LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA -I- DE LAS PARTES PARTE SOLICITANTE: sociedad mercantil ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANJERO C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), anotada bajo el N° 20, Tomo 8-A 485; inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el número J-40913276-5, representada por los ciudadanos PEDRO LUÍS URDANETA ZAMBRANO, MAGLENE DEL CARMEN ZAMBRANO GONZÁLEZ y NORELVIS MARÍA VILLASMIL FUENMAYOR, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad números V-19.408.408, V-4.522.405 y V-19.691.053, respectivamente, domiciliados en el sector La Chinita, parroquia Chiquinquirá, municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia. ABOGADO DE LA SOLICITANTE: JUAN CARLOS ESCALONA MORALES, venezolano, mayor de edad, identificado con la cedula de identidad número V-14.356.727, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 100.472, actuando con el carácter de Defensor Público 1° Agrario de la Extensión de la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia. -II- ANTECEDENTES Se inicia el presente procedimiento por solicitud de TÍTULO SUPLETORIO, presentado por el abogado JUAN CARLOS ESCALONA MORALES, actuando con el carácter de Defensor Público 1° Agrario de la Extensión de la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, en representación de la sociedad mercantil ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANJERO, C.A, que cual recae sobre el lote de terreno denominado “ABA EL GRANJERO”, constante de una superficie de UNA HECTÁREA CON CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (1 HAS con 5497 mts²), alinderado de la siguiente manera: NORTE: Vía de penetración; SUR: Terreno ocupado por Esmeiro Boscán; ESTE: Vía de penetración, y OESTE: Terreno ocupado por Pedro Urdaneta; presentada ante la Secretaría de este Juzgado en fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017); a la cual se le dio entrada en fecha cinco (05) de junio del mismo año, acordándose practicar inspección judicial sobre el referido lote de terreno, a los fines de constatar las mejoras, bienhechurías y mejoras edificadas sobre el mismo. En fecha trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017), el Defensor Público Agrario JUAN CARLOS ESCALONA, actuando con el carácter de autos, solicitó se fijara fecha y hora para la práctica de la actuación indicada en el párrafo anterior; lo cual fue proveído en fecha diecinueve (19) del mismo mes y año, fijándose como oportunidad para efectuar el traslado y constitución de este Juzgado sobre el lote de terreno objeto de la solicitud, el día jueves veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017), a partir de las ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 a.m.). En la fecha y hora previamente fijadas este Juzgado se trasladó y constituyó sobre el lote de terreno denominado “ABA EL GRANJERO”, con el fin de practicar la referida actuación, tal como consta del acta levantada al efecto. En fecha veintiséis (26) de junio de dos mil diecisiete (2017), el Defensor Público Agrario JUAN CARLOS ESCALONA, actuando con el carácter de autos, solicitó se fijara fecha y hora para la evacuación de los testigos promovidos en la presente solicitud; lo cual fue proveído en fecha veintiocho (28) del mismo mes y año, fijándose como oportunidad para evacuar las referidas testimoniales el día lunes tres (03) de julio de de dos mil diecisiete (2017). En la fecha y horas previamente fijadas, se llevó a efecto la evacuación de las testimoniales promovidas por la parte solicitante, tal como consta de las actas levantadas al efecto. -III- MOTIVACIÓN Siendo la oportunidad para dictar sentencia en la presente solicitud de título supletorio, este Juzgado Agrario procede a hacerlo, previa las siguientes consideraciones: Establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Artículo 26.- Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Consagra la transcrita disposición constitucional, la garantía que tiene todo habitante de la República, de acceder a los órganos de administración justicia, los cuales deben garantizar la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, a través de un sistema de administración de justicia gratuito, accesible, imparcial, idóneo, transparente, autónomo, independiente, responsable, equitativo, expedito, sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles. En ejercicio de esa garantía de acceso a los órganos de administración de justicia, los justiciables pueden interponer los Justificativos para Perpetua Memoria, los cuales tienen como finalidad solicitar del Juez competente instruir las diligencias destinadas a la comprobación de algún hecho o derecho propio del interesado, tal como lo dispone el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil. Estos justificativos son una pretensión de jurisdicción voluntaria, por lo que no existe contención o controversia alguna entre particulares; máxime, si la justificación solicitada tuviere como efecto asegurar la posesión o algún derecho del solicitante, en todo caso, quedarían a salvo los derechos de terceros, tal como expresamente lo dispone el artículo 937 del mismo Código. En tal sentido, disponen los artículos 936 y 937 del Código Civil lo siguiente: Artículo 936.