TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Sala Primera
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia
Maracaibo, 06 de Diciembre de 2017
207º y 158º

ASUNTO PRINCIPAL : 7J-913-2017
ASUNTO : VP03-R-2017-001343

DECISIÓN Nº 488-2017.-

PONENCIA DEL JUEZ DE APELACIONES ERNESTO ROJAS HIDALGO

Fueron recibidas las presentes actuaciones, en virtud del recurso de apelación de autos, interpuesto por la profesional del derecho MARIAESTHER FUENTES HERNANDEZ, Defensora Pública Vigésima Primera (21°) Penal Ordinaria, adscrita a la Unidad de Defensa Publica del estado Zulia, en su carácter de defensora del acusado LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V.-17.461.478, en contra de la decisión Nº 7J-105-2017 de fecha 03 de Octubre del 2017, emanada del Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual declaró improcedente en derecho la solicitud de Decaimiento de la Medida de Privación de Libertad, interpuesta por la defensa, en la causa seguida en contra del mencionado acusado, por la presunta comisión del delito de COMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVO FUTIL, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, cometido en perjuicio del ciudadano que en vida respondía al nombre de JUAN MARCELINO RAMONES; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ingresaron las actuaciones en este Tribunal de Alzada, el día 10 de Noviembre de 2017, se dio cuenta a los Jueces integrantes de la misma, designándose ponente al Juez Profesional ERNESTO ROJAS HIDALGO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en fecha 15 de noviembre del corriente año, declaró admisible el recurso interpuesto, por lo que encontrándose este Cuerpo Colegiado, dentro del lapso legal, pasa a resolver sobre la procedencia de la cuestión planteada en los siguientes términos:

I
DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA DEFENSA
La profesional del derecho MARIAESTHER FUENTES HERNANDEZ, Defensora Pública Vigésima Primera (21°) Penal Ordinaria, adscrita a la Unidad de Defensa Publica del estado Zulia, en su carácter de defensora del acusado LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V.-17.461.478, procedió a interponer su escrito recursivo, en base a los siguientes términos:

Esgrimió la recurrente, como único motivo de apelación, que de la lectura de las actas procesales, se pueden realizar las siguientes denuncias:
En fecha tres (03) de octubre de 2017, el Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, declaró Sin Lugar el Decaimiento de la Medida Cautelar de la Privación Judicial Preventiva de Libertad solicitado por la Defensa, en virtud de haber transcurrido mas de dos (02) años y aún se encuentra detenido sin que se le haya realizado la Audiencia de Juicio al referido acusado.
Precisó, que de conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, de la proporcionalidad, no se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando esta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. Adujo igualmente, que en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder del plazo de dos años, pero es el caso, que su defendido se encuentra privado de su libertad desde el día 19/09/2014, razón por la cual la defensa solicitó el Decaimiento de la Medida Cautelar, tomando en cuenta que el proceso no se ha dilatado por causas atribuibles al imputado ni a la representación de la Defensa.
Esbozó, que se debe considerar a través de la lógica y las máximas de experiencia, que en ningún caso la libertad de una persona que está siendo procesada por un determinado delito, en lo sucesivo la misma persona vaya a seguir realizando los mismo hechos por los cuales se esta juzgando; que deba presumirse que seguirá cometiendo los hechos y perjudicando a la sociedad, cuando la misma Ley le esta permitiendo estar en libertad.
Asimismo, acotó que de conformidad con el Articulo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, el cual establece que “El Debido Proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: ... toda persona se presume inocente mientras no se demuestra lo contrario". determina que presumir que un procesado dañaría a la sociedad en caso de estar en libertad, establece una pena anticipada negándole de esta manera la posibilidad le optar por una medida menos gravosa estando en libertad, como lo establece la Ley específicamente en el articulo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que aplicando la misma pudiese estar sometido a la vigilancia de un Tribunal, bajo una medida cautelar ya que se han establecido normas para el caso de infringir las medidas que pudieran imponérsele, más aún, cuando en los actuales momentos los centros de reclusión del País están atravesando una situación grave de inseguridad y hacinamiento para los internos, lo cual constituye un peligro a la vida de los detenidos que también es un derecho fundamental garantizado por el Estado venezolano, y debe ser tornado en cuenta por los tribunales del país, al momento de decidir sobre la solicitud de medidas Cautelares Sustitutivas de Privación de Libertad, previo análisis de la causa y conforme a la ley.
Por otro lado, considera la parte recurrente, que el peligro de fuga se establece al momento de la presentación, cuando el Ministerio Público solicita la imposición de una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y por cuanto en este caso particular que nos ocupa, el imputado ha cumplido con la medida impuesta por el lapso mínimo de dos (02) años, no habiendo iniciado el Juicio Oral y Público por causas no imputables a su persona ni a la Defensa, no debe someterse a un ciudadano procesado a seguir cumpliendo una medida de tal magnitud, por cuanto el Tribunal así lo considera, sin tomar en cuenta que el imputado tiene arraigo y pudiera ser beneficiado con una medida menos gravosa y que sea capaz de garantizar las resultas del proceso, y de esta manera no incurrir en una violación del debido proceso, al estado de libertad y en consecuencia al derecho a la defensa de los que goza todo procesado y que el mismo Estado, debe garantizar y que la única excepción establecida en la ley para la improcedencia del Decaimiento de la Medida Cautelar es la solicitud de prorroga por parte de Ministerio Publico y acordada por el Juzgado de Juicio lo cual no ocurrió en la debida oportunidad procesal.

