TSJ Regiones - Decisión

PODER JUDICIAL
CORTE DE APELACIONES ORDINARIA, DE LA SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE Y DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL FRONTERIZO DEL ESTADO BOLIVARIANO NUEVA ESPARTA

La Asunción, 23 de febrero de 2017
206º y 157º
ASUNTO PRINCIPAL : OP04-P-2016-000028
ASUNTO : OP04-R-2016-000018

PONENTE: MARIA CAROLINA ZAMBRANO HURTADO

IMPUTADOS: WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056 y N° V-29.591.458, respectivamente.

RECURRENTE: Abogado YOVANNY BOHORQUEZ, Defensor Publico (A) Quinto Penal Ordinario, adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en su carácter de defensor de los ciudadanos, imputados WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056 y N° V- 29.591.458, respectivamente.

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: abogado LUFREIDYS MILLAN, Fiscal Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano Nueva Esparta.

PROCEDENCIA: Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Bolivariano Nueva Esparta.

DELITO: en relación al RONALD JESUS ROSAS SUBERO incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMAR DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal.

Corresponde a esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano Nueva Esparta conocer del Recurso de Apelación de Auto, interpuesto por el profesional del derecho YOVANNY BOHORQUEZ, Defensor Publico (A) Quinto Penal Ordinario, adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en su carácter de defensor de los ciudadanos, imputados WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056 y N° V- 29.591.458, respectivamente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 439 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión dictada en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), por el Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Bolivariano Nueva Esparta, mediante la cual acordó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 numerales 1, 2 y 3, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal a los imputados ut supra, por la presunta comisión del delito de en relación al RONALD JESUS ROSAS SUBERO incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMAR DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal (según el a quo). Se designó Ponente a la Jueza DRA. MARIA CAROLINA ZAMBRANO.

ANTECEDENTES:

Según Listado de Destinación llevado por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos le correspondió el conocimiento de la presente causa, a la abogada DRA. MARIA CAROLINA ZAMBRANO (f. 24).

En fecha 02 de febrero de 2017, esta Superioridad dictó auto (f.24), por medio del cual ordena dar ingreso al Libro de Entrada y Salida de Asuntos llevado por esta Corte de Apelaciones.

En fecha 13 de febrero de 2017, esta Corte de Apelaciones Ordinaria, de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescente y de Violencia de Género de este Circuito Judicial Penal, dictó decisión mediante el cual ADMITE PARCIALMENTE el presente Recurso de Apelación de Apelación interpuesto por el profesional del derecho YOVANNY BOHORQUEZ, Defensor Publico (A) Quinto Penal Ordinario, adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en su carácter de defensor de los ciudadanos, imputados WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO. (f. 25- 36)

Esta Instancia Superior, una vez revisadas y analizadas las actas procesales que contiene el Asunto OP04-R-2016-000018 antes de decidir, hace las siguientes observaciones:

DE LA COMPETENCIA:

A los fines de determinar la competencia de esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Bolivariano Nueva Esparta, se hace necesario transcribir lo previsto en el artículo 63.4, literal ‘a’, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece:

‘Artículo 63.- Son deberes y atribuciones de las Cortes de Apelaciones, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones:
…OMISSIS…
4º En material penal:
a) Conocer en apelación de las causas e incidencias decididas por los tribunales de primera instancia en lo penal.
…OMISSIS…

Visto que, el recurso que se examina corresponde a la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Bolivariano Nueva Esparta, en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), quien en Audiencia Oral de Presentación de Detenido, entre otros pronunciamientos, decretó a los ciudadanos WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056 y N° V- 29.591.458, respectivamente, medida de privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 236 numerales 1, 2 y 3, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de en relación al RONALD JESUS ROSAS SUBERO incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMAR DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal; es por lo que esta Corte, se declara COMPETENTE, para el conocimiento y decisión del Recurso de Apelación. Así se decide.

DE LA DECISIÓN RECURRIDA:

En fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016), tuvo lugar la correspondiente a la Audiencia Oral de Presentación de Detenido, (f. 11 al 14), de la cual se desprende el dispositivo recurrido, cuyo tenor es el que sigue:

“…OÍDAS COMO HAN SIDO LAS PARTES Y VISTAS LAS PRESENTES ACTUACIONES, ESTE TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY EMITE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS. PRIMERO: Considera este Tribunal que de las actas consignadas por el Ministerio Público, que se ha cometido un hecho punible, que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, a los ciudadanos RONALD JESUS ROSAS como lo es el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1,2,3 de la ley de vehiculo automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del código penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del código penal y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 112 de la ley especial y para el ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1,2,3 de la ley de vehiculo automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del código penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del código penal, lo cual se evidencia de las actas aportadas por el representante del Ministerio Público a la presente audiencia, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal; si bien es cierto la defensa técnica hace mención que no hay una experticia que determine la existencia de un arma de fuego, no podemos dejar de un lado las declaraciones de las victimas del presente asunto, en las cuales señalan que fue apuntado por un arma de fuego por el imputado de autos. SEGUNDO: Considera esta Juzgadora que se encuentran llenos los extremos del artículo 236 en su 2° ordinal, toda vez que de las actas aportadas, existe la convicción de que el hoy imputado es autor o partícipe del delito que se le imputa, ello tomando en consideración el contenido del acervo probatorio fiscal, los cuales dimanan de: Acta policial de fecha 12 de Enero del Año 2016 suscrita por funcionarios de Antolin del Campo ,Entrevista testifical del ciudadano Oscar Arteaga de fecha 12 de Enero del Año 2016,Informe Medico de la victima de fecha 11 de Enero del Año 2016,oficio dirigido a los órganos policiales a los fines de practicar diligencias en el presente asunto, oficio N°9700-103-At-0051 de fecha 12 de Enero del Año 2016 TERCERO: Asimismo se evidencia que se encuentran llenos los extremos del artículo 236, numeral 3ª de la Norma Adjetiva Penal, tomando en consideración la pena que pudiera llegar a imponerse, la magnitud del daño causado, el posible Peligro de Fuga y de obstaculización de la Investigación, motivo por el cual, se considera que lo procedente y ajustado a derecho, es Decretar una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 de la Norma Adjetiva Penal, ordenándose su reclusión en la sede de la Comisaría de Ciudad Cartón. CUARTO: En cuanto a la solicitud de Control Judicial solicitado por las Defensa, este Tribunal lo declara sin lugar, toda vez que los hechos narrados por el Ministerio Público en esta audiencia, se subsumen perfectamente en el tipo penal antes señalado, igualmente se declara sin lugar la aplicación de una medida menos gravosa. QUINTO: Se ordena de conformidad con el articulo 83 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en consecuencia se ordena se traslade el imputado hasta la sede del Hospital Dr. Luís Ortega de Porlamar, Municipio Mariño de este Estado, el día Jueves catorce (14) de Enero del año dos mil Dieciséis (2016), a las 07.00 horas de la mañana a los ciudadanos RONALD JESUS ROSAS, WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, debiendo remitir a este Tribunal las resultas del mismo, Igualmente se acuerda reconocimiento en rueda de individuo para el día 15 de Enero del Año 2016 a las 9:45am a los ciudadanos RONALD JESUS ROSAS, WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, se ordena notificar a las partes. SEXTO: Se ordena la prosecución del presente procedimiento por la vía Ordinaria. Quedan las partes debidamente notificadas de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. La ciudadana Jueza declara concluida la presente audiencia, siendo las 11:44 horas de la mañana, se declara concluido el presenta acto, es todo, terminó, se leyó y conformes firman… (Cursivas de esta Alzada)

DE LA DECISIÓN FUNDADA:

En fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), se dicto decisión, de la cual se desprende el presente dispositivo recurrido (f. 15 al 19), cuyo tenor es el que sigue:

“…Habiéndose efectuado el día trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016), la audiencia oral de presentación de detenido, oídas como han sido las partes se procede a realizar los siguientes razonamientos:
El Abogado OBEL MORENO, Fiscal Auxiliar Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en el acto de la Audiencia Oral de presentación expuso lo siguiente: “Presento en éste acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, a los Ciudadanos imputados anteriormente identificados, conforme a los hechos y circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos, y que se detallan en las actas, ahora bien, esta Representación Fiscal, considera que de esas actuaciones surgen elementos de convicción suficientes para estimar que estamos frente a la comisión de un hecho punible perseguible de oficio y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo son los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHÌCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILÌCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, es por lo que lo conducente en el presente caso es decretar la Medida Privativa Preventiva de Libertad, conforme a lo establecido en los artículos 236, 237 parágrafo primero y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, tomando en consideración la pena que pudiera llegar a imponerse, la magnitud del daño causado y la obstaculización a la búsqueda de la verdad, Asimismo, solicito se ordene continuar el Procedimiento por la Vía Ordinaria. Es todo.”
Vistos los hechos narrados por el representante del Ministerio Público, y la precalificación dada, así como la solicitud de la Medida Cautelar aplicable, solicitada por parte de la Fiscalía, el Tribunal impuso de sus derechos y garantías constitucionales a los imputados de autos. Seguidamente la ciudadana Jueza impone a los imputados del artículo 49 ordinal 5º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, que los exime de declarar en causa propia y, aun en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento, así mismo se le informó el objeto de la presente audiencia. Seguidamente se le cede la palabra al imputado RONALD JESUS ROSAS,quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…No deseo declarar…” “…Es todo…”.Se deja constancia que el acusado de autos se acogió al precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia.