- Cualquier Juez Civil es competente para instruir las justificaciones y diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propio del interesado en ellas. El procedimiento se reducirá a acordar, el mismo día en que se promuevan, lo necesario para practicarlas; concluidas, se entregaran al solicitante sin decreto alguno. Artículo 937.- Si se pidiere que tales justificaciones o diligencias se declaren bastantes para asegurar la posesión o algún derecho, mientras no haya oposición, el Juez decretará lo que juzgue conforme a la ley, antes de entregarlas al solicitante, o dentro del tercer día, si esta petición se hubiere hecho posteriormente a la primera diligencia; quedando en todo caso a salvo los derechos de terceros. El competente para hacer la declaratoria de que habla este artículo es el Juez de Primera Instancia del lugar donde se encuentran los bienes que se trate.” Señala el autor Emilio Calvo Baca en su obra “Código de Procedimiento Civil de Venezuela” (Ediciones Libra 2004. Pág: 761 y 762), que “Para el legislador venezolano, esta justificaciones son las que tiene por objeto comprobar algún hecho o algún derecho propio del interesado que las promueve (…)” siendo que “De conformidad con nuestra legislación procesal, el objeto de estas justificaciones es amplísimo, porque no tienen restricción en cuanto tiendan a demostrar hechos o derecho propios del solicitante (…)”. Agregando el citado autor que “El título supletorio es también denominado justificativo para perpetua memoria, consiste en unas simples declaraciones de testigos con las cuales un ciudadano cualquiera busca obtener un título suficiente de propiedad sobre una casa o edificio que ha construido a sus expensas.”, señalando que “Las bienhechurías son aquellas plusvalías o mejoras en las plantaciones o instalaciones de fincas rústicas (…)” Por otra parte, señala el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario: “Artículo 197.- Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos: (…) 3. Acciones relativas al uso, aprovechamiento, constitución de servidumbres y demás derechos reales, para fines agrarios. (…) 15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.” Precisado todo lo anterior, resulta necesario establecer la competencia de los Juzgados de Primera Instancia Agraria para conocer y proveer en sede de jurisdicción voluntaria, de las solicitudes de Títulos Supletorios en base a las bienhechurías o mejoras que posea un fundo, teniendo en cuenta que la intención de este título es justificar ante terceros el derecho de carácter real de quien posee en forma pacífica y sin oposición estos bienes, sin tener un verdadero título de propiedad sobre la tierra. En tal sentido, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 200, de fecha catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007), caso Aníbal Jesús Núñez Beauperthuy vs. Agropecuaria La Gloria, C.A., señaló: “Conforme a lo antes expuesto, todos los inmuebles susceptibles de explotación agropecuaria gozan de la protección especial que consagra la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, independientemente de que los mismos estén ubicados en poligonales urbanas o rurales. Por otro lado, ha señalado la Sala Constitucional que del análisis de los artículos 197 y 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, antes citados, se desprende que el legislador ha establecido ‘en primer lugar un foro atrayente con respecto a la jurisdicción agraria (artículo 197 eiusdem) para ventilar conflictos que se produzcan entre particulares con motivo de dicha actividad; y en segundo lugar, atribuyen competencia para conocer y decidir de determinadas acciones (como las del caso de marras, esto es, acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria) a los Juzgados de Primera Instancia Agrarios, dejando en su último ordinal una cláusula abierta para que estos Juzgados conozcan de ‘(…) todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’ (artículo 208 eiusdem)’ (subrayado añadido) (sentencia número 5047 del 15 de diciembre de 2005, caso Humberto Lobo Carrizo). Por tal razón, considera esta Sala Plena que cuando el artículo 208, numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario atribuye competencia a los juzgados de primera instancia agraria para conocer de ‘todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’, debe entenderse como una cláusula abierta que comprende cualquier controversia en la que pueda verse afectada la producción agroalimentaria. Ello en virtud de que el juez agrario ‘debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental’ (artículo 207 eiusdem)”. Igualmente, el Magistrado Francisco Carrasquero López, en el voto salvado emitido en la sentencia N° 01 de fecha quince (15) de enero de dos mil nueve (2009), de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, señaló lo siguiente: “(…) En tal sentido, el artículo 271 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ya interpretado por este Máximo Tribunal, establece la prevalencia de las disposiciones de dicho complejo normativo, sobre el resto de las normas sustantivas y adjetivas de rango legal y, en tal sentido, el artículo 208.15 eiusdem, dispone, que corresponde a los tribunales de primera instancia agraria, el conocimiento general de todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria, desarrollando así el principio de exclusividad agraria a tenor del cual, los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, tienen un fuero especial atrayente que en virtud de criterios subjetivos y atendiendo a la naturaleza agraria de los asuntos, extraen de la jurisdicción ordinaria (civil-mercantil) el conocimiento de los litigios con incidencia o afectación sobre la actividad agrícola para otorgársela a los tribunales especializados en la materia. Sobre el mencionado principio de exclusividad agraria y fuero especial atrayente, ya se pronunció esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 24, firmada el 12 de diciembre de 2007, y publicada el 16 de abril de 2008, la cual expresamente asentó el criterio que a continuación se transcribe: “(…) En el presente caso, el procedimiento donde se interpuso la demanda de tercería, es un juicio de intimación incoado a los fines de cobrar una letra de cambio, que como acto objetivo de comercio, le confiere a la cuestión controvertida un cariz mercantil, que de acuerdo a lo expuesto, atribuye el conocimiento del asunto en primera instancia a los tribunales ordinarios civiles mercantiles y en alzada a los juzgados superiores competentes por la materia y el territorio. No obstante ello, el artículo 271 de de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece la prevalencia de las disposiciones de dicho complejo normativo, sobre el resto de las normas sustantivas y adjetivas de rango legal y en tal sentido, el artículo 208.15 eiusdem, dispone, que corresponde a los tribunales de primera instancia agraria, el conocimiento general de todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria, desarrollando así el principio de exclusividad agraria a tenor del cual, los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, tienen un fuero especial atrayente que en virtud de criterios subjetivos y atendiendo a la naturaleza agraria de los asuntos, extraen de la jurisdicción ordinaria (civil-mercantil) el conocimiento de los litigios con incidencia o afectación sobre la actividad agrícola para otorgársela a los tribunales especializados en la materia. (…) Con el referido criterio, la Sala evidenció que, el legislador viene a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Todo en el contexto de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico. En concordancia con lo anteriormente expuesto, el Único Aparte del artículo 269 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece la competencia funcional de los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, para conocer de las siguientes cuestiones: En primer lugar, de las apelaciones planteadas en los litigios surgidos entre particulares (criterio subjetivo) cuya competencia sustancial (naturaleza del asunto), sea la actividad agraria, lo cual ocurre, cuando la cuestión litigiosa verse sobre un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite, sea con ocasión de esta actividad, lo cual debe verificarse de forma concomitante para que proceda la competencia del Tribunal Agrario (..omissis…). (…) De lo expuesto se colige, que el antes referido principio de exclusividad agraria reafirma y expande el espectro funcional de los tribunales con competencia en la materia, toda vez que somete a dicha jurisdicción (competencia), el conocimiento en primera y segunda instancia de los asuntos litigiosos agrarios entre particulares y al mismo tiempo, entre particulares y el Estado, a través del contencioso agrario. En este contexto se observa, que en el caso planteado se está en presencia de una apelación planteada en un juicio entre particulares, donde la cuestión litigiosa son unos semovientes (inmuebles por destinación) y unas bienhechurías realizadas en un predio rustico o rural, de acuerdo al documento de adjudicación suscrito por el entonces Presidente del Instituto Agrario Nacional, que cursa al folio 43 y siguiente del legajo, donde se desprende que el inmueble objeto de la presente querella se encuentra ubicado fuera de la poligonal urbana, específicamente en un asiento campesino. Asimismo, la demanda que dio lugar a la decisión apelada, tuvo como ratio impedir la afectación de la actividad agraria en el fundo donde se encuentran los semovientes y las bienhechurías afectadas por una demanda principal, en la cual se acordaron unas medidas preventivas que de manera indubitable inciden en la explotación agropecuaria que desarrolla la ciudadana FRANCISCA DEL CARMEN MALDONADO DE MATERANO”. Entonces, el criterio