REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES SALA 1
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
CORTE DE APELACIONES
SALA PRIMERA
Maracaibo, 02 de agosto de 2017
206º y 157º
ASUNTO PRINCIPAL: 3J-P-1249-15
ASUNTO : VP03-R-2017-000779
DECISIÓN NRO. 313-17
PONENCIA DE LA JUEZA DE APELACIONES DRA. MARIA CHOURIO DE NUÑEZ.
Han sido recibidas las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación de autos, interpuesto por el ciudadano JIMMY MOLLEDA, Defensor Público Tercero (A) Penal Ordinario adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, en su carácter de Defensor del ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUAREZ, titular de la cédula de identidad Nro. 11.376.769; en contra de la Decisión Nro. 067-17, dictada en fecha 05 de junio de 2017, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual, se declaró sin lugar la solicitud de Decaimiento de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, impuesta al mencionado ciudadano, en la causa seguida por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1° del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ANA ELENA OVIEDO.
Ingresaron las actuaciones en este Tribunal de Alzada, el día 03 de julio de 2017, se dio cuenta a los Jueces integrantes de la misma, designándose ponente a la Jueza RAIZA RODRIGUEZ FUENMAYOR (en sustitución de la DRA. MARÍA CHOURIO URRIBARRÍ DE NÚÑEZ, quien se encontraba de reposo médico), reasignándose la ponencia a la DRA. MARÍA CHOURIO URRIBARRÍ DE NÚÑEZ, suscribiendo la presente decisión con tal carácter.
Luego, en fecha 07 de julio de 2017, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, declaró admisible el recurso interpuesto, por lo que encontrándose dentro del lapso legal, pasa a resolver sobre la procedencia de la incidencia recursiva, en los siguientes términos:
DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA PÚBLICA
El ciudadano JIMMY MOLLEDA, Defensor Público Tercero (A) Penal Ordinario adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, en su carácter de Defensor del ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUAREZ, interpuso su recurso conforme a los siguientes argumentos:
Alegó el apelante, que el acusado se encuentra privado de libertad, desde hace más de dos años, sin que se haya realizado el juicio oral y público. En tal sentido trajo a colación el contenido del artículo 230 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, señalando que solicitó el decaimiento de la medida de coerción personal, por cuanto el proceso no se ha dilatado por causa atribuible al imputado, así como tampoco a su Defensa, citando además un extracto del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Sostuvo a su vez, que en relación al peligro de fuga, previsto en el artículo 237 del Texto Adjetivo Penal, que el delito por el cual está siendo procesado el acusado, es el de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, que prevé una pena que excede de diez años; considerando que tal presupuesto procesal se establece en la Ley, para el momento que el Ministerio Público presente a una persona y peticione la medida de privación judicial preventiva de libertad; siendo el caso que el acusado ha cumplido con la medida impuesta por el lapso de dos años, y no puede pretenderse seguir cumpliendo la misma, sin estimar que el mismo tiene arraigo en el país, circunstancia que en criterio del recurrente, conlleva a una vulneración del debido proceso, del estado de libertad y del derecho a la defensa. A tales efectos, citó la Decisión Nro. 185-11, dictada en fecha 09 de junio de 2011, por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, así como la Decisión Nro. 162-11, dictada en fecha 19 de julio de 2011, por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia y la Decisión Nro. 278-11, dictada en fecha 11 de octubre de 2011, por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; todas relativas al decaimiento de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.
En el presente asunto, el apelante promovió como prueba para acreditar los argumentos planteados en el escrito recursivo, la decisión impugnada.
En el aparte relativo al “PETITORIO”, solicitó la Defensa a la Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, se declare con lugar el recurso interpuesto, se revoque la decisión recurrida y se declare con lugar el decaimiento de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.
DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO
Se observa que la Representación Fiscal Quincuagésima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, no dio contestación al recurso de apelación de autos, interpuesto por la Defensa del ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUÁREZ.
CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR
Analizados como han sido los fundamentos de Derecho explanados por la Defensa en su escrito de apelación, esta Corte de Apelaciones, pasa a resolver sobre el fondo de sus pretensiones de la siguiente forma:
Una vez delimitados los argumentos contenidos en el recurso de apelación interpuesto, quienes aquí deciden, verifican que el único particular que lo integra, versa sobre la procedencia del decaimiento de la medida de coerción personal, que recae en contra del ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUAREZ, en tal sentido; esta Alzada procede a resolverlo de la manera siguiente:
Es necesario comenzar realizando un recorrido procesal, de las actas que integran la causa y a tales efectos se observa:
En fecha 11 de abril de 2015, el ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACÍN SUÁREZ, fue presentado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control Con Competencia Funcional Municipal del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de ANA ELENA OVIEDO, imponiéndole medida de privación judicial preventiva de libertad (Folios 46 al 55 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 26 de mayo de 2015, la Representación Fiscal Vigésima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, interpuso escrito de Acusación, en contra del ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACÍN SUÁREZ, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de ANA ELENA OVIEDO (Folios 112 al 134 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 27 de mayo de 2015, el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con sede en la Villa del Rosario, fijó el acto de audiencia preliminar para el día 25 de junio de 2015, ordenando notificar a las partes (Folio 140 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 25 de junio de 2015, se difirió el acto de audiencia preliminar, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, de la víctima por extensión y de la Defensa Privada, fijándose nuevamente para el día 27 de julio de 2015 (Folio 154 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 27 de julio de 2015, el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con sede en la Villa del Rosario, efectuó el acto de audiencia preliminar, admitiendo la acusación Fiscal, ordenando la apertura a juicio oral al ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUAREZ (Folios 173 al 179 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 21 de septiembre de 2015, el Juzgado Tercero de primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, recibió la causa y fijó juicio oral para el día 24 de septiembre de 2015, ordenando citar a las partes para la realización del mismo (Folio 190 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 24 de junio de 2015, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, del Ministerio Público y de la Defensa Privada, fijándose nuevamente para el día 15 de octubre de 2015 (Folio 196 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 15 de octubre de 2015, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión y del Ministerio Público, fijándose nuevamente para el día 03 de noviembre de 2015 (Folio 201 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 03 de noviembre de 2015, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión y del Ministerio Público, fijándose nuevamente para el día 26 de noviembre de 2015 (Folio 201 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 26 de octubre de 2015, se difirió el juicio oral y público, por cuanto el imputado nombró como Defensor al ciudadano Abogado SERGIO PARRA, quien aceptó el cargo recaído en su persona, prestando el respectivo juramento de ley, procediendo a solicitar el diferimiento del juicio oral, a los fines de imponerse de las actas, fijándose nuevamente para el día 05 de enero de 201 (Folio 214 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 05 de enero de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 26 de enero de 2016 (Folio 220 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 26 de enero de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 22 de febrero de 2016 (Folio 222 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 22 de febrero de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 15 de marzo de 2016 (Folio 224 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 15 de marzo de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 06 de abril de 2016 (Folio 226 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 09 de mayo de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 02 de junio de 2016 (Folio 228 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 07 de julio de 2016, el Juzgado de Instancia procedió a reprogramar el juicio oral y público, que se encontraba fijado para el día 02 de junio de 2016, fijándose nuevamente para el día 26 de julio de 2016 (Folio 229 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 26 de julio de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 16 de agosto de 2016 (Folio 232 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 16 de agosto de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia de la Defensa y del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 31 de agosto de 2016 (Folio 234 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 02 de septiembre de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia de la Defensa y del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 14 de septiembre de 2016 (Folio 238 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 14 de septiembre de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 28 de septiembre de 2016 (Folio 241 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 21 de septiembre de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 19 de octubre de 2016 (Folio 245 