Sentencia N°: 159-2017
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL SEGUNDO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Con Sede en Maracaibo.
Expediente No. VE31-N-2002-000084
Asunto Antiguo: 6117
MOTIVO: RECURSO DE INTIMACION DE HONORARIOS.
PARTE RECURRENTE: El ciudadano VICENTE RAFAEL PADRON, titular de la cedula de identidad V.-7.765.124.
APODERADO JUDICIAL DEL RECURRENTE: El Abogado JOSE IGNACIO BATISTA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 47.073.
PARTE RECURRIDA: ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA.
APODERADO JUDICIAL DE LA RECURRIDA: El Abogado LENIN GARCIA OJEDA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el numero 13.438.
Mediante escrito recibido en fecha Ocho (08) de Noviembre de Dos Mil Dos (2002), interpuesto por el ciudadano VICENTE RAFAEL PATRON, asistido por el Abogado JOSE IGNACIO BATISTA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 47.073, interpone RECURSO DE INTIMACION DE HONORARIOS en contra de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA.
El Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Dos (2002), se le dio entrada al presente Recurso de Intimación de Honorarios, El Tribunal acordó intimar a los ciudadanos Alcalde y Sindico Procurador del Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Folios 01 al 04).
Seguidamente, en fecha, Veintiocho (28) de Enero de Dos Mil Tres (2003), el Tribunal se libraron oficios dirigidos al Alcalde y Sindico del Municipio Maracaibo del Estado Zulia y en fecha Cuatro (04) de Febrero de Dos Mil Tres (2003) el Alguacil expuso (Folios 05 al 07 y su vto. inclusive).
En fecha Diecinueve (19) de Marzo de Dos Mil Tres (2003), la parte demandada diligenció, contestando la presente demanda y en la misma fecha se agregó a las actas (Folios 08 al 12)
Posteriormente, en fecha, Siete (07) de Abril de Dos Mil Tres (2003), el Tribunal repone la causa al estado de que se le concedan los 45 días a la parte demandada (Folio 13)
Riela desde el folio 14 hasta el 16, mediante dirigencia de la parte demandante, donde apela de la decisión dictada por el Tribunal, en fecha Diez (10) de Abril de Dos Mil Tres (2003).
En fecha, Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Tres (2003), la parte demandada consignó escrito (Folios 17 al 24).
En fecha, Veinticuatro (24) de Abril de Dos Mil Tres (2003), la parte actora se allana al pedimento de la parte demandante en cuanto a los 45 días que le atorga la ley (Folio 25).
Corre inserto en los folios 26 hasta el 30, en fecha, ocho (08) de Mayo de Dos Mil Tres (2003), el Abogado Rafael Moreno, solicitó remisión del expediente y correo especial mediante la Sociedad Mercantil M.R.W., y en fecha Once (11) de Junio de Dos Mil Tres (2003), se le da entrada en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
El Dos (02) de Julio de Dos Mil Tres (2003), la parte demandada presento escrito en la presente causa (Folios 31 al 37).
En fecha Diez (10) de Julio de Dos Mil Tres (2003), comenzó la relación de la presente causa (Folio 38).
Mediante escrito de fecha Quince (15) de Julio de Dos Mil Tres (2003), la parte actora muestra su interés en el proceso, y consignó Poder Apud Acta (Folios 39 al 52).
El Seis (06) de Agosto de Dos Mil Tres (2003), el Tribunal fija para que tenga lugar el Acto de informes (Folios 54 y 55).
En fecha, Tres (03) de Septiembre de Dos Mil Tres (2003), se pasa el expediente al Magistrado ponente, en fecha Diecinueve (819) de Enero de Dos Mil Cinco (2005), fue recibida y en fecha Seis (06) de Noviembre de Dos Mil Ocho (2008), el ciudadano Juez Alexis José Crespo Daza se aboco al conocimiento de la causa. (Folios 56 al 61).
En fecha, Diecinueve (19) de Marzo de Dos Mil Nueve (2009), mediante Sentencia, es competente para conocer de la apelación, declarando sin lugar la apelación (Folios 62 al 80).
El Ocho (08) de Julio de Dos Mil Nueve (2009), la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo ordena notificar a las partes de la sentencia dictada para ello comisiona al Juzgado Quinto del Municipio Maracaibo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y en fecha Veintinueve (29) de Septiembre de Dos Mil Nueve (2009), el Alguacil del Tribunal expuso en cuanto a la comisión (Folios 81 al 128).
El Tribunal ordena fijar cartel y librar boleta de notificación al ciudadano demandado (Folios 129 al 132).