precedentemente trascrito precisa que la jurisdicción (competencia) agraria constituye un mecanismo de heterocomposición de los conflictos intersubjetivos que pudieran atentar contra el principio de seguridad agroalimentaria, planteando así que, aquellos litigios surgidos entre particulares (criterio subjetivo) cuya competencia sustancial (naturaleza del asunto), sea la actividad agraria, son asuntos del conocimiento exclusivo del tribunal agrario, lo cual ocurre también cuando la cuestión litigiosa verse sobre un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza, incluyendo aquellos casos que se susciten en sede de jurisdicción voluntaria, como son los casos de solicitudes de títulos supletorios sobre terrenos agrícolas.” Queda claro entonces que, la competencia de los Juzgados Agrarios en nuestra República, está determinada por el objeto sobre el cual recaen las distintas pretensiones que se presenten para su conocimiento, lo que obliga al Juzgado a efectuar un análisis del objeto de la pretensión interpuesta, pues el tipo de pretensiones que pueden plantearse en la jurisdicción especial agraria son similares a las que pueden ventilarse en la jurisdicción civil ordinaria, a saber, pretensiones declarativas, reivindicatorias, posesorias, servidumbres, deslindes, sucesorales, contractuales, de créditos, entre otros, pero las que se presenten ante esta jurisdicción deben tener como particularidad, el hecho que las mismas deben versar siempre sobre la actividad agroproductiva y por ende repercutir en la seguridad agroalimentaria de la Nación y/o en la protección de la biodiversidad y/o de los recursos naturales renovables. Al respecto, es criterio pacífico y reiterado del máximo Tribunal de Justicia en su Sala Constitucional que: “(…) la competencia de los tribunales de la Jurisdicción agraria viene determinada por el objeto sobre el cual versan las pretensiones deducidas, siendo que dicho objeto debe estar directamente vinculado con la actividad agrario (…) aún cuando los Justificativos de perpetua memoria se encuentra consagrado en el Código de Procedimiento Civil (artículos 936 y siguientes), ello no implica que en todos los casos la competencia esté asignada a la Jurisdicción civil (…)” mucho más cuando el artículo 197 numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone lo antes transcrito. En conclusión, son criterios en los que resulta coincidente la posición de afirmar por distintas razones de orden constitucional, legal, e inclusive orden público agrario, la competencia de los Juzgados Agrarios para tramitar y proveer en sede de jurisdicción voluntaria, solicitudes de título supletorio sobre mejoras y bienhechurías, cuando éstas sean de naturaleza agraria, vale decir que guardan relación con actividades agropecuarias. En el caso de autos, se solicitó la expedición de un Título Supletorio de propiedad sobre las mejoras, instalaciones y bienhechurías fomentadas sobre el lote de terreno denominado “ABA EL GRANJERO”, antes identificado, descritas por la solicitante de la siguiente manera: “(…) Las referidas bienhechurias (Sic) por nosotros fomentadas están constituidas por lo siguiente: . Galpón grande de paredes de bloques blancos y techos de laminas (Sic) de cemento y tubos de acero. Donde funciona la empresa procesadora de alimentos para animales. . Pozo perforado de 100 metros de profundidad para suministro de agua. . Perímetro del Fundo cercado con estantillos y alambres de púas.” Por lo que, cualquier decisión que se dicte en este caso puede incidir sobre la continuidad o interrupción de la actividad agraria que se realiza en dicho predio, así pues, a juicio de este órgano jurisdiccional, el caso bajo examen se enmarca dentro de las competencias atribuidas a los Juzgados Agrarios. Así se establece. Establecido lo anterior, se pasa a valorar el material probatorio promovido por la sociedad mercantil solicitante, y en tal sentido observa que promovió los siguientes medios probatorios: 1. Copias fotostáticas simples del Título de Adjudicación de Tierras Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario N° 24344171617RAT0010182, otorgado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), a favor de la sociedad mercantil ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANJERO C.A., representada por los ciudadanos PEDRO LUÍS URDANETA ZAMBRANO, MAGLENE DEL CARMEN ZAMBRANO GONZÁLEZ y NORELVIS MARÍA VILLASMIL FUENMAYOR, mediante Sesión de Directorio N° ORD 763-17, de fecha once (11) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), inserto ante la Unidad de Memoria Documental, en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017), anotado bajo el N° 68, Folio 135 al 136, Tomo 4236 de los libros llevados por dicha unidad de memoria documental. (Folios 03 y 04) La anterior documental, distinguida con el número 1, se compone de la copia fotostática simple de un documento público administrativo, el cual el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario, que se encuentra previsto en el artículo 66 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como un documento emanado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), a través de un acto administrativo, mediante el cual se transfiere la posesión legítima de la tierra productiva ocupada y trabajada por él o los adjudicatarios; del mismo se desprende la posesión agraria reconocida por el referido ente administrativo, a favor de la sociedad mercantil ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANJERO, C.A., representada por los ciudadanos PEDRO LUÍS URDANETA ZAMBRANO, MAGLENE DEL CARMEN ZAMBRANO GONZÁLEZ y NORELVIS MARÍA VILLASMIL FUENMAYOR, sobre el lote de terreno denominado “ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANJERO, C.A.”