REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución
Cabimas, 14 de Agosto de 2017
207º y 158º
ASUNTO: VP21-J-2017-000723
Nº PJ0102017000971 Sentencia Definitiva.
MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO
SOLICITANTES: NORBELLA JOSEFINA GUTIERREZ y MELVIN MIGUEL MOLINA MATOS, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre si, titulares de las cédulas de identidad Nº V-15.319.361 y V-12.844.386, respectivamente.
ABOGADO(AS) ASISTENTES: ADRIANA RUBIO, MARÍA CARRILLO y ANTONIO ROSALES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 116.549, 261.912 y 85.344, respectivamente.
HIJOS: (CUYOS NOMBRES SE OMITEN DE CONFORMIDAD CON EL ART. 65 DE LA LOPNNA), de quince (15), diez (10) y cuatro (04) años de edad.
PARTE NARRATIVA
Ocurrieron por ante este Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas, en fecha diecinueve (19) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2017), los ciudadanos: NORBELLA JOSEFINA GUTIERREZ y MELVIN MIGUEL MOLINA MATOS, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre si, titulares de las cédulas de identidad Nº V-15.319.361 y V-12.844.386, respectivamente, asistidos por los Abogados en ejercicio ADRIANA RUBIO, MARÍA CARRILLO y ANTONIO ROSALES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 116.549, 261.912 y 85.344, respectivamente, quienes solicitaron se declare disuelto el matrimonio civil que los vincula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del Código Civil, acogiendo al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. 693-15 de fecha 02 de junio del año 2015, alegando que existen diferencias irreconciliables, que impiden la continuación de la vida en común.
Narran los solicitantes que contrajeron Matrimonio Civil en fecha catorce (14) de marzo de dos mil uno (2001) ante el jefe civil de la parroquia Carmen Herrera del municipio Cabimas del Estado Zulia, según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 16, que fijaron su último domicilio conyugal en Sector San Isidro, calle Monagas, casa numero 44B, parroquia Rafael Maria Baralt, municipio Simón Bolívar del estado Zulia, donde habitaron hasta el día Primero (01) de Noviembre del año Dos Mil Dieciséis (2016), cuando la vida conyugal fue interrumpida, que de esa relación procrearon tres (03) hijos ya identificados.
Recibida la anterior solicitud del órgano distribuidor, esta Juez Temporal Primera de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Cabimas, le da entrada en fecha veinte (20) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2017), admitiéndola cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ordenándose la notificación del Representante del Ministerio Público del estado Zulia, haciendo del conocimiento de los solicitantes que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, después de existir constancia en actas de la certificación por parte de la Secretaria de la Notificación ordenada, se procederá a fijar la Audiencia Única prevista en el Artículo 512 de la LOPNNA.
En fecha veintiocho (28) Julio de Dos Mil Diecisiete (2017), se agregó a las actas la Boleta de Notificación de la Fiscal 36° del Ministerio Público del estado Zulia, debidamente firmada.
En fecha treinta y uno (31) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2017), la suscrita Coordinadora de Secretaría de este Circuito Judicial, certificó la Notificación de la Fiscal 36° del Ministerio Público del estado Zulia, procediendo a su respectiva verificación y agregándola a las actas del presente asunto.
En fecha primero (01) de Agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), se fijó para el día once (11) de Agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), la Audiencia Única prevista en el Articulo 512 de la LOPNNA.
Llegada la oportunidad correspondiente, fue celebrada la Audiencia Única prevista en el artículo 512 de la LOPNNA, dejándose constancia de la comparecencia de las partes intervinientes en el presente asunto, quienes manifestaron que en contrajeron matrimonio civil en fecha catorce (14) de marzo de dos mil uno (2001) ante el jefe civil de la parroquia Carmen Herrera del municipio Cabimas del Estado Zulia. Así mismo manifiestan que establecieron su último domicilio conyugal en la siguiente dirección: Sector San Isidro , calle Monagas, casa numero 44B, parroquia Rafael Maria Baralt, municipio Simón Bolívar del estado Zulia, situación que persiste hasta la fecha, por lo cual han decidido no continuar con su relación, todo conforme a la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2.015, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Marchan. Que de la unión matrimonial procrearon tres (03) hijos plenamente identificados en actas, acordándose lo relacionado a las instituciones familiares a favor de las mismas. Asimismo, se dejó constancia de la comparecencia del Representante del Ministerio Público del estado Zulia, quien no formuló objeción con respecto a que este Tribunal provea sobre lo solicitado.
PARTE MOTIVA
Analizadas las declaraciones de los cónyuges y las documentales consignadas, es decir, el acta de matrimonio, las partidas de nacimiento de los hijos procreadas de dicha unión, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los solicitantes, observa éste Juzgador que ambos cónyuges solicitan se declare disuelto el matrimonio civil que los vincula, acogiendo al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. 693-15 de fecha 02 de junio del año 2015, en la cual se interpretó el artículo 185 del Código Civil, alegando imposible la vida en común, debido a las diferencias existentes entre ambos; en tal sentido, observa este Tribunal que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. 693-15 de fecha 02 de junio del año 2015, deja sentado que:
“…vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia Nº 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento… (Subrayado de la Juzgadora).
