República Bolivariana de Venezuela
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con funciones de Ejecución y Transición
Asunto: VI31-V-2013-000155
Causa: OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN
Demandante: ANDRÉA DE LOS ANGELES ALMARZA FERRER
Demandado: YONS LUIS NAVA PARRA
PARTE NARRATIVA
Consta de actas que la ciudadana ANDREA DE LOS ANGELES ALMARZA FERRER, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-17.181.310, asistida por el abogado ENRIQUE CRUZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.127.102, intentó demanda de OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, en contra del ciudadano YONS LUIS NAVA PARRA, venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad No. V-14.545.585, a favor de su hijo (Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente).
Dicha demanda fue admitida mediante auto de fecha 26 de septiembre de 2013, dictado por la suprimida Sala de Juicio-Juez Unipersonal No. 02 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ordenándose: a. la citación del ciudadano YONS LUIS NAVA PARRA; b. la comparecencia de ambas partes a fin de celebrar la conciliación. c. La notificación del Fiscal Especializado del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. d. Se dejó constancia de las pruebas documentales acompañadas; e. Se ordenó oficiar al departamento de personal del Hospital I Isla de Toas a fin de que remitieran capacidad económica del demandado de autos.
Asimismo, en virtud de la solicitud de medidas preventivas, en fecha 26 de septiembre de 2013, se ordenó abrir cuaderno separado de medidas otorgándole la misma numeración que la pieza principal y se decretó medida de embargo provisional a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación de manutención a que se contrae le presente procedimiento ordenándose retener el cien por ciento (100%) de las prestaciones sociales y fideicomiso que le puedan corresponder al demandado de autos en caso de culminación de la relación laboral como obrero contratado del Hospital I Isla de Toas adscrito al Ministerio del poder Popular para la Salud.
Consta que en fecha 16 de octubre de 2013, fue agregada a las actas la boleta de notificación del Fiscal Especializado del Ministerio Público.
En auto de fecha 29 de julio de 2014, la suprimida Sala de Juicio-Juez Unipersonal No. 02 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes habilitó el tiempo necesario por cuanto en fecha 30 de septiembre de 2009, por resolución No. 2009-00045-A emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, fue suprimida la Sala de Juicio del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con Sede en Maracaibo, así como la Juez Unipersonal No. 2, y creado el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y de la revisión del expediente se desprende que su estado procesal se encuentra en Régimen Procesal Transitorio, se remitió el presente asunto a la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos (URDD).
En auto de esta misma fecha 06 de abril de 2017, esta Jueza Primera de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación con funciones de Ejecución y Transición del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Sede Maracaibo se abocó al conocimiento de la presente causa.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado por la parte demandante desde el dieciséis (16) de octubre de dos mil tres (2013) discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
De la lectura del artículo anterior se puede colegir claramente que toda instancia se extingue por el transcurso de un año (01) sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de impulso procesal por las partes.
El efecto de la perención es la extinción del proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos y las pruebas que resulten de los autos continuaran teniendo plena validez. La perención solo pone fin al proceso, el cual no continuara adelante a partir de la declaratoria de la misma.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley N°. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es por que no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”
Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
De los artículos antes transcritos, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha realizado ninguna actuación procesal desde el dieciséis (16) de octubre de dos mil tres (2013), fecha en la cual fue agregada a las actas procesales la notificación del Fiscal Especializado del Ministerio Público, de un simple computo de desprende que hubo inactividad procesal por un (01) año, en consecuencia por las razones antes expuestas, se evidencia que el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal; en consecuencia esta Juzgadora debe declarar la perención de la instancia. ASÍ SE DECIDE.
En consecuencia, deben suspenderse la medida preventiva decretada en el presente proceso por la extinta Sala de Juicio-Juez Unipersonal No. 02 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en fecha 26 de septiembre de 2013, relativas a: el cien por ciento (100%) de las prestaciones sociales y fideicomiso que le puedan corresponder al demandado de autos ciudadano YONS LUIS NAVA PARRA en caso de culminación de la relación laboral como obrero contratado del Hospital I Isla de Toas adscrito al Ministerio del poder Popular para la Salud. ASÍ SE DECIDE.-
PARTE DISPOSITIVA
DECISIÓN
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con funciones de Ejecución y Transición del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
• CONSUMADA LA PERENCION Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente demanda de OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN intentada por la ciudadana ANDREA DE LOS ANGELES ALMARZA FERRER, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-17.181.310, en contra de los ciudadanos YONS LUIS NAVA PARRA, venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad No. V-14.545.585.
• SUSPENDIDA la medida preventiva decretada en el presente proceso por la extinta Sala de Juicio-Juez Unipersonal No. 02 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en fecha 26 de septiembre de 2013, relativas a: el cien por ciento (100%) de las prestaciones sociales y fideicomiso que le puedan corresponder al demandado de autos ciudadano YONS LUIS NAVA PARRA en caso de culminación de la relación laboral como obrero contratado del Hospital I Isla de Toas adscrito al Ministerio del poder Popular para la Salud.
No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese. Regístrese. Notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala N° 02 del Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación con funciones de Ejecución y Transición, del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo, a los siete (07) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2.017). 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
La Jueza
Dra. Inés Hernández Piña
La Secretaria,
Abg. Lorenys Portillo Albornoz
En la misma fecha, se publicó la presente sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva en el Sistema Juris 2000, quedando registrada bajo el Nº 808 La secretaria.
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