. Así se establece. 2. Copia fotostática simple del Plano Topográfico del lote de terreno denominado “ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANEJRO, C.A”, emitido por Oficina Regional de Tierras Zulia Norte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. (Folio 05) La anterior documental, distinguida con el número 2, se compone de la copia fotostática simple de un documento público administrativo, el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario; de la misma se desprende la ubicación exacta, medidas y linderos del lote de terreno denominado “ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANJERO C.A.”, según el levantamiento efectuado por la Oficina Regional de Tierras Zulia del Instituto Nacional de Tierras (INTI), mediante el sistema de coordenadas UTM, Datum Regven, Huso 19. Así se establece. 3. Copia fotostática simple del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANJERO C.A., celebrada en fecha dos (02) de enero de 2017, inscrita ante el Registro Mercantil Tercero del estado Zulia, en fecha quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), bajo el N° 19, Tomo 107-A 485. (Folios 06 al 12) 4. Copia fotostática simple del Acta Constitutiva de la sociedad mercantil ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANJERO C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Tercero del estado Zulia, en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), anotada bajo el N° 20, Tomo 8-A 485. (Folios 06 al 19) Las anteriores documentales, distinguidas con los números 3 y 4, se componen de copias fotostáticas simples de documentos privados registrados, las cuales adquieren publicidad frente a terceros en virtud de su inserción ante el Registro Mercantil, que deben ser valoradas en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1363 del Código Civil, y con las previsiones del artículo 9 de la Ley de Registros y del Notariado, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sea impugnada; de la cual se desprende la constitución de la sociedad mercantil ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANJERO, C.A., quienes son sus accionistas, los estatutos que rigen la vida societaria de la misma, cuales son sus órganos de administración y cuales son sus facultades, entre otros aspectos, así como su posterior modificación de los estatutos sociales. Así se establece. 5. Copia fotostática simple de la cédula de identidad del ciudadano PEDRO LUÍS URDANETA ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-19.408.408. (Folio 20) 6. Copia fotostática simple de la cédula de identidad de la ciudadana NORELVIS MARÍA VILLASMIL FUENMAYOR, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-19.961.053. (Folio 21) 7. Copia fotostática simple de la cédula de identidad del ciudadana MAGLENE DEL CARMEN ZAMBRANO GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-4.522.405. (Folio 22). Las anteriores documentales, distinguidas con los números 5, 6 y 7, se componen de las copias fotostáticas simples de documentos públicos, las cuales deben ser valoradas en conformidad con las previsiones del artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Identificación, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sean impugnadas; de las mismas se desprenden uno de los medios de identificación de los ciudadanos PEDRO LUÍS URDANETA ZAMBRANO, NORELVIS MARÍA VILLASMIL FUENMAYOR, MAGLENE DEL CARMEN ZAMBRANO GONZÁLEZ, las respectivas fechas de nacimiento, los respectivos números de cédulas, los respectivos estados civiles, entre otros aspectos. Así se establece. 8. Copia fotostática simple del Registro Único de Información Fiscal (RIF), N° V-119691053, tramitado por la ciudadana NORELVIS MARÍA VILLASMIL FUENMAYOR, ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en fecha doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009). (Folio 23) 9. Copia fotostática simple del Registro Único de Información Fiscal (RIF), N° V-104522405, tramitado por la ciudadana MAGLENE DEL CARMEN ZAMBRANO, ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en fecha tres (03) de abril de dos mil tres (2003). (Folio 24) 10. Copia fotostática simple del Registro Único de Información Fiscal (RIF), N° V-119408408, tramitado por el ciudadano PEDRO LUÍS URDANETA ZAMBRANO, ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en fecha cuatro (04) de julio de dos mil seis (2006). (Folio 25). 