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 19 de octubre de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 09 de noviembre de 2016 (Folio 255 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 09 de noviembre de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia de la Defensa y del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 30 de noviembre de 2016 (Folio 258 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 30 de noviembre de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia de la Defensa y del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 21 de diciembre de 2016 (Folio 261 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 21 de diciembre de 2016, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia de la Defensa y del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 25 de enero de 2017 (Folio 266 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 25 de enero de 2017, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia de la Defensa y del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 02 de marzo de 2017 (Folio 271 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 02 de marzo de 2017, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 22 de marzo de 2017 (Folio 279 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 22 de marzo de 2017, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia de la víctima por extensión y del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 06 de abril de 2017 (Folio 281 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 06 de marzo de 2017, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia del Ministerio Público y del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 04 de mayo de 2017 (Folio 287 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 04 de mayo de 2017, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia de la víctima por extensión y del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 25 de mayo de 2017 (Folio 297 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 25 de mayo de 2017, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia de la víctima por extensión y del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 15 de junio de 2017 (Folio 299 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 15 de junio de 2017, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia de la víctima por extensión y del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 06 de julio de 2017 (Folio 308 de la Pieza I de la causa principal).
En fecha 06 de julio de 2017, se difirió el juicio oral y público, por inasistencia de la víctima por extensión y del imputado, quien no fue trasladado de su sitio de reclusión, fijándose nuevamente para el día 27 de julio de 2017 (Folio 311 de la Pieza I de la causa principal).
Ahora bien, quienes aquí deciden, observan que el Jurisdicente para declarar sin lugar la solicitud efectuada por la Defensa, relativa al decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad, analizó un análisis del contenido del artículo 230 del Texto Adjetivo Penal, señalando que el elemento proporcionalidad versa sobre el “Delito-Daño-Gravedad-Pena”, siendo que en el caso en estudio, el delito por el cual fue acusado el ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUÁREZ, es “sumamente grave”, por ello estimó necesario el Juzgador, el mantenimiento de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, a los fines de garantizar las resultas del proceso.
En este sentido, esta Sala observa, que en el caso concreto, el acusado ha sido sometido a una medida de coerción personal, que ha afectado su esfera de movimiento y ha significado una limitación al pleno goce de los derechos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes establecen a favor del ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUÁREZ, desde el día 11 de abril de 2015, cuando le fuera impuesta la medida de privación judicial preventiva de libertad, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control Con Competencia Funcional Municipal del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en el acto de presentación de imputado, momento desde el cual, tal medida, ha comportado de una u otra manera, el sometimiento coercitivo del ciudadano en mención, al proceso seguido en su contra.
Estiman preciso destacar quienes aquí deciden, que si bien las medidas de coerción personal no pueden sobrepasar el período de dos (02) años, y ello no puede traducirse en desconocimiento del tiempo que el acusado ha venido sometido a la medida que le ha impuesto y han mantenido los Tribunales de Instancia (Control y Juicio), es menester señalar para esta Sala, que si bien toda persona a quien se le atribuya su participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, también deben observarse las razones determinadas por la ley, las cuales deben ser apreciadas por el Juez en cada caso, por cuanto se establecen ciertas excepciones; surgiendo las mismas de la necesidad del aseguramiento del imputado o acusado durante el proceso penal, cuando exista en su contra, fundados elementos de convicción que lo vinculan con la presunta comisión de un hecho ilícito, así como el temor de la autoridad sobre su voluntad, de no someterse a la persecución penal. En consecuencia, estas dos condiciones constituyen el fundamento de derecho que tiene el Estado, de solicitar medidas de coerción contra el procesado o procesada.
A este respecto, este Órgano Colegiado, considera pertinente citar el contenido del artículo 44 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece como regla fundamental, el juzgamiento en libertad de cualquier persona que sea investigada por la presunta comisión de algún hecho punible, al disponer:
“La libertad personal es inviolable; en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…” (Negrillas de esta Sala).
