TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución.
Cabimas, 10 de agosto de 2017
207º y 158º
ASUNTO: VP21-J-2017-000636
Nº PJ0102017000955 Sentencia Definitiva.
MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO
SOLICITANTES: MARILUIS GUILLEN GIL y EDWIN RAMON CARACHE PIÑA, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre si, titulares de las cédulas de identidad Nº V-12.157.504 y V-7.497.945, respectivamente.
ABOGADO(AS) ASISTENTES: CESAR CABRERA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 114.121.
HIJOS: (CUYOS NOMBRES SE OMITEN DE CONFORMIDAD CON EL ART. 65 DE LA LOPNNA) de dieciséis (16) y trece (13) años de edad.
PARTE NARRATIVA
Ocurrieron por ante este Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas, en fecha veintiséis (26) de Junio de Dos Mil Diecisiete (2017), los ciudadanos: MARILUIS GUILLEN GIL y EDWIN RAMON CARACHE PIÑA, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre si, titulares de las cédulas de identidad Nº V-12.157.504 y V-7.497.945, respectivamente, asistidos por el Abogado en ejercicio CESAR CABRERA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 114.121, quienes solicitaron se declare disuelto el matrimonio civil que los vincula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del Código Civil, acogiendo al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. 693-15 de fecha 02 de junio del año 2015, alegando que existen diferencias irreconciliables, que impiden la continuación de la vida en común.
Narran los solicitantes que contrajeron Matrimonio Civil en fecha trece (13) de Noviembre del Dos Mil Cuatro (2004), ante la Primera Autoridad Civil y su Secretario de la Parroquia Libertad del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 80, que fijaron su último domicilio conyugal en urbanización Tamare, sector Andrés Bello, avenida 38, casa 37, Parroquia Libertad, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, donde habitaron hasta el día Quince (15) de Diciembre del año Dos Mil Once (2011), cuando la vida conyugal fue interrumpida, que de esa relación procrearon un (02) hijas ya identificados.
Recibida la anterior solicitud del órgano distribuidor, esta Juez Temporal Primera de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Cabimas, le da entrada en fecha veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Diecisiete (2017), admitiéndola cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ordenándose la notificación del Representante del Ministerio Público del estado Zulia, haciendo del conocimiento de los solicitantes que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, después de existir constancia en actas de la certificación por parte de la Secretaria de la Notificación ordenada, se procederá a fijar la Audiencia Única prevista en el Artículo 512 de la LOPNNA.

En fecha siete (07) Julio de Dos Mil Diecisiete (2017), se agregó a las actas la Boleta de Notificación de la Fiscal 36° del Ministerio Público del estado Zulia, debidamente firmada.
En fecha diecisiete (17) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2017), la suscrita Coordinadora de Secretaría de este Circuito Judicial, certificó la Notificación de la Fiscal 36° del Ministerio Público del estado Zulia, procediendo a su respectiva verificación y agregándola a las actas del presente asunto.
En fecha dieciocho (18) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2017), se fijó para el día cuatro (04) de Agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), la Audiencia Única prevista en el Articulo 512 de la LOPNNA.
Llegada la oportunidad correspondiente, fue celebrada la Audiencia Única prevista en el artículo 512 de la LOPNNA, dejándose constancia de la comparecencia de las partes intervinientes en el presente asunto, quienes manifestaron que en contrajeron matrimonio civil en fecha Trece (13) de Noviembre de 2004, por ante la Primera Autoridad Civil y su Secretario de la Parroquia Libertad del Municipio Lagunillas del Estado Zulia. Así mismo manifiestan que establecieron su último domicilio conyugal en la siguiente dirección: Urbanización Tamare , sector Andres Bello, avenida 38, casa 37, Parroquia Libertad, del Municipio Lagunillas del Estado Zulia; donde habitaron hasta que su vida conyugal fue interrumpida en fecha Quince (15) de Diciembre del año 2011, situación que persiste hasta la fecha, por lo cual han decidido no continuar con su relación, todo conforme a la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 02 de junio de 2.015, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Marchan. Que de la unión matrimonial procrearon dos (02) hijas plenamente identificadas en actas, acordándose lo relacionado a las instituciones familiares a favor de las mismas. Asimismo, se dejó constancia de la comparecencia del Representante del Ministerio Público del estado Zulia, quien no formuló objeción con respecto a que este Tribunal provea sobre lo solicitado.
PARTE MOTIVA
Analizadas las declaraciones de los cónyuges y las documentales consignadas, es decir, el acta de matrimonio, las partidas de nacimiento de las hijas procreadas de dicha unión, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los solicitantes, observa éste Juzgador que ambos cónyuges solicitan se declare disuelto el matrimonio civil que los vincula, acogiendo al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. 693-15 de fecha 02 de junio del año 2015, en la cual se interpretó el artículo 185 del Código Civil, alegando imposible la vida en común, debido a las diferencias existentes entre ambos; en tal sentido, observa este Tribunal que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. 693-15 de fecha 02 de junio del año 2015, deja sentado que:
“…vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia Nº 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento… (Subrayado de la Juzgadora).

