TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN

Cabimas, 16 de Septiembre de 2016
206º y 157º
ASUNTO: VP21-V-2011-000548
SENTENCIA INTER.: Nº PJ0122016000979
MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO

PARTE DEMANDANTE: YAMILE COROMOTO FERNANDEZ DE CASTELLANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.407.870.

ABOGADA ASISTENTE: YULEIMA VILLARREAL, inpreabogado N° 112.821.

PARTE DEMANDADA: CARLOS ALBERTO CASTELLANO SEGOVIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.328.344.

JOVENES: SE OMITEN DE CONFORMIDAD CON EL ART. 65 DE LA LOPNNA, actualmente de veintiún (21) y dieciocho (18) años de edad respectivamente.

PARTE NARRATIVA
Se inicia la presente causa en fecha veinte (20) de julio de dos mil once (2011), cuando es presentada demanda incoada por la ciudadana YAMILE COROMOTO FERNANDEZ DE CASTELLANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.407.870, asistida por la Abogada en ejercicio YULEIMA VILLARREAL, inpreabogado N° 112.821, en contra del ciudadano CARLOS ALBERTO CASTELLANO SEGOVIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.328.344, contentivo de demanda por Divorcio Ordinario.
Por auto de fecha veintidós (22) de julio de 2011, el Tribunal Primero de Primera Instancia de mediación Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial, admitió la demanda ordenando lo conducente, entre ello la notificación de la parte demandada.
Por auto de la presente fecha, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de mediación Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial, se aboca al conocimiento de la presente causa.
Consta al folio treinta (30) la boleta de notificación debidamente firmada por el Fiscal 36° del Ministerio Publico.

Consta en actas:
• Copias certificadas de las actas de nacimiento de los jóvenes de autos.
• Copia certificada del acta de matrimonio N° 90, correspondiente a los ciudadanos YAMILE COROMOTO FERNANDEZ DE CASTELLANO y CARLOS ALBERTO CASTELLANO SEGOVIA.
• Copia fotostática de la cedula de identidad de los ciudadanos YAMILE COROMOTO FERNANDEZ DE CASTELLANO y CARLOS ALBERTO CASTELLANO SEGOVIA.

Se evidencia de las actas procesales que desde el día primero (01) de agosto de dos mil once (2011) no ha habido ninguna actuación de las partes en la presente causa.
Con ese antecedente, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con la siguiente consideración:
PARTE MOTIVA
Esta Sentenciadora pasa de seguidas a analizar las disposiciones legales a la perención de la instancia, a la luz de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen:
“Artículo 452. LOPNNA.
Materias y normas supletorias aplicables
El procedimiento ordinario al que se refiere este Capítulo se observará para tramitar todas las materias contempladas en el Artículo 177 de esta Ley, salvo las excepciones prevista expresamente en esta Ley.
Se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil en cuanto no se opongan a las aquí previstas.”

Artículo 267 CPC: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención

Artículo 268 CPC; “La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso sobre su representante”

Artículo 269 CPC: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquier de los casos del artículo 267, es apelable libremente”
La institución de la perención de la instancia no está regulada expresamente en la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niñas y Adolescentes, de tal forma, que deben aplicarse supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.
El autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil Tomo II”, considera con respecto a la perención de la instancia:

“El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (Después de un período de inactividad procesal prolongado el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal)”
“La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uyi singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir”

La autora y jurista Margelys Guevara Velásquez en su artículo titulado “Análisis de jurisprudencias de las Cortes Superiores de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente en la obra “Segundo año de vigencia de la Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescente. Terceras Jornadas sobre la LOPNA, refiere:

“Ahora bien, se evidencia del contenido del artículo 268 del Código de Procedimiento, trascrito con anterioridad, la intención del legislador de no exceptuar de la institución procesal de la Perención de la Instancia, aquellos procedimientos donde estén involucradas personas que no hubiesen alcanzado la mayoría de edad”
De los artículos antes transcritos y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que las partes no han realizado ninguna actuación desde el día primero (01) de agosto de dos mil once (2011), pues bien, de un simple computo se desprende que hubo inactividad procesal por mas de un año, en consecuencia esta Juzgadora acoge el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por lo tanto debe declararse la perención de la instancia. Así se declara.

En este orden de ideas, el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República y en la jurisprudencia transcrita se sostiene que la negligencia de las partes no puede ser premiada manteniendo el demandado sujeto a un juicio pues ello contraviene el debido proceso y la propia finalidad del mismo, en consecuencia, por ser el debido proceso una garantía de carácter constitucional, es procedente la declaratoria de la perención de la instancia.
PARTE DISPOSITIVA
Por los fundamentos antes expuestos esta Jueza Segunda de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial del Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Extensión Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente asunto, contentivo de demanda por DIVORCIO ORDINARIO, incoada por la ciudadana YAMILE COROMOTO FERNANDEZ DE CASTELLANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.407.870, en contra del ciudadano CARLOS ALBERTO CASTELLANO SEGOVIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.328.344.
Publíquese. Regístrese. Notifíquese. Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil y los numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y expídase copias certificadas a cada parte.
Dada, Firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial del Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Extensión Cabimas, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2016. Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

ABG. OMAIRA JIMÉNEZ ARIAS
JUEZA SEGUNDA DE PRIMERA INSTANCIA DE
MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN

ABG. ZULAY LOPEZ LAGUNA
LA SECRETARIA

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia interlocutoria bajo el N° PJ0122016000979.-

ABG. ZULAY LOPEZ LAGUNA
LA SECRETARIA

OJA/ZLL/jb.-