REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SANTA RITA Y SIMON BOLIVAR DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Cabimas, 03 de julio de 2017
207° y 158°
SOLICITUD Nº E0134
SOLICITANTES: ZULMA GREGORIA RANGEL CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedulad de identidad N° V-10.080.029 y EDGAR GREGORIO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad titular de la cedulad de identidad N° V-7.965.068, ambos domiciliados en la Avenida Principal Pedro Lucas Urribarri, Sector los Andes, Municipio Santa Rita del Estado.
ABOGADO ASISTENTE: LEONELA GARCIA RANGEL, inscrita bajo el Inpreabogado con el N° 146.057.
MOTIVO: DIVORCIO. Mutuo Consentimiento.
SENTENCIA: DEFINITIVA.
ANTECEDENTES
En fecha treinta y uno (31) de marzo de 2017, se recibió Solicitud de Divorcio de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Zulia, signada con el numero de distribución BV-MS-502-2017, constante de doce (12) folios útiles, incoada por los ciudadanos: ZULMA GREGORIA RANGEL CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedulad e identidad N° V-10.080.029 y EDGAR GREGORIO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad titular de la cedulad de identidad N° V-7.965.068, ambos domiciliados en la Avenida Principal Pedro Lucas Urribarri, Sector los Andes, Municipio Santa Rita del Estado, asistidos la abogada en ejercicio LEONELA GARCIA RANGEL, inscrita bajo el inpreabogado con el N° 146.057. Igualmente manifiestan las partes que de esta unión matrimonial procrearon tres (03) hijos, las cuales llevan por nombres ZULEDMAR ELENA GONZALEZ RANGEL, EDGLIMAR DEL CARMEN GONZALEZ RANGEL y EDGAR JOSE GONZALEZ RANGEL, titulares de las cedulas de identidad N° V-19.808.528, v-21.383.057 y V-25.343.377 respectivamente, todos mayores de edad como se evidencia en copias fotostáticas de cedulas de identidad y partidas de nacimiento N° 61, N° 1.055 y N° 622 respectivamente e hicieron constar que adquirieron bienes que liquidar.
En fecha tres (03) de Abril de 2017, se le dio entrada, se admitió, se formo solicitud y se le asigno el numero correspondiente, acompañada de los siguientes recaudos: Copias fotostáticas de cedula de identidad de los solicitantes y de los hijos resultantes del vinculo marital, Copia certificada de Acta de Matrimonio N° 139, emanada de la Prefectura del Municipio Santa Rita, Distrito Bolívar del Estado Zulia, Copia simple de Partidas de Nacimiento de ZULEDMAR ELENA GONZALEZ RANGEL, EDGLIMAR DEL CARMEN GONZALEZ RANGEL y EDGAR JOSE GONZALEZ RANGEL, titulares de las cedulas de identidad números V-19.808.528, V-21.383.057 y V-25.343.377 respectivamente, todos mayores de edad como se evidencia en actas de nacimiento N° 61, N° 1.055 y N° 622 respectivamente, todo constante de catorce (14) folios útiles y ordenó librar boleta de citación al Fiscal Trigésimo Sexto (36) del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
En fecha siete (07) de Junio de 2017, la alguacil natural de este Juzgado previo libramiento de boleta de citación, expuso: Que fue citado el Fiscal Trigésimo Sexto (36) del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y consignó por secretaria la boleta de citación debidamente firmada, se le dio entrada y fue agregada a la solicitud en esta misma fecha, como se evidencia en actas.
En fecha doce (12) de Junio de 2017, se recibió exposición de la Abg.Esp. Daymang González Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Trigésima Sexta (36) del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede Cabimas y competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, según resolución 2074, de fecha 21-11-2016, se le dio entrada y fue agregada a la solicitud en esta misma fecha, como se evidencia en actas.
En fecha trece (13) de Junio de 2017, se dicto auto vista exposición del Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Trigésima Sexta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, instando a los solicitante a que consigne Partidas de Nacimientos certificadas de los tres (03) hijos, procreados durante el vinculo matrimonial.