…Ello así, en atención a lo dispuesto en el artículo 177 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cónyuges cuyos hijos sean menores de edad que de mutuo acuerdo deseen divorciarse, acudirán ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en función de sustanciación y mediación del lugar donde hayan establecido su último domicilio conyugal y, previo acuerdo igualmente, expreso e inequívoco, de las instituciones familiares que les son inherentes, para solicitar y obtener, en jurisdicción voluntaria, una sentencia de divorcio.
Por otra parte, visto que los solicitantes indicaron que la progenitora detentará la custodia de las niñas y/o adolescentes de autos y ambos la patria potestad y la responsabilidad de crianza. En este sentido, este Juzgador considera preciso señalar los artículos 358 y 359 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en cuanto al ejercicio de responsabilidad de crianza los cuales establecen:
“La Responsabilidad de Crianza comprende el deber y derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral…” (Subrayado de este Tribunal)
“El padre y la madre que ejerzan la Patria Potestad tienen el deber compartido, igual e irrenunciable de ejercer la Responsabilidad de Crianza de sus hijos o hijas, y son responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. En caso de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio o de residencias separadas, todos los contenidos de la responsabilidad de Crianza seguirá siendo ejercida conjuntamente por el padre y la madre.
Para el ejercicio de la custodia se requiere el contacto directo con los hijos e hijas y, por tanto deben convivir con quien la ejerza…” (Subrayado nuestro)
Asimismo, por cuanto los solicitantes han manifestado de mutuo consentimiento su deseo de disolver de mutuo acuerdo el vínculo jurídico que los une y que hasta la presente fecha no ha podido ser reanudada como marido y mujer, situación esta que ha conllevado a que ambos ciudadanos soliciten conforme a su derecho a libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva, la disolución de su matrimonio civil y dejando claro previo acuerdo inequívoco de lo relativo a las instituciones familiares que le son inherentes, es decir, custodia y demás contenidos de la responsabilidad de crianza, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar y quienes solicitaron en la audiencia única que sean homologados en beneficio del interés de los hijos de ambos.
En cuanto a la Patria Potestad como atributo de Responsabilidad de Crianza será ejercida por ambos progenitores, ya que es un deber igual e irrenunciable de los Padres de ejercer la responsabilidad de crianza de las hijas procreadas durante la unión matrimonial. Con respecto a la Custodia será ejercida la progenitora MARILUIS GUILLEN DE CARACHE.
En cuanto al régimen de convivencia familiar: El progenitor mantiene contacto directo y permanente con sus hijas, ya que ambos progenitores en interés y total respeto de sus derechos, de mutuo y común acuerdo hemos convenido, que la misma será ejercida de la siguiente manera: El progenitor compartirá con sus hijas los días de semana que mutuo acuerdo se fijen así como los fines de semana, buscándolos en la semana en los días acordados y el sábado a las 8:00am y regresándolos a mas tardar a las 8:00pm del mismo día, pudiendo pernoctar las hijas con el progenitor cuando ambos padres estén de acuerdo. El progenitor compartirá con sus hijos los días festivos, bien sean, regionales o nacionales, buscándolos a las 8:00am y retornándolos al domicilio de la progenitora a más tardar las 9:00pm del mismo día. En las festividades de carnaval y semana santa compartirán de manera alterna con cada progenitor. En

