo estudio procede el decaimiento de la medida, debido a que también se determina por otra situaciones propias del proceso penal, que fueron estimadas por la a quo, la gravedad del delito, así como, las circunstancias del hecho cometido y la pena probable a imponer, por ende contrariamente a lo manifestado por la recurrente la apertura del juicio oral y público no se ha efectuado por dilaciones propias del proceso dadas las circunstancias particulares del caso.

Establecido lo anterior, colige esta Sala de Alzada concluir que no resulta suficiente considerar, para la declaratoria del decaimiento de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, el transcurso de tiempo de dos (2) años, siendo que el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad, al acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, acordada por la Jueza de Control y mantenida por la Jueza a quo, se fundamentó, como ya se dijo, en una serie de razonamientos que atendieron a la magnitud del delito precalificado, las circunstancias del hecho presuntamente cometido y la pena posible a imponer, lo cual se encuentra en armonía con la jurisprudencia patria, que determina que algunos procesos podrán extenderse más de dos años siempre y cuando existan circunstancias que así lo justifiquen, como lo son la gravedad del delito, la magnitud del daño causado, la posible pena a imponer y el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva.

A tal efecto establece el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:

Artículo 55.- “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes…”

En ese mismo sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 660, emitió pronunciamiento al respecto, señalando lo siguiente:

“Sin embargo, también ha sostenido reiteradamente la Sala, que dicho decaimiento no opera automáticamente, cuando el proceso se ha retardado debido a tácticas procesales dilatorias abusivas de las partes o no imputables al órgano jurisdiccional, por cuanto en estos casos una interpretación literal, legalista de la norma, no puede llegar a favorecer a aquellos que tratan de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido. (...)
Estima la Sala, que la dilación indebida no hace referencia exclusiva y de manera inmediata a los plazos procesales legalmente establecidos, sino al límite que no debe ser traspasado en el cumplimiento de los mismos. Los plazos deben constituirse en orientadores del juicio de valor que ha de precisar si se ha producido o no una dilación indebida. Pues el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es “el derecho a que los plazos se cumplan”. Los plazos deben cumplirse, pero el cumplimiento de los mismos no puede entenderse dentro de la categoría de derecho fundamental.
En tal sentido, no es posible entonces decidir en abstracto, qué son dilaciones indebidas y cuando estamos en presencia de la infracción de tal derecho, dejando en todo caso establecidos ciertos criterios objetivos a ser tomados en cuenta por el juzgador, al momento de decidir sobre la supuesta violación denunciada.
De allí que, en todo caso, debe apreciarse, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable, el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales.
A criterio de la Sala, este último, es obviamente el criterio determinante, siendo la evaluación del mismo independiente del requerimiento de responsabilidad disciplinaria del órgano judicial y de las carencias que afectan las estructuras de la administración de justicia.
En el presente caso, observa la Sala, que ciertamente la medida judicial privativa de libertad del accionante sobrepasó el plazo de los dos años, sin que en el proceso penal seguido en su contra se hubiese celebrado el juicio oral y público en las oportunidades en las que fue fijado; no obstante, tal dilación no es imputable al Juzgado Vigésimo Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, estimado agraviante por el a quo, por cuanto los múltiples diferimientos del juicio se originaron –en su mayoría- por la falta de traslado del imputado y las inasistencias de la defensa, de los escabinos y en dos oportunidades del Ministerio Público”

Del anterior criterio jurisprudencial se puede colegir con mediana claridad que aunque la medida de privación judicial preventiva de libertad sobrepase el plazo de los dos (02) años, sin que en el proceso penal seguido contra el imputado se hubiere celebrado el juicio oral y público en las oportunidades en las que fue fijado, no operará el decaimiento de la medida si tales dilaciones no son imputable al órgano jurisdiccional, sino a la falta de traslado o inasistencia de las partes, así como en el caso del bien jurídico tutelado.

