TSJ Regiones - Decisión

Sentencia N°: 158-2017

JUZGADO SUPERIOR ESTADAL SEGUNDO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Con Sede en Maracaibo.
Expediente No. VE31-N-2002-000028
Asunto Antiguo: 7286

MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO.

PARTE RECURRENTE: La Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES VASCO LUTI S.A.

APODERADO JUDICIAL DEL RECURRENTE: La Abogada JAZMIN DEL CARMEN GOMEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 28.974.

PARTE RECURRIDA: INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA.

APODERADO JUDICIAL DE LA RECURRIDA: Sin representación debidamente en actas.

Mediante escrito recibido en fecha Treinta (30) de Enero de Dos Mil Dos (2002), interpuesto por la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES VASCO LUTI S.A., asistida por la Abogada JAZMIN DEL CARMEN GOMEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 28.974, interpone DEMANDA DE PRESTACIONES SOCIALES en contra de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA.

El Treinta (30) de Enero de Dos Mil Dos (2002), se le dio entrada a la presente Demanda de Prestaciones Sociales (Folios 01 al 39).
Seguidamente, en fecha, Seis (06) de Febrero de Dos Mil Dos (2002), el Tribunal solicita a la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, los antecedentes administrativos del caso para luego resolver sobre la admisión del mismo (Folio 40).
En fecha Ocho (08) de Febrero de Dos Mil Dos (2002), la parte actora diligenció, solicitando que se le sea entregado copias certificadas de todo el expediente, y en fecha Trece (13) de Febrero de Dos Mil Dos (2002) el Tribunal proveyó conforme a lo solicitado (Folios 41 al 43).
Posteriormente, en fecha, Diecinueve (19) de Febrero de Dos Mil Dos (2002), el Tribunal libró oficio dirigido al Inspector del Trabajo de Maracaibo y en fecha Veintidós (22) de Febrero de Dos Mil Dos (2002), el Alguacil del Tribunal expuso (Folios 44 al 46)
En fecha, Doce (12) de Marzo de Dos Mil Dos (2002), el Tribunal le da entrada y ordena agregar a las actas los antecedentes administrativos solicitados, insertos en los folios 47 hasta el 160).
El Dieciocho (18) de Marzo de Dos Mil Dos (2002), el Tribunal admitió en cuanto ha lugar, ordena notificar al Fiscal General de la Republica por intermedio de la Fiscal Vigésima Segunda del Ministerio Publico para actuar en materia Contencioso Administrativo, al Inspector del Trabajo del Estado Zulia y al Procurador General de la Republica Bolivariana de Venezuela (Folio 161).
El Veintiuno (21) de Enero de Dos Mil Tres (2003), mediante Sentencia el Tribunal declina la competencia para el conocimiento, sustanciación y decisión del presente recurso. (Folios 162 al 165).
El Tribunal hace constar fecha se remitió el expediente en forma original a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo con Sede en Caracas (Folios 166 y 167).
En fecha, Veintiocho (28) de Marzo de Dos Mil Tres (2003), se le da entrada en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. (Folios 168 al 171).
Corre inserto a los folios 172 hasta el 180, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia no acepta la declinatoria de competencia por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental y ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, en fecha Diecisiete (17) de Febrero de Dos Mil Seis (2006).
El Dieciocho (18) de Septiembre de Dos Mil Seis (2006), el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, recibe y le da entrada al presente expediente. (Folio 181).
I
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO:
Revisadas las actas que conforman la presente causa, observa esta Juzgadora que la parte accionante, la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES VASCO LUTI S.A., o su apoderada Judicial, La Abogada JAZMIN DEL CARMEN GOMEZ; desde el día Ocho (08) de Febrero de Dos Mil Dos (2002), fecha en la cual solicitó copia certificada de todo el expediente y, siendo posterior, el a-quo proveyó conforme a lo solicitado; y no se evidencia algún otro acto realizado por parte del precitado ciudadano o su Apoderado Judicial, lo que indica que la parte interesada no ha efectuado ninguna actuación en el expediente tendiente a impulsar la continuación de la causa; por espacio de Quince (15) años y un (01) día, pasa esta operadora de justicia a hacer las siguientes consideraciones de derecho para verificar si ha operado la perención de la instancia:

Establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 41, lo que a continuación se reproduce:

“Artículo 41: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas”.

Concatenado con lo anterior, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 267 en concordancia con el artículo 269 ejusdem prevé:

“Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (…)”

“Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.

La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia derogada y aplicada por ser la norma vigente para la fecha, dispositivo que ad pedem literae establecía:

“La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia.”

La redacción de esta norma fue considerada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 5 de agosto de 2004, caso: Consejo Legislativo del Estado Aragua, como contradictoria y de imposible entendimiento por establecer la misma, en primer término, una consecuencia jurídica “declarar consumada la perención, como consecuencia de la verificación del supuesto de hecho previamente establecido en el dispositivo normativo, cual es la existencia de causas que hayan estado paralizadas por mas de un (1) año, antes de la presentación de los informes”, y en segundo lugar, la orden de cumplir “otras actividades a continuación que hacen absolutamente inoperante a la norma y en consecuencia a la institución de la perención en las causas seguidas ante este Supremo Tribunal”. (negrillas del Tribunal)

En el mismo fallo expresó dicha Sala, que la mencionada disposición legal, en los términos en los cuales fue redactada, colide con la “necesaria celeridad que debe informar al proceso, así como la prohibición de dilaciones indebidas establecidas en la constitución”. (negrillas de quien suscribe)

Con base en tales alegatos, concluyó desaplicando para el caso en concreto por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, acordando aplicar supletoriamente para el caso que ante ésta se ventilaba, el artículo 267 ejusdem, por considerar que el mismo regula adecuada y convenientemente la institución de la perención.

Así mismo, la Sala Político Administrativa en sentencia Nº 00249 dictada el 24 de marzo de 2010, ha establecido lo siguiente:

“Se trata así del cumplimiento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por las cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso de un (1) año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. CONDUVEN).

Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001., caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras) (…)”

El autor patrio Arístides Rengel Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II. Pág. 372-373, afirma lo siguiente:

“Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad esta referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisa de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitro de los órganos del Estado la extinción del proceso (…)

La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisa de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el termino de un año (…)”

En armonía con lo anterior, constata esta sentenciadora una vez examinadas las actas que componen el presente expediente, que en la presente causa no se constata desde la indicada fecha, actuación alguna que evidenciara el interés de las partes en la prosecución del presente juicio.

Siendo ello así, al verificarse que no existe actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, durante un lapso mayor a un (1) año, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativa, resulta forzoso para esta Juzgadora declarar de oficio la perención de la instancia. Así se decide.
DISPOSITIVO:
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

ÚNICO: Se declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en la presente DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, presentado por la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES VASCO LUTI S.A., representado judicialmente por la Abogada JAZMIN DEL CARMEN GOMEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 28.974, en contra de la Providencia Administrativa de fecha Siete (07) de Agosto de Dos Mil Uno (2001), dictada por la Inspectoría del Trabajo de Maracaibo, relativo al reenganche del y el pago de los salarios caídos al ciudadano JEAN JOSÉ VELÁSQUEZ MONTILLA, titular de la cedula de identidad Nro. V.-13.298.107.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los Nueve (09) días del Mes de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2.017). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
La Jueza Titular,

Dra. HELEN NAVA.
La Secretaria Temporal,

Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
En la misma fecha y siendo las Dos y Quince minutos post meridiem (02:15 p.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 158-2017.
La Secretaria Temporal,

Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
HN/CB
VE31-N-2002-000028
Asunto Antiguo: 7286