REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
I
INTRODUCCIÓN
Conoce este Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de la presente causa, en virtud de distribución efectuada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, numero distribución TM-MO-7210-2015, en fecha catorce (14) de agosto de 2015; con objeto de formal demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, intentara la ciudadana y abogada en ejercicio MARISELA CRIOLLO, venezolana, mayor de edad, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 175.622, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil INVERSIONES BINGO REINA, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha ocho (08) de abril de 2010, anotada bajo el número 47, Tomo 20-A RM 4TO, en contra de los ciudadanos SILVIO LUZARDO y THANIA COROMOTO LEAL ARTEAGA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedulas de identidad números V.-3.115.348 y V.-12.373.903.
II
ANTECEDENTES
La presente demanda se le dio entrada en fecha diecisiete (17) de septiembre de 2015, mediante auto este Tribunal instó a la parte actora a indicar su domicilio procesal.
En fecha veintitrés (23) de septiembre de 2015, la parte actora mediante escrito indico los motivos por los cuales la demanda incoada debía ser admitida; siendo admitida la misma en fecha veinticinco (25) de septiembre de 2015, ordenándose la citación de la parte demandada, ciudadanos SILVIO LUZARDO y THANIA LEAL ARTEAGA, ut-supra identificado.
En fecha veintidós (22) de octubre de 2015, la apoderada judicial de la parte actora mediante diligencia dejo constancia de haberle entregado al Alguacil del Tribunal los recaudos para la practica de la citación personal de los demandados, así como de los emolumentos, en misma fecha, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia de haberse librado los recaudos y de habérsele entregado los emolumentos necesarios para la practica de la citación personal de los demandados.
En fecha seis (06) de noviembre de 2015, la apoderada judicial de la parte actora mediante diligencia señalo la dirección correspondiente al lugar de la practica de la citación personal de los demandados.
En fecha dieciocho (18) de enero de 2016, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia en actas de no haber podido practicar la citación personal de la parte demandada.
En fecha veintiocho (28) de enero de 2016, la apoderada judicial de la parte actora, mediante diligencia solicitó se procediera a realizar la citación vía carteles.
En fecha veintinueve (29) de enero de 2016, este Tribunal ordenó la citación vía carteles de la parte demandada, librando carteles en misma fecha.
En fecha ocho (08) de febrero de 2017, la ciudadana THANIA COROMOTO LEAL ARTEAGA, ut supra ideintificada, debidamente asistida por el abogado en ejercicio ASLEY GONZALEZ, inscrito en el inpreabogado bajo el número 140.774, mediante diligencia solicitó se decretara la perención de la instancia en la presente causa.
III
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
Ahora bien, este Juzgador para decidir observa que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
Asimismo, establece el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y en la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
Es así como las normas ut supra transcritas contemplan la extinción del procedimiento al haber transcurrido un (01) año sin actividad procesal, y en ese caso el Juez puede declarar de oficio la perención, por ser una facultad que la ley le otorga, quien al verificar los presupuestos que determinan su procedencia está en obligación de emitir pronunciamiento al respecto, entendiéndose que los efectos de la perención operarán desde el momento en el cual se cumplió el tiempo de paralización del proceso o lo que es lo mismo, el período donde se evidenció la falta de impulso procesal; hallándose sin efecto alguno, todos los actos procesales realizados por las partes después de cumplido el referido lapso, por lo que de ninguna manera dichos actos significaran convalidación o subsanación alguna de la perención.
En atención a lo previsto en la legislación, la Sala de Casación Civil en Sentencia signada con el N° 211, de fecha veintiuno (21) de Junio de 2000, correspondiente al expediente N° 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente:
“La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”
En ese sentido, en sentencia de fecha cinco (05) de mayo de 2006, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, dispuso:
“Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.
Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al de mérito. En ese sentido se pronunció esta Sala Constitucional en sentencia Nº 909 del 17 de mayo de 2004, en la que señalo:
De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al Juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho vistos y el juicio entre en etapa de sentencia…” (Subrayado del Tribunal).
Igualmente, en sentencia de fecha veinte (20) de julio de 2006, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, estableció:
“A mayor abundamiento, debe la Sala precisar que este alto Tribunal ha señalado que cuando se trate de cualquier otro pronunciamiento que no sea la sentencia de mérito, no existe impedimento para decretar la perención. Así, la Sala Constitucional en decisión Nº 853 del 5 de mayo de 2006, estableció…
…En el caso en el que se dictó la sentencia citada, se encontraba la causa al igual que en el presente, a la espera de un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, en particular de la Sala Político-Administrativa, pero en ambos se trataba de una decisión interlocutoria...” (Negrillas del Tribunal)
En el caso de autos, la última actuación tendente al proceso fue en fecha veintiocho (28) de enero de 2016, fecha en la cual la apoderada judicial de la parte actora, mediante diligencia solicitó se procediera a realizar la citación vía carteles, y no evidenciándose desde la referida fecha el impulso para el perfeccionamiento de la citación por carteles de la parte demandada, y de no constar en las actas procesales alguna otra gestión que denote el interés de la parte actora de darle continuidad a la presente causa, entendiéndose ello como un abandono del procedimiento, por cuanto desde la actuación efectuada en la aludida fecha, hasta la actualidad transcurrió más de un (01) año sin actuación alguna capaz de interrumpir el computo de la perención de la instancia, por lo que de conformidad con las normas y los extractos jurisprudenciales citados considera este Juzgador consumados los extremos concurrentes para la Perención de la Instancia en el presente proceso, y así se declarara en la parte dispositiva del presente fallo.
IV
DECISIÓN
En el merito de hecho y de derecho antes expuestos, este TRIBUNAL SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 269 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar Perimida la Instancia en el presente Juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, intentara la ciudadana y abogada en ejercicio MARISELA CRIOLLO, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil INVERSIONES BINGO REINA, C.A., en contra de los ciudadanos SILVIO LUZARDO y THANIA COROMOTO LEAL ARTEAGA, ambos identificados en la parte narrativa del presente fallo, en consecuencia:
No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Se hace constar que la abogada en ejercicio MARISELA CRIOLLO, obró en el proceso como Apoderada Judicial de la parte demandante, y el abogado en ejercicio ASLEY GONZALEZ, obró asistiendo a la demandada THANIA COROMOTO LEAL ARTEAGA.
Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los trece (13) dias del mes de febrero de 2017. Años 206° de la Independencia y 157° de las Federación.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFIQUESE.
EL JUEZ
Abog. EULOGIO PAREDES TARAZONA.
EL SECRETARIO,
Abog. LEONARDO ESPINA MORALES
En la misma fecha, siendo las doce y treinta minutos (12:30 p.m.) del medio día se publicó la anterior sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, registrada con el Nº 11-2017.-
EL SECRETARIO,
Abog. LEONARDO ESPINA MORALES
ETP/kfc
|