Manifestó la defensa pública que ante la negativa del Tribunal, de acordar el Decaimiento de la Medida Cautelar de Privación de Libertad por los fundamentos esgrimidos en su decisión se constituye un gravamen irreparable para su defendido, por cuanto lo obliga a seguir privado de su libertad por todo el tiempo que dure el proceso sin causa imputable a su persona, violentándose con ello el debido proceso y el estado de libertad, así como la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano y que está garantizado en nuestra carta fundamental y que en consecuencia se incurre en la aplicación de una medida cautelar desproporcional.

Para ilustrar sus argumentos, la Defensa Pública, citó extractos jurisprudenciales emanados de la Sala Constitucional, de cada una de las Salas que conforman la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, así como normativa contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal y en la Constitución Nacional, para luego solicitar, al Tribunal de Alzada que le corresponda conocer el recurso interpuesto, declare con lugar el mismo, revocando la decisión recurrida, emitida por el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, acordando con lugar la solicitud de decaimiento solicitada a favor del acusado de autos LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ, bajo los criterios de seguridad jurídica, justicia, libertad y presunción de inocencia.

II
DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR
De la revisión de las actas que conforman la presente incidencia, verifica esta Sala de Alzada que la profesional del derecho MARIAESTHER FUENTES HERNANDEZ, Defensora Pública Vigésima Primera (21°) Penal Ordinaria, adscrita a la Unidad de Defensa Publica del estado Zulia, en su carácter de defensora del acusado LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ, interpuso escrito recursivo contra la decisión Nº 7J-105-2017, dictada en fecha 3 de octubre de 2017, por el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, el cual va dirigido a cuestionar la declaratoria sin lugar de la solicitud de la defensa relativa al decaimiento de la medida de coerción personal que recae sobre su representado, por cuanto en su criterio, la mencionada resolución violenta el debido proceso, el estado de libertad, así como la presunción de inocencia, conculcándose de esta manera el contenido de los artículos 44.1 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, una vez delimitados los argumentos contenidos en el recurso de apelación interpuesto, y al verificar quienes aquí deciden, que el único particular que lo integra, versa sobre la procedencia del decaimiento de la medida de coerción personal, que recae en contra del ciudadano LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ, esta Alzada procede a resolverlo de la manera siguiente:

En primer lugar, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, a los fines de dilucidar las pretensiones de la parte recurrente, estiman pertinente destacar algunas de las actuaciones citadas en la cronología plasmada en la decisión recurrida:

1.- En fecha 19/09/2014 el ciudadano LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ, fue presentado ante el Juzgado Decimosegundo (12°) de Primera Instancia en funciones de Control, en cuyo acto le fue decretada Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

2.- En fecha 5/11/2014, la Fiscalía Undécima (11°) del Ministerio Público presentó formal acusación en contra del imputado, procediendo el Juzgado de Control a fijar acto de Audiencia Preliminar para el día 3/12/2014.

3.- En fecha 3/12/2014 se difirió el acto a solicitud de la Defensa Pública en virtud de existir un Recurso de Apelación interpuesto por ante la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal y que hasta esa fecha no había sido resuelto, quedando fijado nuevamente para el día 19/12/2014.

4.- En fecha 19/12/2014 se difirió el acto para el día 14/01/2015, en virtud de la incomparecencia de la victima.

5.- En fecha 14/01/2015 se difirió el acto para el día 09/02/2015, en virtud de la incomparecencia de la Defensa Pública, el imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

6.- En fecha 09/02/2015 se difirió el acto para el día 24/02/2015, en virtud de la incomparecencia de la Defensa Pública, el imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

7.- En fecha 24/02/2015 se difirió el acto para el día 10/03/2015, en virtud de la incomparecencia del imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

8.- En fecha 10/03/2015 se difirió el acto para el día 24/03/2015, en virtud de la incomparecencia de la Defensa Pública, la representación Fiscal, el imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

9.- En fecha 24/03/2015 se difirió el acto para el día 07/04/2015, en virtud de la incomparecencia del imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

10.- En fecha 07/04/2015 se difirió el acto para el día 27/04/2015, en virtud de la incomparecencia de la representación Fiscal, el imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

11.- En fecha 28/04/2015 se difirió el acto para el día 11/05/2015, en virtud que en fecha 27/04/2015, día para el cual se encontraba fijado el acto, el Juzgado 12° en funciones de Control no tuvo despacho.