11. Copia fotostática simple del Registro Único de Información Fiscal (RIF), N° J-3409132765, tramitado por ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANJERO, ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en fecha de veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017). (Folio 26) Las anteriores documentales distinguidas con los números 8, 9, 10, y 11, se componen de la copia fotostática simple de documentos públicos administrativos, los cuales en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, gozan de presunción de certeza hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario, o sean impugnadas en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; de las cuales se desprende el Registro Único de Información Fiscal (RIF) de los ciudadanos en ellas referidas y de la solicitante del título supletorio, el domicilio fiscal, entre otros aspectos. Así se establece. 12 Copia fotostática simple de la Constancia de Residencia tramitada por el ciudadano ALEXANDER DÁVILA BARRIOS, por ante el Registro Civil de la parroquia Cecilio Acosta. (Folio 27 y 28) La anterior documental distinguida con el número 12, se componen de documento publico administrativo, el cual no se encuentra debidamente sellado ni firmado, aunado a ello no corresponde a ninguno de los solicitantes del presente título supletorio, por lo que se desecha del acervo probatorio. Así se observa. 13. Copia fotostática simple de la cédula de identidad del ciudadano ALEXANDER DÁVILA BARRIOS, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-13.529.645. (Folios 29) 14. Copia fotostática simple de la cédula de identidad del ciudadano YOURIN MANARES GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-13.975.942. (Folios 30) 15. Copia fotostática simple de la cédula de identidad del ciudadano ÁNGEL URDANETA PARRAGA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-4.523.393. (Folios 31) Las anteriores documentales, distinguidas con el número 13, 14 y 15, se componen de las copias fotostáticas simples de documentos públicos, las cuales deben ser valoradas en conformidad con las previsiones del artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Identificación, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sean impugnadas; de las mismas se desprenden uno de los medios de identificación de los testigos promovidos por la solicitante del título supletorio, las respectivas fechas de nacimiento, los respectivos números de cédulas, los respectivos estados civiles, entre otros aspectos. Así se establece. Igualmente, consta en actas que en fecha veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017), se practicó Inspección Judicial sobre el lote de terreno denominado “ABA EL GRANJERO” cuyos datos de ubicación, medidas y linderos constan en el cuerpo de la presente sentencia, oportunidad en la cual se observó la existencia de las siguientes mejoras, bienhechurías e instalaciones: “Se deja constancia que al lote de terreno se accede por un portón de hierro de color azul, y en el patio principal se encuentra edificado un (01) galpón construido con paredes de bloques en obra limpia, techos de acerolit sobre estructura de hierro, pisos de arena, y dos (02) portones de hierro; se deja constancia que el lote de terreno se encuentra totalmente cercado con estantillos de madera y cinco (05) pelos de alambre de púas, asimismo, se encuentra dotado de riego por aspersión.” Respecto a este medio probatorio, el autor Emilio Calvo Baca, en su obra “Código Civil Venezolano Comentado y Concordado” (Ediciones Libra 2004: Pág. 855), señala que es el “(…) medio probatorio por el que el Juez constata personalmente, a través de todos los sentidos, los hechos materiales que fundamentan la controversia.”, el cual debe ser valorado en conformidad con las previsiones los artículos 472 y 507 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1428 del Código Civil venezolano, constituyendo plena prueba de los hechos que el Juez aprecie por todos sus sentidos; desprendiéndose de dicho medio probatorio las mejoras, bienhechurías e instalaciones que posee la solicitante, edificadas sobre el lote de terreno denominado “ABA EL GRANJERO”. En este mismo sentido, fueron evacuadas las testimoniales de los ciudadanos ÁNGEL FRANCISCO URDANETA PARRAGA y YOURIN ANTONIO MANARES GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad número V-4.523.393 y V-13.975.942, cuyas declaraciones reposan en actas, siendo que este órgano jurisdiccional en ejercicio del principio de inmediación, y en atención a las facultades referidas en los artículos 190 y 191 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, estima que las testigos fueron contestes, al detallar el modo, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos sobre los cuales versan sus respuestas, que en el caso que nos ocupa, recayó sobre las mejoras y bienhechurías que conforman el lote de terreno denominado ““ABA EL GRANJERO”. Así se establece. Finalmente, antes de proceder a dictar el dispositivo en la presente causa, considera importante este órgano jurisdiccional, traer a colación el primer aparte del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, el cual literalmente establece: “Artículo 11.