…Ello así, en atención a lo dispuesto en el artículo 177 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cónyuges cuyos hijos sean menores de edad que de mutuo acuerdo deseen divorciarse, acudirán ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en función de sustanciación y mediación del lugar donde hayan establecido su último domicilio conyugal y, previo acuerdo igualmente, expreso e inequívoco, de las instituciones familiares que les son inherentes, para solicitar y obtener, en jurisdicción voluntaria, una sentencia de divorcio.
Por otra parte, visto que los solicitantes indicaron que la progenitora detentará la custodia de las niñas y/o adolescentes de autos y ambos la patria potestad y la responsabilidad de crianza. En este sentido, este Juzgador considera preciso señalar los artículos 358 y 359 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en cuanto al ejercicio de responsabilidad de crianza los cuales establecen:
“La Responsabilidad de Crianza comprende el deber y derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral…” (Subrayado de este Tribunal)
“El padre y la madre que ejerzan la Patria Potestad tienen el deber compartido, igual e irrenunciable de ejercer la Responsabilidad de Crianza de sus hijos o hijas, y son responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. En caso de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio o de residencias separadas, todos los contenidos de la responsabilidad de Crianza seguirá siendo ejercida conjuntamente por el padre y la madre.
Para el ejercicio de la custodia se requiere el contacto directo con los hijos e hijas y, por tanto deben convivir con quien la ejerza…” (Subrayado nuestro)
Asimismo, por cuanto los solicitantes han manifestado de mutuo consentimiento su deseo de disolver de mutuo acuerdo el vínculo jurídico que los une y que hasta la presente fecha no ha podido ser reanudada como marido y mujer, situación esta que ha conllevado a que ambos ciudadanos soliciten conforme a su derecho a libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva, la disolución de su matrimonio civil y dejando claro previo acuerdo inequívoco de lo relativo a las instituciones familiares que le son inherentes, es decir, custodia y demás contenidos de la responsabilidad de crianza, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar y quienes solicitaron en la audiencia única que sean homologados en beneficio del interés de los hijos de ambos.
En cuanto a la Patria Potestad como atributo de Responsabilidad de Crianza será ejercida por ambos progenitores, ya que es un deber igual e irrenunciable de los Padres de ejercer la responsabilidad de crianza de las hijas procreadas durante la unión matrimonial. Con respecto a la Custodia será ejercida la progenitora NORBELLA JOSEFINA GÚTIERREZ.
En cuanto al régimen de convivencia familiar: El progenitor tendrá un Régimen de Convivencia Familiar con respecto a sus hijos de forma regular, permanente y directo, lo será de la siguiente manera: el padre compartirá con sus menores hijos los fines de semana alternados, materializarse de seis de la tarde (06:00 p.m.) del día viernes del correspondiente fin de semana, hasta las seis de la tarde (06:00 p.m.) del día domingo siguiente. Así mismo disfrutara de forma alternada y equitativa acompañado de sus hijos, los días libres o feriados, carnaval, semana santa, vacaciones escolares, navidad y año nuevo, cuyos momentos a ser iniciados por los progenitores lo establecerán a través de acuerdos personales; cada uno en su casos las fechas determinadas día de la madre y día del padre; y finalmente en cuanto a días u horas de disfrute equitativamente las fechas de cumpleaños de la adolescente y niños en referencia, la perteneciente y aquella nombrada como día del niño.
Advierte este sentenciador que el artículo 386 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, textualmente expresa lo siguiente. “La convivencia familiar puede comprender no sólo el acceso a la residencia del niño, niña o adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto al de su residencia, si se autorizare especialmente para ello al interesado o interesada en la convivencia familiar. Asimismo, pueden comprender cualquier otra forma de contacto entre el niño, niña o adolescente y la persona a quien se le acuerda la convivencia familiar: comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas”.
Con respecto a la Obligación de Manutención: el Padre ciudadano MELVIN MIGUEL MOLINA MATOS, se compromete a suministrar a favor de sus hijos antes nombrados, el equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su salario mensual, lo que representa para el momento de la presentación del requerimiento de divorcio en la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000.00), dicho monto se ejecutara a través de depósitos en efectivo o mediante la modalidad conocida como “trasferencias electrónicas”, a una cuenta de ahorros, perteneciente a la entidad bancaria “PROVINCIAL” signada bajo la nomenclatura 0118-0089-7202-003-3475, donde la ciudadana NORBELIA JOSEFINA GUTIERREZ figura como titular, específicamente los días quince (15) y treinta (30) de cada mes, que en consideración al monto total del momento serian CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) cada vez, entendiéndose su aumento en consideración a dicho porcentaje una vez se produzca algún incremento de salario; además de lo anterior el ciudadano MELVIN MIGUEL MOLINA MATOS se compromete a proporcionar por el mismo medio el equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo percibido mensualmente por el beneficio denominado “ fondo de ahorros”, a materializarse entre los primeros diez (10) días de cada mes. Igualmente el progenitor, se compromete a cubrir a favor de sus hijos el CIEN POR CIENTO (100%) de los gastos elativos a la escolaridad que actualmente desarrollan, a saber: Útiles y Uniformes escolares, así como también el SESENTA POR CIENTO (60%) DE AQUELLOS PROPIOS A La época de navidad y año nuevo, es decir, ROPA Y CALZADO, a cumplirse antes del día quince (15) de diciembre de cada año, ello acompañado del regalo y obsequio que se acostumbra para dicha época, de acuerdo con la capacidad económica del obligado; También el ciudadano MELVIN MIGUEL MOLINA MATOS, se compromete a proporcionar a favor de sus hijos el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto que se le es acreditado regularmente durante el mes de agosto de cada año, como consecuencia del beneficio, denominado “bono vacacional”, dejando expresa constancia el obligado que todo lo relativo al rubro salud, que representa CONSULTAS MEDICAS, MEDICAMENTOS, PRUEBAS DE LABORATOPRIO, HOSPITALIZACION, CIRUGIA, entre otros, es cubierto por la empresa Petróleos de Venezuela S.S (PDVSA) a favor de sus hijos, en virtud de su relación laboral con la misma.