En fecha diecinueve (19) de Junio de 2017, se recibió diligencia acompañada de Partidas de Nacimientos certificadas de los tres (03) hijos procreados durante el vinculo matrimonial, presentada por el ciudadano EDGAR GONZALEZ, asistido en este acto por la abogada en ejercicio LEONELA GARCIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 146-057, en la misma fecha se le dio entrada y se ordena agregar a la solicitud respectiva; subsanado como ha sido por la parte solicitante lo requerido por la Abg. Esp. Daymang González Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Trigésima Sexta (36) del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede Cabimas y competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, según resolución 2074, de fecha 21-11-2016, se acuerda libra boleta de Notificación a la Fiscal antes mencionada.
En fecha veintisiete (27) de Junio de 2017, la alguacil natural de este Juzgado previo libramiento de boleta de notificación, expuso: Que fue notificado el Fiscal Trigésimo Sexto (36) del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y consignó por secretaria la boleta de notificación debidamente firmada, se le dio entrada y fue agregada a la solicitud en esta misma fecha, como se evidencia en actas.
Transcurrido el lapso procesal correspondiente, pasa ésta juzgadora a dictar sentencia en los siguientes términos:
CONTENIDO DE LA SOLICITUD
Narran los solicitantes que en fecha once (11) de Octubre de 1989, contrajeron matrimonio Civil por ante la Prefectura Civil del Municipio Santa Rita, Distrito Bolívar del Estado Zulia, según consta en acta de Matrimonio N° 139, señalan que después de contraer matrimonio fijaron domicilio conyugal en la Avenida Principal Pedro Lucas Urribarri, Sector Los Andes, Municipio Santa Rita del Estado Zulia, hasta que fue interrumpida el día dieciséis (16) de Mayo de 2015, existiendo una separación de hecho por mas de dos (2) años y es por lo que decidieron acudir ante este Tribunal para solicitar el DIVORCIO invocando la sentencia N° 693, de fecha dos (02) de Junio de 2015, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán. De igual manera hacen constar que durante la unión matrimonial procrearon tres (03) hijos, todos mayores de edad. Por último piden la admisión de la presente solicitud, con los pronunciamientos de Ley, la citación del Fiscal del Ministerio Público y que sea sustanciada conforme a derecho y con todos los pronunciamientos de Ley.
LA COMPETENCIA
La sentencia N° 693-15, de fecha 02 de junio de 2015, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con carácter vinculante, amplía las causales de divorcio establecidas en el artículo 185 del Código Civil, homologando la tramitación de dichas solicitudes en los términos señalados en la sentencia No. 446/2014, motivo por el cual el mutuo consentimiento forma parte de la Jurisdicción voluntaria, donde no existe en principio contraposición de intereses, pues el mismo ha sido previsto para el caso que ambos cónyuges manifiesten su consentimiento de divorciarse por existir alguna razón, además de las tradicionales causales de divorcio, que impida la vida en común.
En este sentido, la resolución 2009-0006, de fecha 18 de Marzo de 2009, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 3 les da plena competencia a los Juzgados de Municipio en materia de jurisdicción voluntaria, exceptuándose aquellos casos en los cuales este involucrados niños, niñas y adolescentes:
Artículo 3: “Los Juzgados de Municipio conocerán en forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia, sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida.
De esta manera, y habiendo manifestado los cónyuges que su último domicilio conyugal fue en la Avenida Principal Pedro Lucas Urribarri, Sector Los Andes Municipio Santa Rita del Estado Zulia, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 40 y 754 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 185 del Código Civil y el artículo 3 de la citada resolución 2009-0006, de fecha 18 de Marzo de 2009, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, es competente éste Juzgado para conocer de la presente solicitud de Divorcio, y Así se Declara.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
El artículo 185 del Código Civil establecía de manera taxativa las causales en las cuales debía fundamentarse toda acción de divorcio, tal y como lo dispone en el artículo 755 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia vinculante No. 693, de fecha 02 de junio de 2015, interpretó el contenido de dicho artículo estableciendo que las causales de divorcio allí contenidas no son taxativas, y abriendo la posibilidad de que los cónyuges puedan demandar el divorcio por cualquier otra razón que estimen impida la continuación de la vida en común, incluyéndose el mutuo consentimiento como lo afirma la sentencia dictada por esa misma sala No. 446 del 15 de mayo de 2014.
Al respecto señala la Sala lo siguiente:
“…Así mismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal. (…). De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al juicio de los derechos constitucionales ya comentados, devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio, frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, vistas las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ésta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de Divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia No. 446-2014, ampliamente citada en este fallo, incluyéndose el mutuo consentimiento (…).