En ese sentido, estiman estas jurisdicentes pertinente señalar que, el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (antes 244), establece el contenido y alcance del principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal, en los siguientes términos:

“Artículo 230. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder del plazo de dos años; si se tratare de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave.
Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal, que se encuentren próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el o la querellante podrán solicitar prórroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, y cuando fueren varios los delitos imputados, se tomará en cuenta la pena mínima prevista para el delito más grave.
Igual prórroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusado o acusada, o sus defensores o defensoras.
Estas circunstancias deberán ser debidamente motivadas por el o la Fiscal o el o la querellante.
Si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, quien decidirá sobre dicha solicitud. (Destacado de esta Alzada).

De su contenido, se observa que las medidas de coerción personal, están supeditadas a un plazo de duración, que en principio no puede exceder de la pena mínima asignada al delito, ni exceder del plazo de dos años, plazos éstos que el legislador ha considerado, como suficientes para la tramitación del proceso en sede penal. Por su parte, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha precisado en relación al contenido del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, que:

“…el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 230 del Código Adjetivo Penal, impone al sentenciador ponderar (cuando se trate de una medida de coerción personal), todos los elementos y circunstancias inherentes al caso: la gravedad del delitos, las circunstancias de su comisión, y la sanción probable, resguardando los derechos del imputado, pero sin quebrantar los derechos de la víctima, propendiendo también a su protección, y garantizando la reparación del daño causado a la víctima…”. (Sentencia No. 218, fecha 18 de junio del 2013). (Subrayados de esta Sala).

En relación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, la Doctrina, en este caso, el Profesor Sergio Brown, refiriendo a otros autores señala:

“No puede olvidarse en el plano de las justificaciones de la garantía, la existencia de un subprincipio derivado del principio del Estado de Derecho, como lo es, el de proporcionalidad. Se trata dice GIMENO SENDRA, de un principio general de derecho que obliga a procurar el justo equilibrio de intereses en conflicto (GONZÁLEZ- CUÉLLAR, 1990:7). Tiene rango constitucional extraído de los principios del Estado de Derecho (ibid, 51). Enseña LLOVET que la proporcionalidad opera como un correctivo de carácter material frente a una prisión preventiva que formalmente aparecería como procedente, pero con respecto a la cual no podría exigirle al imputado que se sometiera a ella. Para este autor, en concordancia con la mayoría de la doctrina la proporcionalidad se divide en tres subprincipios: a) necesidad; b) idoneidad y c) proporcionalidad en sentido estricto. Necesidad implica que la prisión preventiva debe ser la última ratio. Idoneidad, que sea el medio idóneo para contrarrestar razonablemente el peligro que se trata de evitar. Proporcionalidad en sentido estricto o principio de prohibición del exceso implica que el sacrificio de los intereses individuales por la medida guarde relación con la importancia del interés estatal que se trata de salvaguardar (s/f, 525 y ss.). En el mismo sentido, GONZÁLEZ CUÉLLAR (1990: 60 y ss.).” (Brown Celino, Sergio. El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas en XXXV Jornadas J.M DOMÍNGUEZ ESCOVAR. Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, Editorial Horizonte, 2010, página 329.).

Por otra parte, ha sido criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que aunque la medida exceda de los dos años, su decaimiento resulta improcedente, cuando dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad de los imputados se convierta en una infracción del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el o la jurisdicente.

Al respecto, ha precisado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el fallo No. 1701, de fecha 15 de noviembre de 2011, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, estableciendo lo siguiente:

