TSJ Regiones - Decisión

Asunto: VP01-L- 2012-001498

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:
EL TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO
PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA
CON SEDE EN MARACAIBO
206º y 158º

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

Demandante: Ciudadano YERIKA DEL CARMEN LOZADA MONTAÑA Y LORETH YOANA LOZADA CUETO, quienes son venezolanas, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 16.151.123 y 16.905.802, respectivamente, domiciliadas en el municipio Maracaibo, estado Zulia.

Demandada: La ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO ALTOS DE MARACAIBO (ASOALMA), inscrita ante el Registro Inmobiliario del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 27 de Septiembre de 1995, bajo el Nro. 22, Protocolo 1°, Tomo 33, y la JUNTA DE CONDOMINIO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO ALTOS DE MARACAIBO, con domicilio en el municipio Maracaibo, estado Zulia.

DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES Y DEL OBJETO DE LA PRETENSIÓN

En fecha 16/07/2012, fue presentada demanda contentiva de reclamación por pago de PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, incoada por las ciudadanas YERIKA DEL CARMEN LOZADA MONTAÑA Y LORETH YOANA LOZADA CUETO, en contra de la ASOCIACIÓN CIVIL ALTOS DE MARACAIBO (ASOALMA) y JUNTA DE CONDOMINIO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO ALTOS DE MARACAIBO, partes suficientemente identificadas, y mediante distribución de fecha 17/07/2012, correspondió conocer de la causa al Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con Sede en Maracaibo. Posteriormente, en fecha 19/07/2012, fue admitida la demanda por el referido Tribunal y se ordenó librar las notificaciones correspondientes. En fecha 28 de noviembre de 2012, previa solicitud de la parte actora, y por la falta producida por encontrarse de reposo la jueza regente del referido Tribunal, se procedió a la redistribución de la causa, correspondiéndole conocer al Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial.

En fecha 17 de diciembre de 2012, se ordena librar nuevas notificaciones y en fecha 28 de enero de 2013, fue consignada por el Alguacil Adscrito a este Circuito Judicial Laboral, exposición mediante la cual deja expresa constancia de haberse notificado a la parte demandada.

En fecha 15/12/2013 se procedió a efectuar nueva distribución de la causa, a los efectos de la celebración de la audiencia preliminar, correspondiendo al Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con Sede en Maracaibo. Y en esa misma fecha se instaló la audiencia preliminar la cual fue prolongada en varias oportunidades y en fecha 22/10/2013 en vista de no llegar las partes a ningún acuerdo, se dio por concluida la audiencia preliminar, ordenándose la incorporación de los escritos de promoción de medios de pruebas con sus anexos.

En fecha 31/10/2013, vencido el lapso para dar contestación, e incorporados a las actas los escritos presentados por las partes, se ordena la remisión del expediente a la fase de juicio, para lo cual, tras distribución de fecha 01/11/2013, correspondió conocer de la causa a este TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO REGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO, y una vez que se le dio cuenta al Ciudadano Juez, se le dio ingreso a la causa en la misma fecha. Seguidamente en fecha 08/11/2013, se providenciaron los escritos de pruebas, y en la oportunidad legal para la fijación de la audiencia de Juicio Oral y Pública, la misma fue fijada para el día 20/12/2013, siendo reprogramada la celebración de la misma para el 05/02/2014.

A posteriori, en fecha 04/02/2012, fue presentado por los apoderados judiciales de las partes, diligencia mediante la cual acuerdan la suspensión de la causa por 05 días, y vencido el referido lapso y fijada nuevamente la celebración de la audiencia, las partes en diversas oportunidades suspendieron reiterativamente la causa siendo la última diligencia acordando la suspensión en fecha 03/08/2015.

Posteriormente, se evidencia de las actas que no existe acto de impulso procesal de ninguna de las partes.

Ahora bien, la presente causa pasó al conocimiento de una nueva Juez, la ciudadana ANMY PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 14.134.881, siendo designada como Jueza Provisoria a cargo de este Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de conformidad con Oficio signado con el No. CJ-16-2608 de fecha 17 de agosto de 2016, proveniente de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, debidamente juramentada por ante la Rectoría de esta Circunscripción Judicial, en fecha 21 de septiembre de 2016; en consecuencia, SE ABOCA al conocimiento de la presente causa, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 14, 90 y 233 del Código de Procedimiento Civil.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Según expresa el procesalista patrio Ricardo Henríquez La Roche, un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. En tal sentido, define la institución procesal de la Perención de la Instancia, del latín Perimire, destruir, como la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno, y lo plantea como un correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso.-

En la presente causa es menester de manera impretermitible resolver lo pertinente a la perención, la cual opera de pleno derecho, sin importar la persona demandante o demandada, verificable previa instancia de parte y aún de oficio, no teniendo el Juez ningún grado de discrecionalidad para su decreto.

Lo primero es precisar las BASES NORMATIVAS aplicables en cuanto a la institución de la perención, luego ciertas consideraciones doctrinales conceptuales y, a posteriori criterios de jurisprudencia para finalmente resolver lo ajustado en Derecho y Justicia.

Estatuye el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), lo siguiente:

“Artículo 201.Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el juez, este ultimo deberá declarar la perención” (Subrayado agregado)

Y a la vez resulta de interés transcribir el contenido del artículo 203 eiusdem:

“Artículo 203. La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda y solamente extingue el proceso. En tal sentido, no corren los lapsos de prescripción legalmente establecidos y no se aplica la consecuencia jurídica establecida en el artículo 1.972 del Código Civil.”