Seguidamente se le cede la palabra al imputado WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA,quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…A las seis de la tarde yo llego de trabajar ,ellos estaban esperando un taxi yo le pregunte y le dije voy al centro como a las ocho de la noche ellos llegaron por mi casa y me dijeron para salir a echarle gasolina al carro ellos me dijeron ese carro es de mi tio, cuando vamos en la vía no había bomba abierta llegando a la bomba Miranda se nos pega una patrulla y les dije porque no te paras y el carro lo iba manejando Ronald, le dije párate que yo no tengo nada que ver con esto, cuando el señor llego dijo el no fue, el robo lo hicieron fueron dos personas, Ronald me dijo que el carro se lo robaron en el centro yo no tengo nada que ver yo soy inocente soy un muchacho tranquilo, mi mama vio cuando yo llegue de trabajar…” “…Es todo…”
Seguidamente se le cede la palabra a la Defensa Publica Abogado YOVANNY BOHORQUEZ, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…en vista que me ha manifestado que fue golpeados por los funcionarios actuantes, solicito se realice reconocimiento medico forense, solicito reconocimiento en rueda de individuo en virtud del contenido del articulo 46 ordinal 4 de laConstitución de la Republica Bolivariana de Venezuela,Escuchado lo manifestado por la vindicta publica así como escuchado a mi defendido esta defensa invoca con lo contenido de los artículos 8, 9 y 229 de la Ley Adjetiva Penal, solicito una medida cautelar sustitutiva de libertad, contenidas en el articulo 242 del Código Penal y solicito copias simples del acta …” “…Es todo…”.
Este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Nueva Esparta, de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a decidir sobre la Medida solicitada por el Ministerio Público, en los siguientes términos:
De conformidad con lo establecido en el Numeral 1° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, se evidencia de las actas consignadas por el Ministerio Público, que se ha cometido un hecho punible, que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, que se han precalificados como los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHÌCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILÌCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; lo cual se evidencia del Acta de fecha doce (12) de enero de 2015, mediante el cual se dejó constancia entre otras cosas lo siguiente: ”…Eso fue aproximadamente como las 07:00 a 07:30 horas de la noche me encontraba por la urbanización Villas de San Antonio, específicamente por la última calle y me pare a orinar en una zona boscosa, cuando del monte me salieron tres sujetos portando dos de ellos armas de fuego, me apuntaron y comenzaron a golpear, luego se subieron a mi vehículo y se fueron, pedí auxilio y al rato se presento una comisión Policial de Villa Rosa y me trasladaron al centro de salud de Villa Rosa, donde me atendieron los médicos, posteriormente fuimos a PTJ a formular la denuncia, luego en la madrugada me informaron que los funcionarios de la Policía del Tirano habían recuperado un vehículo Aveo color rojo, me traslade al sitio y logre verificar que efectivamente era mi vehículo, luego al entrar al comando pude observar a os dos sujetos que tenían esposado y reconocí como dos de los sujetos que me robaron y agredieron físicamente…”, encontrándose el supuesto exigido en el articulo 236 numeral 1 del decretó con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.
De las actas se desprende que existen suficientes elementos de convicción para presumir que el imputado de autos, sea posible autor o partícipe del delito atribuido por el Ministerio Público, los cuales dimanan de: Acta policial de fecha 12 de Enero del Año 2016 suscrita por funcionarios de Antolin del Campo ,Entrevista testifical del ciudadano Oscar Arteaga de fecha 12 de Enero del Año 2016,Informe Medico de la victima de fecha 11 de Enero del Año 2016,oficio dirigido a los órganos policiales a los fines de practicar diligencias en el presente asunto, oficio N° 9700-103-At-0051 de fecha 12 de Enero del Año 2016. Circunstancias estas que lleva a este Tribunal a determinar que se acredita los supuestos del artículo 236 numeral 2 de la Ley Adjetiva Penal.
Esta Juzgadora considera que se encuentra lleno el numeral 3° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en razón de la pena que podría llegar a imponerse en el presente caso, encontrando acreditado el peligro de fuga, por cuanto el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÌCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículo Automotor, establece una pena que excede en su límite máximo de diez (10) años de prisión; por otra parte nos encontramos ante la presencia de un delito pluriofensivo es decir hay dos bienes jurídicos afectado como lo es la vida, la integridad física y el derecho a la propiedad, aunado a ello, la magnitud del daño causado, el peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad, razones estas para considera que la única Medida Cautelar suficiente, para asegurar la finalidad del proceso, es la Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 236 numeral 1, 2 y 338 del decretó con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia se decreta la Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del Imputado de autos, y declara sin lugar la petición de la defensa de aplicar Medida Cautelar Sustitutiva, ello por encontrarse llenos los extremos exigidos por el legislador en la mencionada disposición.
DISPOSITIVA
Por los argumentos de hecho y de Derecho antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 03 del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Nueva Esparta, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace el siguiente pronunciamiento: PRIMERO:Decreta Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, contra de los Ciudadanos RONALD JESUS ROSAS y WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, de conformidad con el artículo 236 numerales 1, 2 y 3, 237 y 238 del decretó con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, por encontrase incurso el primero de los nombrados en la supuesta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHÌCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILÌCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión delos delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHÌCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehículo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal. Se acordó Librar la respectiva Boleta de Privación Judicial. Teniendo como sitio de reclusión la Comisaría de Ciudad Cartón. SEGUNDO: Se decreta la prosecución del proceso por la vía Ordinaria, tal como lo dispone el artículo 263 del decretó con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal… (Cursivas de esta Alzada)