“…Ahora bien, esta Sala reiteradamente ha ratificado la imperiosa necesidad de que los órganos de administración de justicia den cabal cumplimiento a los lapsos previamente establecidos por el legislador para el cumplimiento de los actos procesales, pues los retardos injustificados implican la vulneración de los derechos de los justiciables, más aún cuando se trata de procesos penales en los cuales se haya decretado medida de privación judicial preventiva de libertad. A la par, la Sala reconoce la existencia de situaciones que podrían afectar el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales que escapan del ámbito de acción del juez, quien es el encargado de velar por el normal desarrollo del proceso.
(…omissis…)
De todo lo anterior, se puede observar que si bien en diversas ocasiones se difirió tanto la constitución del tribunal mixto como la celebración del juicio oral y público seguido contra los acusados –aquí accionantes-, por hechos y circunstancias que no le son imputables, se advierte que hubo diferimientos acontecidos en el proceso penal, debidos a la incomparecencia tanto de la defensa privada de los acusados como la incomparecencia de dos de ellos quienes no pudieron ser trasladados por cuanto se negaron a la requisa previa obligatoria, lo que en definitiva ha traído como consecuencia el aplazamiento del proceso.
En la sentencia accionada mediante el amparo sub examine, se observa que la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia confirmó la declaratoria sin lugar del decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad de los ciudadanos Norvis Alfonso Chirinos Méndez, Alexander Junior Rojas y Albino Antonio Luque Cáseres, con fundamento en los hechos y circunstancias que dejó establecido el a quopenal, relación ésta que permitió arribar a la conclusión de que, en efecto, la dilación procesal que afecta a la causa penal que se sigue a los actuales accionantes es imputable, en parte, a incomparecencias, por parte de sus defensores privados y a dos de los acusados, durante la fase intermedia del juicio es la de la audiencia preliminar, así como también a las consideraciones efectuadas en torno a la entidad de los delitos cometidos y por ende su complejidad para el juzgamiento definitivo; lo cual ha traído como resultado la prolongación del proceso penal más allá de los lapsos procesales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.
(…omissis…)
Finalmente, esta Sala debe referir que la instancia judicial accionada consideró que en el proceso penal que dio lugar al amparo se está en presencia de hechos punibles de gran entidad que atacan bienes jurídicos de gran trascendencia social, y que por ende debía calibrar el derecho de la parte agraviada para obtener reparación del daño causado al amparo de lo establecido en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerando además que el decreto de decaimiento de esta medida de coerción personal, incurriría en los supuestos de impunidad…”. (Destacado de la Sala).

De acuerdo con el fallo in comento, en cónsona armonía con lo establecido en el supra señalado artículo 244 hoy artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en el primer aparte, habiendo en este caso iniciado el análisis del elemento proporcionalidad, entre el Delito-Daño-Gravedad-Pena, es importante resaltar el elemento tiempo o también denominado referente temporal, contemplado en el primer aparte de la norma in comento, esto a los fines de establecer la proporcionalidad y por ende la duración de las Medidas de Coerción Personal.

Ciertamente, la disposición comentada contempla en primer lugar una referencia que señala. “En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima para el delito previsto…”. La expresión “en ningún caso”, comporta una prohibición de carácter absoluto que impide la imposición de una Medida de Coerción Personal que trascienda la pena mínima prevista para cada delito. Por lo que, le está vedado a cualquier juez o jueza imponer medidas de coerción personal, que supere más allá de la pena mínima prevista para ese delito. Por argumento a contrario sensu, puede el juzgador o juzgadora, con vista a las circunstancias del caso concreto, imponer o mantener una medida coercitiva de libertad hasta el límite inferior de la pena prevista.

En torno a ello, quienes conforman este Cuerpo Colegiado, estiman propicio señalar que se ha verificado cada una de las actas que conforman el asunto penal principal seguido al ciudadano DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, observando que el Tribunal de instancia, ha dado el debido tratamiento procesal a la causa principal, evidenciando que si bien es cierto el Ministerio Público no presentó escrito de prórroga contenida en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, no es menos cierto que en el proceso penal instaurado al encartado de marras, es por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, tipo penal endilgado el cual ha sido catalogado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como de lesa humanidad prohibiendo los beneficios procesales.

Adminiculado a lo anterior, esta Alzada constata de la decisión recurrida, que para declararse sin lugar el petitorio de la Defensa de autos, que el órgano jurisdiccional dejó establecido que en el presente caso no procedía el decaimiento de la medida de coerción personal, mas aun cuando se trate de un delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el cual ha sido considerado por el Máximo Tribunal de la República como de lesa humanidad.

