TSJ Regiones - Decisión

Sentencia N°: 157-2017

JUZGADO SUPERIOR ESTADAL SEGUNDO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Con Sede en Maracaibo.
Expediente No. VE31-N-2001-000020
Asunto Antiguo: 7044

MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL.

PARTE RECURRENTE: La ciudadana ROSA ELVIRA ROMAN VALLADARES, titular de la cedula de identidad Nro. V.-7.767.879.

APODERADO JUDICIAL DEL RECURRENTE: El Abogado JAVIER CARDOZO RODRIGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 34.100.

PARTE RECURRIDA: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ZULIA.

APODERADO JUDICIAL DE LA RECURRIDA: La Abogada NEIDA RINCÓN GIL, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 35.010.

Mediante escrito recibido en fecha Primero (01) de Febrero de Mil Novecientos Noventa y seis (1996), interpuesto por la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES VASCO LUTI S.A., asistida por la Abogada JAZMIN DEL CARMEN GOMEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 28.974, interpone DEMANDA DE PRESTACIONES SOCIALES en contra de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA.

El Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Uno (2001), se le dio entrada al presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Folios 01 al 13).
Seguidamente, en fecha, Doce (12) de Junio de Dos Mil Uno (2001), el Tribunal admitió cuanto ha lugar a derecho y ordenó la citación al Contralor General del Estado Zulia y al Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Publico para actuar en materia Contencioso Administrativo (Folio 14).
En fecha Dieciocho (18) de Julio de Dos Mil Uno (2001), la parte actora consignó Poder Apud Acta (Folios 15 y 16).
Posteriormente, en fecha, Diecinueve (19) de Julio de Dos Mil Uno (2001), el Tribunal ordena ampliar el auto de admisión de fecha Doce (12) del mismo mes y año, en el sentido que sea notificado de la admisión del recurso al ciudadano Procurador General del Estado Zulia y en fecha Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Uno (2001), el alguacil del Tribunal expuso (Folios 17 al 23)
En fecha, Diecisiete (17) de Noviembre de Dos Mil Uno (2001, la parte querellada consignó escrito relativo a la contestación de la demanda, inserto en los folios 24 hasta el 32.
El Dieciocho (18) de Septiembre de Dos Mil Uno (2001), el Contralor General del Estado Zulia, consignó escrito en la presente causa (Folios 33 al 45).
El Primero (01) de Octubre de Dos Mil Uno (2001), el Tribunal abre a pruebas la presente causa. (Folio 46).
La parte querellada en fecha Dos (02) de Octubre de Dos Mil Uno (2001), promovió antecedentes administrativos que dieron lugar al acto de retiro de la administración publica de la parte querellante (Folio 47).
En fecha, Nueve (09) de Octubre de Dos mil Uno (2001), la parte actora promovió pruebas en la presente causa y en la misma fecha se agregaron a las actas (Folios 48 al 105).
En fecha, Dieciocho (18) de Octubre de Dos Mil Uno (2001), el Tribunal admite las pruebas promovidas por las partes en el proceso (Folio 106).
El Cinco (05) de Noviembre de Dos Mil Uno (2001), el Tribunal fija para llevar a efecto el acto de informes en la presente causa. (Folios 107 y 108).
Las partes en la presente causa, presentaron informes, y el Tribunal fijo para comenzar la relación en la presente causa (Folios 109 al 120).
El Tribunal le dice VISTOS entrando en termino para dictar sentencia, en fecha Dieciocho (18) de Diciembre de Dos Mil Uno (2001) inserto en el folio 121.
En fecha, Treinta y uno (31) de Octubre de Dos Mil Dos (2002), la parte actora solicito el abocamiento para el conocimiento de la presente causa y en fecha Seis (06) de Noviembre de Dos Mil Seis (2006), proveyó conforme a lo solicitado y ordeno notificar del abocamiento a las partes (Folios 122 al 126).
El Catorce (14) de Febrero de Dos Mil Cinco (2005), solicita mediante diligencia abocamiento para el conocimiento de la presente causa y en fecha Veintiuno (21) de Febrero de Dos Mil Cinco (2005), proveyó conforme a lo solicitado y ordeno notificar del abocamiento a las partes (Folios 127 al 129).
En fecha Quince (15) de Julio de Dos Mil Cinco (2005), el alguacil del Tribunal expuso relativo a las notificaciones inserto en los folios 130 hasta 134.
Mediante sentencia el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Contralor General del Estado Zulia, repone la causa al estado en que sea citado el Procurador del Estado Zulia fin de que remita al Juzgado el expediente administrativo, y a la ciudadana Rosa Elvira Román Valladares, inserto en los folios 135 hasta el 145.