En fecha Dieciocho (18) de Mayo de Dos Mil Diez (2010), el Tribunal corrige foliatura en la presente causa y en la misma fecha ordena la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, librando oficio correspondiente (Folios 133 al 135).
En Diez (10) de Junio de Dos Mil Diez (2010), se recibió la presente causa al Tribunal de origen (Folio 136).
I
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO:
Revisadas las actas que conforman la presente causa, observa esta Juzgadora que la parte accionante, el ciudadano VICENTE RAFAEL PATRON, o su apoderado Judicial, El Abogado JOSE IGNACIO BATISTA; desde el día Quince (15) de Julio de Dos Mil Tres (2003), fecha en la cual consignó escrito de apelación y Poder Apud Acta; y no se evidencia algún otro acto realizado por parte del precitado ciudadano o su Apoderado Judicial, lo que indica que la parte interesada no ha efectuado ninguna actuación en el expediente tendiente a impulsar la continuación de la causa; por espacio de Trece (13) años, Seis (06) meses y Veinticinco (25) días, pasa esta operadora de justicia a hacer las siguientes consideraciones de derecho para verificar si ha operado la perención de la instancia:
Establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 41, lo que a continuación se reproduce:
“Artículo 41: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas”.
Concatenado con lo anterior, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 267 en concordancia con el artículo 269 ejusdem prevé:
“Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (…)”
“Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia derogada y aplicada por ser la norma vigente para la fecha, dispositivo que ad pedem literae establecía:
“La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia.”
La redacción de esta norma fue considerada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 5 de agosto de 2004, caso: Consejo Legislativo del Estado Aragua, como contradictoria y de imposible entendimiento por establecer la misma, en primer término, una consecuencia jurídica “declarar consumada la perención, como consecuencia de la verificación del supuesto de hecho previamente establecido en el dispositivo normativo, cual es la existencia de causas que hayan estado paralizadas por mas de un (1) año, antes de la presentación de los informes”, y en segundo lugar, la orden de cumplir “otras actividades a continuación que hacen absolutamente inoperante a la norma y en consecuencia a la institución de la perención en las causas seguidas ante este Supremo Tribunal”. (negrillas del Tribunal)
En el mismo fallo expresó dicha Sala, que la mencionada disposición legal, en los términos en los cuales fue redactada, colide con la “necesaria celeridad que debe informar al proceso, así como la prohibición de dilaciones indebidas establecidas en la constitución”. (negrillas de quien suscribe)
Con base en tales alegatos, concluyó desaplicando para el caso en concreto por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, acordando aplicar supletoriamente para el caso que ante ésta se ventilaba, el artículo 267 ejusdem, por considerar que el mismo regula adecuada y convenientemente la institución de la perención.
Así mismo, la Sala Político Administrativa en sentencia Nº 00249 dictada el 24 de marzo de 2010, ha establecido lo siguiente:
“Se trata así del cumplimiento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por las cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso de un (1) año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. CONDUVEN).
Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001., caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras) (…)”
El autor patrio Arístides Rengel Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II. Pág. 372-373, afirma lo siguiente:
“Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad esta referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisa de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitro de los órganos del Estado la extinción del proceso (…)
La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisa de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el termino de un año (…)”
En armonía con lo anterior, constata esta sentenciadora una vez examinadas las actas que componen el presente expediente, que en la presente causa no se constata desde la indicada fecha, actuación alguna que evidenciara el interés de las partes en la prosecución del presente juicio.
Siendo ello así, al verificarse que no existe actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, durante un lapso mayor a un (1) año, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativa, resulta forzoso para esta Juzgadora declarar de oficio la perención de la instancia. Así se decide.
DISPOSITIVO:
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
ÚNICO: Se declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el presente RECURSO DE INTIMACION DE HONORARIOS, presentado por el ciudadano VICENTE RAFAEL PADRON, titular de la cedula de identidad V.-7.765.124., representado judicialmente por el Abogado JOSE IGNACIO BATISTA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 47.073, en contra de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACIBO DEL ESTADO ZULIA, relativo a la intimación de pago de honorarios al ciudadano VICENTE RAFAEL PADRON
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los Nueve (09) días del mes de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2.017). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
La Jueza Titular,
Dra. HELEN NAVA.
La Secretaria Temporal,
Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
En la misma fecha y siendo las Dos y Veinte minutos post meridiem (02:20 p.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 159-2017.
La Secretaria Temporal,
Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
HN/CB
VE31-N-2002-000084
Asunto Antiguo: 6117
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