Así las cosas, considera esta Sala menester destacar, en atención a las circunstancias especiales que rodean al presente caso, que la proporcionalidad va referida a la relación que debe existir entre la medida de coerción personal a ser impuesta, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable a imponer, es decir, que ante la posible comisión de un hecho punible por parte de un individuo determinado, el Juzgador o Juzgadora debe valorar los anteriores elementos, para luego con criterio razonable, mensurar la necesidad de postergar por un plazo razonable, o no las medidas de coerción personal impuestas, a los fines de que no quede enervada la acción de la justicia, como en efecto se efectuó.

En tal sentido, en relación a lo que debe entenderse por plazo razonable, cabe citar la Resolución No. 17/89, emanada de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en el caso 10.037 (LA ARGENTINA), de fecha 13/04/1989, precisó:

“…De lo anterior se desprenden dos conceptos importantes en lo referente al problema del "plazo razonable": primero, que no es posible establecer un criterio in abstracto de este plazo, sino que éste se fijará en cada caso vistas y valoradas las circunstancias del artículo 380. En este alcance la Comisión acoge el punto de vista de que el Estado Parte aludido "no está obligado (por la Convención) a fijar un plazo válido para todos los casos con independencia de las circunstancias". Este punto de vista es también el de la Corte Europea; segundo, la excarcelación de los detenidos en las condiciones como las que se encuentra Mario Eduardo Firmenich no puede ser concedida sobre el plano de una simple consideración cronológica de años, meses y días. Así se ha explicitado también la Corte Europea en el caso citado infra, quedando el concepto de "plazo razonable" sujeto a la apreciación de "la gravedad de la infracción", en cuanto a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable.
El pronunciamiento de la Corte Europea es coincidente en este caso con lo expresado por la Cámara de San Martín, en la evacuación del recurso de los apoderados de Firmenich, al consignar lo que sigue:
Dicha norma sólo reclama que la persona detenida sea juzgada en un tiempo razonable y que, caso contrario, sea puesta en libertad provisoria. Esa "cantidad" razonable de tiempo no tiene por qué ser fijada en dos años, como se pretende sin mayor fundamento, desde que si ese tiempo puede serlo para una causa sencilla o de fácil investigación, es posible que no lo sea en otra, como la presente, cuya complejidad, extensión y arduo trámite impongan un plazo mayor para su expiración. Esto último es lo que ha tenido en cuenta la legislación en el propio art. 701 del ordenamiento ritual, cuando hace la salvedad de que una causa pueda finalizar más allá de los dos años cuando existan, como en este caso, demoras no imputables a la actividad del Juez.
En estas condiciones cabe concluir que la razonabilidad del plazo se encuentra fijada por los extremos del artículo 380º del Código de Procedimiento en Materia Penal de la Argentina, junto con la apreciación que de ellos hace el juez de la causa. Esta conclusión coincide con lo manifestado por la Corte Europea cuando dice:
El Tribunal opina igualmente que para apreciar si, en un determinado caso, la detención de un acusado no sobrepasa el límite razonable, corresponde a las autoridades judiciales nacionales investigar todas las circunstancias que, por su naturaleza, lleven a admitir o a rechazar que existe una verdadera exigencia de interés público que justifique la derogación de la regla del respeto a la libertad individual (Caso NEUMEISTER, sentencia de 27 de junio de 1968, TEDH-5.p.83, Fundamentos de Derecho #5).
Octava. No parece necesario, en vía de una mayor brevedad, entrar en detallado análisis sobre los criterios o factores que la Comisión Europea de Derechos Humanos examinó en relación al problema del "plazo razonable", a fin de precisar un concepto antiguo y vago en el derecho internacional. El reclamante como el Gobierno interesado se han manifestado ampliamente sobre estos criterios o factores. Sin embargo hay tres factores o aspectos a los que la Comisión desea referirse, a saber: a La efectiva duración de la detención; b. la naturaleza de las infracciones que han dado lugar a los procesos contra Firmenich; y c. las dificultades o problemas judiciales para la instrucción de las causas…”.

