REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN
FUNCIONES DE CONTROL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
Villa Rosa, quince (15) de febrero de 2017
204º y 155º
ASUNTO PRINCIPAL : PM3-2016-000646
ASUNTO : PM3-2016-000646
RESOLUCIÓN JUDICIAL
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
OTORGADA EN AUDIENCIA PRELIMINAR
I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
LA JUEZ MUNICIPAL DE CONTROL Nº 03: Abogada María Teresa García Murguey.
LA SECRETARIA: Abogada Jenifer Rondón Cedeño.
LA FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abogada Lufreidys Millán, en representación de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público.
LA DEFENSA PÚBLICA: Abogada Verónica Gamboa, en sustitución de la Abogada María Bolaños.
LOS ACUSADOS: Edwin Rafael Ríos España, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, fecha de nacimiento 20/12/1997, de 18 años de edad, titular de la cedula de identidad N° V-25.967.852, de profesión u oficio Comerciante y residenciado en la Población de Tacarigua, calle El Conchal, casa sin número, de color blanca, cerca del Festejo de tan, Municipio Gómez, estado Nueva Esparta,
Julio Cesar González España, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, fecha de nacimiento 17/02/1983, de 33 años de edad, titular de la cedula de identidad N° V-15.676.222, de profesión u oficio Herrero y residenciado en la Población de Tacarigua, calle El Toporo, casa sin número, de color verde, cerca de la Iglesia del Corazón de Jesús, Municipio Gómez, estado Nueva Esparta y
Ángel Antonio Rivero Malaver, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, fecha de nacimiento 18/01/1984, de 32 años de edad, titular de la cedula de identidad N° V-16.335.790, de profesión u oficio Seguridad Industrial y residenciado en la Población de Tacarigua, calle El Toporo, casa sin número, de color amarilla, cerca de la Iglesia del Corazón de Jesús, Municipio Gómez, estado Nueva Esparta.
LOS DELITOS: Posesión Ilícita de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley Para el Control y el Desarme de Armas y Municiones y Agavillamiento, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal.
Corresponde a este Juzgado, fundamentar la concesión de la Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso, referida a la Suspensión Condicional del Proceso, acordada en el acto de la Audiencia Preliminar realizada en esta misma fecha, a saber, quince (15) de febrero de 2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358 al 361del Código Orgánico Procesal Penal, y a los efectos, se realizan las siguientes observaciones:
II
RELACION CLARA Y PRECISA DE LOS HECHOS,
CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL
Y EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS EN QUE ÉSTA SE FUNDA
En la presente fecha, a saber, quince (15) de febrero de 2017, se llevó a cabo el correspondiente acto de Audiencia Preliminar, constituyéndose este Tribunal de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, conformado por quien suscribe, Abogada María Teresa García Murguey, en su condición de Juez de este Despacho, la Secretaria, Abogada Jenifer Rondón Cedeño, el Alguacil de sala, Ciudadano Arnoldo García, la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Lufreidys Millán, en representación de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, la Defensa Pública, Abogada Verónica Gamboa, así como los Imputados de autos, Ciudadanos Edwin Rafael Ríos España, Julio César González España y Ángel Antonio Rivero Malaver. Seguidamente, la ciudadana Juez declaró el inicio de la audiencia, tomando ésta la palabra para explicarle a los Ciudadanos Imputados, ya identificados, los motivos por los cuales habría sido solicitada su comparecencia para el presente acto y del contenido y alcance de la acusación fiscal.
III
DE LA SOLICITUD FISCAL
Acto seguido, se procedió a cederle el derecho de palabra a la Fiscal Del Ministerio Público, Abogada Lufreidys Millán, quien, en representación de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, presentó formal Acusación en contra de los Ciudadanos Edwin Rafael Ríos España, Julio César González España y Ángel Antonio Rivero Malaver, por los hechos descritos en el acto conclusivo, contentivo de escrito acusatorio y narrados en la audiencia oral, siendo estos hechos los siguientes: “En fecha dieciséis (16) de noviembre de 2016, los Ciudadanos Edwin Rafael Ríos España, Julio César González España y Ángel Antonio Rivero Malaver, resultaron detenidos por parte de funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, ello en virtud de haberles sido incautadas armas de fuego, algunas sin seriales visibles, pero todas sin los respectivos permisos.”