De la anterior disposición, puede deducirse que el juzgamiento en libertad, que como regla emerge en nuestro proceso penal, se manifiesta como una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho constitucional a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales para asegurar las finalidades del proceso.
En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nro. 1381, dictada en fecha 30 de octubre del año 2010, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, estableció como criterio vinculante, lo siguiente:
“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución...” (Negrillas de esta Sala).
Atendiendo a ello, la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente ponderados, que observando las circunstancias que rodean cada caso, éstas se enfoquen a conseguir el debido equilibrio procesal, en resguardo de los derechos del encausado penalmente, así como del Estado, en garantía de los intereses sociales, mediante el restablecimiento de los medios procesales que aseguren las futuras y eventuales resultas del juicio.
Así se tiene que, el mantenimiento de una medida de coerción personal, como excepción al decaimiento, debe atender a las diferentes circunstancias que se susciten en el proceso, es decir, al carácter de las dilaciones, al delito objeto de la causa, la dificultad o complejidad del caso, y a la protección y seguridad de la víctima, durante el desarrollo del proceso, el cual, como lo sostiene la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República, no puede limitarse generalmente a un lapso de dos (02) años, en virtud de las diferentes circunstancias que puedan rodear el asunto en particular.
Es preciso acotar que, este período en el cual el procesado está sujeto al mantenimiento de la medida de coerción personal, está supeditado a las formas y condiciones exigidas en el artículo 230 del Texto Adjetivo Penal, no obstante, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al contenido del mencionado artículo 230, en fecha 26 de mayo de 2009, mediante Sentencia Nro. 242, precisó lo siguiente:
“Sin embargo es oportuno señalar, la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ha expresado, que cuando “… se limita la medida de coerción personal a dos años, no se toma en cuenta para nada la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse por un período mayor a los dos años señalados, sin que exista sentencia firme…” (Sentencia Nº 1712, del 12 de septiembre de 2001). Ello en virtud de diferentes circunstancias que pueden presentarse en el caso concreto y que hayan determinado el paso del tiempo.
En tal sentido, dentro de las consideraciones a tomarse en cuenta para el estudio y otorgamiento de la libertad como producto del decaimiento de la medida privativa de libertad, está la gravedad de los delitos atribuidos en la acusación fiscal, así como las diferentes incidencias del proceso, a los fines de determinar la existencia o no de medidas dilatorias imputables o no al imputado o a su defensa.
Así mismo, corresponderá al Tribunal Competente, el estudio y consideración de cualquier otra circunstancia de similar índole que, sea pertinente para adoptar las medidas que fueran necesarias a los fines de asegurarse la permanencia del imputado dentro del proceso y que, la acción del Estado no quede ilusoria, desechando cualquier circunstancia que vaya en detrimento de la causa penal en general, sin que esto represente violación alguna al principio de libertad” (Negrillas de esta Sala).
Con respecto, a las dilaciones indebidas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nro. 398, dictada en fecha 04 de abril de 2011, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, dejó sentado:
“…Sin embargo, también ha sostenido reiteradamente la Sala, que dicho decaimiento no opera automáticamente, cuando el proceso se ha retardado debido tácticas procesales dilatorias abusivas de las partes o no imputables al órgano jurisdiccional, por cuanto en estos casos una interpretación literal, legalista de la norma, no puede llegar a favorecer a aquellos que tratan de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido.
(…) Estima la Sala, que la dilación indebida no hace referencia exclusiva y de manera inmediata a los plazos procesales legalmente establecidos, sino al límite que no debe ser traspasado en el cumplimiento de los mismos. Los plazos deben constituirse en orientadores del juicio de valor que ha de precisar si se ha producido o no una dilación indebida. Pues el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es “el derecho a que los plazos se cumplan”. Los plazos deben cumplirse, pero el cumplimiento de los mismos no puede entenderse dentro de la categoría de derecho fundamental.