Deduciéndose del criterio doctrinal y jurisprudencial aplicable al caso de marras, según el cual, siempre que los motivos o causas del retardo o dilación en la celebración del juicio oral y público en causa penal no sean imputables a la Administración de Justicia (Tribunal o Ministerio Público) sino que provengan por otras circunstancias, podrá el o la jurisdicente de la causa declarar sin lugar la solicitud de decaimiento de medida cautelar por exceso de tiempo en privación preventiva de libertad, e incluso puede prorrogar ese lapso, a petición del Ministerio Público, lo cual se ajusta a lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico según la norma del articulo 230 del Código Orgánico Procesal Penal

Observa esta Alzada del análisis de las actas que conforman la presente causa, que en el presente asunto, se han realizado varios diferimientos imputables a todas las partes intervinientes, y del mismo Tribunal de Instancia, por tanto no se le puede atribuir el retardo en la celebración del juicio oral y público, solo a los órganos de la administración de justicia, aunado a que, de la revisión a las actas se desprende que (en este caso) el Juez Sexto de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal del estado Zulia, para negar la solicitud de decaimiento de la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad, tomó en cuenta que, si bien es cierto, el acusado ya ha permanecido por más de dos años detenido, no es menos cierto, que se evidencia de las actas que el delito imputado por el Ministerio Público es el de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, por lo que dada su entidad, así como la magnitud del daño causado, no resulta aplicable el decaimiento establecido en el artículo 230 del texto adjetivo penal; el cual resulta ser pluriofensivo, ya que ataca diversos bienes jurídicos o derechos tutelados, afectan a la colectividad, y son un flagelo para la sociedad el cual ha sido considerado de lesa humanidad, no siendo procedente beneficios procesales, además no sólo es el quantum de la pena, el único elemento a considerar en casos como éstos, para el mantenimiento de las medidas de coerción personal, toda vez que desde la fecha de la detención no ha transcurrido el límite mínimo de la pena previsto para el delito que se le atribuye; sin olvidar que se trata de una causa compleja, por momentos distintos que se acumularon conforme a la ley.

Para reforzar lo anterior, quienes conforman este Tribunal Colegiado estiman pertinente la citar el fallo No. 171 de fecha 26 de marzo de 2013, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, mediante la cual dejó establecido:

“(omissis)
Sin perjuicio de lo que antes se expresó, esta Sala Constitucional estima necesaria la ratificación de su criterio, sentado en sentencia n.° 1.712, de 12 de septiembre de 2001 (y reiterado en sentencias n.ros 1.485/2002, del 28 de junio; 1.654/2005, del 13 de julio; 2.507/2005, del 5 de agosto; 3.421/2005, del 9 de noviembre; 147/2006, del 1° de febrero, 1723/2009 del 10 de diciembre de 2009, entre otras), respecto de la improcedencia del otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad a aquellos imputados por la comisión de delitos relacionados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas:
“…Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado.
Al comparar el artículo 271 constitucional con el transcrito 29, donde el primero se refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma mencionada, reconoce como imprescriptible a los delitos contra los derechos humanos, la Sala debe concluir que el delito de tráfico de estupefacientes, cuya acción también es imprescriptible, debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de lesa humanidad, y así se declara.
Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron: Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad (omissis)”.