- (…) En los asuntos no contenciosos, en los cuales se pida alguna resolución, los Jueces obrarán con conocimiento de causa, y, al efecto, podrán exigir que se amplíe la prueba sobre los puntos en que la encontraren deficiente, y aún requerir otras pruebas que juzgaren indispensables; todo sin necesidad de las formalidades del juicio. La resolución que dictaren dejará siempre a salvo los derechos de terceros y se mantendrá en vigencia mientras no cambien las circunstancias que la originaron y no sea solicitada su modificación o revocatoria por el interesado, caso en el cual, el Juez obrará también con conocimiento de causa”. En virtud del cual, la sentencia que se dicte en el presente caso, dejará expresa constancia que se dejarán a salvo los derechos que terceros pudieran tener sobre las referidas mejoras y bienhechurías. Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia considera suficientes las pruebas previamente indicadas y valoradas, para declarar JUSTO TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD a favor de la sociedad mercantil ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANJERO C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), anotada bajo el N° 20, Tomo 8-A 485; inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el número J-40913276-5, representada por los ciudadanos PEDRO LUÍS URDANETA ZAMBRANO, MAGLENE DEL CARMEN ZAMBRANO GONZÁLEZ y NORELVIS MARÍA VILLASMIL FUENMAYOR, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad números V-19.408.408, V-4.522.405 y V-19.691.053, respectivamente, domiciliados en el sector La Chinita, parroquia Chiquinquirá, municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia, sobre las mejoras, instalaciones y bienhechurías descritas en la Inspección Judicial practicada sobre el lote de terreno denominado “ABA EL GRANERO”, y así lo hará constar en el dispositivo de la presente decisión. Así se decide. -IV- DISPOSITIVO Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1°) ÚNICO: JUSTO TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD a favor de la sociedad mercantil ALIMENTOS BALANCEADOS EL GRANJERO C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), anotada bajo el N° 20, Tomo 8-A 485; inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el número J-40913276-5, representada por los ciudadanos PEDRO LUÍS URDANETA ZAMBRANO, MAGLENE DEL CARMEN ZAMBRANO GONZÁLEZ y NORELVIS MARÍA VILLASMIL FUENMAYOR, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad números V-19.408.408, V-4.522.405 y V-19.691.053, respectivamente, domiciliados en el sector La Chinita, parroquia Chiquinquirá, municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia, sobre las mejoras, instalaciones y bienhechurías edificadas en lote de terreno denominado “ABA EL GRANERO”, ubicado en el sector La Chinita, parroquia Chiquinquirá, municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia, constante de una superficie de UNA HECTÁREA CON CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (1 Has CON 5497 Mts²), alinderado de la siguiente manera: NORTE: Con vía de penetración; SUR: Con terreno ocupado por Esmeiro Boscán; ESTE: Con vía de penetración; y, OESTE: Con terreno ocupado por Pedro Urdaneta; descritas de la siguiente manera: “(…) Se deja constancia que al lote de terreno se accede por un portón de hierro de color azul, y en el patio principal se encuentra edificado un (01) galpón construido con paredes de bloques en obra limpia, techos de acerolit sobre estructura de hierro, pisos de arena, y dos (02) portones de hierro; se deja constancia que el lote de terreno se encuentra totalmente cercado con estantillos de madera y cinco (05) pelos de alambre de púas, asimismo, se encuentra dotado de riego por aspersión (…).” Esto en conformidad con los artículos 11 y 937 del Código de Procedimiento Civil, dejándose a salvo los derechos que terceros puedan tener sobre las mismas, instándose al beneficiario a acogerse a los mecanismos de participación y regularización establecidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Devuélvanse los originales con sus resultas a la parte interesada, previa certificación por Secretaría. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por Secretaria de la presente sentencia, en conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en Maracaibo a los once (11) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación. EL JUEZ PROVISORIO, ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO. EL SECRETARIO, ABOG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN. En la misma fecha, siendo las dos y treinta minutos de la tarde (02:30 p.m.), se dictó y publicó la presente sentencia bajo el Nº 081-2017, se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencias de este Juzgado. EL SECRETARIO, ABOG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.