En tal sentido, no es posible entonces decidir en abstracto, qué son dilaciones indebidas y cuando estamos en presencia de la infracción de tal derecho, dejando en todo caso establecidos ciertos criterios objetivos a ser tomados en cuenta por el juzgador, al momento de decidir sobre la supuesta violación denunciada.
De allí que, en todo caso, debe apreciarse, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable, el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales…
Asimismo, se desprende que, luego de recibido el expediente en el tribunal que le correspondió por distribución, fijó el sorteo de escabinos, se acordó para el 13 de abril de 2010 la apertura para el juicio oral y público, el cual fue diferido por falta de traslado del imputado y la incomparecencia de la víctima, luego se fijó para el 24 de mayo del referido año, fecha en la cual se dejó constancia que el acusado se encontraba recluido en el Hospital Militar, luego el 09 de junio de 2010, la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, decretó la nulidad absoluta de la decisión dictada por el Juzgado Duodécimo en Funciones de Juicio, mediante la cual negó el decaimiento de la medida privativa de libertad y ordenó que un juez distinto, fijara la celebración del acto oral previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, correspondiéndole el conocimiento de la causa al Juzgado Décimo Sexto en Funciones de Juicio, el cual el 30 de julio de 2010, negó el decaimiento de la privativa de libertad, posteriormente, se fijó para el 01 de julio de ese año el juicio oral y público, el cual no se realizó por la incomparecencia del acusado, quien manifestó que no podía asistir por fuertes dolores de estómago y de vesícula, y el 09 de agosto de 2010, los defensores del ciudadano Harry Blanco, apelaron de la antes mencionada decisión dictada el 30 de julio de 2010, pública el 03 de agosto de 2010.
De allí que tal dilación no es imputable a los diferentes órganos jurisdiccionales que conocieron de la causa, sino por el contrario tal dilación es producto, como lo estimó la Corte de Apelaciones, de múltiples circunstancias y situaciones procesales acontecidas, por tanto el órgano jurisdiccional, no actuó con abuso de poder ni usurpación o extralimitación de funciones, cuando declaró sin lugar la apelación contra la referida sentencia dictada el 30 de julio de 2010, y en consecuencia, confirmó la decisión dictada por el Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de cese de la medida privativa de libertad que pesaba sobre el referido ciudadano, por el contrario actuó preservando el debido proceso y a la tutela judicial efectiva, y sin exceder los límites de su competencia…” (Negrillas de esta Sala).
Por lo que luego de constatar quienes integran este Cuerpo Colegiado, que efectivamente, en el caso bajo estudio, ocurrieron dilaciones que impidieron que la causa se tramitara con mayor celeridad, las cuales no pueden imputarse al Órgano Jurisdiccional, que conoce de la causa, sino por el contrario es producto, de múltiples circunstancias y situaciones procesales acontecidas en el caso examinado, considerando además, que el delito objeto de la presente causa, atenta contra el derecho a la vida, bien jurídico tutelado de manera especial por el ordenamiento jurídico.
Evidencian, quienes aquí deciden, de la cronología anteriormente plasmada, que en el caso analizado, si bien se evidencian numerosos diferimientos por falta de traslado del acusado desde su sitio de reclusión hasta la sede del Tribunal a quo, tal situación no puede atribuírsele a la Instancia, pues el Órgano Jurisdiccional siempre lo ha diligenciado, resultando importante destacar que el mantenimiento de la medida de coerción, no versa sobre el fondo del asunto, ya que solo va orientado a garantizar la comparecencia del acusado en el proceso, sin desvirtuarse el principio de presunción de inocencia que ampara al ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUÁREZ.