Así mismo, señaló la Sala al hacer una interpretación del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el matrimonio es una institución fundada en el libre consentimiento de los cónyuges, por lo que nadie puede ser obligado a contraerlo, así como tampoco (por interpretación lógica) nadie puede estar obligado a permanecer casado; de igual manera, sostiene que la refundación institucional propuesta en la vigente Constitución de 1999, conduce a una revisión de las instituciones preconstitucionales, incluyendo el divorcio como fórmula para solucionar las desavenencias insalvables de la pareja unida en matrimonio, considerando un rasgo de actualización legislativa en ese sentido, la atribución de competencia de los jueces de paz que otorga la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, que en su artículo 8 dispone que los jueces de paz son competentes para “Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento, los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito territorio del juez o jueza de paz comunal y no se hayan procreado hijos o de haberlos, no sean menores de dieciocho (18) años a la fecha de la solicitud”.
Siguiendo el orden de ideas, se constata en las actas procesales la interrupción de la vida en común desde hace mas de dos (02) años, sin reanudarse dicha relación, evidenciándose que ha existido una separación de hecho, observa esta jurisdicente que se dio cumplimiento con todas las formalidades previstas en la ley y en la jurisprudencia vinculante emanada del Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera que, siendo el libre consentimiento un derecho fundamental, requisito necesario no solo para celebrar el matrimonio sino para que prive durante su existencia, por lo que su expresión esta destinada a la ruptura del vínculo matrimonial y debe conducir al divorcio, analizado el criterio jurisprudencial antes trascrito, y tomando en consideración el libre consentimiento de los cónyuges manifestado de manera inequívoca en el contenido de la solicitud, ésta Juzgadora hace suyo el criterio de la Sala Constitucional precedentemente citado, el cual es de carácter vinculante para todos los operadores de justicia, por lo que la presente solicitud de divorcio debe prosperar en Derecho y aún sin haber pronunciamiento por parte del Fiscal del Ministerio Público después de practicada la notificación, se considera procedente la presente solicitud de DIVORCIO. Así se Decide.
DISPOSITIVO DEL FALLO
Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SANTA RITA Y SIMON BOLIVAR DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
• PRIMERO: CON LUGAR: la presente solicitud de DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO y en consecuencia,
• SEGUNDO: QUEDA DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos ZULMA GREGORIA RANGEL CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedulad e identidad N° V-10.080.029 y EDGAR GREGORIO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad titular de la cedulad de identidad N° V-7.965.068, ambos domiciliados en la Avenida Principal Pedro Lucas Urribarri, Sector los Andes, Municipio Santa Rita del Estado, según consta en acta de matrimonio N° 139, de fecha once (11) de Octubre de 1989.
• TERCERO: Con relación al supuesto convenio efectuado entre las partes sobre los bienes de la comunidad conyugal, este Tribunal lo considera improcedente, en virtud de que se hacía y hace menester que existiera una sentencia ejecutoriada que disolviera el vínculo conyugal o que quede firme la presente decisión para que pudiera tener valor, razón por la cual se le declara nulo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 173 última parte del Código Civil.
La Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 21 de julio de 1999, expresa: “…dado que al presentarse la solicitud de declaratoria de divorcio con base en el artículo 185-A de ese mismo Código, no puede considerarse disuelto aún el matrimonio, el convenio que la misma contenga sobre partición, como es el caso del pacto cuya ejecución constituye el objeto del presente juicio, es nulo y carente de valor y efectos…” En tal sentido, de una interpretación extensiva de la decisión antes mencionada, será procedente la liquidación de la comunidad conyugal una vez quede firme el presente fallo. Así se decide.
No se hace especial pronunciamiento sobre las costas procesales, dada la naturaleza del fallo.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, sellada y firmada en este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SANTA RITA Y SIMON BOLIVAR DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA en Cabimas tres (03) de julio del año 2017. 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
LA JUEZA TITULAR
Dra. MARIAELVIRA REINA HERNANDEZ
LA SECRETARIA TEMPORA
Dra. EDITH TORRES AMAYA
En la misma fecha, previo anuncio de Ley a las Puertas del Despacho, se dictó y publicó la anterior SENTENCIA DEFINITIVA en la solicitud N° E0134, siendo la una y diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 a.m.), quedando notado bajo el N° 040.
LA SECRETARIA TEMPORA
Dra. EDITH TORRES AMAYA
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