TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Expediente Nro. 45.786
Quien suscribe como Jueza Provisoria, se aprehende del conocimiento de la presente causa de IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD incoada por la ciudadana, ADA YEDRA VALLES, venezolana, mayor de edad, abogada, titular de la cédula de identidad N° V- 4.175.266, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra los ciudadanos ALICIA JOSEFINA YEDRA VALLES, ARGENIS SALOMON YEDRA VALLES, ARELY MAGDALENA YEDRA VALLES, ALFREDO JOSE YEDRA VALLES y AIDA MARLENY YEDRA VALLES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros° V-3.3678.954, V-4.175.267, V-5.715.278, V-9.053.709, V-7.565.873 respectivamente, la primera y la última ambas con domicilios en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la tercera domiciliada en la Ciudad de Miami del Estado Florida de los Estados Unidos de Norteamérica, el cuarto con domicilio en Tamare, Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia.
En el caso de autos, de la simple observación de las actas en el proceso, se observa que en fecha 19 de marzo de 2015 se admitió la demanda de IMPUGANACIÓN DE PATERNIDAD incoada por la ciudadana ADA ELOISA YEDRA VALLES anteriormente identificada, se ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Publico y citar a los ciudadanos demandados en la presente causa.
En fecha 13 de abril de 2015, la parte actora consigna los emolumentos necesarios al ciudadano Alguacil para que procediera a practicar la notificación al Fiscal del Ministerio Publico y la citación a los demandados que se encontraban domiciliados en la Ciudad de Maracaibo en las direcciones indicadas en el libelo de la demanda, en el mismo acto ordeno oficiar a Tribunal de Municipio de Lagunillas para que practicara la citación de uno de los codemandados, el ciudadano ALFREDO JOSE YEDRA VALLES en la dirección anteriormente mencionada.
De las citaciones practicadas por el Alguacil de este Tribunal nunca se le pudieron dar cumplimiento debido a que en reiteradas oportunidades se traslado a los domicilios de los codemandados y nunca los pudo localizar por cuanto no se cumplió con dicho fin.
Así mismo en fecha 10 de junio de 2015 se ordenó Comisionar al Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con la finalidad que el ciudadano Alguacil de ese Tribunal se sirviera de realizar la citación del codemandado ALFREDO JOSE YEDRA VALLES. Una vez recibida la Comisión en fecha 22 de junio de 2015, se ordena a la parte actora librar recibo de citación y hacer entrega de los emolumentos para poder practicar la citación y dar cumplimiento al mandato conferido.
En fecha 01 de diciembre de 2015 el Alguacil del Tribunal de Municipio de Lagunillas emite un auto exponiendo que desde la fecha 29 de junio de 2015 dia en que recibió la citación y las copias certificadas del libelo de la demanda hasta el 01 de diciembre de 2015, la parte actora no le proporciono los emolumentos para poder practicar la citación. Vista la exposición realizada por el Alguacil ese Tribunal en fecha 03 de diciembre de 2015 ordena remitir la causa a su Tribunal de Origen.
En fecha 07 de enero de 2016 este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia da por recibido y se le da entrada, desde esa fecha hasta hoy 24 de febrero de 2017 no ha habido impulso procesal por ninguna de las partes.
Expuesto lo anterior y de conformidad con el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, procede este Tribunal a revisar la perención anual que pudo haber ocurrido en el presente proceso, para lo cual considera pertinente revisar:
En primer lugar, debe este Órgano Jurisdiccional ratificar su facultad legal para pronunciarse, aun de oficio, sobre el acaecimiento de la perención en el presente caso, la cual deviene de la citada norma de la Ley Civil Adjetiva, que a la letra impone:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
De la disposición reproducida se evidencia que bien puede el Juzgador emitir pronunciamiento acerca de la perención de la instancia, independientemente que ésta sea ordinaria o breve. Lo cierto es que –como garante del cumplimiento de la Ley, el Juez puede declarar a instancia de parte y aun de oficio la perención, lo cual consigue perfecta armonía con la prescripción del legislador de otorgar a dicho instituto el carácter de orden público, ya que opera de pleno derecho y su verificación no se ve influenciada por los actos de las partes en el proceso.
Dispone el artículo 267 ejusdem lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.”
Destaca el Tribunal el encabezamiento de la norma, en cuanto el mismo es contemplador del instituto de la perención. Dicho instituto ha alcanzado una importancia superlativa en el tratamiento del decurso de los procesos judiciales, y ha sido conceptuado jurisprudencialmente a partir de la mencionada norma, que a su vez toma partido de la institución italiana de la perención, como buena parte de nuestro derecho procesal civil. Esas definiciones, hechas por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se orientan a asestar que la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo (s.S.C.C. Nº 156/2000). De modo más preciso, la misma Sala ha establecido que la perención es un acontecimiento que se produce en el proceso por la falta de impulso procesal por un año y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, por tal motivo no es cualquier acto el que puede producir su interrupción. (s.S.C.C. Nº 208/2000).
Ahora bien, cuando el legislador utiliza el término instancia en la norma copiada, ha de estarse refiriendo a sólo una de sus acepciones, específicamente la que considera instancia como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, dejando la segunda acepción, que supone a la instancia como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. De allí que este Tribunal considere que en la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, anteriormente transcrito, el término instancia es utilizado como impulso. Resulta importante esta acotación, para entender que el proceso se inicia a impulso de parte, y este impulso, o esta instancia, perime en los supuestos del artículo 267 ejusdem, lo cual ofrece como corolario la extinción del proceso, como consecuencia a la inactividad de la partes en el tiempo establecido. Las condiciones para la ocurrencia y verificación de la perención se contraen de manera meridiana en la sentencia Nº 01855 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 14 de Agosto de 2001, en cuya parte interesante estableció:
