TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior Segundo Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis
206º y 157º

ASUNTO : VE31-N-2014-000006

MOTIVO: CONTENIDO PATRIMONIAL.

PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., domiciliada en la ciudad de Caracas, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha, 16 de Noviembre de 1978, bajo el número 26, Tomo 127-A-Segundo.

APODERADA JUDICIAL DEL DEMANDANTE: La Abogada en ejercicio KATTY URDANETA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 73.500.

PARTE DEMANDADA: ALIANZA DE PRODUCCIÓN SOCIAL PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE FLUJO 6-7.

REPRESENTANTE Y/O APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO: SIN REPRESENTACIÓN JUDICIAL ACREDITADA EN AUTOS.

NARRATIVA:

En fecha, veinticuatro (24) de Abril de Dos Mil Catorce (2.014) se recibió por ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia la presente Demanda por CONTENIDO PATRIMONIAL acompañado de anexos, presentado por la Abogada KATTY URDANETA, titular de la Cédula de Identidad número 12.136.762, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 73.500, en su condición de Apoderada Judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL PDVSA PETRÓLEO, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha, 16 de Noviembre de 1978, bajo el número 26, Tomo 127-A-Segundo, en contra de la ALIANZA DE PRODUCCIÓN SOCIAL PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE FLUJO 6-7, mediante el cual se le impone el pago por conceptos de: Anticipo No Amortizado; Intereses moratorios y Pena por Retardo en la Entrega del Servicio. (folios 1 al 21 inclusive).

Seguidamente, en fecha, cinco (5) de Mayo de Dos Mil Catorce (2.014) el Juzgado a-quo le dio entrada y ordenó formar expediente con la numeración correspondiente, acordando pronunciarse sobre su admisión mediante auto separado, y aperturar una pieza separada la cual se denominará Pieza de Anexos . (folio 22).

Por resolución dictada, en fecha, siete (7) de Julio de Dos Mil Catorce (2.014), el a-quo se declaró incompetente para conocer la presente causa y declina la competencia ante las Cortes Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Caracas, en virtud que por la disposición Transitoria de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo no han sido creados los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. (folios 23 al 27 inclusive).

Seguidamente, mediante diligencia suscrita, en fecha, veintisiete (27) de Octubre de Dos Mil Catorce (2.014) por la abogada KATTY URDANETA, ésta Solicitó la devolución de originales que corren insertos al presente expediente, en la misma fecha se le dio entrada y se agregó. Así mismo, por diligencia separada la supra mencionada abogada se da por notificada de la sentencia dictada en fecha, 07 de Julio. (folios 28 al 30 inclusive).

Posteriormente, mediante auto de fecha, treinta (30) de octubre de Dos Mil Catorce (2.014), el Juzgado a-quo ordenó la devolución de los documentos originales solicitados y se certificaron las copias que sustituirán los mismos. (folio 31)

En fecha, quince (15) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2.014), se devolvieron los originales conforme fue proveído en fecha 30 de octubre. (folio 32).

En fecha, dos (02) de Junio de Dos Mil Quince (2.015), se remite el presente expediente, mediante oficio librado en la misma fecha, signado con el número 925-15 a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo con Sede en Caracas. (folios 33 y 34).

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO:

Revisadas las actas que conforman la presente causa, observa esta Juzgadora que la parte accionante en la persona de su apoderada judicial, abogada KATTY URDANETA; quien desde el día el día Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2.014), fecha en la cual retira los originales solicitados mediante diligencia de fecha veintisiete (27) de octubre del mismo año; sin evidenciar el impulso por parte de la precitada abogada a los fines de la remisión mediante oficio a las Cortes Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Caracas, conforme fue dispuesto mediante sentencia dictada en fecha, 07 de Julio de 2.014; se decretara la perención de la instancia por no constatarse actuación alguna tendiente al impulso de la causa por parte de la recurrente por mas de un (1) año, pasa esta operadora de justicia a hacer las siguientes consideraciones de derecho para verificar si ha operado la perención de la instancia:

Establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 41, lo que a continuación se reproduce:

“Artículo 41: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas”.

