REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, Miércoles Veinticinco (25) Enero de Dos Mil Diecisiete.
206º y 157º
SENTENCIA DEFINITIVA
ASUNTO: VP01-L-2016- 001214
PARTE ACTORA: CARLOS ARTURO ACOSTA VILLAR Extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E- 72.191.002, domiciliado en el Municipio Maracaibo, Estado Zulia.
APODERADA JUDICIAL: ABOGADA SILBANA PÍRELA RAMIREZ Venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-7.609.799; e inscrita en el impreabogado bajo el Nº 42.596; domiciliada en el Municipio Maracaibo, Estado Zulia.
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL INVERSORA GOPA 78, C.A., RIF J-40027163-0, Domiciliada en esta Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Ubicada en la Av 96, Centro Comercial INECITA Local, N° 1
APODERADO JUDICIAL: SIN REPRESENTACIÓN JUDICIAL.
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES.
NARRACIÓN DE LOS HECHOS.
ANTECEDENTES PROCESALES
Se dio inicio a la presente reclamación mediante libelo de demandada incoada por el Ciudadano CARLOS ARTURO ACOSTA VILLAR con la asistencia de su APODERADA JUDICIAL Abogada SILABANA PÍRELA RAMIREZ en fecha Nueve (9) de Noviembre de Dos Mil Dieciséis; ambos debidamente identificados en instrumento poder que obra en el expediente; alega el referido Ciudadano en su carácter de parte actora con la representación dicha que mantuvo una relación de trabajo bajo subordinación y por cuenta ajena con la entidad de trabajo Sociedad Mercantil INVERSORA GOPA 78, C.A. realizando labores de MAESTRO DE PANEDERIA desde el Dieciséis (16) de Mayo de 2.013; en un horario de trabajo comprendido de Lunes a Sábado, con un día de descanso en la semana de 6:00am a 2:00pm; devengando como último salario integral mensual la cantidad de QUINCE MIL BOLIVARES (BS.15.000) y diario la cantidad de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500), durante la relación de trabajo, hasta el día Veintiuno (221) de Mayo (21) del presente año fecha en la que se dio por finaliza la relación de trabajo por el DESPIDO INJUSTUFUCADO de que fue objeto; es decir que laboro por espacio de Tres (3) año, Cinco (5) meses, y Cinco (5) días en un horario de trabajo como se dijo anteriormente; es decir que trabaja Ocho (8) horas diarias consecutiva, siempre a disposición de su patrono, y que a cambio de dichas labores percibió como último salario integral mensual promedio la cantidad de QUINCE MIL BOLIVARES (Bs. 15.000), mas todos los beneficios económicos y sociales derivados de la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento; y como no le han cancelado lo que por derecho le corresponde a consecuencia de la terminación de la relación de trabajo, acudió a esta Jurisdicción para que conmine a la referida demandada al pago de las cantidades de dinero por los conceptos laborales a que se hizo acreedor a través del pronunciamiento judicial materializado en la sentencia.
Ahora bien, recibida como fue mediante auto, la demanda de prestaciones sociales incoada por dicho Ciudadano, la misma fue previamente revisada y ante el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se procedió a su admisión, ordenándose las notificaciones debidas a manera de informar a la accionada de la reclamación en su contra y darle de esa manera el cumplimiento al derecho a la defensa, a fin de evitar reposiciones inútiles.
Cumplidos y verificados como han sido todos los actos de sustanciación y la debida notificación, se procedió a dar inicio al acto de la Audiencia preliminar con la comparecencia de la parte actora, debidamente asistido por el abogado ALBERTO GOMEZ titular de la cedula de identidad N° V-4.516.733; más no así la parte demandada, procediéndose mediante acta de fecha Jueves Diecinueve (19) del presente mes y año a dejar constancia de su incomparecencia ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno; al acto de instalación de la audiencia preliminar que se encontraba fijada para esa fecha en hora de las Once y Quince minutos de la mañana (11:15am), dejándose Constancia de lo actuado a través de la correspondiente acta, y en ese estado, este Tribunal de Instancia en Fase de Mediación, vista las múltiples audiencia que tenia fijada para ese día de conformidad con el artículo 159 de La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en acatamiento a los criterios jurisprudenciales preestablecidos, se acogió al lapso de cinco (05) días hábiles siguientes, para la publicación definitiva del fallo, tal y como se procede en este acto con la revisión de todos y cada uno de los actos procesales de sustanciación, el cual en criterio y apreciación de quien sentencia, se cumplieron conforme a los requerimientos de ley. En consecuencia de ello, y en tiempo oportuno para el pronunciamiento de dicho dispositivo, este Tribunal, una vez verificada la legalidad de la acción y los conceptos laborales que reclama la parte actora, de acuerdo al ordenamiento jurídico legal declara con lugar la acción intentada, y con ello la aplicación de los efectos absolutos de la CONFESIÓN FICTA de acuerdo al artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que para la procedencia de cada uno de ellos, este Juzgador con base al principio iura novit curia analiza con absoluta independencia los hechos narrados por el actor en el libelo de demanda, pudiéndose apartar de los mismos y adaptarlos a la verdadera interpretación de la norma aplicada