El Ministerio Público consideró que los hechos descritos se subsumían en los tipos penales de Posesión Ilícita de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley Para el Control y el Desarme de Armas y Municiones y Agavillamiento, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal, ofreciendo para el debate probatorio, los siguientes elementos: Testimoniales: Expertos: Oscar Castillo Ruíz, adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y Esther Rodríguez, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Funcionarios: Oscar Castillo Ruíz, Jhonny Molero, Willy Rafael Astudillo, Danny Montilla Contreras, Ernesto Marcano Lucart, Efrén Chourio Fuenmayor, Carlos González Rada y Jesús Echezuria Rojas, adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Documentales: Acta de Reconocimiento Legal con Fijación Fotográfica, de fecha 05-10-2016 y Acta de Reconocimiento Técnico de Mecánica y Diseño número 9700-073-DC-1350-B-590-16, de fecha 17-11-2016.
En tal sentido, solicitó la admisión de la acusación, así como de los medios de pruebas ofrecidos y el enjuiciamiento de los Imputados de marras. Asimismo, solicitó que de acogerse los mencionados Ciudadanos, al procedimiento por Admisión de los Hechos, se les impusiera la respectiva sentencia condenatoria.
DE LOS ALEGATOS DE LA DEFENSA
Posteriormente, se le otorgó el derecho de palabra a la Ciudadana Abogada Verónica Gamboa, quien expuso lo siguiente: “Oída como ha sido la exposición de la Representación Fiscal, así como el delito atribuido a mis defendidos, ésta defensa solicita al Tribunal se pronuncie en relación a la admisión o no del correspondiente acto conclusivo y posteriormente, me sea cedido el derecho de palabra. Es todo.”
ADMISION DE LA ACUSACION
Acto seguido, antes de cederle el derecho de palabra a los Ciudadanos Imputados de autos, procedió esta Juzgadora a pronunciarse respecto a la admisión o no del escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público. En tal sentido, como se desprende de la anterior trascripción de los hechos imputados por la Fiscalía Segunda del Ministerio Público a los Ciudadanos Edwin Rafael Ríos España, Julio César González España y Ángel Antonio Rivero Malaver, se evidenció que luego de haber sido analizados y entrelazados por parte de la representación fiscal en la audiencia efectuada al efecto, los fundamentos que fueron tomados en consideración a fin de llevar a cabo la correspondiente imputación, los hechos en cuestión han sido subsumidos en los tipos penales que la representación fiscal calificó como Posesión Ilícita de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley Para el Control y el Desarme de Armas y Municiones y Agavillamiento, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal, motivando dicha calificación jurídica, análisis éste con el que concuerda esta Juzgadora, ya que de los hechos narrados por el Ministerio Público se evidencia que éstos encuadran en los tipos penales anteriormente narrados.
Corolario de los análisis anteriormente efectuados, este Tribunal acordó Admitir Totalmente La Acusación presentada por la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, respecto de los Ciudadanos Edwin Rafael Ríos España, Julio César González España y Ángel Antonio Rivero Malaver, en virtud de los hechos presuntamente cometidos por éstos en fecha dieciséis (16) de noviembre de 2016, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 369 del Código Orgánico Procesal Penal.
PRUEBAS ADMITIDAS Y ESTIPULADAS
En consecuencia, se observó que de la exposición efectuada por el representante del Ministerio Público en el acto de la audiencia preliminar, fueron detalladas de manera sucinta los medios de prueba con los que pretende el titular de la acción, demostrar la comisión de los hechos por los cuales acusa a los Ciudadanos Edwin Rafael Ríos España, Julio César González España y Ángel Antonio Rivero Malaver. Así las cosas y una vez analizados por esta decisora la necesidad, utilidad y pertinencia de éstos, fueron admitidos específicamente los siguientes medios de prueba: Testimoniales: Expertos: Oscar Castillo Ruíz, adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y Esther Rodríguez, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Funcionarios: Oscar Castillo Ruíz, Jhonny Molero, Willy Rafael Astudillo, Danny Montilla Contreras, Ernesto Marcano Lucart, Efrén Chourio Fuenmayor, Carlos González Rada y Jesús Echezuria Rojas, adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Documentales: Acta de Reconocimiento Legal con Fijación Fotográfica, de fecha 05-10-2016 y Acta de Reconocimiento Técnico de Mecánica y Diseño número 9700-073-DC-1350-B-590-16, de fecha 17-11-2016, dejándose expresa constancia, que la representación de la Defensa Pública, no consignó escrito de promoción de prueba.