12.- En fecha 11/05/2015 se difirió el acto para el día 25/05/2015, en virtud de la incomparecencia de la representación fiscal, el imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

13.- En fecha 25/05/2015 se difirió el acto para el día 08/06/2015, en virtud de la incomparecencia del imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

14.- En fecha 09/06/2015 se difirió el acto para el día 18/06/2015, en virtud que en fecha 08/06/2015, día para el cual se encontraba fijado el acto, el Juzgado 12° en funciones de Control no tuvo despacho.

15.- En fecha 18/06/2015 se difirió el acto para el día 07/07/2015, en virtud de la incomparecencia del imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

16.- En fecha 07/07/2015 se difirió el acto para el día 21/07/2015, en virtud de la incomparecencia del imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

17.- En fecha 22/07/2015 se difirió el acto para el día 05/08/2015, en virtud que en fecha 21/07/2015, día para el cual se encontraba fijado el acto, el Juzgado 12° en funciones de Control no tuvo despacho.

18.- En fecha 07/08/2015 se difirió el acto para el día 18/08/2015, en virtud que en fecha 05/08/2015, día para el cual se encontraba fijado el acto, el Juzgado 12° en funciones de Control no tuvo despacho.

19.- En fecha 18/08/2015 se difirió el acto para el día 24/08/2015, en virtud de la incomparecencia de la Defensa Pública, el imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

20.- En fecha 24/08/2015 se difirió el acto para el día 03/09/2015, en virtud de la incomparecencia de la Defensa Pública, el imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

21.- En fecha 05/08/2015, la defensa pública solicitó revisión de medida la cual fue negada por el Juzgado de Control.

22.- En fecha 03/09/2015 se difirió el acto para el día 09/09/2015, en virtud de la incomparecencia de la representación fiscal, el imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

23.- En fecha 16/09/2015 se difirió el acto para el día 22/09/2015, en virtud que en fecha 09/09/2015, día para el cual se encontraba fijado el acto, el Juzgado 12° en funciones de Control no tuvo despacho.

24.- En fecha 22/09/2015 se difirió el acto para el día 28/09/2015, en virtud de la incomparecencia de la victima.

25.- En fecha 28/09/2015 se difirió el acto para el día 15/10/2015, en virtud de la incomparecencia del imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la victima.

26.- En fecha 15/10/2015 se difirió el acto para el día 03/11/2015, en virtud de la incomparecencia del imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión.

27.- En fecha 03/11/2015 se difirió el acto para el día 23/11/2015, en virtud de la incomparecencia del imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión.

28.- En fecha 23/11/2015 se llevó a cabo acto de Audiencia Preliminar en la cual se acordó la Apertura a Juicio Oral y Público.

29.- En fecha 16/06/2017, se realizó la remisión de la causa al Tribunal de Juicio que por distribución le correspondiera conocer.

30.- En fecha 1/09/2017 el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, le dio entrada el expediente, fijando acto de Juicio Oral y Público para el día 27/09/2017.

31.- En fecha 27/09/2017 se difirió el acto para el día 16/10/2017, en virtud de la incomparecencia del imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión y la representación fiscal.

32.- En fecha 27/09/2017 la Defensa Pública interpuso solicitud de Decaimiento ante el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal.
33.- En fecha 03/10/2017, el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante decisión Nº 7J-105-2017, declaró improcedente en derecho la solicitud de Decaimiento de la Medida de Privación de Libertad.

34.- En fecha 16/10/2017 se difirió el acto para el día 06/11/2017, en virtud de la incomparecencia de la representación fiscal y el imputado de autos quien no fue trasladado desde el centro de reclusión.

35.- En fecha 17/10/2017, la Defensa Pública Nº 21, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión Nº 7J-105-2017, de fecha 03/10/2017, en la cual se declaró improcedente en derecho la solicitud de Decaimiento de la Medida de Privación de Libertad.

Por otra parte, estos jurisdiscentes consideran necesario traer a colación lo establecido en la decisión recurrida, la cual resultó cuestionada por la defensa, a los efectos de determinar si la misma se encuentra ajustada a derecho:

“Ciertamente tal y como lo señala la defensa, en el ordenamiento jurídico venezolano, esta limitada la vigencia de la Medida Privativa de la Libertad a la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años, no obstante, se prevé la posibilidad de prorrogar ese período cuando existan causas graves que así lo justifiquen o si hay dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusado o acusada, o sus defensores o defensoras, así se lee del contenido integro del articulo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala:
"Articulo 230. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando esta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos anos; si se tratare de varios delitos se tomara en cuenta la pena mínima del delito mas grave.
Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal, que se encuentren o imputada, acusado o próximas a su vencimiento, el Ministerio Publico o el o la querellante podrán solicitar prorroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, y cuando fueren varios los delitos imputados, se tomara en cuenta la pena mínima prevista para el delito mas grave.
Igual prorroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado acusada, o sus defensores o defensoras.
Estas circunstancias deberán ser motivadas por el o la Fiscal o el o la querellante.
Si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, quien decidirá sobre dicha solicitud.”
“…Así las cosas se evidencia que el ciudadano LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ, se encuentra sometido al proceso a través de la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, la cual fue decretada por el Juzgado Duodécimo de de Control de esta misma sede Judicial en fecha 18/09/2014, en virtud de que el órgano subjetivo considero llenos los parámetros de ley. Asimismo se desprende del escrito acusatorio que se le acusa de COMPLICE NECESARIO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVO FUTIL, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1° del Código Penal, en perjuicio del ciudadano JUAN MARCELINO RAMONES.
Del precitado escrito acusatorio admitido en la Audiencia Preliminar celebrada en fecha 23/112015, también se constata que el delito por el cual esta siendo acusado poseen una pena que excede por mas, de los diez años en su termino medio; aunado a que se esta en presencia de un delito grave dado el bien jurídico protegido como es el sagrado derecho a la vida consagrado en el articulo 43 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela,
Ahora bien, se evidencia que efectivamente desde que fue decretada la privación judicial preventiva de libertad, hasta la presente fecha han transcurrido más de dos años, no obstante la misma no es desproporcionada, y menos aún sobrepasa la pena mínima del delito calificado según lo establece articulo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.
Sumado a lo anterior, de la revisión de las actuaciones se observan únicamente una fijación para celebrar Juicio Oral y Publico; igualmente se evidencia de las actas que conforman la presente causa, que previo a la celebración de la audiencia preliminar se registraron diversos diferimientos, así como tramites administrativos que retrasaron el pase de la causa a esta fase de juicio.
Indiscutiblemente se evidencia el retraso en los tramites administrativos que ocasionaron que las actuaciones llegaran a esta instancia judicial casi 20 meses después de la celebración de la audiencia preliminar, que corresponde a un evidente desorden procesal causado por el actual sistema de justicia, que impide la celeridad y prontitud en dichos tramites administrativos, sin embargo al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 1399, de fecha 17-07-06, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, dejo asentado que:
"...Sin embargo, también ha sostenido reiteradamente la Sala, que dicho decaimiento no opera automáticamente, cuando el proceso se ha retardado debido a tácticas procesales dilatorias abusivas de las partes o no imputables al órgano jurisdiccional, por cuanto en estos casos una interpretación literal, legalista de la norma, no puede llegar a favorecer a aquellos que tratan de desvirtuarla razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido..."
"...estima esta Alzada, que la dilación indebida no hace refrenda exclusiva y de manera inmediata a los plazos procesales legalmente establecidos, sino al limite que no debe ser traspasado en el cumplimiento de los mismos. Los plazos deben constituirse en orientadores del juicio de valor que ha de precisar si se ha producido o no una dilación indebida. Pues el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es "el derecho a que los plazos se cumplan". Los plazos deben cumplirse, pero el cumplimiento de los mismos no puede entenderse dentro de la categoría de derecho fundamental.
De allí que en todo caso, debe apreciarse, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable, el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales; a criterio de la Sala este ultimo, es obviamente el criterio determinante, siendo la evaluación del mismo independiente del requerimiento de responsabilidad disciplinaria del órgano judicial y de las carencias que afectan las estructuras de la administración de justicia..."
De lo anterior, estima esta juzgadora que el decaimiento de la medida de coerción personal, no depende única y exclusivamente de los lapsos procesales que indica la ley, sino que se haya cumplido con la finalidad del proceso, y para ello todas las partes intervinientes deben estar atentas al cumplimento del mismo, lo que evidentemente no ocurrió en el presente caso, toda vez que la defensa técnica del acusado se desentendió de la causa por casi dos anos, aun cuando al termino de la audiencia preliminar se les emplaza a que en un lapso común de cinco (05) días concurran ante el juez de juicio a quien le corresponda conocer de la causa, lo que denota que la misma no estuvo atenta a su obligación y por ende no ejerció los recursos que correspondían en razón de la demora presentada en la remisión de la causa a esta fase de juicio; por lo que quien aquí decide considera que tal dilación no es imputable al Juzgado Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; por cuanto por el producto de la dinámica procesal y la inactividad de las partes, siendo que por parte del Tribunal de Juicio es causa justificada.
Aunado a lo expuesto con anterioridad, es importante resaltar la responsabilidad del estado, de garantizar la protección de las personas, en este caso de la victima, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, tal como lo establece el articulo 55 del la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, de lo contrario habría impunidad.
Por lo que, es procedente en Derecho declarar con lugar el decaimiento de las Medidas Cautelares, pudiera conllevar a la impunidad, toda vez que LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ tiene las posibilidades de salir del país o mantenerse oculto debido a la pena a imponer en este delito considerando que la misma excede de 10 anos, y que decida sustraerse del sistema de justicia, obviar estas circunstancias, es desconocer el peligro arriesgar el proceso y permitir la impunidad en este caso de violación al derecho a la vida contendido en nuestra Carta Magna; siendo obligación de esta Juzgadora garantizar las resultas del presente proceso, por ello este tribunal declarar improcedente del decaimiento de la Medida Cautelar de Privación de Libertad. Y ASI SE DECIDE.
De igual modo se deja constancia expresa que el mantenimiento de la medida cautelar, no versa sobre el fondo del asunto y en modo alguno prejuzga la presente causa, ya que solo va orientada a lograr la comparecencia del acusado a los actos siendo que igualmente no desvirtúa el principio de presunción de inocencia que lo arropa en este proceso penal…” (Las negritas son propias de esta Sala).