ALEGATOS DE LA RECURRENTE:

En fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016), el profesional del derecho YOVANNY BOHORQUEZ, Defensor Publico (A) Quinto Penal Ordinario, adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en su carácter de defensor de los ciudadanos, imputados WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titular de la cedula de identidad Nº V- 24.109.056, 29.591.458, respectivamente, presento Recurso de Apelación de Auto, en los siguientes términos (f. 01 al 04):

“…Yo, YOVANNY BOHORQUEZ, Defensor Publico (A) Quinto Penal Ordinario, adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Nueva Esparta, en mi carácter de defensor del ciudadano: WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, portadores de las cedulas de identidad N° 24.109.056, 29.591.458, actuando de conformidad con lo previsto en el articulo 439 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 423 y 424 ejusdem, encontrándose dentro del lapso legal previsto en el articulo 440 de la Ley Adjetiva Penal, acudo ante su competente autoridad, por conducto de la Unidad de Alguacilazgo, a fin de interponer formal RECURSO DE APELACION, contra decisión (auto) de ese Tribunal a su cargo de fecha 13-01-2016, mediante el cual DECRETO MEDIDA DE PRIVACION DE LIBERTAD, en contra de mis defendidos antes identificado.
DE LA DECISION RECURRIDA
En fecha 13-01-2016, a mi representado WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS ROSAS SUBERO, portadores de las cedulas de identidad N| 24.109.056, 29.591.458, le fue decretada Privación de Libertad, por el Tribunal Cuarto de Control Penal, a solicitud que hiciere la representante de la Fiscalía Tercera del Ministerio Publico, por la Presunta comisión por la Presunta comisión del delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR previsto y sancionado en el articulo 5 de la Ley Sobre el Hurto Automotor de Vehiculo Automotor, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal Sobre el Hurto Automotor de Vehiculo Automotor, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo sancionado en el articulo 218 de Código Penal y PORTE DE ARMA ILICITO previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley de Control de Arma y Municiones en el declarándose sin lugar la solicitud de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de esta Defensa. Fundamento su decisión la Jueza de Control, en lo establecido en el artículo 236, 237 y 238 de nuestra Ley Adjetiva Penal.
La Defensa considero que no se estaba en presencia de los delitos imputados por la representante Fiscal, por cuanto de las actas aportadas por la vindicta publica, no se apreciaban suficientes elementos de convicción que llevaran a estimar la participación de mi representado en el delito imputado. Es necesario destacar que el Ministerio Publico solicito la privación de libertad basada en la Precalificación del delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR.
En relación con lo establecido, sin embargo es este caso la Jueza de Control, considero esta precalificación, en la entrevista con mi defendido donde me manifestó que todo es un mal entendido solicitando una rueda de reconocimiento de individuo.
Por otro lado, pero que guarda relación con la participación o no de una persona, o su presunta participación en un hecho delictivo, voy a referirme a una acotación de índole jurídico. El Legislador establece en el articulo 8 de la Ley Adjetiva Penal, el Principio de Presunción de Inocencia, al respecto menciona “que a cualquiera que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establece su culpabilidad mediante una sentencia firme”.(subrayado defensa). Este Principio reconocido mundialmente, significa pues, que toda personas es inocente hasta que se demuestre lo contrario a través de una sentencia condenatoria definitivamente firme. De manera que la jueza A quo estableció una presunción que coloca al investigado en la posición de una culpabilidad prematura, por cuanto se le esta sustrayendo ese principio de Presunción de Inocencia que debe imperar en todo proceso penal. Se ha hecho costumbre de los administradores de Justicia, colocar al débil jurídico (el Justiciable) en una posición de culpabilidad prematura, aun sin haber en la primera fase del iter criminal suficientes elementos que denoten la participación de una persona en los hechos atribuidos por la representante Fiscal. Esto me recuerda mucho lo que sucedía con el extinto Sistema Inquisitivo, se detenía a una persona y después se investigaba, pero sin embargo este Sistema tenía algo a favor en relación con el actual. El legislador de esa época permitía una investigación que debía terminar en 16 días, tiempo en el cual si no habían Indicios, esa persona quedaba en libertad. Actualmente nuestro Sistema permite una investigación, que en caso de quedar la persona detenida preventivamente, esta investigación dura 45 días. No estoy refiriendo que el Sistema actual sea malo o peor que el anterior, me refiero pues, es a los criterios de los administradores de justicia al adoptar sus decisiones, que convierten a uno de los Sistemas mas garantístas del mundo (Sistema Acusatorio), en un Sistema Inquisitivo y con ello contradiciendo otra norma de carácter procesal, como lo es la relativa al Principio de Finalidad del Proceso, que no es otra cosa que establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho y a esta finalidad debe atenerse el Juez al adoptar su decisión
Corolario de lo anterior y por exigencia procesal, en razón de que se trata de una decisión incidental, debe cumplirse con las pautas señaladas en los artículos 157 y 232 del Código Orgánico Procesal Penal, que exige el primero de los citados, que las decisiones sean emitidas mediante sentencias o autos fundados, bajo pena de nulidad y, el segundo dispone, que las medidas de coerción personal solo podrán ser decretadas mediante especie sin estar debidamente motivada, procede decretar de oficio su nulidad por la lazada.
DEL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS
PRIMERO: Copia certificada del Acta levantada con ocasión a la presentación de mi defendido de fecha 13-01-2016.
SEGUNDO: Copia de las actuaciones consignadas por el Ministerio Publico y que cursan agregadas a la causa, por cuanto no se trata de entrar a conocer de los hechos sino de adecuarlo al derecho para así verificar si se cumple las exigencias en derecho.
Estas pruebas, solicito de conformidad con lo estableció en el Único Aparte del articulo 440, sean remitidas a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal.
PETITORIO
Por estos argumentos de hecho y de derecho antes descritos, solicito se verifique el tramite legal correspondiente al presente Recurso Ordinario de Apelación, se Admita por estar ajustado a derecho y se declare con lugar en la definitiva, revocándose la decisión de fecha supra indicada, emitida por la Jueza Primera de Control Penal, mediante la cual se decreta la Privación de Libertad de mis representados WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS ROSAS SUBERO, portadores de las cedulas de identidad N° 24.109.056, 29.591.458, y en consecuencia se le decrete su libertad bajo la modalidad de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, al no ser procedente legalmente la medida cautelar Privativa acordada por la Juez de Instancia…(Cursivas de esta Alzada)

DE LA CONTESTACIÓN

La ciudadana Jueza del Tribunal Segundo (2°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Bolivariano Nueva Esparta, por auto de fecha 11 de agosto de 2016, emplaza a la Represtación de la Fiscalia Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano Nueva Esparta, observándose que no dio contestación al escrito de apelación interpuesto por la Defensa Publica, tal como se evidencia del cómputo practicado por la secretaria del Tribunal A quo. (f. 10).

RAZONAMIENTOS PARA DECIDIR

Nuestra Ley Adjetiva Penal, en su artículo 432, faculta a las Cortes de Apelaciones para conocer solo los puntos de la decisión que han sido refutados, de manera que dentro de estos parámetros se producirá la decisión de esta Superioridad, criterio éste que ha sido ratificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su fallo Nº 104 del 20 de febrero de 2008, con Ponencia del Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, en el cual, entre otras cosas, se dejó asentado lo siguiente:

“…el Juez de la apelación no podrá conocer sino, exclusivamente, los particulares de la decisión que han sido impugnados; ello, justamente, como tutela al derecho fundamental a la tutela judicial eficaz que reconocen los artículos 26 y 257 de la Constitución, protección esta que se vería seriamente menoscabada si se entrara al conocimiento de una apelación que fuera interpuesta sin la concreción de los puntos contra los cuales se originó la contención, ya que ello obligaría a la valoración de la integridad del fallo que sea objeto de dicho recurso, tal como debía hacerse en el caso de la ahora extinta consulta, contra la cual son oponibles no sólo los fundamentos que fueron explicados en el antes referido acto decisorio, sino, igualmente, al ya anotado riesgo de que, en perjuicio de las partes, se decida sobre particulares del fallo, respecto de los cuales aquéllos no tengan objeción alguna…”

