Sentencia N°: 479-2017
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL SEGUNDO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Con Sede en Maracaibo.
Expediente No. VE31-N-2006-000011
Asunto Antiguo: 7548
MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
PARTE RECURRENTE: El ciudadano LUIS ALBERTO PADRON MONTOYA, titular de la cedula de identidad No. V.-5.709.601
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTETE: El Abogado FERNANDO ARCENIO ROJAS ESCORCIA, inscrito en el Impreabogado bajo el No 31.210
PARTE RECURRIDA: INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA
REPRESENTANTE Y/O APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRIDA: Sin representación debidamente en actas.
En fecha 11 de Septiembre de 1996, se recibió por ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el presente RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, acompañado de anexos, presentado por el ciudadano LUIS ALBERTO PADRON MONTOYA, titular de la cedula de identidad No. V.- 5.709.601, asistido por el abogado FERNANDO ARCENIO ROJAS ESCORCIA, inscrito en el Impreabogado bajo el No 31.210, en contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA.
En fecha 20 de Julio de 2006 fue presentado el expediente ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, procedente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en virtud de la sentencia dictada por esa corte en fecha 17 de abril de 2006. En la misma fecha se le da entrada.
En fecha 28 de Abril de 2017 por designación efectuada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 16 de Diciembre de 2015 la Dra. Helen Nava asume la Rectoría del Juzgado Superior Estadal Segundo contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y con tal carácter se aboca al conocimiento de la causa.
En fecha 28 de abril de 2017 se libro boleta de notificación al ciudadano LUIS ALBERTO PADRON MONTOYA, a los fines de informarle el deber de manifestar su interés en la continuación de causa.
I
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO:
Revisadas las actas que conforman la presente causa, observa esta Juzgadora que la parte accionante el ciudadano LUIS ALBERTO PADRON MONTOYA, titular de la cedula de identidad No. V.- 5.709.601; debidamente representado por su apoderado judicial el abogado FERNANDO ARCENIO ROJAS ESCORCIA, Inscrito en el impreabogado bajo el No.31.210, en fecha 08 de Febrero de 2002 solicito la inspección judicial en el escrito signado con el numero ciento trece (113), siendo ésta la última actuación realizada por la parte actora, el ciudadano LUIS ALBERTO PADRON MONTOYA, en el presente asunto.
Ahora bien, habiéndose abocado quien suscribe, en fecha 28 de Abril de 2017 ,se ordenó librar boleta de notificación al accionante a los fines de que manifestara su interés en la prosecución del presente asunto, materializándose la misma, en fecha 11 de Julio de Dos Mil Diecisiete (2017); y, vencido como se encuentra el lapso concedido para que la parte accionante compareciera a los fines de manifestar su interés en la prosecución del asunto, sin que hasta la presente fecha conste alguna actuación en el expediente tendiente a impulsar la continuación de la causa, pasa esta administradora de justicia a hacer las siguientes consideraciones de derecho para verificar si ha operado el decaimiento de la acción:
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales: 1.- Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el Juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al Juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. 2.- La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de las instituciones no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de la prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que declara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Sentencia (Nº 956, caso Valero-Portillo, bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En la misma sentencia, la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia estableció lo siguiente:
(Omissis)
“…Es cierto que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional. Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumplimiento; pero cuando tal deber se incumple existen los correctivos, que los interesados soliciten se condenen a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207 del Código Penal, a causar denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria o la indemnización por parte del juez o del estado de daños y perjuicios (artículo 838 del Código de Procedimiento Civil y 49 constitucional); y en lo que al juez respecta, además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él. La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del Juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por si o por medio de otro en el archivo del tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído…”
Luego, la Sala Constitucional en esa sentencia distingue la institución procesal de la perención, del decaimiento de la acción por falta de interés procesal. Finalmente, dentro de las distinciones anotadas, también es de sumo interés establecer las diferencias entre suspensión y paralización del procedimiento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil y como una expresión de la facultad directora del proceso a cargo del Juez, si bien es cierto que el Juez debe impulsar de oficio el procedimiento hasta su conclusión, excepto cuando el esté suspendido por algún motivo legal, caso en el cual, el Juez pierde la facultad oficiosa antes anotada, lo que quiere decir que la causa entra en estado de latencia o especie de “sueño invernal”, mientras dure el término legal de suspensión, que verificado, exista o no impulso de las partes, continuará automáticamente, tal como lo prevé el parágrafo primero del artículo 202 ejusdem.
Aplicando la normativa procesal señalada y el precedente vinculante del Máximo Tribunal de la República, en concordancia con las máximas fijadas por la Sala de Casación Civil, debe concluirse, que mal podía esta Juzgadora declarar perimido el presente procedimiento, y a su vez, dictar una sentencia condenatoria en base a las actas procesales, sin que se violentaren todas las formalidades esenciales que integran el debido proceso y el derecho a la defensa.
Es imperioso destacar, que de las actas procesales se desprende a todas luces una falta de interés en la parte accionante; razón por la cual, quien suscribe, debe declarar el decaimiento de la acción en esta instancia. Así se decide.
Ahora bien, en virtud de haber transcurrido Quince (15) años, cinco (05) meses y dos (02) días, desde el momento de la última actuación realizada por la parte actora, hasta la presente fecha, sin que se demostrara interés procesal alguno en dicha causa, este Juzgado Superior, acogiendo el criterio jurisprudencial reiterado por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil, relativo al decaimiento de la acción cuando se trata de falta de interés procesal, considera, que en el caso de autos, ha cesado la amenaza o situación jurídica denunciada en la presente demanda, en virtud de encontrarse la causa sin actividad de las partes por más Seis (06) años.
En atención a lo expuesto, esta Juzgadora observa, que lo procedente es declarar el abandono del trámite o pérdida del interés procesal por inactividad del actor en el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial y, en consecuencia, la terminación del procedimiento, lo que evidentemente, implica el decaimiento de la acción en esta instancia. Así se declara.
En consecuencia, en cumplimiento a los principios constitucionales relativos al debido proceso, el derecho a la defensa, igualdad de las partes, celeridad y economía procesal, previstos en nuestra Carta Magna, así como en nuestro ordenamiento jurídico, y conforme ha sido establecido en sentencia de fecha 14 de febrero de 2002, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (caso Banco Central de Venezuela) y sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de febrero de 2003 (asunto N° 02-0827), mediante las cuales se ha establecido el criterio relativo al decaimiento de la acción por falta de interés e impulso procesal, en virtud de la inactividad indefinida de las partes, deberá declararse la extinción de la acción en esta instancia, por la pérdida de interés en el presente juicio. Así se decide.
II
DISPOSITIVO:
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Segundo en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara CONSUMADO EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el presente RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, interpuesto por el ciudadano LUIS ALBERTO PADRON MONTOYA, titular de la cedula de identidad No. V-.5.722.448, asistido por el Abogado FERNANDO ARCENIO ROJAS ESCORCIA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 31.210, en contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR ESTADAL SEGUNDO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los un (01) días del mes de Julio de Dos Mil Diecisiete (2.017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
La Jueza Titular,
Dra. HELEN NAVA
La Secretaria Temporal,
Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
En la misma fecha y siendo las Diez de la mañana (10:00 a.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 479-2017
La Secretaria Temporal,
Abog. ANNY HERNÁNDEZ.
VE31-N-2006-000011
Asunto Antiguo: 7548
HN/MCU
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