Esta Sala observa, que en el caso sub-judice, el imputado LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ, ha sido sometido a una medida de coerción personal, que ha afectado su esfera de movimiento y ha significado una limitación al pleno goce de los derechos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes establecen a favor de los ciudadanos, desde el día 19 de septiembre de 2014, cuando le fuera impuesta la medida de privación judicial preventiva de libertad, por el Juzgado Decimosegundo (12°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en el acto de presentación de imputado, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVO FUTIL en calidad de COMPLICE NECESARIO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, cometido en perjuicio del ciudadano que en vida respondía al nombre de JUAN MARCELINO RAMONES.
Estiman preciso, destacar quienes aquí deciden, que si bien las medidas de coerción personal no pueden sobrepasar el período de dos (02) años, ello no puede traducirse en desconocimiento del tiempo que el procesado ha venido sometido a la medida que le ha impuesto y mantenido por el Tribunal Séptimo (7°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Juicio, por lo que es menester para los Jueces que integran esta Sala de Alzada señalar, que si bien es cierto, toda persona a quien se le atribuya su participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, no menos cierto es, que por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso, se establecen ciertas excepciones; surgiendo las mismas de la necesidad del aseguramiento del imputado o acusado durante el proceso penal, cuando existan en su contra fundados elementos de convicción que lo vinculan con la presunta comisión de un hecho ilícito, así como el temor de la autoridad sobre su voluntad de no someterse a la persecución penal. En consecuencia, estas dos condiciones constituyen el fundamento de derecho que tiene el Estado de solicitar medidas de coerción contra el procesado o procesada.
A este respecto, este Órgano Colegiado, considera pertinente citar el contenido del artículo 44 ordinal 1° del Texto Constitucional, el cual establece, como regla fundamental el juzgamiento en libertad de cualquier persona que sea investigada por la presunta comisión de algún hecho punible, disponiendo lo siguiente:

“La libertad personal es inviolable; en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…”. (Las negrillas son de la Sala).

De la anterior disposición, puede deducirse que el juzgamiento en libertad, que como regla emerge en nuestro proceso penal, se manifiesta como una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho constitucional a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales para asegurar las finalidades del proceso.

En tal sentido, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia en sentencia No. 1381, de fecha 30 de octubre del año 2010, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, estableció como criterio vinculante, lo siguiente:
“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución...” . (Las negritas son de esta Alzada).

Atendiendo a ello, la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente ponderados, que observando las circunstancias que rodean cada caso, éstas se enfoquen a conseguir el debido equilibrio procesal, en resguardo de los derechos del encausado penalmente, así como del Estado, en garantía de los intereses sociales, mediante el restablecimiento de los medios procesales que aseguren las futuras y eventuales resultas del juicio.

Así se tiene que, el mantenimiento de una medida de coerción personal, como excepción al decaimiento, debe atender a las diferentes circunstancias que se susciten en el proceso, es decir, al carácter de las dilaciones, al delito objeto de la causa, la dificultad o complejidad del caso, y a la protección y seguridad de la víctima, durante el desarrollo del proceso, el cual, como lo sostiene la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República, no puede limitarse generalmente a un lapso de dos (02) años, en virtud de las diferentes circunstancias que puedan rodear el asunto en particular.

Es preciso acotar que, este período en el cual el procesado está sujeto al mantenimiento de la medida de coerción personal, está supeditado a las formas y condiciones exigidas en el artículo 230 del Texto Adjetivo Penal, no obstante, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al contenido del mencionado artículo 230, en fecha 26-05-09, mediante decisión Nº 242, precisó lo siguiente:
“Sin embargo es oportuno señalar, la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ha expresado, que cuando “… se limita la medida de coerción personal a dos años, no se toma en cuenta para nada la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse por un período mayor a los dos años señalados, sin que exista sentencia firme…” (Sentencia Nº 1712, del 12 de septiembre de 2001). Ello en virtud de diferentes circunstancias que pueden presentarse en el caso concreto y que hayan determinado el paso del tiempo.
En tal sentido, dentro de las consideraciones a tomarse en cuenta para el estudio y otorgamiento de la libertad como producto del decaimiento de la medida privativa de libertad, está la gravedad de los delitos atribuidos en la acusación fiscal, así como las diferentes incidencias del proceso, a los fines de determinar la existencia o no de medidas dilatorias imputables o no al imputado o a su defensa.
Así mismo, corresponderá al Tribunal Competente, el estudio y consideración de cualquier otra circunstancia de similar índole que, sea pertinente para adoptar las medidas que fueran necesarias a los fines de asegurarse la permanencia del imputado dentro del proceso y que, la acción del Estado no quede ilusoria, desechando cualquier circunstancia que vaya en detrimento de la causa penal en general, sin que esto represente violación alguna al principio de libertad”. (Subrayado son de la Sala).