Conforme a las previsiones del artículo 202 del mismo texto adjetivo laboral, la perención se verifica de pleno derecho, debiendo declararse de oficio por el Tribunal.

Indicadas las bases normativas aplicables en cuanto a la institución de la perención, se estima prudente precisar desde el punto de vista DOCTRINAL CONCEPTUAL ¿qué se debe entender por perención?

La Perención no es otra cosa que la extinción del proceso, derivada de la inercia de la actividad procesal de las partes, durante el plazo o término previsto en la Ley para que dicho efecto se produzca; constituye por lo tanto, una forma anormal de terminación del proceso. Al tratar la perención de la instancia, ello presupone tener un concepto de lo que significa el vocablo “instancia”, la definición más clara la hace Couture y Palacio, al establecer la institución como un conjunto de actos procesales que se realizan desde la petición procesal que abre un grado de jurisdicción o una etapa incidental del proceso, hasta la decisión o pronunciamiento que acoja o deniegue esta petición.

De manera que la perención se encuentra determinada por tres condiciones: Una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actividad omisiva de las partes; y una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año. La jurisprudencia patria ha sido constante y reiterada en considerar que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas, entraña una renuncia a continuar la instancia.

También es necesario señalar, que los actos capaces de interrumpir la inactividad del año (que produce la perención consagrada en la legislación adjetiva), son los inferidos en el iter legal, que propendan el desarrollo del juicio; o lo que es lo mismo, un acto que implique la voluntad del interesado en activar o de impulsar el proceso hacia su finalidad lógica, que es el fallo del Tribunal.

En este sentido, el punto más importante es establecer el momento mismo a partir del cual se ha de computar el lapso para que opere la perención de la instancia por inactividad de las partes, previstas en el encabezamiento de los artículos 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que tiene su paralelo en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; por lo que hay que determinar el comienzo y el fin del mismo.

Ahora bien, de una detenida y exhaustiva revisión de las actas que integran el presente expediente, este Tribunal, ha podido constatar que desde el tres de agosto de dos mil quince (03/08/2015) (Folio 179) es la fecha de la última actuación de ambos representantes judiciales de las partes.-

De otro lado, no está de más señalar que la perención se verifica de derecho, y en tal sentido, “se consuma desde el momento en que han transcurrido los plazos previstos en la Ley, y la declaratoria judicial sólo ratifica lo que virtualmente ya estaba consumado.” Así se ha establecido en Sentencia de la Sala de Casación Civil Nº 151 del 20/12/2001. Y en la misma se agrega que: “Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que sólo reafirma un hecho ya cumplido.”

En atención a todo lo anterior, es por ello que, desde el tres de agosto de dos mil quince (03/08/2015) que es la fecha de la última actuación de los representantes judiciales de las partes, e incluso desde la última actuación en actas por parte de este Tribunal en esa misma fecha (Folio 180), se constata que ha transcurrido, de manera excesiva, el período de un (1) año de inactividad procesal de alguna de las partes, previsto en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para que derive la extinción de la instancia, por lo que procede en derecho la misma, lo que forzosamente se impone su declaratoria por este órgano jurisdiccional, como en efecto se hace, a tenor de lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), dejando claro que de dicho lapso se ha excluido el tiempo correspondiente al receso y/o vacaciones judiciales de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, e incluso los días en los que este Tribunal estuvo sin la designación de Juez, posterior a la renuncia del Juez de Juicio que ad initio conoció de la causa; es decir, ha pasado holgadamente más de un (1) año, sin que las partes intervienientes hicieran uso de acto alguno tendiente a interrumpir el lapso de perención establecido en la normativa adjetiva laboral, razón por lo cual se declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA, todo lo cual se determinará de manera expresa, positiva y precisa en la dispositiva del presente fallo. Así se decide.-

DISPOSITIVO

Por los fundamentos antes expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley: Declara:

PRIMERO: LA PERENCION DE LA INSTANCIA en la pretensión de PRESTACIONES SOCIALES, incoada por las ciudadanas YERIKA DEL CARMEN LOZADA MONTAÑA Y LORETH YOANA LOZADA CUETO, en contra de la ASOCIACIÓN CIVIL ALTOS DE MARACAIBO (ASOALMA) y la JUNTA DE CONDOMINIO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO ALTOS DE MARACAIBO.

SEGUNDO: Se da por terminada la presente causa y se ordena notificar a las partes antes señaladas, y/o cualquiera de sus apoderados judiciales.

No procede la condenatoria en costas de la parte accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, aplicado de conformidad con lo estatuido en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Se deja constancia que la parte demandante estuvo asistida y representada por los abogados en ejercicio MERARDO PIRELA y ARGENIS FERRER, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 57.688 y 74.588, respectivamente, y la entidad de trabajo demandada estuvo representada por los profesionales el derecho LIVIMAR GÓMEZ y AIDA BAPTISTA, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 128.054 y 41.049, respectivamente.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, y NOTIFÍQUESE.-

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO, en Maracaibo a los treinta y un (31) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017).- Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.

La Jueza,

ANMY PÉREZ

La Secretaria

En la misma fecha y estando presente en el lugar destinado para Despachar la Ciudadana Jueza, siendo las dos y cincuenta y tres minutos de la tarde (02:53 p.m.) se dictó y publicó el fallo que antecede quedando registrado bajo el Nro. PJ069-2017-000073.-

La Secretaria

AP/.-