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Se desprende de las actas procesales que conforman la presente causa, el hecho fáctico de la incomparecencia de la demandada a la oportunidad fijada para la celebración de la correspondiente Audiencia Preliminar; por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), se presumirá la Admisión de los hechos alegados por el demandante en su libelo de demanda, que a su vez contiene su pretensión, es decir lo que reclama, en cuanto no sea contraria a derecho la petición de la actora, en cuyo caso, y tal como lo ha dejado establecido la Sala de Casación Social de nuestro máximo Tribunal de la República (TSJ), en sentencia No. 115, de fecha 11 de febrero de 2004, (Caso Arnoldo Salazar Otamendi, contra Publicidad Vepaco C.A.,), si la incomparecencia del demandado surge en el llamado primigenio para la audiencia preliminar, la Admisión de los Hechos por efecto de dicha incomparecencia, revestirá carácter absoluto, por lo tanto no desvirtuable por prueba en contrario (presunción juris et de jure), es decir, la potestad del contumaz, no representará la posibilidad de desvirtuar la confesión de admisión por prueba en contrario, si no la de enervar la acción por no estar amparada por la ley o la de enervar la pretensión del actor bajo la afirmación de que esta es contraria a derecho; de manera que, una vez examinado el libelo de demanda, encontrando que la pretensión deducida es procedente, habiéndose acogido este Juzgado al término de cinco (05) días hábiles, previstos en el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y encontrándonos dentro de dicho término, procede este Tribunal, a pronunciar el fallo completo, en los siguientes términos:
Así las cosas, encontramos en actas, como se manifestó con anterioridad, el hecho fáctico de constar, que en la oportunidad respectiva de celebrarse la Audiencia Preliminar, el Tribunal dejó expresa constancia de la incomparecencia de la parte demandada al llamado primigenio para la mencionada celebración de la Audiencia Preliminar fijada para las Once y Quince minutos de la mañana (11:15 am).
Conforme a lo expuesto, en estricta aplicación del precepto legal contenido en el mencionado artículo 131 de la Ley Adjetiva Laboral, dada la incomparecencia de la parte demandada, al llamado primigenio para la celebración de la tan referida Audiencia Preliminar, han quedado en consecuencia admitidos los hechos, relativos a la existencia de la relación de trabajo, su fecha de inicio y finalización de la prestación del servicio personal, directo y subordinado, el monto del último salario integral mensual y diario que devengó el demandante, así como también el despido injustificado situación esta, que apreció este Juzgador, al momento de la comparecencia del accionante, a la instalación de la Audiencia Preliminar, siendo evidenciadas las consecuencias de la incomparecencia, de acuerdo a los hechos afirmados en el libelo de demanda interpuesta ante el Órgano Jurisdiccional, como mecanismo de activación de la función jurisdiccional, de administrar justicia.
Ahora bien, estima este Juzgador pertinente también señalar, que en relación a la Audiencia Preliminar, el artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), regula prima facie, el deber del demandado de asistir a la misma, so pena de incurrir, conforme a lo dispuesto en el artículo 131 eiusdem, en Admisión de los Hechos antes planteada. En ese sentido, el mandato inserto en tal pauta normativa, ilustra a este Órgano Jurisdiccional, para evaluar la presunción de admisión allí contenida con un carácter absoluto y, por tanto, no desvirtuable por prueba en contrario como precedentemente quedo establecido. De allí que el propio sistema procesal confine la prueba en contrario a los fines de desvirtuar la confesión de admisión de los hechos, toda vez que el demandado, con su contumacia, vulnera el principio preclusivo de los actos procesales, ello al no presentar tempestivamente los medios probatorios pertinentes para acreditar sus respectivas afirmaciones de hecho (apertura de la Audiencia Preliminar, artículo 73 de la LOPT) o en todo caso, para ofrecer la contraprueba de los hechos alegados por el actor. De tal manera se observa que el artículo 120 de la señalada Ley Adjetiva del Trabajo, prescribe ex lege, cuando una conclusión se presume con carácter relativo, no enmarcándose el citado artículo 131 esjudem en la esfera de tales presunciones.
Sin embargo, aún cuando se pueda afirmar que la presunción de admisión de los hechos tan comentada reviste carácter absoluto, tal admisión opera esencialmente sobre los hechos ponderados por el demandante en su demanda y no con relación a la legalidad de la acción o del petitum (rectuis: pretensión); por lo que la jurisprudencia patria ha sostenido que en los casos de admisión de los hechos, el juez, en aplicación del principio iura novit curia, debe decidir, con absoluta independencia de los hechos libelados.