En tal sentido, se desprende claramente que los ilícitos penales relativos a Droga, han sido considerados como de lesa humanidad, equiparables con los crímenes majestatis, verbigracia violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedando excluidos de beneficios procesales y post-procesales, como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el o la jurisdicente considerare que procede la privación de la libertad del imputado.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, considera quienes aquí deciden, luego del análisis efectuado al presente asunto penal, que la decisión de instancia se encuentra ajustada a derecho y contrario a lo denunciado por la defensa la jueza motivó y fundamentó su decisión, y señaló que aun cuando en el presente asunto la dilación del proceso no ha sido por causa imputable a alguna de las partes, hay circunstancias que deben ser observadas en cada caso, considerando la gravedad del delito, así como, las circunstancias del hecho cometido y la pena probable a imponer, y siendo obligación de la Juzgadora garantizar las resultas del presente proceso, mantuvo la medida dictada en contra del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 163 numeral 7 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, sin que tal pronunciamiento se pudiera considerar como una valoración al fondo de la controversia. En el caso que nos ocupa, estas Juzgadoras consideran que el pronunciamiento del Tribunal de Mérito, acerca de la negativa al decaimiento de la medida, constituye una protección al derecho constitucional de la víctima en este proceso, por lo cual considera ajustado a derecho el referido fallo, ya que se entrevé los motivos que dieron origen al fallo emitido.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, considera quienes aquí deciden, luego del análisis efectuado al presente asunto penal, que la decisión de instancia se encuentra ajustada a derecho y contrario a lo denunciado por la defensa la jueza motivó y fundamentó su decisión, y señaló que aun cuando en el presente asunto la dilación del proceso no ha sido por causa imputable a alguna de las partes, hay circunstancias que deben ser observadas en cada caso, considerando la gravedad del delito, así como, las circunstancias del hecho cometido y la pena probable a imponer, y siendo obligación de la Juzgadora garantizar las resultas del presente proceso, mantuvo la medida dictada en contra del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 163 numeral 7 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, sin que tal pronunciamiento se pudiera considerar como una valoración al fondo de la controversia. En el caso que nos ocupa, estas Juzgadoras consideran que el pronunciamiento del Tribunal de Mérito, acerca de la negativa al decaimiento de la medida, constituye una protección al derecho constitucional de la víctima en este proceso, por lo cual considera ajustado a derecho el referido fallo, ya que se entrevé los motivos que dieron origen al fallo emitido.

En mérito a las razones de hecho y de derecho que han quedado establecidas en el presente fallo, esta Sala de Alzada determina que lo procedente en derecho es declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la profesional del derecho JHOANY CAROLINA RODRÍGUEZ, Defensa Pública Auxiliar Penal Ordinaria Décima Novena, adscrita a la Unidad de Defensoría del estado Zulia, en su carácter de defensa pública del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, portador de la cedula de identidad N° V-26.766.793; y en consecuencia, se CONFIRMA la decisión Nº 035-17 de fecha 26 de abril del 2017, dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual la instancia declaró sin lugar la solicitud decaimiento de conformidad con el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, al acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, a quien se le sigue causa por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 163 numeral 7 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, en consecuencia mantuvo la Medida Cautelar de la Privación Judicial Preventiva de Libertad y negó el otorgamiento de una medida cautelar menos gravosa al acusado de autos; conforme a lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia niega el otorgamiento de una medida cautelar menos gravosa al acusado de autos. Y ASÍ DE DECLARA.-

IV
DISPOSITIVA

En mérito de las razones expuestas, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la profesional del derecho JHOANY CAROLINA RODRÍGUEZ, Defensa Pública Auxiliar Penal Ordinaria Décima Novena, adscrita a la Unidad de Defensoría del estado Zulia, en su carácter de defensa pública del acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, portador de la cedula de identidad N° V-26.766.793.

SEGUNDO: CONFIRMA la decisión Nº 035-17 de fecha 26 de abril del 2017, dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual la instancia declaró sin lugar la solicitud decaimiento de conformidad con el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, al acusado DUIVEN JOSÉ VÁSQUEZ PIRELA, a quien se le sigue causa por la presunta comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con el artículo 163 numeral 7 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, en consecuencia mantuvo la Medida Cautelar de la Privación Judicial Preventiva de Libertad y negó el otorgamiento de una medida cautelar menos gravosa al acusado de autos. Todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal.

Regístrese, publíquese. Remítase la causa en la oportunidad legal correspondiente.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Tercera, en Maracaibo, a los once (11) días del mes de julio de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
LAS JUEZAS PROFESIONALES


EGLEÉ DEL VALLE RAMÍREZ
Presidenta de la Sala


VANDERLELLA ANDRADE BALLESTEROS DORIS NARDINI RIVAS
Ponente
LA SECRETARIA


JACERLIN ATENCIO MATHEUS

La anterior decisión quedó registrada bajo el N° 306-17, en el Libro de Registro de Decisiones llevado por esta Sala Tercera, en el presente año.-
LA SECRETARIA


JACERLIN ATENCIO MATHEUS