Con respecto, a las dilaciones indebidas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión Nº 398, de fecha 04 de abril de 2011, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, dejó sentado:

“…Sin embargo, también ha sostenido reiteradamente la Sala, que dicho decaimiento no opera automáticamente, cuando el proceso se ha retardado debido tácticas procesales dilatorias abusivas de las partes o no imputables al órgano jurisdiccional, por cuanto en estos casos una interpretación literal, legalista de la norma, no puede llegar a favorecer a aquellos que tratan de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido.
(…) Estima la Sala, que la dilación indebida no hace referencia exclusiva y de manera inmediata a los plazos procesales legalmente establecidos, sino al límite que no debe ser traspasado en el cumplimiento de los mismos. Los plazos deben constituirse en orientadores del juicio de valor que ha de precisar si se ha producido o no una dilación indebida. Pues el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es “el derecho a que los plazos se cumplan”. Los plazos deben cumplirse, pero el cumplimiento de los mismos no puede entenderse dentro de la categoría de derecho fundamental.
En tal sentido, no es posible entonces decidir en abstracto, qué son dilaciones indebidas y cuando estamos en presencia de la infracción de tal derecho, dejando en todo caso establecidos ciertos criterios objetivos a ser tomados en cuenta por el juzgador, al momento de decidir sobre la supuesta violación denunciada.
De allí que, en todo caso, debe apreciarse, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable, el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales…
Asimismo, se desprende que, luego de recibido el expediente en el tribunal que le correspondió por distribución, fijó el sorteo de escabinos, se acordó para el 13 de abril de 2010 la apertura para el juicio oral y público, el cual fue diferido por falta de traslado del imputado y la incomparecencia de la víctima, luego se fijó para el 24 de mayo del referido año, fecha en la cual se dejó constancia que el acusado se encontraba recluido en el Hospital Militar, luego el 09 de junio de 2010, la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, decretó la nulidad absoluta de la decisión dictada por el Juzgado Duodécimo en Funciones de Juicio, mediante la cual negó el decaimiento de la medida privativa de libertad y ordenó que un juez distinto, fijara la celebración del acto oral previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, correspondiéndole el conocimiento de la causa al Juzgado Décimo Sexto en Funciones de Juicio, el cual el 30 de julio de 2010, negó el decaimiento de la privativa de libertad, posteriormente, se fijó para el 01 de julio de ese año el juicio oral y público, el cual no se realizó por la incomparecencia del acusado, quien manifestó que no podía asistir por fuertes dolores de estómago y de vesícula, y el 09 de agosto de 2010, los defensores del ciudadano Harry Blanco, apelaron de la antes mencionada decisión dictada el 30 de julio de 2010, pública el 03 de agosto de 2010.
De allí que tal dilación no es imputable a los diferentes órganos jurisdiccionales que conocieron de la causa, sino por el contrario tal dilación es producto, como lo estimó la Corte de Apelaciones, de múltiples circunstancias y situaciones procesales acontecidas, por tanto el órgano jurisdiccional, no actuó con abuso de poder ni usurpación o extralimitación de funciones, cuando declaró sin lugar la apelación contra la referida sentencia dictada el 30 de julio de 2010, y en consecuencia, confirmó la decisión dictada por el Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de cese de la medida privativa de libertad que pesaba sobre el referido ciudadano, por el contrario actuó preservando el debido proceso y a la tutela judicial efectiva, y sin exceder los límites de su competencia…”.(Las negrillas son de la Sala).

Por lo que luego de constatar los integrantes de este Cuerpo Colegiado, que efectivamente, en el caso bajo estudio, ocurrieron dilaciones que impidieron que la causa se tramitara con mayor celeridad, las cuales no pueden imputarse al órgano jurisdiccional, que conoce de la causa, sino por el contrario son producto, de múltiples circunstancias y situaciones procesales acontecidas en el caso examinado, tomando en cuenta además, que los delitos objeto de la presente causa, tal como la afirmó la Juzgadora a quo en su fallo, son graves, por lo que si bien es cierto, el Juez o Jueza debe ponderar cada caso, no pueden pasar por alto, quienes aquí deciden, los bienes jurídicos tutelados en el presente asunto, para negar el otorgamiento de una medida menos gravosa, argumentos que sustentan la decisión impugnada y que avalan esta Sala de Alzada.

Evidencian, quienes aquí deciden, de la cronología anteriormente plasmada, que en el caso analizado, se presentaron circunstancias, que no pueden ser catalogadas como actos procesales que constituyen retardo procesal, puesto que no pueden imputarse a alguna de las partes, ni al Juzgado de Instancia, y mucho menos reputar que éstos hayan sido de mala fe, aclarando además este Cuerpo Colegiado, que si bien se evidencian diferimientos por falta de traslado del imputado, tal situación no puede atribuírsele a la Instancia, pues el órgano jurisdiccional siempre lo ha diligenciado.