Ciertamente la ilegalidad de la acción supone que la misma se encuentra prohibida por la ley, no tutelada por el ordenamiento jurídico, mientras que la segunda proposición (contrariedad de la acción con el derecho), se orienta a la desestimación de la demanda por no atribuir la ley a los hechos alegados, la consecuencia jurídica peticionada, todo con prescindencia a la virtualidad de los mismos, bien sea por haber sido formalmente probados o por refutarse como admitidos por ley (presunción), lo que no exime el deber del juez de verificar el carácter tuitivo del derecho reclamado, indemnizaciones producto de la relación de trabajo, con el objeto de aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos respecto al petitum y así atribuir a los hechos admitidos la correspondiente consecuencia jurídica.
Por tal razón, del estudio de las actas procesales se constata, y así queda plenamente establecido, en virtud de la Admisión de los Hechos con efectos absolutos, que se procede en consecuencia a condenar a la demandada de auto en el presente juicio, a cancelarle al Ciudadano CARLOS ARTURO ACOSTA VILLAR quien es Extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E- 72.191002, al pago de las cantidades de dinero que resulten en razón de los conceptos reclamados a causa de las prestaciones sociales demandadas en el presente asunto, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que analizados como han sido conforme a la verdadera interpretación de dicha norma y en base al tiempo de trabajo prestado, los mismos se encuentra ajustado a derecho y en consecuencia su procedencia en cuanto a los días reclamados, de la siguiente forma: PRIMERO: NOVENTA Y SEIS (96) días por concepto de ANTIGUEDAD, conforme al artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras; en sus literales “a y b,” correspondientes al período laborado desde el 16 - 5 -2.013 al 21- 5- 2016; a razón de un salario diario integrar promedio de MIL CIENTO VEINTICUATRO BOLIVARES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 1.124,58CTS), que multiplicados hacen un total de CIENTO UM MIL DOSCIENTOS DOCE BOLIVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 101.212,20CTS); cantidad esta que se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora. Así se decide. SEGUNDO: La cantidad de TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLIVRES CON SENTENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs 38.235,72CTS)s por concepto de VACACIONES Y BONO VACACIONAL VENCIDOS, Y NO DISFRUTADAS Y CANCELADOS, conforme a los artículos 190 y 192 esjudem; correspondientes al período laborado 2013-2016, cantidad esta que se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora. Así se decide. TERCERO: La cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VENTICUATRO BOLIVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 202.424,40CTS) por concepto de INDEMNIZACIÓN POR EL DESPIDO INJUSTIFICADO de conformidad con el artículo 92 esjedem; cantidad esta que se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora. Así se decide. Todos los conceptos antes indicados y condenados, totalizan la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 341.872,32CTS), cantidad esta que se condena a la parte demandada Sociedad Mercantil INVERSORA GOPA 78, C.A. antes identificada, a pagar a la parte actora Ciudadano CARLOS ARTURO ACOSTA VILLAR igualmente identificado; así mismo, se ordena la corrección monetaria de las cantidades condenadas a pagar la cual deberá practicarse teniendo como base los índices inflacionarios acaecidos en el país, desde de la fecha de ejecución forzosa de la sentencia, en el caso de que no se diere el cumplimiento voluntario, tal y como lo establece el artículo 180 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, todo lo cual deberá determinarse mediante experticia complementaría del fallo, la cual se ordena realizar a través de un experto contable, tomando en cuenta para la determinación de los intereses moratorios lo dispuesto en el literal “b” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; igualmente se condena en costa a la parte demandada por haber sido declarado totalmente con lugar el presente fallo. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÓN. DEJESE COPIA CERTIFICADA POR SECRETARIA.
DISPOSITIVO
En fuerza a los argumentos de hecho y de derecho anteriormente fundamentados en la parte motiva de la presente decisión, este JUZGADO DECIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR, la demanda POR PRESTACIONES SOCIALES que incoará el Ciudadano CARLOS ARTURO ACOSTA VILLAR con el asesoramiento de su APODERADA JUDICIAL Abogada SILBANA PIRELA RAMIREZ en contra de la Sociedad Mercantil INVERSORA GOPA 78, C.A. ambas partes suficientemente identificadas en actas
SEGUNDO: Se condena a la parte demandada Sociedad Mercantil INVERSORA GOPA 78, C.A. a pagar a la parte demandante, la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs.341.872,32CTS).
TERCERO: Se acuerda la corrección monetaria, según lo establecido en la parte motiva del presente fallo.
CUARTO: Se condena en costas, dado el carácter total de la demanda, tal y como quedo establecido en la parte motiva de la presente decisión. PUBLIQUESE Y REGISTRESE.
Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De la misma forma se ordena la publicación de la presente sentencia en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Zulia htt://zulia.tsj.gov.ve/. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL NUEVO REGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los Veinticinco (25) días del mes de Enero del año Dos Mil Diecisiete (2.017).- Año: 206 ° de la Independencia y 157° de la Federación.-
EL JUEZ
ABOG. ALFREDO GARCÍA LÓPEZ
LA SECRETARIA.
ABOGA. ANGELICA FERNANDEZ
En la misma fecha siendo las Dos de la tarde (2:00pm) se publico el anterior fallo.
LA SECRETARIA,
ABOGA. ANGELICA FERNANDEZ
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