DE LOS ALEGATOS DE LA DEFENSA
Acto seguido, se le otorgó nuevamente el derecho de palabra a la Ciudadana Abogada Verónica Gamboa, quien expuso lo siguiente: “Oída la exposición del Tribunal, mis representados me han manifestado su voluntad de admitir los hechos objeto del presente proceso penal y pedir formalmente disculpas al Ministerio Público, ello a los fines de hacerse acreedores de la Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso, consistente en la suspensión condicional del proceso. En consecuencia, solicito le sea acordada dicha medida y para ello les sea cedido el derecho de palabra. Es todo”.
DE LAS DECLARACIONES DE LOS ACUSADOS
Acto seguido, la Ciudadana Juez impuso a los Ciudadanos acusados de sus derechos y garantías constitucionales, consagradas en los artículos 49, ordinal 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 127 y 132 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también se les impuso de las fórmulas Alternativas a la Prosecución del Proceso, conforme lo establece el artículo 368 de la Norma Adjetiva Penal. En tal sentido, se procedió a tomar la declaración de los acusados de autos, interrogándoseles acerca de si entendían el alcance de lo expresado por el Tribunal y de la Imputación del Ministerio Publico, a lo que los mismos respondieron de manera positiva. Acto seguido, se le cedió la palabra al Ciudadano Edwin Rafael Ríos España, quien estando libre de Juramento y sin Coacción Alguna, manifestó lo siguiente: “Yo admito los hechos, pido formalmente disculpas y me acojo a la Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso, comprometiéndome a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que me imponga el Tribunal. Es todo”. De igual manera, se le cedió la palabra al Ciudadano Julio César González España, quien estando libre de Juramento y sin Coacción Alguna, manifestó lo siguiente: “Yo admito los hechos, pido formalmente disculpas y me acojo a la Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso, comprometiéndome a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que me imponga el Tribunal. Es todo”. Finalmente, se le cedió la palabra al Ciudadano Ángel Antonio Rivero Malaver, quien estando libre de Juramento y sin Coacción Alguna, manifestó lo siguiente: “Yo admito los hechos, pido formalmente disculpas y me acojo a la Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso, comprometiéndome a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que me imponga el Tribunal. Es todo”.
IV
DEL DERECHO
Este Tribunal, una vez escuchadas las exposiciones de las partes, procedió a verificar la procedencia de la medida solicitada, y al respecto se observa que los artículos 358 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, establecen los requisitos de procedibilidad, a los fines de conceder la medida solicitada en el presente caso. Es así, como en el presente caso, observamos que en primer lugar, los delitos por los cuales los Ciudadanos Edwin Rafael Ríos España, Julio César González España y Ángel Antonio Rivero Malaver, han sido acusados, son los Posesión Ilícita de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley Para el Control y el Desarme de Armas y Municiones y Agavillamiento, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal, los cuales establecen penas de prisión que no exceden de ocho (08) años en su límite máximo. Al efecto, los mencionados Ciudadanos, una vez impuestos de los derechos y garantías constitucionales que les asisten, así como de las medidas alternas a la prosecución del proceso, de conformidad con el contenido del artículo 358 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, manifestaron su deseo de hacerse acreedores de la Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso, conocida como la Suspensión Condicional del Proceso, procediendo a aceptar los hechos que les atribuyó el Ministerio Público y pidiendo disculpas al mismo, ofreciéndose a cumplir con todas las obligaciones que les impusiera el Tribunal. De igual manera, el Fiscal del Ministerio Público, al momento en que éste Tribunal le cediera el derecho de palabra, manifestó su conformidad con el otorgamiento de la medida alternativa solicitada, no oponiéndose a la misma.