Aunado a lo anterior, es menester precisar, que el Juzgador de Instancia, tomó también como soporte para fundar su decisión, los principios y garantías procesales, especialmente el de afirmación de libertad, estado de libertad y proporcionalidad, así como la gravedad de los delitos y el daño causado, haciendo énfasis en las distintas incidencias por las cuales ha transitado la causa, adicionalmente, evidencian quienes aquí deciden de la cronología plasmada en la recurrida, las situaciones que han rodeado el desarrollo del proceso, en modo alguno, pueden atribuirse a las partes, ni al órgano jurisdiccional, resultando importante destacar que el mantenimiento de la medida de coerción no versa sobre el fondo del asunto, ya que solo va orientado a garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, sin desvirtuarse el principio de presunción de inocencia del cual goza el ciudadano LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ.

Así las cosas, considera esta Sala oportuno destacar, en atención a las circunstancias especiales que rodean al presente caso, que la proporcionalidad va referida a la relación que debe existir entre la medida de coerción personal a ser impuesta, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable a imponer, es decir, que ante la posible comisión de un hecho punible por parte de un individuo determinado, el Juzgador o Juzgadora debe valorar los anteriores elementos, para luego con criterio razonable, mensurar la necesidad de postergar por un plazo razonable, o no las medidas de coerción personal impuestas, a los fines de que no quede enervada la acción de la justicia, análisis que constatan quienes aquí deciden, efectuó la Juez Séptima (7°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

Por otra parte, ha sido criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que aunque la medida exceda de los dos años, su decaimiento resulta improcedente, cuando dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del o los imputados se convierta en una infracción del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el o la jurisdicente.

Al respecto, ha precisado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el fallo No. 1701, de fecha 15 de noviembre de 2011, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, lo siguiente:

“…Ahora bien, esta Sala reiteradamente ha ratificado la imperiosa necesidad de que los órganos de administración de justicia den cabal cumplimiento a los lapsos previamente establecidos por el legislador para el cumplimiento de los actos procesales, pues los retardos injustificados implican la vulneración de los derechos de los justiciables, más aún cuando se trata de procesos penales en los cuales se haya decretado medida de privación judicial preventiva de libertad. A la par, la Sala reconoce la existencia de situaciones que podrían afectar el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales que escapan del ámbito de acción del juez, quien es el encargado de velar por el normal desarrollo del proceso.
(…omissis…)
De todo lo anterior, se puede observar que si bien en diversas ocasiones se difirió tanto la constitución del tribunal mixto como la celebración del juicio oral y público seguido contra los acusados –aquí accionantes-, por hechos y circunstancias que no le son imputables, se advierte que hubo diferimientos acontecidos en el proceso penal, debidos a la incomparecencia tanto de la defensa privada de los acusados como la incomparecencia de dos de ellos quienes no pudieron ser trasladados por cuanto se negaron a la requisa previa obligatoria, lo que en definitiva ha traído como consecuencia el aplazamiento del proceso.
En la sentencia accionada mediante el amparo sub examine, se observa que la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia confirmó la declaratoria sin lugar del decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad de los ciudadanos Norvis Alfonso Chirinos Méndez, Alexander Junior Rojas y Albino Antonio Luque Cáseres, con fundamento en los hechos y circunstancias que dejó establecido el a quo penal, relación ésta que permitió arribar a la conclusión de que, en efecto, la dilación procesal que afecta a la causa penal que se sigue a los actuales accionantes es imputable, en parte, a incomparecencias, por parte de sus defensores privados y a dos de los acusados, durante la fase intermedia del juicio es la de la audiencia preliminar, así como también a las consideraciones efectuadas en torno a la entidad de los delitos cometidos y por ende su complejidad para el juzgamiento definitivo; lo cual ha traído como resultado la prolongación del proceso penal más allá de los lapsos procesales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.
(…omissis…)
Finalmente, esta Sala debe referir que la instancia judicial accionada consideró que en el proceso penal que dio lugar al amparo se está en presencia de hechos punibles de gran entidad que atacan bienes jurídicos de gran trascendencia social, y que por ende debía calibrar el derecho de la parte agraviada para obtener reparación del daño causado al amparo de lo establecido en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerando además que el decreto de decaimiento de esta medida de coerción personal, incurriría en los supuestos de impunidad…”. (Las negrillas y el subrayado son de la Sala).

De acuerdo con el fallo in comento, en cónsona armonía con lo establecido en el señalado artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en su primer aparte, habiendo en este caso iniciado el análisis del elemento proporcionalidad, entre el delito-daño-gravedad-pena, es importante resaltar el elemento tiempo o también denominado referente temporal, contemplado en el primer aparte del mencionado artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, esto a los fines de establecer la proporcionalidad y por ende la duración de las medidas de coerción personal.