Concatenado con lo anterior, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 267 en concordancia con el artículo 269 ejusdem prevé:

“Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (…)”

“Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.

La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de tiempo de al menos un año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia derogada y aplicada por ser la norma vigente para la fecha, dispositivo que ad pedem literae establecía:

“La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia.”

La redacción de ésta norma fue considerada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 5 de agosto de 2004, caso: Consejo Legislativo del Estado Aragua, como contradictoria y de imposible entendimiento por establecer la misma, en primer término, una consecuencia jurídica “declarar consumada la perención, como consecuencia de la verificación del supuesto de hecho previamente establecido en el dispositivo normativo, cual es la existencia de causas que hayan estado paralizadas por mas de un (1) año, antes de la presentación de los informes”, y en segundo lugar, la orden de cumplir “otras actividades a continuación que hacen absolutamente inoperante a la norma y en consecuencia a la institución de la perención en las causas seguidas ante este Supremo Tribunal”. (negrillas del Tribunal)

En el mismo fallo expresó dicha Sala, que la mencionada disposición legal, en los términos en los cuales fue redactada, colide con la “necesaria celeridad que debe informar al proceso, así como la prohibición de dilaciones indebidas establecidas en la constitución”. (negrillas de quien suscribe)

Con base en tales alegatos, concluyó desaplicando para el caso en concreto por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, acordando aplicar supletoriamente para el caso que ante ésta se ventilaba, el artículo 267 ejusdem, por considerar que el mismo regula adecuada y convenientemente la institución de la perención.

Así mismo, la Sala Político Administrativa en sentencia Nº 00249 dictada el 24 de marzo de 2010, ha establecido lo siguiente:

“Se trata así del cumplimiento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por las cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso de un (1) año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 669 del 13 de marzo de 2006, caso: C.A. CONDUVEN).

Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, se entiende como acto de procedimiento aquel que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, bien que sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, se requiere igualmente que revele su propósito de impulsar o activar la misma. De modo que, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad de realizar alguna actuación en el proceso. (Vid. Sentencia Nro. 2.673 dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001., caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.; entre otras) (…)”

El autor patrio Arístides Rengel Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II. Pág. 372-373, afirma lo siguiente:

“Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad esta referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisa de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitro de los órganos del Estado la extinción del proceso (…)

La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisa de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el termino de un año (…)”

En armonía con lo anterior, constata esta sentenciadora una vez examinadas las actas que componen el presente expediente, que en la presente causa no se constata desde la indicada fecha, actuación alguna que evidenciara el interés de las partes en la prosecución del presente juicio.

Siendo ello así, al verificarse que no existe actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, durante un lapso mayor a un (1) año, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativa, resulta forzoso para esta Juzgadora declarar de oficio la perención de la instancia. Así se decide.

DISPOSITIVO:

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Se declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en la presente Demanda de CONTENIDO PATRIMONIAL, presentada por la Abogada KATTY URDANETA, titular de la Cédula de Identidad número 12.136.762, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 73.500, en su condición de Apoderada Judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL PDVSA PETRÓLEO, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha, 16 de Noviembre de 1978, bajo el número 26, Tomo 127-A-Segundo, en contra de la ALIANZA DE PRODUCCIÓN SOCIAL PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE FLUJO 6-7, mediante el cual se le impone el pago por conceptos de: Anticipo No Amortizado; Intereses moratorios y Pena por Retardo en la Entrega del Servicio.

SEGUNDO: Se ordena notificar de la presente decisión a las partes interesadas en la presente causa. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO ESTADAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los diecinueve (19) días del mes de Septiembre de Dos Mil Dieciséis (2.016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

La Jueza Titular,

Dra. HELEN NAVA DE URDANETA.
La Secretaria,

Abog. SOFÍA CASTILLO.

En la misma fecha y siendo las once antes meridiem (11:00 a.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 027-2016.

La Secretaria,

Abog. SOFÍA CASTILLO.

HN/SC/jagb
VE31-N-2014-000006
Asunto Antiguo: 15.198