Así las cosas, considera esta Sala oportuno destacar, en atención a las circunstancias especiales que rodean al presente caso, que la proporcionalidad va referida a la relación que debe existir entre la medida de coerción personal a ser impuesta, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable a imponer, es decir, que ante la posible comisión de un hecho punible por parte de un individuo determinado, el Juzgador debe valorar los anteriores elementos, para luego con criterio razonable, mensurar la necesidad de postergar por un plazo razonable, o no las medidas de coerción personal impuestas, a los fines de que no quede enervada la acción de la justicia, análisis que constatan quienes aquí deciden, efectuó el Juez de instancia.
Por otra parte, ha sido criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que aunque la medida exceda de los dos años, su decaimiento resulta improcedente, cuando dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del o los imputados se convierta en una infracción del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el Jurisdicente.
Al respecto, ha precisado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nro. 1701, dictada en fecha 15 de noviembre de 2011, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, lo siguiente:
“…Ahora bien, esta Sala reiteradamente ha ratificado la imperiosa necesidad de que los órganos de administración de justicia den cabal cumplimiento a los lapsos previamente establecidos por el legislador para el cumplimiento de los actos procesales, pues los retardos injustificados implican la vulneración de los derechos de los justiciables, más aún cuando se trata de procesos penales en los cuales se haya decretado medida de privación judicial preventiva de libertad. A la par, la Sala reconoce la existencia de situaciones que podrían afectar el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales que escapan del ámbito de acción del juez, quien es el encargado de velar por el normal desarrollo del proceso. (…omissis…)
De todo lo anterior, se puede observar que si bien en diversas ocasiones se difirió tanto la constitución del tribunal mixto como la celebración del juicio oral y público seguido contra los acusados –aquí accionantes-, por hechos y circunstancias que no le son imputables, se advierte que hubo diferimientos acontecidos en el proceso penal, debidos a la incomparecencia tanto de la defensa privada de los acusados como la incomparecencia de dos de ellos quienes no pudieron ser trasladados por cuanto se negaron a la requisa previa obligatoria, lo que en definitiva ha traído como consecuencia el aplazamiento del proceso.
En la sentencia accionada mediante el amparo sub examine, se observa que la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia confirmó la declaratoria sin lugar del decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad de los ciudadanos Norvis Alfonso Chirinos Méndez, Alexander Junior Rojas y Albino Antonio Luque Cáseres, con fundamento en los hechos y circunstancias que dejó establecido el a quo penal, relación ésta que permitió arribar a la conclusión de que, en efecto, la dilación procesal que afecta a la causa penal que se sigue a los actuales accionantes es imputable, en parte, a incomparecencias, por parte de sus defensores privados y a dos de los acusados, durante la fase intermedia del juicio es la de la audiencia preliminar, así como también a las consideraciones efectuadas en torno a la entidad de los delitos cometidos y por ende su complejidad para el juzgamiento definitivo; lo cual ha traído como resultado la prolongación del proceso penal más allá de los lapsos procesales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. (…omissis…)
Finalmente, esta Sala debe referir que la instancia judicial accionada consideró que en el proceso penal que dio lugar al amparo se está en presencia de hechos punibles de gran entidad que atacan bienes jurídicos de gran trascendencia social, y que por ende debía calibrar el derecho de la parte agraviada para obtener reparación del daño causado al amparo de lo establecido en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerando además que el decreto de decaimiento de esta medida de coerción personal, incurriría en los supuestos de impunidad…” (Las negrillas y el subrayado son de la Sala).
De acuerdo con el fallo in comento, en cónsona armonía con lo establecido en el señalado artículo 230 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en su primer aparte, habiendo en este caso iniciado el análisis del elemento proporcionalidad, entre el delito-daño-gravedad-pena, es importante resaltar el elemento tiempo o también denominado referente temporal, contemplado en el primer aparte del mencionado artículo 230 del Texto Adjetivo Penal, establece la proporcionalidad y por ende la duración de las medidas de coerción personal.