Ciertamente, la disposición anteriormente mencionada, contempla en primer lugar una referencia que señala. “En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito…”. La expresión “en ningún caso”, comporta una prohibición de carácter absoluto que impide la imposición de una medida de coerción personal que trascienda la pena mínima prevista para cada delito, por lo que, le está vedado a cualquier Juez o Jueza imponer medidas de coerción personal, que supere más allá de la pena mínima prevista para cada delito, y si se trata de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave. Por argumento contrario, puede el Juzgador o Juzgadora, con vista a las circunstancias del caso concreto, imponer o mantener una medida coercitiva de libertad hasta el límite inferior de la pena prevista.

Resultando oportuno señalar, para quienes aquí deciden, que la proporcionalidad está íntimamente ligada a la justicia y a la equidad como valores fundamentales que inspiran el ordenamiento jurídico venezolano, por lo que resulta propicio resaltar, lo establecido por el constituyente en el dispositivo legal contenido en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone taxativamente que:

“Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.
Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.”. (Negrillas de la Sala).

Es preciso señalar, que la doctrina penal imperante emanada de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, ha dispuesto que no procederá el decaimiento de la medida de coerción personal, en aquellos casos en los que habiendo transcurrido el plazo de dos (02) años, a que hace referencia el dispositivo legal, dicho lapso haya transcurrido por causas imputables a los procesados o procesadas, o cuando la libertad del imputado o imputada se convierta en una infracción a tenor de lo preceptuado en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo el Juzgador o Juzgadora, realizar una ponderación entre el límite mínimo de la pena a imponer y las circunstancias que rodean el caso en particular.

En el caso bajo análisis, evidencian los integrantes de esta Sala, que las dilaciones que se presentaron en el presente asunto, no son atribuibles al Ministerio Público, a la defensa del imputado, ni al órgano jurisdiccional que ha conocido este caso, sino que han sido por causas producto de múltiples circunstancias y situaciones procesales acontecidas en el mismo, argumentos que corroboran quienes aquí deciden, luego de la revisión exhaustiva del fallo impugnado, por tanto, no le asiste la razón a la defensa cuando afirma que la decisión objeto de impugnación, es violatoria del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el decaimiento de la medida no opera automáticamente, y más si se toma en cuenta la entidad de los delitos objeto de la presente causa, además, que desde la fecha de la detención no ha transcurrido el límite mínimo de la pena establecida para el delito más grave que se le atribuye al procesado de autos.

Por lo que a criterio de quienes aquí deciden, la decisión recurrida se encuentra suficientemente motivada, no conculca lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, encontrándose ajustada a derecho, dada la gravedad de los delitos por los cuales ha resultado imputado el ciudadano LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ, apegada al principio de proporcionalidad, a la tutela judicial efectiva, y a lo estipulado en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, en cónsona armonía con lo preceptuado en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo procedente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho MARIAESTHER FUENTES HERNANDEZ, Defensora Pública Vigésima Primera (21°) Penal Ordinaria para la fase de Proceso, adscrita a la Unidad de Defensa Publica del estado Zulia, en su carácter de defensora del acusado LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V.-17.461.478, contra la decisión Nº 7J-105-2017, dictada en fecha 03 de octubre de 2017, por el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, y en consecuencia se CONFIRMA la decisión recurrida. ASÍ SE DECIDE.

Finalmente, se insta al Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a los fines que realice todos los actos necesarios, con el objeto de realizar el acto de Juicio Oral y Público en el asunto seguido en contra del acusado LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ.

DISPOSITIVA
En mérito de las razones expuestas, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho MARIAESTHER FUENTES HERNANDEZ, Defensora Pública Vigésima Primera (21°) Penal Ordinaria para la fase de Proceso, adscrita a la Unidad de Defensa Publica del estado Zulia, en su carácter de defensora del acusado LUIS FERMIN DAVILA FERNANDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V.-17.461.478, contra la decisión Nº 7J-105-2017, dictada en fecha 3 de octubre de 2017, por el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

SEGUNDO: CONFIRMA la decisión impugnada, al evidenciar esta Alzada, que el fallo no vulnera el principio de proporcionalidad, no conculca lo establecido en los artículos 26 y 49 del Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni menos aún omite alguna norma establecida en la legislación positiva.

TERCERO: Se insta al Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a los fines que realice todos los actos necesarios, con el objeto de realizar el acto de Juicio Oral y Público, en el asunto seguido en contra del acusado LEONARDO RONALD SALAZAR SILVA.

Publíquese, regístrese y remítase la presente causa en la oportunidad legal correspondiente.

Dada, firmada y sellada en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en Maracaibo, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
LOS JUECES PROFESIONALES

MARÍA CHOURIO URRIBARRÍ DE NÚÑEZ
Presidenta

MAURELYS VILCHEZ PRIETO ERNESTO ROJAS HIDALGO
Ponente

LA SECRETARIA

Abg. YEISLY GINESCA MONTIEL ROA

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, registrándose la presente la presente resolución en el Libro de Decisiones llevado por esta Sala en el presente mes y año, bajo el No. 488-2017 de la causa No. VP03-R-2017-001343.

Abg. YEISLY GINESCA MONTIEL ROA
La Secretaria