Observa esta Corte de Apelaciones, que la impugnación realizada por la parte recurrente, versa sobre la decisión dictada en Audiencia de Presentación de Aprehendido en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), por el Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Bolivariano Nueva Esparta, mediante la cual decretó MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a los ciudadanos WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056 y N° V- 29.591.458, respectivamente, de conformidad con el artículo 236 numerales 1, 2 y 3, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de en relación al RONALD JESUS ROSAS SUBERO incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMAR DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal. Pudiéndose observar del escrito de apelación que el recurrente en autos se opone a la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, decretada en contra de los ciudadanos ut supra, de conformidad con el artículo 236 numerales 1, 2 y 3, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal , fundamentando su actividad recursiva en el numeral 4° del Articulo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual expresa:

“Artículo 439. Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones:
1.-…omissis…
2.-…omissis…
3.-…omissis…
4.- Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva
5.- …omissis…
6.-…omissis…
7.-…omissis…” (Cursivas de esta Sala).

La recurrente establece en su actividad recursiva lo siguiente:

(…) “no se estaba en presencia de los delitos imputados por la representante Fiscal, por cuanto de las actas aportadas por la vindicta publica, no se apreciaban suficientes elementos de convicción que llevaran a estimar la participación de mi representado en el delito imputado…
(…)”en razón de que se trata de una decisión incidental, debe cumplirse con las pautas señaladas en los artículos 157 y 232 del Código Orgánico Procesal Penal, que exige el primero de los citados, que las decisiones sean emitidas mediante sentencias o autos fundados, bajo pena de nulidad y, el segundo dispone, que las medidas de coerción personal solo podrán ser decretadas mediante especie sin estar debidamente motivada, procede decretar de oficio su nulidad por la lazada…”

Y finalmente la recurrente solicita que se revoque la medida privativa de libertad en contra de los ciudadanos WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056, 29.591.458, respectivamente, y en su lugar se otorgue a su representado la medida cautelar sustitutiva de libertad.

Este Tribunal de Alzada, en su obligación de vigilar el cumplimiento de los preceptos fundamentales, atendiendo lo preceptuado en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procede a una revisión minuciosa de las actas que integran el presente recurso de apelación, observando que el fallo impugnado deviene de la celebración de la Audiencia de Presentación de Aprehendido, efectuada ante el Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Bolivariano Nueva Esparta, en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dicha revisión se realiza de la siguiente manera:

Esta Alzada resalta que tal como se evidencia del Acta de audiencia oral de Presentación, que riela desde el folio once (11) al catorce (14) del presente asunto, de fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016), que el delito precalificado por el Ministerio Público es: en relación al RONALD JESUS ROSAS SUBERO incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMAR DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal, considerando la Jueza Tercera de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, tal y como se evidencia en la fundamentación de fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), que cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 236 y 237 todos del Código Orgánico Procesal Penal, para decretar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los imputados WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056 y N° V-29.591.458, respectivamente (tal como lo estableció el A quo).

Así las cosas, es necesario proceder al estudio de los requisitos que han de cumplirse para decretar la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, dictado en contra de los imputados WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056, 29.591.458, respectivamente, que según lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, podrá ser decretada por el Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público; es decir aquellos elementos que conjugados con lo dispuesto en los artículos 237 y 238 complementa una resolución ajustada a derecho; exigencias que se enuncian con referencia al fumus boni iuris y al periculum in mora, con lo que se quiere aludir a la apariencia o presunción de fundadas razones que evidencia la existencia de un derecho que deberá ser reconocido en la decisión definitiva y a la constatación de una real posibilidad de perjuicio jurídico por el retardo inherente al procedimiento, lo que justifica que de alguna manera se anticipen los efectos de la resolución que se producirá en la sentencia futura.

Por ello, consecuencialmente se exige la demostración de la existencia de un hecho punible, a través de cualquier medio de convicción que no esté expresamente prohibido por la ley, que tenga fuerza y eficacia probatoria, efectivamente realizado, atribuibles al imputado, con la inequívoca convicción por parte del juez, el cual debe haber llegado a la conclusión del imputado, probablemente, es responsable penalmente por ese hecho o pesan sobre él elementos que le hagan presumir razonablemente sobre la supuesta participación y responsabilidad penal de la misma, lo que debe surgir de hechos o informaciones adecuadas para convencer a un observador objetivo de que la persona de la que se trata, presumiblemente ha cometido el hecho o participado de alguna forma en su comisión. Al respecto puede presumirse, al observarse el contenido de la decisión recurrida, que la Jueza del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Nueva Esparta, llegó a la determinación de la existencia que los hechos se ajustan a las exigencias típicas previstas en la ley para el delito acogido por la misma. Acreditada a su criterio la materialidad de su realización, que la acción para su persecución no se encuentra prescrita por lo reciente de su presunta comisión, de lo que se desprende que no ha cesado la potestad del Estado para imponer una sanción (pena) por ese comportamiento antijurídico, típico y culpable, cabe en consecuencia la posibilidad de imponer la referida medida.

En cuanto al FUMUS BONI IURIS o la probabilidad que el imputado sea responsable penalmente, se exige, como establece el Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de fundados elementos de convicción que conduzcan a estimar que la persona contra la que se dirige la medida ha sido autor o participe en la comisión del hecho punible en cuestión. En este caso, no se trata de la plena prueba de la autoría o de la participación de los sujetos en el hecho, sino, como señala el Código Orgánico Procesal Penal, de fundados elementos de convicción, entonces, no es suficiente la simple sospecha de que el sujeto ha sido el autor o ha participado en el hecho, ni tampoco puede fundarse el dictamen del Juez en un indicio aislado de autoría o participación, sino que se requiere algo más, un plus, que se concreta en la existencia de razones o elementos de juicio que tienen su fundamento en hechos aportados por la investigación que permiten concluir, de manera provisional, la posible autoría y/o participación de los imputados en el hecho en el que se le incrimina.