temporada de vacaciones escolares la mitad serán compartidas con la progenitora y la otra mitad de las vacaciones con el progenitor, dejando la primera mitad para la progenitora y la segunda mitad para el progenitor y será de forma alterna cada año, pudiendo incluso planificar viajes solo dentro de las jurisdicción del país. El día del padre, día del cumpleaños del padre lo compartirán con el progenitor y el día de la madre y cumpleaños de la madre lo compartirán con la progenitora. El día de cumpleaños de los hijos compartirán con ambos progenitores de la siguiente manera desde las 8:00am hasta la 1:00pm con el progenitor y desde la 1:30 hasta las 9:00pm con la progenitora de forma alternada.
Advierte este sentenciador que el artículo 386 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, textualmente expresa lo siguiente. “La convivencia familiar puede comprender no sólo el acceso a la residencia del niño, niña o adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto al de su residencia, si se autorizare especialmente para ello al interesado o interesada en la convivencia familiar. Asimismo, pueden comprender cualquier otra forma de contacto entre el niño, niña o adolescente y la persona a quien se le acuerda la convivencia familiar: comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas”.
Con respecto a la Obligación de Manutención y con la finalidad de sufragar las necesidades alimentarías de nuestras hijas, el progenitor EDWIN RAMON CARACHE PIÑA, asume el mismo, aportando en especies dicho concepto y por lo tanto para ello estima la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00) mensuales. En cuanto a las Utilidades anuales el progenitor se compromete a depositar la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) para las dos (2) Hijas. Por concepto de vacaciones anuales, es decir, para el mes de Agosto de cada año, el progenitor se compromete a realizar de Dos veces al año (en los meses de Junio y Diciembre) Una compra de vestimenta y enceres acorde con sus edades y a consignar las facturas de las mismas para las Dos hijas. El progenitor se compromete a regalar un obsequio para cada hija en Navidad. El progenitor se compromete a cubrir el Cincuenta por Ciento (50%) de los gastos médicos que no cubra el seguro de la empresa para los hijos, siendo el otro CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante cubierto por la progenitora.
En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 8 que consagra en Principio del Interés Superior del Niño y 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto se evidencia, que tanto la custodia como contenido de la responsabilidad de crianza, la patria potestad, el Régimen de Convivencia Familiar, así como la Obligación de Manutención fijada por las partes de mutuo acuerdo, es acorde a cada una de las necesidades y de los derechos de los niños de autos, entre ellos el derecho a un nivel de vida adecuado, el cual comprende entre otras cosas; alimentación, vestido y vivienda, derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con los padres, derecho a la salud, derecho a la integridad física, mental y espiritual, en consecuencia este Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución, homologa los acuerdos relativos a las instituciones familiares presentados por las partes.
Igualmente consta del acta de Audiencia Única celebrada, que la Representante del Ministerio Público no formuló oposición alguna, con respecto a que este Tribunal provea sobre lo solicitado.
Por tal motivo, se observa que los solicitantes han manifestado de manera inequívoca su interés de disolver su matrimonio civil y se acogen al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia 693-15 de fecha 02 de junio del año dos mil quince (2015) y han quedado garantizadas las instituciones familiares a favor del niño de autos, conforme a lo previsto en artículo 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es por lo que este Tribunal estima pertinente declarar procedente la solicitud de MARILUIS GUILLEN GIL y EDWIN RAMON CARACHE PIÑA, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre si, titulares de las cédulas de identidad Nº V-12.157.504 y V-7.497.945, respectivamente, con fundamento al

criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia 693-15 de fecha 02 de junio del año dos mil quince (2015). Así se decide.
Parte Dispositiva
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara:
a) Con Lugar la solicitud de Divorcio, con fundamento al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia 693-15 de fecha 02 de junio del año dos mil quince (2015), formulada por los ciudadanos: MARILUIS GUILLEN GIL y EDWIN RAMON CARACHE PIÑA, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre si, titulares de las cédulas de identidad Nº V-12.157.504 y V-7.497.945, respectivamente.
b) Disuelto EL VÍNCULO MATRIMONIAL que contrajeron los ciudadanos antes mencionados, en fecha Trece (13) de Noviembre de 2004, por ante la Primera Autoridad Civil y su Secretario de la Parroquia Libertad del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 80, expedida por la Autoridad respectiva.
c) En relación a la Custodia, así como también en lo relativo a la Obligación de Manutención y al Régimen de Convivencia Familiar, se acoge a lo acordado por las partes en su solicitud, cuyo contenido queda íntegramente reproducido.
d) HOMOLOGA los acuerdos relativos a las Instituciones Familiares enunciados, dándole el carácter de cosa juzgada por no ser contrario a los intereses del niño de autos, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 351 parágrafo primero de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con lo previsto en los artículos 359, 365 y 386 ejusdem.
No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del proceso.
Se ordena oficiar al Registrador Civil del Municipio Lagunillas del estado Zulia y al Registrador Principal del Estado Zulia, bajo los Nº 0969-2017 y 0970-2017, a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia con el artículo 101 del Reglamento Nº 01 de la Ley Orgánica del Registro Civil.
Publíquese, regístrese, ejecútese, expídanse copias certificadas de la presente resolución, déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil, y los numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Expídase copias certificadas a cada parte y devuélvase los documentos originales, previa certificación de los mismos en actas. Se ordena el archivo del presente asunto. Archívese.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Cabimas, a los diez (10) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
El Juez

Abg. Carlos Luís Morales García.
La Secretaria

Abg. Maria Cristina Torres Jiménez.

En la misma fecha, se dictó y publicó la anterior sentencia definitiva bajo el Nº PJ0102017000955, y se cumplió con lo ordenado.

La Secretaria

Abg. Maria Cristina Torres Jiménez.
CLMG/MCTJ/lg.-