REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS Maturín, 22 de septiembre de 2016 206° y 157° N° de Expediente: NP11-L-2014-001127 PARTE ACTORA: VICTOR GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 17.172.837 y de este domicilio. ABOGADA PARTE DEMANDANTE: JUANA FARRERA inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 104.348 PARTE DEMANDADA: AZIMUT SERVICIOS C.A APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: HENRY BORGES, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 63.323 MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS Vista la diligencia presentada por las partes en la presente causa, cursante a los folios doscientos cuatro al doscientos diez (f. 204-210), ambos inclusive, donde se deja constancia del acuerdo al que llegaron y el pago realizado por la accionada al demandante VICTOR GONZALEZ ya identificado, por la cantidad total de CUARENTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 40.000,00), por prestaciones sociales y demás conceptos laborales demandados en la presente causa; este Juzgado antes de impartir su homologación precisa necesario realizar las siguientes consideraciones: La transacción es por definición un contrato por medio del cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual (artículo 1713 del código Civil); el convenimiento en cambio, es un acto unilateral del demandado mediante el cual se aviene o conforma con la pretensión del demandante, sin alterar los pedimentos del libelo de la demanda. Y la homologación es un acto complementario y que por definición es la confirmación judicial que otorga el Funcionario competente a determinados actos de las partes con la finalidad de darles firmeza, y eventualmente, el carácter de cosa juzgada. Ahora bien, para que la transacción tenga validez y sea legal, la misma debe cumplir con los requisitos legales, tal y como lo dispone el aparte in fine del numeral 2. Artículo 89 Constitucional, a saber: “… Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.” Es indispensable tener presente que las disposiciones de las leyes del trabajo, por su naturaleza y por el bien jurídico que se quiere tutelar, son de orden público y por tanto, son irrenunciables por convenios entre partes; y este principio de irrenunciabilidad se aplica tanto a los derechos derivados del contrato individual como de los contratos colectivos; siendo que este principio acarrea la nulidad de cláusulas contractuales o convenios que desconozcan o menoscaben los beneficios y garantías de la Ley a favor de los trabajadores. Así, el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras dispone: Irrenunciabilidad de los derechos laborales Artículo 19. En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras. Las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo pactado. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo en sede administrativa o judicial garantizarán que la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales. En el caso del acuerdo transaccional que ocupa a este Tribunal, del texto de la misma se evidencia que las partes hicieron un señalamiento expreso del juicio existente entre ellas, contenido en el Expediente Nº NP11-L-2014-001127, llevado por ante los Tribunales del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, se observa igualmente que el demandante VICTOR GONZALEZ estuvo asistido por su co-apoderada judicial abogada JUANA FARRERA, ya identificada, al momento de recibir la cantidad acordada, que tiene capacidad y actuó libre de constreñimiento, aceptando los cheques librados a su favor No Endosables, y que fueron recibidos por el propio demandante a su plena satisfacción cumpliéndose así el requisito legal de la capacidad y voluntad del accionante; por lo que de la revisión se observa el cumplimiento de los extremos legales exigidos. En consecuencia, vista la diligencia presentada por las partes, dándole estricto acatamiento a lo dispuesto en el Artículo 89, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Artículos 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley imparte su aprobación, homologación y ordena tenerlo como sentencia pasada en autoridad de Cosa Juzgada. En consecuencia se da por terminado el presente juicio, y se ordena el archivo del expediente. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA.- Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, a los veintidós (22) día del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016). Año 206º de la Independencia y 157º de la Federación. La Jueza, Abg. Yuiris Gómez Zabaleta Secretario (a), En esta misma fecha siendo la 09:50 a.m., se registró y publicó la anterior sentencia. Conste.- Secretario (a),