TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Sala Tercera
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia
Maracaibo, 02 de agosto de 2017
207º y 158º

CASO: VP03-R-2016-000859

Decisión No.335-17.

I.- PONENCIA DE LA JUEZA DE APELACIONES EGLÉE DEL VALLE RAMÍREZ.-

Han sido recibidas las presentes actuaciones en virtud del recursos de apelación de autos, interpuestos por el profesional del derecho BAIDO LUZARDO, Defensor Público Auxiliar Séptimo adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, quien manifestó actuar en su carácter de defensor del imputado URBAN JOSÉ FRANCO BERMÚDEZ, acción recursiva ejercida en contra la decisión No. 731-17 de fecha 16 de junio de 2017, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual el Juzgado entre otros pronunciamientos declaró la aprehensión en flagrancia del ciudadano USBAN JOSE FRANCO BERMÚDEZ por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los artículos 455 y 458 del Código Penal, asimismo se decretó Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del mencionado ciudadano de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 numerales 2,3 y 5 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal y se acordó proseguir la investigación mediante el procedimiento ordinario establecido en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal.

En fecha 28 de JULIO de 2017, se recibieron las actuaciones siendo designada como ponente a la Jueza Profesional EGLEE DEL VALLE RAMÍREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Las integrantes de este Tribunal Colegiado, encontrándose dentro del lapso legal, proceden a pronunciarse con relación a la admisibilidad de los recursos de apelaciones de auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal.

II.- DE LA LEGITIMIDAD:

En relación al Recurso de Apelación sometido a la consideración de este Órgano Colegiado procede a verificar la legitimidad, en este caso del profesional del derecho BAIDO LUZARDO, Defensor Público Auxiliar Séptimo adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, quien manifestó actuar en su carácter de defensor del imputado URBAN JOSÉ FRANCO BERMÚDEZ.

Observa esta Sala que a la fecha veintiséis (26) de junio de 2017, a las dos y cuarenta y nueve de la tarde (2:49pm), fecha y hora en la cual se interpuso el presente recurso de apelación, dicho Defensor Público ya no poseía la cualidad de Defensor del imputado URBAN JOSÉ FRANCO BERMÚDEZ, por cuanto si bien es cierto, el mencionado ciudadano, en la audiencia de presentación de imputado por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en fecha 16 de junio de 2017, designó como su defensa técnica al profesional del derecho BAIDO LUZARDO y éste aceptó la defensa, como consta al folio treinta y dos (32) de la causa principal; no es menos cierto, que el día veintiséis (26) de junio de 2017, a las once y cuarenta y nueve de la mañana, mediante escrito consignado a través del Departamento de Alguacilazgo de este mismo Circuito Judicial Penal, el hoy imputado URBAN JOSÉ FRANCO BERMÚDEZ manifestó al Tribunal de Control, su deseo de nombrar como su defensa, al Profesional del Derecho JAIME RAVINOVICH Inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 40.962 , revocando al defensor anterior, quien a su vez, aceptó la defensa el día 27 de junio de 2017 tal y como se evidencia al folio cuarenta y ocho (48) de la causa principal, respectivamente.

Por lo tanto, considera este Tribunal de Alzada que efectivamente, para el día veintiséis (26) de junio de 2017, a las dos y cuarenta y nueve de la tarde (2:49pm), el profesional del derecho BAIDO LUZARDO Defensor Público Auxiliar Séptimo adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, ya no se encontraba legitimado para ejercer la defensa del ciudadano URBAN JOSÉ FRANCO BERMÚDEZ. Así se decide.-

En este sentido, la Sala Constitucional del máximo Tribunal, mediante el fallo No. 1047 de fecha 23 de Julio de 2009, estableció entre otras cosas, lo siguiente:

“…Omisis…
En este orden de ideas, la legitimación para el ejercicio de los recursos corresponde sui generis a todo aquél que sea parte en el proceso Omisis…”. (Negrillas de la Sala).

Atendiendo a lo anterior, las integrantes de este Tribunal Colegiado, en primer lugar, consideran pertinente citar el contenido de los artículos 423, 424 y 426 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a los recursos, los cuales establecen:

“Artículo 423. Impugnabilidad objetiva. Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.

Artículo 424: Podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente ese derecho.
Por el imputado o imputada podrá recurrir el defensor o defensora pero, en ningún caso en contra de su voluntad expresa.

Artículo 426. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión”. (Las negrillas son de la Sala).

De los artículos in comento, quienes aquí suscriben observan que el legislador patrio, estableció que sólo aquellas personas que sean legalmente reconocidas como partes dentro del iter procesal, podrán recurrir de las decisiones judiciales dictadas, toda vez que el recurso de apelación en el proceso penal, constituye una manifestación de voluntad de una de las partes para que se revoque, anule o reforme la resolución que se considera que le es adversa, el cual se encuentra sometido a las formalidades propias del ordenamiento jurídico.

Por su parte el Código Orgánico Procesal Penal en el título referido a los sujetos procesales ha dejado establecido el derecho del imputado a nombrar un Abogado de su confianza como defensor y las condiciones para ejercer las funciones de defensor en el proceso penal y que una vez designado, el mismo deberá aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el juez o jueza, haciéndose constar en actas tal circunstancia, y en esa misma acta deberá señalar su domicilio o residencia y que dicho juramento deberá ser tomado por el Órgano Jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud del defensor designado.

En acatamiento a la norma citada, observamos que el profesional del derecho BAIDO LUZARDO, Defensor Público Auxiliar Séptimo adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, no se encuentra legitimado para el ejercicio de la acción recursiva en relación al imputado URBAN JOSÉ FRANCO BERMÚDEZ, resultando inadmisible el recurso de apelación, por expreso mandato legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 428 literal “a” del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el articulo 442 eiusdem.

Finalmente, verificados como han sido los requisitos de ley, esta Sala Tercera considera que debe declarar INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho BAIDO LUZARDO, Defensor Público Auxiliar Séptimo adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, quien manifestó actuar en su carácter de defensor del imputado URBAN JOSÉ FRANCO BERMÚDEZ, por no encontrarse legitimada para el ejercicio de la acción recursiva, toda vez que se verificó que fue revocada como Defensora del mencionado ciudadano, de conformidad con lo establecido en el artículo 428 literal “a” del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el articulo 442 eiusdem. ASÍ SE DECLARA.

III.- DISPOSITIVA

Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho BAIDO LUZARDO, Defensor Público Auxiliar Séptimo adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, quien manifestó actuar en su carácter de defensor del imputado URBAN JOSÉ FRANCO BERMÚDEZ, por no encontrarse legitimado para el ejercicio de la acción recursiva, toda vez que se verificó que fue revocada como Defensora del mencionado ciudadano, de conformidad con lo establecido en el artículo 428 literal “a” del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el articulo 442 eiusdem.

Publíquese y regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Tercera del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en Maracaibo, a los dos (02) días del mes de agosto de 2017. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

LAS JUEZAS PROFESIONALES

EGLEÉ DEL VALLE RAMÍREZ
Presidenta de la Sala-Ponente

MANUEL ARAUJO GUTIERREZ VANDERLELLA ANDRADE BALLESTEROS

LA SECRETARIA

JACERLIN ATENCIO MATHEUS

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, registrándose la presente la presente resolución en el libro de decisiones llevado por esta Sala en el presente mes y año, bajo el No. 335-17 de la causa No. VP03-R-2017-000859.

JACERLIN ATENCIO MATEHUS
La Secretaria.