REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA RESUELVE: Expediente No. 2809 MOTIVO: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Por cuanto en el desarrollo de las labores de inventario realizadas por este Tribunal, se constata la paralización prolongada de las actuaciones procesales en la presente causa y en acatamiento a las líneas y directrices fijadas por el Tribunal Supremo de Justicia, tendentes a dar respuesta oportuna al derecho tutelado o en general, a una pronta administración de justicia, y visto el estado de congestionamiento en el cual se encuentran los archivos del Juzgado, en búsqueda de despejar los anaqueles ocupados por las causas que se encuentran en la referida oficina; la suscrita Jueza de este Despacho se aboca al conocimiento de la misma para resolver sobre la perención de la instancia en los siguientes términos: Se inicia el presente juicio por RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS, incoado por el abogado GONZÁLO VELÁSQUEZ ROSALES, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 11.491, en su condición de apoderado judicial de C.A LA CASA ELÉCTRICA, empresa mercantil con domicilio principal en Maracaibo, inscrita en el Registro de Comercio que llevó el antigüo Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia, el día tres (03) de julio de 1936, bajo el No. 213, páginas de la 262 a la 263, modificados sus Estatutos Sociales, según documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con fecha veintidós (22) de septiembre de mil novecientos ochenta y siete (1987), bajo el No. 20, Tomo 74-A; en contra del ciudadano VALDEMAR FRANCISCO ÁLVAREZ ROLDÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 9.721.978 y domiciliado la ciudad y municipio Maracaibo del Estado Zulia, siendo admitida por este Tribunal mediante auto de fecha nueve (9) de diciembre de 2010, fecha en la cual se ordena la citación de la parte demandada. En fecha dieciséis (16) de diciembre de 2010, el apoderado judicial de la parte demandante mediante diligencia consigna ante el Tribunal los emolumentos necesarios para cubrir los gastos de traslado y los que genera la compulsa de la demanda, a los fines de practicar la citación personal de la parte demandada. En fecha dieciséis (16) de diciembre de 2010, el apoderado judicial de la parte actora abogado GONZÁLO VELÁSQUEZ ROSALES, antes identificado, mediante escrito solicita medida preventiva de secuestro. En fecha veinte (20) de diciembre de 2010, el Alguacil del Tribunal expuso recibió los emolumentos respectivos para la elaboración de la compulsa de citación, y el traslado, así como las copias del libelo de la demanda y del auto de admisión para la elaboración de los recaudos de citación. En fecha veintiuno (21) de diciembre de 2010, este Tribunal decreta procedente la medida preventiva de secuestro, sobre el bien objeto de la relación contractual, librándose para tales efectos exhorto con oficio No 478-2010 dirigido a la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con el fin de que lo distribuya a uno de los Juzgados Ejecutores de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para que se proceda con la ejecución de la medida cautelar decretada y posterior remisión con sus resultas. En fecha veintidós (22) de marzo de 2010, este Tribunal recibe mediante oficio signado con el No-095/2011 las resultas del exhorto, en la cual consta la ejecución de la medida preventiva de secuestro, sin la presencia de la parte demandada. Ahora bien, encontrándose la causa en la etapa procesal antes dicha, no se observa actuación alguna por parte del demandante para impulsar el proceso, configurándose una inactividad prolongada por dicha parte, en tal sentido, la norma adjetiva en su artículo 267 ha asentado: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. Asimismo, establece el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y en la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Es así como las normas ut supra transcritas contemplan la extinción del procedimiento al haber transcurrido un (1) año sin actividad procesal, pudiendo en este caso el Juez, declarar de oficio la perención, por ser una facultad que la ley le otorga, quien al verificar los presupuestos que determinan su procedencia está en obligación de emitir pronunciamiento al respecto, entendiéndose que los efectos de la referida sanción operarán desde el momento en el cual se cumplió el tiempo de paralización del proceso o lo que es lo mismo, el período donde se evidenció la falta de impulso procesal. En atención a lo previsto en la legislación, la Sala de Casación Civil en Sentencia signada con el No. 211, de fecha veintiuno (21) de Junio de 2000, correspondiente al expediente N° 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente: “La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…” De lo antes citado, se evidencia que la perención anual puede ser declarada aun de oficio por el Tribunal, una vez verificados los extremos de ley, en este caso, el transcurso de un (1) año, sin que las partes hubiesen realizado actos tendientes al impulso del proceso. En este caso, se observa que la última actuación verificada en actas, fue en fecha veintidós (22) de marzo de 2010, fecha en la que el Tribunal de la causa recibe las resultas del exhorto remitido mediante oficio signado con el No-095/2011, en la cual consta la ejecución de la medida preventiva de secuestro, sin la presencia de la parte demandada. Por lo cual, desde la aludida fecha, hasta el día de hoy, ha transcurrido más de un (1) año sin que la parte actora hubiese efectuado actuación alguna capaz de impulsar el proceso e interrumpir el cómputo de la perención de la instancia, por lo que de conformidad con las normas y el extracto jurisprudencial antes citados, considera esta Juzgadora consumados los extremos concurrentes para la Perención de la Instancia, por lo que se hace necesario declarar la extinción del presente proceso. Así se determina.- Asimismo, se acuerda la suspensión de la medida preventiva de secuestro decretada mediante auto de fecha veintiuno (21) de diciembre de 2010. Así se determina.- DISPOSITIVO Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 269 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar: 1) PERIMIDA LA INSTANCIA, y por consiguiente EXTINGUIDO el presente proceso de RESOLUCIÓN DE CONTRATO y DAÑOS Y PERJUICIOS, incoado por el abogado GONZÁLO VELÁSQUEZ ROSALES, en su condición de apoderado judicial de C.A LA CASA ELÉCTRICA, en contra de el ciudadano VALDEMAR FRANCISCO ÁLVAREZ ROLDÁN, todos plenamente identificados en la parte narrativa del presente fallo. 2) SE SUSPENDE la medida preventiva de secuestro decretada mediante auto de fecha veintiuno (21) de diciembre de 2010. 3) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 157° de las Federación.- La Jueza, Abog. Auriveth Meléndez La Secretaria Abog. Margie Pirela.