En relación al PERICULUM IN MORA, no es otra cosa que la existencia del riesgo de que el retardo en el proceso pueda neutralizar la acción de la justicia, ante la posible fuga del imputado o la obstaculización, por su parte, de la búsqueda de la verdad.

Para acreditar la antes referida circunstancia, el Código Orgánico Procesal Penal, hace referencia en los artículos 237 y 238, a una serie de indicadores o indicios; así tenemos con respecto al peligro de fuga, concretamente el artículo 237 ejusdem, establece como criterios que deben ser tomados en consideración, especialmente, las siguientes circunstancias:

“…Omissis…
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso.
3. La magnitud del daño causado.
4. El comportamiento del imputado o imputada durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.
5. La conducta predelictual del imputado o imputada.
…Omissis...”

En consecuencia, son varias las circunstancias que deben ser analizadas para apreciar el peligro de fuga, una de ellas tiene que ver con la pena que podría llegar a imponerse. En relación a esta circunstancia y al caso en cuestión, si se analiza a los fines de valorar las posibilidades del peligro de fuga de los imputados, por la evidente razón del temor a una sanción grave de privación de libertad. Ahora bien, en cuanto a la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, se trata de una presunción iuris tamtum, ya que si bien, en estos casos, verificados los extremos del fomus boni iuris, a los que hace referencia el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el fiscal del Ministerio Público tiene la obligación de solicitar la extrema medida, y el juez o jueza, de acuerdo con las circunstancias del caso, que deberá explicar razonadamente, tiene la facultad para rechazar la petición fiscal y, aún en esos supuestos de hechos graves, puede imponer a los imputados otra medida cautelar diversa a la privación judicial preventiva de la libertad, y siendo que los delitos precalificados por el Fiscal del Ministerio Público, el A quo en la decisión dictada en Audiencia de Presentación de Aprehendido y Calificación de Flagrancia, los acoge tomando en cuenta la pena que podría llegar a imponer y la magnitud del daño causado, evidenciándose que se trata de un delito grave de diez (10) años en su límite máximo, siendo éste, el delito de en relación al RONALD JESUS ROSAS SUBERO incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMAR DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal.

El Código Orgánico Procesal Penal, después de haber regulado todo lo relativo al estado de libertad y a la privación de libertad, hace referencia, a las denominadas medidas cautelares sustitutivas, lo que da a entender, que se puede recurrir a las medidas extremas sólo cuando otras medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las resultas del proceso. La redacción de la referida norma adjetiva penal, requiere que los requisitos del artículo 236 del Código adjetivo, sean satisfechos de manera conjunta, teniendo como finalidad garantizar la correcta marcha del proceso, la aplicación de tales medidas refuerza la presunción de inocencia y el juzgamiento en libertad, siempre que con ellas se garantice la prosecución del proceso y en modo alguno puede pretenderse que las imposiciones de medidas menos extremas traen consigo el mensaje de impunidad de los delitos.

El artículo 236 del Código Procesal Penal, establece tres requisitos concurrentes que debieron ser comprobadas por la Jueza Tercera de Primera Instancia en Funciones de Control a solicitud de la Fiscal del Ministerio Público, para que proceda a dictar la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD. En este sentido el A quo está obligado a analizar cada uno de los requisitos establecidos en el artículo ut supra nombrado, toda vez que la libertad es un Derecho Constitucional, cuya restricción debe estar justificada suficientemente.

A continuación, esta Sala Ordinaria de la Corte de Apelaciones pasa a detallar los elementos de convicción que acreditan los requisitos exigidos por la norma adjetiva penal. En primer término, debemos pronunciarnos sobre el primer requisito del artículo 236 de la norma adjetiva penal que se refiere a: Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita. En tal sentido, el auto recurrido señala expresamente lo que a continuación se trascribe:

“…omissis… Considera este Tribunal que de las actas consignadas por el Ministerio Público, que se ha cometido un hecho punible, que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, a los ciudadanos RONALD JESUS ROSAS como lo es el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1,2,3 de la ley de vehiculo automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del código penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del código penal y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 112 de la ley especial y para el ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1,2,3 de la ley de vehiculo automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del código penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del código penal, lo cual se evidencia de las actas aportadas por el representante del Ministerio Público a la presente audiencia, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal; si bien es cierto la defensa técnica hace mención que no hay una experticia que determine la existencia de un arma de fuego, no podemos dejar de un lado las declaraciones de las victimas del presente asunto, en las cuales señalan que fue apuntado por un arma de fuego por el imputado de autos….”(Cursiva de esta Alzada)
.
Igualmente, se evidencia que el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, determina que los hechos punibles establecidos con los elementos de convicción señalados subsume en el tipo penal como lo es el delito de en relación al RONALD JESUS ROSAS SUBERO incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMAR DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal, precalificados por el Ministerio Público, cometido presuntamente por los prenombrados imputados. Asimismo se observa que la acción penal no está prescrita, por cuanto el hecho fue cometido en año 2016, tal y como se desprende de la decisión recurrida.

El segundo requisito concurrente, que constató la Jueza Tercera de Primera Instancia en Funciones de Control, referente a la existencia de fundados elementos de convicción, para estimar que los imputados son autores o partícipes en la comisión del hecho punible, tomando en consideración entre otros los siguientes medios de convicción:

1. Acta policial de fecha 12 de Enero del Año 2016 suscrita por funcionarios de Antolin del Campo ,
2. Entrevista testifical del ciudadano Oscar Arteaga de fecha 12 de Enero del Año 2016
3. Informe Medico de la victima de fecha 11 de Enero del Año 2016
4. Oficio dirigido a los órganos policiales a los fines de practicar diligencias en el presente asunto
5. Oficio N°9700-103-At-0051 de fecha 12 de Enero del Año 2016 .