(…)el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso. Luego, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución”.
Del fallo transcrito se evidencia que la doctrina imperante en la Sala, que ha sido acogida de manera pacífica y uniforme, es que basta con la verificación de esas dos condiciones (transcurso de un año e inactividad de las partes), para que se declare –a impulso de parte y aun de oficio– la perención de la instancia como sanción al incumplimiento del deber de las partes de inducir la causa hasta su finalización. Esta obligación no releva al Juez de mérito, de conformidad con lo que establece el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, de dirigir el proceso y de impulsarlo de oficio hasta su conclusión, pero la interpretación de esa norma no puede relegar el carácter dispositivo del proceso civil, y la condición de igualdad en las que debe mantenerse a las partes, sin que pueda suplirse a ninguna de ellas, actuaciones propias de sus cargas procesales.
Ello así, es un hecho que la perención no puede ocurrir después de vista la causa, ya que a partir de ello, la carga de actividad reposa en el Estado, que se encuentra llamado al proferimiento del fallo definitivo, pero antes de decir “vistos” es muy probable que esa causa perima por la inactividad verificada de las partes.
En el presente caso, la causa no está vista, debido a que en fecha 10 de junio de 2015, se libro un oficio donde se comisionó al Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para que procediera con la citación de uno de los codemandados, siendo que la parte actora no consigno los recursos necesarios para poder llevar a cabo dicha comisión , es por ello que el Tribunal Comisionado remite la causa a su Tribunal de origen, siendo recibida por este Tribunal en fecha 07 de enero de 2016 y hasta la fecha la parte actora no ha impulsado la causa.
Así las cosas, se desprende de la verificación de actas que la parte demandante ha permanecido inactiva, y esa conducta hace presumir a este Órgano Jurisdiccional que se ha abandonado la instancia, y que la parte actora desistió de su petición, lo que acarrea la pérdida del interés y por lo tanto, la perención de la instancia.
Nótese que de actas solamente se observa que en fecha 07 de enero de 2016 se recibió la comisión de citación sin resultas positivas. En lo sucesivo, no se evidencian en el proceso actuaciones capaces de interrumpir la perención, ni actos procesales válidos para impulsar el juicio, que revelen en las partes intención de que subsista viva la instancia, lo que demuestra para este Órgano Jurisdiccional, que la parte interesada ha abandonado el trámite.
Los actos que interrumpen la perención de la instancia son los inferidos en el iter procesal que propenden el desarrollo del juicio, o lo que es igual, un acto que implique voluntad del interesado en activar o impulsar el proceso hacia su finalidad lógica que es la sentencia de mérito.
La Ley le impone al actor la secuencia orgánica de los actos, es decir, la carga de ir sucesivamente cumpliendo con todos y cada uno de ellos ante la amenaza sancionatoria de que, si no se realiza un acto exigido para la continuidad del proceso, operaría la perención.
No obstante, de la exploración que de las actas se hace, se verifica que no riela diligencia o escrito alguno que de manera indefectible tienda al impulso de la causa, por lo cual, al cumplirse el primero de los extremos para la verificación de la perención (inactividad), resta apenas constatar si acaso el segundo de ellos (transcurso de un año), está presente en el caso de autos, lo cual determinaría la pérdida del interés de las partes para la conclusión del juicio y con ello, la extinción del proceso.
A los fines del mencionado cálculo, se observa que la última actuación cursante en actas, es el recibo de la causa por parte de este Tribunal ya que el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia tuvo que remitirlo debido a que no pudo practicar la citación personal del ciudadano mencionado, por falta de impulso de la parte actora y como quiera que desde esa fecha se ha verificado el transcurso de más de un año, sin ningún acto de impulso de la parte actora, que le diera continuidad a la presente causa, es un hecho que se ha consumado la perención de la presente causa y así será decidido de manera positiva, expresa y precisa en la parte dispositiva del presente fallo.
En fuerza de los fundamentos que anteceden, este Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PERIMIDO el presente proceso de IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD incoada por la ciudadana ADA YEDRA VALLES, en contra los ciudadanos ALICIA JOSEFINA YEDRA VALLES, ARGENIS SALOMON YEDRA VALLES, ARELY MAGDALENA YEDRA VALLES, ALFREDO JOSE YEDRA VALLES y AIDA MARLENY YEDRA VALLES, ambos plenamente identificados en actas; en consecuencia, queda PERIMIDA la presente instancia.
No hay condenatoria en costas, por la naturaleza de este fallo.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.
Se declara terminada la causa y se ordena su remisión al Archivo Judicial.
Déjese copia certificada por Secretaría, a los efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que surta los efectos previstos en el artículo 1.384 del Código Civil.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
La Jueza Provisoria, (fdo)

Dra. Martha Elena Quivera
La Secretaria Accidental, (fdo)

Abg. Milagros Casanova

En la misma fecha, siendo las 02:00 p.m., se dictó y publicó el presente fallo, quedando inserto en el libro respectivo bajo el N° 70.

La Secretaria Accidental, (fdo)

Abg. Milagros Casanova