En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 8 que consagra en Principio del Interés Superior del Niño y 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto se evidencia, que tanto la custodia como contenido de la responsabilidad de crianza, la patria potestad, el Régimen de Convivencia Familiar, así como la Obligación de Manutención fijada por las partes de mutuo acuerdo, es acorde a cada una de las necesidades y de los derechos de los niños de autos, entre ellos el derecho a un nivel de vida adecuado, el cual comprende entre otras cosas; alimentación, vestido y vivienda, derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con los padres, derecho a la salud, derecho a la integridad física, mental y espiritual, en consecuencia este Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución, homologa los acuerdos relativos a las instituciones familiares presentados por las partes.
Igualmente consta del acta de Audiencia Única celebrada, que la Representante del Ministerio Público no formuló oposición alguna, con respecto a que este Tribunal provea sobre lo solicitado.
Por tal motivo, se observa que los solicitantes han manifestado de manera inequívoca su interés de disolver su matrimonio civil y se acogen al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia 693-15 de fecha 02 de junio del año dos mil quince (2015) y han quedado garantizadas las instituciones familiares a favor del niño de autos, conforme a lo previsto en artículo 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es por lo que este Tribunal estima pertinente declarar procedente la solicitud de NORBELLA JOSEFINA GÚTIERREZ y MELVIN MIGUEL MOLINA MATOS, venezolanos, cónyuges entre sí, mayores de edad y portadores de las Cédulas de Identidad Nº V-15.319.361 y V-12.844.386, respectivamente, con fundamento al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia 693-15 de fecha 02 de junio del año dos mil quince (2015). Así se decide.
Parte Dispositiva
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara:
a) Con Lugar la solicitud de Divorcio, con fundamento al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia 693-15 de fecha 02 de junio del año dos mil quince (2015), formulada por los ciudadanos: NORBELLA JOSEFINA GÚTIERREZ y MELVIN MIGUEL MOLINA MATOS, venezolanos, cónyuges entre sí, mayores de edad y portadores de las Cédulas de Identidad Nº V-15.319.361 y V-12.844.386, respectivamente.
b) Disuelto EL VÍNCULO MATRIMONIAL que contrajeron los ciudadanos antes mencionados, en fecha catorce (14) de marzo de dos mil uno (2001) ante el jefe civil de la parroquia Carmen Herrera del municipio Cabimas del Estado Zulia, según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 16, expedida por la Autoridad respectiva.
c) En relación a la Custodia, así como también en lo relativo a la Obligación de Manutención y al Régimen de Convivencia Familiar, se acoge a lo acordado por las partes en su solicitud, cuyo contenido queda íntegramente reproducido.
d) HOMOLOGA los acuerdos relativos a las Instituciones Familiares enunciados, dándole el carácter de cosa juzgada por no ser contrario a los intereses del niño de autos, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 351 parágrafo primero de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con lo previsto en los artículos 359, 365 y 386 ejusdem.
No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del proceso.
Se ordena oficiar al Registrador Civil del Municipio Cabimas del estado Zulia y al Registrador Principal del Estado Zulia, bajo los Nº 0981-2017 y 0982-2017, a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia con el artículo 101 del Reglamento Nº 01 de la Ley Orgánica del Registro Civil.
Publíquese, regístrese, ejecútese, expídanse copias certificadas de la presente resolución, déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil, y los numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Expídase copias certificadas a cada parte y devuélvase los documentos originales, previa certificación de los mismos en actas. Se ordena el archivo del presente asunto. Archívese.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Cabimas, a los catorce (14) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
El Juez
Abg. Carlos Luís Morales García.
La Secretaria
Abg. Maria Cristina Torres Jiménez.
En la misma fecha, se dictó y publicó la anterior sentencia definitiva bajo el Nº PJ0102017000971, y se cumplió con lo ordenado.
La Secretaria
Abg. Maria Cristina Torres Jiménez.
CLMG/MCTJ/lg.-
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