El tercer requisito concurrente, referido al peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, se evidencia que las circunstancias descritas en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, no pueden evaluarse de manera aislada, sino analizando pormenorizadamente los diversos elementos presentes en el proceso, que indiquen que se encuentran cumplidos los requisitos exigidos en el referido artículo del texto Adjetivo Penal, de allí pues, la inexistencia de una presunción razonable de peligro de fuga establecida en el numeral 3° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, conlleva por parte del Juez A quo a la declaratoria de una medida cautelar sustitutiva de libertad a los imputados de autos, pero en el presente caso, en virtud que concurren los requisitos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, procedió a dictar ajustado a derecho en contra de los imputados WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056 y N° V- 29.591.458, respectivamente, la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD.

En este sentido, en el caso que nos ocupa se evidencia el peligro de fuga, por cuanto la pena que pudiera llegarse a imponer a los imputados WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056, 29.591.458, respectivamente, tomando en consideración que el delito atribuido es en relación al RONALD JESUS ROSAS SUBERO incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMAR DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal.

Ahora bien, es evidente la presunción del peligro de fuga en el presente caso, por la posible pena a imponer, siendo los delitos de en relación al RONALD JESUS ROSAS SUBERO incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMAR DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal, que tomando en consideración el delito mas graves, como lo es el ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, que tienen asignada una mayor pena, cuyos límites oscilan en relación al primer delito de ocho (08) años a dieciséis (16) años de prisión, es por lo que se configura lo establecido en el Parágrafo Primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece, “ Se presume el peligro de fuga en caso de hechos punibles con penas privativas de libertad cuyo termino máximo sea igual o superior a diez años…” aunado a su vez las circunstancias establecidas en el artículo 236, de la Ley Adjetiva Penal, antes descritas.

Al respecto, ha sostenido, la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 15 de mayo de 2001, Nº 723, referente al peligro de fuga, establecido en el ordinal 3° del artículo 236, del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:

"...la norma contenida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, le otorga expresamente al Juez la potestad de valorar y determinar cuándo se está en el caso concreto, ante los supuestos exigidos para la procedencia de la medida de privación de libertad, por tanto, es potestad exclusiva del juez determinar cuándo existe la presunción razonable de peligro de fuga, de manera que, estima esta Sala que al cumplirse con los extremos procesales del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, y al ser la norma contenida en el ordinal 3° de dicho artículo, así como la contenida en el artículo 237, ejusdem, de carácter eminentemente discrecional, la presunción de peligro de fuga basta con que para el sentenciador sea racional, en atención a la duda razonable que se desprende del caso, para que resulte ajustada a derecho…”(Subrayado de la Corte).

Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende la potestad del Juez para determinar cuando existe una presunción razonable de peligro de fuga, es decir, se trata de una apreciación discrecional que dependerá de las circunstancias del caso concreto y solo basta para que el Juez o Jueza pueda determinar el peligro de fuga una presunción racional y procedente. En el caso en estudio se verifica que la juez de la recurrida, a los efectos de imponer la medida de privación de libertad, como en efecto lo hizo, concatenó el contenido de los artículos 237 y 238 con los numerales 1, 2 y 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el delito imputado, en relación al RONALD JESUS ROSAS SUBERO incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal, prevé en su límite de pena superior a los diez (10) años, del cual se desprende que el término máximo de la pena, es superior al indicado por la norma adjetiva.

En conclusión, en relación a la concurrencia de los tres requisitos establecidos en el articulo 236 del Código Orgánico Procesal penal, para que proceda el decreto de privación judicial preventiva de libertad, esta Sala estima que dicho órgano jurisdiccional se encontraba autorizado por las normas anteriormente citadas para decretar la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dada la pena que podría llegar a imponerse por el delito imputado presuntamente cometido, el bien jurídico tutelado y la magnitud del daño causado, lo ajustado a derecho era decretar en contra de los ciudadanos WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056, 29.591.458, respectivamente, al estimar que llenos los requisitos exigidos en los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar el A quo que la misma es legítima conforme a los elementos de convicción que hacen presumir que los imputados mencionados, son autores o partícipes en los delitos que se le imputan y que por medio de la misma se asegura la resultas del proceso, encontrándose dentro de los parámetros de proporcionalidad con relación a la gravedad del delito, las circunstancias de su presunta comisión y la sanción probable. Es por que, consideramos en el presente caso no procede una medida cautelar sustitutiva de libertad, en virtud de la pena establecida para el delito imputado, en relación a los ciudadanos WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056, y N° V- 29.591.458, respectivamente, ya que exceden del límite establecido en la Ley, cumpliendo de esta manera la recurrida con todos los presupuestos previstos en el artículo 236 ibidem, para que sea posible el decreto de la medida de coerción, estando razonadas y fundamentadas las circunstancias que le llevaron a dictar la medida cuestionada.

De tal tenor, que el Código Orgánico Procesal Penal establece, que previa solicitud fiscal, el Juez de Control podrá decretar Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a que se contrae el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, verificando con antelación que se encuentre plenamente demostrado en autos y de manera acumulativa, los tres requisitos de procedencia de la medida en cuestión.

Tales supuestos de hecho los constituyen la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentre prescrita; en segundo término, que existan múltiples y fundados elementos de convicción para estimar que él o los imputados han sido los posibles autores o partícipes del hecho investigado y finalmente, que exista una presunción razonable de fuga o de obstaculización de la investigación, que haga peligrar la búsqueda de la verdad en el hecho punible imputado y atribuidos por el Director de la Acción Penal, y como son la presunta comisión del delito de en relación al RONALD JESUS ROSAS SUBERO incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMAR DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal.