I
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO:
Revisadas las actas que conforman la presente causa, observa esta Juzgadora que la parte accionante, La ciudadana ROSA ELVIRA ROMAN VALLADARES, o su apoderada Judicial, el Abogado JAVIER CARDOZO RODRIGUEZ; desde el día Ocho (08) de Febrero de Dos Mil Dos (2002), fecha en la cual solicitó copia certificada de todo el expediente y, siendo posterior, el a-quo proveyó conforme a lo solicitado; y no se evidencia algún otro acto realizado por parte del precitado ciudadano o su Apoderado Judicial, lo que indica que la parte interesada no ha efectuado ninguna actuación en el expediente tendiente a impulsar la continuación de la causa; por espacio de Once (11) años, Once meses y Veintiséis (26) días, pasa esta operadora de justicia a hacer las siguientes consideraciones de derecho para verificar si ha operado la perención de la instancia:

Establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 41, lo que a continuación se reproduce:

“Artículo 41: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas”.

Concatenado con lo anterior, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 267 en concordancia con el artículo 269 ejusdem prevé:

“Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (…)”

“Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.

La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia derogada y aplicada por ser la norma vigente para la fecha, dispositivo que ad pedem literae establecía:

“La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia.”

La redacción de esta norma fue considerada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 5 de agosto de 2004, caso: Consejo Legislativo del Estado Aragua, como contradictoria y de imposible entendimiento por establecer la misma, en primer término, una consecuencia jurídica “declarar consumada la perención, como consecuencia de la verificación del supuesto de hecho previamente establecido en el dispositivo normativo, cual es la existencia de causas que hayan estado paralizadas por mas de un (1) año, antes de la presentación de los informes”, y en segundo lugar, la orden de cumplir “otras actividades a continuación que hacen absolutamente inoperante a la norma y en consecuencia a la institución de la perención en las causas seguidas ante este Supremo Tribunal”. (negrillas del Tribunal)

En el mismo fallo expresó dicha Sala, que la mencionada disposición legal, en los términos en los cuales fue redactada, colide con la “necesaria celeridad que debe informar al proceso, así como la prohibición de dilaciones indebidas establecidas en la constitución”. (negrillas de quien suscribe)

Con base en tales alegatos, concluyó desaplicando para el caso en concreto por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, acordando aplicar supletoriamente para el caso que ante ésta se ventilaba, el artículo 267 ejusdem, por considerar que el mismo regula adecuada y convenientemente la institución de la perención.

Así mismo, la Sala Político Administrativa en sentencia Nº 00249 dictada el 24 de marzo de 2010, ha establecido lo siguiente:

“Se trata así del cumplimiento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por las cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso de un (1) año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. CONDUVEN).

Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001., caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras) (…)”

El autor patrio Arístides Rengel Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II. Pág. 372-373, afirma lo siguiente:

“Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad esta referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisa de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitro de los órganos del Estado la extinción del proceso (…)

La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisa de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el termino de un año (…)”

En armonía con lo anterior, constata esta sentenciadora una vez examinadas las actas que componen el presente expediente, que en la presente causa no se constata desde la indicada fecha, actuación alguna que evidenciara el interés de las partes en la prosecución del presente juicio.

Siendo ello así, al verificarse que no existe actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, durante un lapso mayor a un (1) año, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativa, resulta forzoso para esta Juzgadora declarar de oficio la perención de la instancia. Así se decide.
DISPOSITIVO:
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

ÚNICO: Se declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el presente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL, presentado por la ciudadana ROSA ELVIRA ROMAN VALLADARES, representado judicialmente por el Abogado JAVIER CARDOZO RODRIGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 34.100, en contra de la Resolución de fecha Veintisiete (27) de Junio del Dos Mil (2000), dictada por la Contraloría General del estado Zulia, relativo al despido de la ciudadana ROSA ELVIRA ROMAN VALLADARES, titular de la cedula de identidad Nro. V.-7.767.879.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los Nueve (09) días del Mes de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2.017). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
La Jueza Titular,

Dra. HELEN NAVA.
La Secretaria Temporal,

Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
En la misma fecha y siendo las Dos y Diez minutos post meridiem (02:10 p.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 157-2017.
La Secretaria Temporal,

Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
HN/CB
VE31-N-2001-000020
Asunto Antiguo: 7044