JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA EXP. 3305-10 Cursa ante este Tribunal formal demanda por COBRO DE BOLÍVARES POR VÍA DE INTIMACIÓN presentada por la abogada en ejercicio YENIFER PEREZ FLORES, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 132.926, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Asociación Civil BONILLA & ASOCIADOS, domiciliada en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, debidamente inscrita en el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, el día 10 de febrero de 2005, anotado bajo el No. 21, Tomo 10, Protocolo 1°, según consta de poder judicial otorgado por ante la Notaría Pública Cuarta de Maracaibo, el día 12 de enero de 2010, bajo el No. 18, Tomo 3, de los libros respectivos. La anterior demanda fue incoada en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA JAN C.A., domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, inscrita ante el Registro Mercantil Tercero en fecha 25 de abril de 1989, quedando anotada bajo el No. 49, Tomo 2-A, representada por su Presidente MANUEL ANTONIO ARANGUREN, venezolano, titular de la cédula de identidad No. V- 3.924.824, domiciliado en esta misma Ciudad y Municipio. Admitida dicha pretensión, por auto de fecha 10 de marzo de 2010, se ordenó la intimación de la parte demandada, para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su intimación compareciera ante este Tribunal a los fines de hacer efectivo el pago de la suma reclamada o, en caso contrario, procediera a formular oposición de acuerdo a lo establecido en el artículo 647 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, en fecha 23 de marzo de 2010, la parte actora mediante diligencia señaló el domicilio procesal de la parte demandada. En este sentido, en fecha 9 de abril de 2010, el Alguacil de este Juzgado recibió de la apoderada judicial de la parte actora los emolumentos necesarios para practicar la intimación de la parte demandada, previa expedición de los recaudos de citación. Establecidas de esta manera las actuaciones contenidas en este expediente, y visto que con posterioridad a la última de las indicadas, no consta en actas ningún otro acto procesal, esta Juzgadora se aprehende del conocimiento de la presente causa, en virtud de haber sido convocada como Jueza Suplente de este Tribunal por la Rectoría de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, siendo juramentada y efectuando la toma de posesión del mismo en fecha 29 de julio de 2016; con base a lo cual, procede a efectuar las siguientes consideraciones en el caso sub examine. En efecto, se evidencia de actas que desde la fecha en la que el Alguacil de este Juzgado expuso haber recibido los emolumentos necesarios para practicar la citación de la parte demandada, es decir, el día 9 de abril de 2010, no se ha producido ninguna otra actuación procesal en la presente causa, lo que amerita del Juez como Director del proceso, la necesidad de examinar y determinar la eventual extinción del juicio por la inactividad prolongada en el tiempo. En tal sentido, es oportuno destacar que la perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es oficioso, cuando no se cumpla, aquél debe estar listo a intentarlo a fin de que el proceso no se detenga, lográndose así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, de tal modo que el proceso adquiera una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del mismo. De tal manera, que la actitud negativa u omisiva de la parte actora en cuanto a la instrucción del proceso, produce la perención de la instancia o extinción del mismo, cuando dentro de los lapsos procesales y plazos preestablecidos, no cumple con las cargas que le impone la ley o se mantiene en un estado de inactividad tal que hace presumir que no tiene interés en que se administre justicia. Ahora bien, nuestro legislador patrio estatuye en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la figura de la perención, con la finalidad de castigar la conducta omisiva antes referida y sancionar la desidiosa falta de interés impulsivo de juicios, obligación esta que irremediablemente tienen atribuida las partes contendientes, la cual deben cumplir, por ser los principales interesados en la solución de cada caso o necesidad justiciable. En este sentido, el encabezamiento del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…”; lo cual opera ope legis, es decir, se produce en el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la Ley, sin que las partes ni el Juez puedan renunciar a ella o convalidar la misma. Así se tiene, que la jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas, entraña una renuncia a continuar en la instancia, y como es sabido, en el proceso civil venezolano, la marcha del juicio hacia su fin se obtiene mediante la realización oportuna de los actos procesales que determina la Ley. Por ello, las partes se encuentran obligadas en la realización de ciertas cargas procesales, de las cuales tienen que liberarse oportunamente para obtener ventajas en el proceso; de tal manera que es el propio interés de las partes el que les mueve a realizar los actos dentro de los lapsos establecidos. A tales efectos, se evidencia que habiéndose pagado los emolumentos al Alguacil de este Tribunal, para la citación de la parte accionada, lo que determina la interrupción de la perención breve de la instancia, surgió desde entonces para la parte actora, el deber de ser diligente en el proceso, en el sentido de mantener su interés conforme al principio dispositivo, y efectuar las actuaciones necesarias para impulsar la causa hacia la fase de sentencia, lo cual denota un abandono o desinterés en el juicio que constituye a su vez, una presunción de inactividad procesal. En consecuencia, visto que en el presente caso ha transcurrido desde el día 9 de abril de 2010 hasta la presente fecha, un lapso superior a seis (6) años, sin que la parte actora haya impulsado o mostrado algún interés en la prosecución del juicio, concluye esta Juzgadora que opera de pleno derecho la perención anual de la instancia. En derivación, una vez establecido que la causa in examine se encuentra inmersa en los supuestos establecidos en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este órgano jurisdiccional declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y por ende, extinguido el proceso. ASÍ SE DECIDE. DECISIÓN Por todas las razones antes expuestas, este JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CONSUMADA LA PERENCIÓN ANUAL y en consecuencia, EXTINGUIDO EL PROCESO, seguido por la Asociación Civil BONILLA & ASOCIADOS, en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA JAN C.A. No hay condenatoria en costas, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Dada, firmada y sellada en la sede del JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2016. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación. LA JUEZA SUPLENTE Dra. BERTHA ELENA CARRILLO POLO EL SECRETARIO TITULAR MgSc. ALANDE BARBOZA CASTILLO En la misma fecha, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), se dictó y publicó el fallo interlocutorio que antecede, bajo el No. 052-2016. El Secretario BECP/ABC/AP