Ciertamente, la disposición anteriormente mencionada, contempla en primer lugar una referencia que señala “En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito…”. La expresión “en ningún caso”, comporta una prohibición de carácter absoluto que impide la imposición de una medida de coerción personal que trascienda la pena mínima prevista para cada delito, por lo que, le está vedado a cualquier Juez o Jueza imponer medidas de coerción personal, que supere más allá de la pena mínima prevista para cada delito, y si se trata de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave. Por argumento contrario, puede el Juzgador o Juzgadora, con vista a las circunstancias del caso concreto, imponer o mantener una medida coercitiva de libertad hasta el límite inferior de la pena prevista.
Resultando oportuno señalar, para quienes aquí deciden, que la proporcionalidad está íntimamente ligada a la justicia y a la equidad como valores fundamentales que inspiran el ordenamiento jurídico venezolano, por lo que resulta propicio resaltar, lo establecido por el constituyente en el dispositivo legal contenido en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone taxativamente:
“Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.
Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.”. (Negrillas de la Sala).
Es preciso señalar, que la doctrina penal imperante emanada de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, ha dispuesto que no procederá el decaimiento de la medida de coerción personal, en aquellos casos en los que habiendo transcurrido el plazo de dos (02) años, a que hace referencia el dispositivo legal, dicho lapso haya transcurrido por causas imputables a los procesados o procesadas, o cuando la libertad del imputado o imputada se convierta en una infracción a tenor de lo preceptuado en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo el Juzgador o Juzgadora, realizar una ponderación entre el límite mínimo de la pena a imponer y las circunstancias que rodean el caso en particular.
Finalmente debe destacarse que el decaimiento de la medida no opera automáticamente, si se estima la entidad de los delitos objeto de la presente causa, además, que desde la fecha de la detención del acusado, no ha transcurrido el límite mínimo de la pena establecida para los delitos que se le atribuyen.
Por lo que a criterio de quienes aquí deciden, la decisión recurrida no conculca lo establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, menos aún omite alguna norma establecida en la legislación positiva, encontrándose ajustada a derecho, dada la gravedad del delito por el cuale resultó acusado el ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUAREZ, apegada al principio de proporcionalidad, a la tutela judicial efectiva y a lo estipulado en el artículo 230 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en cónsona armonía con lo preceptuado en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo procedente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el ciudadano JIMMY MOLLEDA, Defensor Público Tercero (A) Penal Ordinario adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, en su carácter de Defensor del ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUAREZ y por vía de consecuencia CONFIRMA la Decisión Nro. 067-17, dictada en fecha 05 de junio de 2017, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. ASÍ SE DECIDE.
Finalmente, se insta al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, realizar los actos necesarios, con el objeto de efectuar de manera inmediata el acto de juicio oral, en el asunto seguido al ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUAREZ. ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por los fundamentos expuestos esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano JIMMY MOLLEDA, Defensor Público Tercero (A) Penal Ordinario adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, en su carácter de Defensor del ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUAREZ.
SEGUNDO: CONFIRMA la Decisión Nro. 067-17, dictada en fecha 05 de junio de 2017, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.
TERCERO: INSTA al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, realizar los actos necesarios, con el objeto de efectuar de manera inmediata el acto de juicio oral, en el asunto seguido al ciudadano RAFAEL SEGUNDO CHACIN SUAREZ.
Publíquese, regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo y remítase la presente causa en la oportunidad legal correspondiente, al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a los fines legales consiguientes.
LOS JUECES DE CORTE DE APELACIÓN
MARIA CHOURIO URRIBARRI DE NUÑEZ
Presidenta de Sala - Ponente
MAURELYS VILCHEZ PRIETO ERNESTO ROJAS HIDALGO
LA SECRETARIA
YEISLY GINESCA MONTIEL ROA
En la misma fecha se publicó la decisión anterior, se registró bajo el Nro. 313-17, en el Libro de Decisiones llevado por esta Sala, se compulsó por secretaría copia de Archivo.
LA SECRETARIA
ABOG. YEISLY GINESCA MONTIEL ROA