TSJ Regiones - Decisión

Sentencia N°:

JUZGADO SUPERIOR ESTADAL SEGUNDO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Con Sede en Maracaibo.
Expediente No. VE31-N-2004-000075
Asunto Antiguo: 8591

MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO.

PARTE RECURRENTE: La ciudadana LUISA SANCHEZ VILAVICENCIO, titular de la cedula de identidad Nro. V.-3.543.188.

APODERADA JUDICIAL DEL RECURRENTE: La Abogada LAURA VERA JIMENEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 87.909.

PARTE RECURRIDA: SERVICIO DE INTELIGENCIA Y PREVENCION (DISIP).

APODERADO JUDICIAL DE LA RECURRIDA: Sin representación debidamente en actas.

Mediante escrito recibido en fecha Veintiocho (28) de Julio de Dos Mil Cuatro (2004), interpuesto por la ciudadana LUISA SANCHEZ VILAVICENCIO, titular de la cedula de identidad Nro. V.-3.543.188, asistida por la Abogada LAURA VERA JIMENEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 87.909, y en la misma fecha se le dio entrada al RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO en contra de la Resolución Nro. CJ-0037-04, por el Director General de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención, relativo a la destitución de la ciudadana LUISA SANCHEZ VILAVICENCIO (Folios 01 al 26).

Seguidamente, en fecha, Dos (02) de Agosto de Dos Mil Cuatro (2004), el Tribunal admitió el Recurso de Nulidad de Acto Administrativo, ordenando la citación del Procurador General de la Republica Bolivariana de Venezuela (Folios 27 y 28).
En fecha Veinticinco (25) de Agosto de Dos Mil Cuatro (2004), la parte actora diligenció, solicitando que el Tribunal se pronuncie sobre la Medida Cautelar (Folio 29).
Posteriormente, en fecha, Veintiocho (28) de Septiembre de Dos Mil Cuatro (2004), mediante sentencia el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región occidental, declinó la competencia (Folios 30 al 33)
En fecha, Primero (01) de Octubre de Dos Mil Cuatro (2004), el Alguacil del Tribunal expuso relativo a la notificación del Procurador General de la Republica Bolivariana de Venezuela (Folios 34 al 36).
El Cinco (05) de Octubre de Dos Mil Cuatro (2004), se remitió el expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, librando oficio correspondiente (Folios 37 y 38).
El Dos (02) de Febrero de Dos Mil Cinco (2005), se recibió el expediente en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, y se designó a la ponente Maria Enma León Montesinos (Folios 39 al 42).
En fecha, Trece (13) de Abril de Dos Mil Cinco (2005), mediante sentencia declaró su incompetencia para conocer del expediente y ordena remitir el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. (Folios 43 al 55).
El Veintidós (22) de Septiembre de Dos Mil Cinco (2005), la parte actora diligenció solicitando remitir el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y en fecha, Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil Cinco (2005) la Corte proveyó conforme a lo solicitado notificando a las partes en el proceso (Folios 56 al 59).
En fecha Trece (13) de Julio de Dos Mil Seis (2006), la parte actora diligenció solicitando remitir el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y en fecha, Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil Cinco (2005) la Corte proveyó conforme a lo solicitado notificando a las partes en el proceso (Folios 60 y 61).
En fecha Diez (10) de Mayo de Dos Mil Siete (2007), la parte actora diligenció solicitando remitir el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y en fecha, Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil Cinco (2005) la Corte proveyó conforme a lo solicitado notificando a las partes en el proceso (Folios 62 y 63).
El Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil Siete (2007), la parte actora consignó Poder Apud Acta en la presente causa y en la misma fecha solicitó el abocamiento (Folios 64 y 65).
En fecha, Cinco (05) de Junio de Dos Mil Siete (2007), la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, ordenó la notificación del Procurador General de la Republica Bolivariana de Venezuela y al Director General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.) (Folios 66 al 68).
El Cuatro (04) de Julio de Dos Mil Siete (2007), el Alguacil del Tribunal expuso en cuanto a las notificaciones del Procurador General de la Republica Bolivariana de Venezuela y del Director General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.) (Folios 69 al 74).
El Trece (13) de Julio de Julio de Dos Mil Siete (2007), el Tribunal ordeno remitir el presente expediente a la Sala Político administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (Folios 75 al 77).
El Veintiséis (26) de Septiembre de Dos Mil Siete (2007), se dio cuenta la sala, se recibió y designó Ponente al Magistrado Emiro García Rosas (Folio 78).
Corre inserto a los folios 79 hasta el 89, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia se declaró competente para conocer del conflicto negativo de competencia planteado, ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, por la competencia que tiene de conocer y decidir en el presente recurso, ordenando oficiar al juzgado, en fecha, Nueve (09) de Octubre de Dos Mil Siete (2007).
El Veinticinco (25) de Febrero de Dos Mil Ocho (2008), el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, recibe y le da entrada al presente expediente. (Folio 90).
I
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO:
Revisadas las actas que conforman la presente causa, observa esta Juzgadora que la parte accionante, la ciudadana LUISA SANCHEZ VILAVICENCIO, o su apoderada Judicial, La Abogada LAURA VERA JIMENEZ; desde el día Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil Siete (2007), en donde consignó Poder Apud Acta en la presente causa y en la misma fecha solicitó el abocamiento y, siendo posterior, el a-quo proveyó conforme a lo solicitado; y no se evidencia algún otro acto realizado por parte del precitado ciudadano o su Apoderado Judicial, lo que indica que la parte interesada no ha efectuado ninguna actuación en el expediente tendiente a impulsar la continuación de la causa; por espacio de Nueve (09) años, Ocho (08) y Veintitrés (23) días, pasa esta operadora de justicia a hacer las siguientes consideraciones de derecho para verificar si ha operado la perención de la instancia:

Establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 41, lo que a continuación se reproduce:

“Artículo 41: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas”.

Concatenado con lo anterior, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 267 en concordancia con el artículo 269 ejusdem prevé:

“Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (…)”

“Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.

La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia derogada y aplicada por ser la norma vigente para la fecha, dispositivo que ad pedem literae establecía:

“La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia.”

La redacción de esta norma fue considerada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 5 de agosto de 2004, caso: Consejo Legislativo del Estado Aragua, como contradictoria y de imposible entendimiento por establecer la misma, en primer término, una consecuencia jurídica “declarar consumada la perención, como consecuencia de la verificación del supuesto de hecho previamente establecido en el dispositivo normativo, cual es la existencia de causas que hayan estado paralizadas por mas de un (1) año, antes de la presentación de los informes”, y en segundo lugar, la orden de cumplir “otras actividades a continuación que hacen absolutamente inoperante a la norma y en consecuencia a la institución de la perención en las causas seguidas ante este Supremo Tribunal”. (negrillas del Tribunal)

En el mismo fallo expresó dicha Sala, que la mencionada disposición legal, en los términos en los cuales fue redactada, colide con la “necesaria celeridad que debe informar al proceso, así como la prohibición de dilaciones indebidas establecidas en la constitución”. (negrillas de quien suscribe)

Con base en tales alegatos, concluyó desaplicando para el caso en concreto por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, acordando aplicar supletoriamente para el caso que ante ésta se ventilaba, el artículo 267 ejusdem, por considerar que el mismo regula adecuada y convenientemente la institución de la perención.

Así mismo, la Sala Político Administrativa en sentencia Nº 00249 dictada el 24 de marzo de 2010, ha establecido lo siguiente:

“Se trata así del cumplimiento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por las cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso de un (1) año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. CONDUVEN).

Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001., caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras) (…)”

El autor patrio Arístides Rengel Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II. Pág. 372-373, afirma lo siguiente:

“Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad esta referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisa de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitro de los órganos del Estado la extinción del proceso (…)

La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisa de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el termino de un año (…)”

En armonía con lo anterior, constata esta sentenciadora una vez examinadas las actas que componen el presente expediente, que en la presente causa no se constata desde la indicada fecha, actuación alguna que evidenciara el interés de las partes en la prosecución del presente juicio.

Siendo ello así, al verificarse que no existe actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, durante un lapso mayor a un (1) año, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativa, resulta forzoso para esta Juzgadora declarar de oficio la perención de la instancia. Así se decide.
DISPOSITIVO:
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

ÚNICO: Se declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el presente RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, presentado por la ciudadana LUISA SANCHEZ VILAVICENCIO, representado judicialmente por la Abogada LAURA VERA JIMENEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 87.909, en contra de la Resolución Nro. CJ-0037-04, por el Director General de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención, relativo a la destitución de la ciudadana LUISA SANCHEZ VILAVICENCIO

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los Veintitrés (23) días del Mes de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2.017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.
La Jueza Titular,

Dra. HELEN NAVA.
La Secretaria Temporal,

Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
En la misma fecha y siendo las Dos post meridiem (02:00 p.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 201-2017.
La Secretaria Temporal,

Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
HN/CB
VE31-N-2004-000075
Asunto Antiguo: 8591