En consecuencia, esta Corte de Apelaciones, observa que la decisión dictada en el acto de la audiencia de presentación del aprehendido y calificación de procedimiento, en fecha t trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), por el TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, cumplió con todos los requisitos legales exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 236 en consecuencia, está debidamente fundamentada en cuanto ha lugar en derecho, para dictar la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD a los ciudadanos WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056 y N° V- 29.591.458, respectivamente, Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con los artículos 236 numerales 1, 2 y 3, 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de en relación al RONALD JESUS ROSAS SUBERO incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal y PORTE ILICITO DE ARMAR DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 112 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones y con relación al ciudadano WESLEY ALEXANDER GARCIA ORIHUELA, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 05 en concordancia con el articulo 06 numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD previsto y sancionado en el articulo 218 del Código Penal, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el articulo 286 del Código Penal; es por lo que se declara SIN LUGAR el presente Recurso de Apelación y se CONFIRMA en toda y cada una de sus partes la decisión judicial dictada por el Tribunal A Quo. Y ASÍ SE DECIDE.

Con fundamento en los anteriores argumentos, esta Corte de Apelaciones considera que lo ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el profesional del derecho YOVANNY BOHORQUEZ, Defensor Publico (A) Quinto Penal Ordinario, adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en su carácter de defensor de los ciudadanos, imputados WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056 y N° V- 29.591.458, respectivamente, en contra de la decisión dictada en el Acto de Audiencia Oral de Presentación de Aprehendido celebrada en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), por el Tribunal Tercero (3°)de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. Así se decide.-

En consecuencia, se confirma la decisión de fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en los términos que fueron conocidos y decididos por esta Instancia Superior. Así se decide.-

Por otra parte este Tribunal de Alzada no puede pasar por alto el retardo en la tramitación del presente Recurso de Apelación en el cual incurrió la Dra. MIREISI MATA, en su condición de Jueza del Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial, toda vez que de las actas procesales se evidencia que en fecha 18 de
enero de 2016, el Abogado YOVANNY BOHORQUEZ, Defensor Publico (A) Quinto Penal Ordinario, adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en su carácter de defensor de los ciudadanos, imputados WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056 y N° V- 29.591.458, respectivamente, interpuso el presente Recurso de Apelación de Auto; siendo remitido a esta Alzada en fecha 31 de enero de 2017. En este sentido advierte esta Instancia que la Jueza del Tribunal a quo debe abstenerse exclusivamente a cumplir el procedimiento establecido en el Título III de la apelación, capítulo I, de la apelación de auto, del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia se insta a la Jueza del Tribunal a quo, para que en futuras oportunidades realice la debida tramitación de la actividad recursiva, esto con la finalidad de dar cumplimiento a los principios consagrados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como son el debido proceso y la tutela judicial efectiva, garantizando así a los justiciables la obtención de una decisión acorde con lo establecido en nuestra ley adjetiva y a la doctrina sentada por el Máximo Tribunal.

En este sentido, es oportuno hacer la salvedad que el presente llamado de atención, no constituye una sanción, sino una invitación a no incurrir nuevamente en los retardos antes señalados. En este contexto la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 5690 del 21 de septiembre de 2005, señaló lo siguiente: “…Al respecto, observa la Sala que el apercibimiento del cual fue objeto la parte recurrente por parte del referido Juzgado Superior, no constituye per se una sanción, sino simplemente un llamado de atención especto a la actitud jurisdiccional desarrollada por ella...”

Por otra parte, la referida Sala, mediante sentencia Nº 214 de fecha 8 de febrero de 2009, indicó lo siguiente: “…el apercibimiento es un mero llamado de atención que realiza el tribunal superior al inferior, con relación a algún aspecto jurisdiccional que considere inadecuado y que, por ende, debe ser corregido por aquél para que no se manifieste en futuras ocasiones…”

En consecuencia de lo expuesto, esta Alzada, la insta a que en futuras oportunidades las decisiones proferidas por usted cumplan con los requisitos necesarios y por consiguiente, no tengan retardo, esto con la finalidad de dar cumplimiento a los principios consagrados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como son el debido proceso y la tutela judicial efectiva, garantizando así a los justiciables la obtención de una decisión acorde con lo establecido en nuestra ley adjetiva y a la doctrina sentada por este nuestro Máximo Tribunal.
DISPOSITIVA

Por todos los argumentos anteriormente señalados, esta Sala Ordinaria de la Corte de Apelaciones Ordinaria, de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente y de Violencia de Géneros del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el profesional del derecho YOVANNY BOHORQUEZ, Defensor Publico (A) Quinto Penal Ordinario, adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en su carácter de defensor de los ciudadanos, imputados WESLEY ALEXANDER GARCIA y RONALD JESUS SUBERO, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 24.109.056 y N° V-29.591.458, respectivamente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 439 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal, contra de la decisión dictada en el Acto de Audiencia Oral de Presentación de Aprehendido celebrada en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), por el Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta.
SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión dictada por el Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado de Nueva Esparta, de fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016) y fundamentada en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), en los términos que fueron conocidos y decididos por esta Instancia Superior.
Publíquese, regístrese, y déjese copia de la presente decisión y remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de la Causa.
Dada firmada y sellada en la Sala de audiencias de esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, en la ciudad de La Asunción, a los veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
JUEZ PRESIDENTE

DR. JAIBER ALBERTO NUÑEZ
JUEZA INTEGRANTE

DRA. YOLANDA CARDONA MARÍN
JUEZA INTEGRANTE

DRA. MARIA CAROLINA ZAMBRANO HURTADO
(PONENTE)
LA SECRETARIA

NUBIA LORENA GUZMAN
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior.

LA SECRETARIA

NUBIA LORENA GUZMAN

OP04R2016000018
JAN/YCM/MCZ/NG/Ross