Como consecuencia de lo antes expresado y por considerar que se encontraban debidamente satisfechos los supuestos consagrados en la norma antes indicada, este Tribunal acordó la Suspensión Condicional Del Proceso, a favor de los Ciudadanos Edwin Rafael Ríos España, Julio César González España y Ángel Antonio Rivero Malaver, por el lapso de tres (03) meses, conforme a lo establecido en el artículo 361 del Código Orgánico Procesal Penal, lapso durante el cual, deberán cumplir con las obligaciones que le sean impuestas por ante la sede de la Junta Reorganizadora de la Comunidad Indígena “Francisco Fajardo”, ubicada en la Etnia Guaquerí, sector El Poblado, Municipio Mariño, estado Nueva Esparta, cuya directiva dispondrá el contenido del trabajo a realizar. En consecuencia, se ordena oficiar a la mencionada sede, a los fines de hacer de su conocimiento, el contenido de la presente decisión. Y Así Se Decide.
DISPOSITIVA
VISTOS Y ANALIZADOS LOS ANTERIORES PARTICULARES, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD DE LA LEY, EMITE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: PRIMERO: Una vez admitida totalmente la acusación, así como los medios de prueba, presentados por la Representación del Ministerio Público, en contra de los Ciudadanos Edwin Rafael Ríos España, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, fecha de nacimiento 20/12/1997, de 18 años de edad, titular de la cedula de identidad N° V-25.967.852, de profesión u oficio Comerciante y residenciado en la Población de Tacarigua, calle El Conchal, casa sin número, de color blanca, cerca del Festejo de tan, Municipio Gómez, estado Nueva Esparta, Julio Cesar González España, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, fecha de nacimiento 17/02/1983, de 33 años de edad, titular de la cedula de identidad N° V-15.676.222, de profesión u oficio Herrero y residenciado en la Población de Tacarigua, calle El Toporo, casa sin número, de color verde, cerca de la Iglesia del Corazón de Jesús, Municipio Gómez, estado Nueva Esparta y Ángel Antonio Rivero Malaver, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, fecha de nacimiento 18/01/1984, de 32 años de edad, titular de la cedula de identidad N° V-16.335.790, de profesión u oficio Seguridad Industrial y residenciado en la Población de Tacarigua, calle El Toporo, casa sin número, de color amarilla, cerca de la Iglesia del Corazón de Jesús, Municipio Gómez, estado Nueva Esparta, este Tribunal acordó a favor de los mencionados Ciudadanos, la Medida Alternativa a la Prosecución del Proceso, consistente en la Suspensión Condicional Del Proceso, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 358 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Acordada como ha sido la Suspensión Condicional del Proceso en el presente caso, se impone a los Ciudadanos Edwin Rafael Ríos España, Julio César González España y Ángel Antonio Rivero Malaver, el cumplimiento de la correspondiente Labor Comunitaria, en la sede de la Junta Reorganizadora de la Comunidad Indígena “Francisco Fajardo”, ubicada en la Etnia Guaquerí, sector El Poblado, Municipio Mariño, estado Nueva Esparta, ello por un lapso de Tres (03) Meses, en el cual deberán cumplir un período de cuarenta y ocho (48) horas, con las obligaciones que les sean impuestas por la directiva de la mencionada sede, conforme a lo establecido en el artículo 361 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Se ordena oficiar a la Junta Reorganizadora de la Comunidad Indígena “Francisco Fajardo”, ubicada en la Etnia Guaquerí, sector El Poblado, Municipio Mariño, estado Nueva Esparta, a los fines de hacer de su conocimiento, el contenido de la presente decisión, solicitándoles en consecuencia, velar por el cumplimiento de la Medida otorgada, así como informar las resultas del cumplimiento o no del mismo, a este Tribunal. En consecuencia, líbrese los oficios correspondientes. Cúmplase.-
La Jueza Municipal De Control Nº 03
Abg. María Teresa García Murguey
La Secretaria
Abg. Jenifer Rondón Cedeño
En la misma fecha, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se dictó y publicó la anterior Sentencia. Lo Certifico.
La Secretaria
Abg. Jenifer Rondón Cedeño
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