TSJ Regiones - Decisión

Asunto VP01-L-2014-001969.-

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:
ELTRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO
PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA,
CON SEDE EN MARACAIBO
206º y 157º

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

“Vistos los antecedentes”.

Demandante: Ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.864.146, y domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia.

Demandada: La sociedad mercantil REGENTIS, C.A., domiciliada en Guarenas, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 15/10/2010, bajo el N°3, Tomo 214-A.

DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES Y DEL OBJETO DE LA PRETENSIÓN

En la presente causa referida a cobro de diferencia de prestación de antigüedad y otros conceptos laborales, incoada por la ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO, en contra de la sociedad mercantil REGENTIS, C.A.; al no lograrse la mediación en los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución, fue remitida a los Tribunales de Juicio para su continuación en la segunda fase de la primera instancia. Hubo consignación de escrito de promoción de pruebas con sus anexos, así como escrito de contestación.

Correspondió por distribución de fecha 21/10/2015, al TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO; y en fecha 22/10/2015 fue recibido y se le dio entrada por el señalado Tribunal. Y el 29/10/2015, fueron providenciados los escritos de pruebas y fijada la audiencia de juicio, oral y pública.

Conforme a las actas procesales, en fecha 30/06/2016, los apoderados de las partes solicitaron redistribución de la causa a los efectos de la darle continuidad por vía transaccional.

A posteriori, se efectuó redistribución de la cual se transcribe el siguiente extracto:

“En el día de hoy, doce (12) de Julio de 2016, siendo las diez (10:00) de la mañana, presentes en la COORDINACION JUDICIAL del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Zulia, el ciudadano MIGUEL URIBE HENRIQUEZ, en su carácter de Juez Coordinador Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, así como las ciudadanas MARILÚ DEVIS ALCAIDE Coordinadora Judicial; LISETH PEREZ, Coordinadora de Secretarios (E) y en presencia del público en general que asistían en ese momento al Circuito Laboral, se procedió a realizar previa solicitud de la partes, de fecha 30 de junio de 2016, y constante de un (01) folio útil, dirigida a la Coordinación Laboral de este Circuito, la redistribución de la causa que a continuación se indica: VP01-L-2004-001969 perteneciente al TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con motivo de la falta producida en dicho Tribunal de Primera Instancia, en relación al ciudadano Juez Samuel Santiago, falta producida por su Renuncia al cargo. Dicha redistribución ha sido autorizada por la COORDINACION NACIONAL DE LA JURISDICCIÓN LABORAL, a efectos de dar por terminada dicha causa, e igualmente para garantizar a los intervinientes en dicha causa, el acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente del derecho a obtener una justicia rápida y oportuna, sin dilaciones indebidas. Dicha distribución fue ejecutada por la ciudadana Eliana Sánchez como Coordinadora de la URDD (E), obteniéndose el resultado que forma parte del listado anexo a la presente acta. Finalizado el acto de distribución, se procedió a imprimir la correspondiente hoja de distribución, con la finalidad de agregarla al expediente, para que el Tribunal al cual correspondió tenga conocimiento de la causa antes especificada y prosiga con los trámites respectivos a efectos de dar continuidad a la causa. Seguidamente se procedió a levantar la presente acta en tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. (…)” (Fls.90 y 91)

Así, correspondió por redistribución de fecha 12/07/2016 a este TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO; y en la misma fecha fue recibida y se le dio entrada. De igual manera, el mismo día, esto es, el martes 12/07/2016, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), los representantes de las partes consignaron escrito transaccional, acompañado de copias de cheques, lo cual fue recibido por este Tribunal el día jueves 14/07/2016. Del señalado escrito transaccional se transcribe el siguiente extracto:

“LA PARTE DEMANDANTE debidamente asistida y representada por abogado, libre de apremio, declara que ha revisado el ofrecimiento realizado por LA PARTE DEMANDADA, con la debida asesoría jurídica, lo cual le ha permitido entender el contenido de este acuerdo transaccional, por lo que manifiesta que acepta el mismo ofrecido por LA PARTE DEMANDADA de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.500.000,00), el cual, según instrucción de la ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO a su abogado JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ ZAMBRANO, será pagado de la siguiente forma: (i) Bs.400.000,00, mediante cheque librado contra MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO; y, (ii) Bs. 100.000,00, mediante cheque librado contra JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ ZAMBRANO”(Vuelto del folio 100 de la Pieza Principal)

Revisadas las actas procesales este Juzgado a través de sentencia signada PJ068-2015-000062 de fecha 19/07/2016, se instó a la parte accionante manifestase su consentimiento o no al acuerdo transaccional presentado a la consideración del Tribunal, ello en respecto a la doctrina jurisprudencial de la Sala Constitucional, de la cual se transcribe extracto de seguidas:

“En atención a Sentencia de nuestra Sala Constitucional como Máximo interprete de la Constitución, y lo pautado en los artículos 10 y 11 Parágrafo Segundo del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, así como de normas de orden público, entre ellas lo dispuesto en el artículo 89, numeral 2° de la Carta Magna, los artículos 2 y 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), antes 3 y 10 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), se observa como necesaria la manifestación de voluntad del (los) demandante(s) respecto a su conformidad con lo pautado en el acuerdo de pago y/o transacción.

En suma, se tiene que los apoderados en el acuerdo transaccional, actuaron a través de sus representantes y expresan haber llegado a un arreglo de pago, sin embargo, el mismo no fue suscrito por la parte demandante, ni se ha hecho presente en forma alguna hasta la fecha, en tal sentido, en aplicación del contenido del artículo 154 del CPC, es necesario tener facultad expresa para transigir, lo cual en el caso sub examine está cubierto; no obstante, de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (aplicable a la LOTTT), cuando un acuerdo transaccional sea presentado y/o celebrado, para su homologación, es deber del funcionario competente, “cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúe libre de constreñimiento alguno”. Además, conforme a la Sentencia Nº 442 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, de fecha 23/05/2000, se deben trazar los mecanismos o requisitos que aseguren la constatación por parte del órgano administrativo o judicial de la voluntad libremente manifestada por el trabajador. Así, en razón de ello, debe constar en actas la voluntad libremente manifestada de la parte demandante, y ajena a constreñimiento alguno.

De modo que es impretermitible en el caso sub examine, y conforme lo ha expresado este Administrador de Justicia, verificar la voluntad libre del accionante, lo cual no consta en actas, razón por la que este Jurisdicente, en relación a la petición de HOMOLOGACIÓN del acuerdo de pago en la presente causa que lleva la ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO, en contra de la demandada sociedad mercantil REGENTIS, C.A., se le insta a la parte demandante, esto es, a la ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO, plenamente identificada en las actas procesales, que se presente por ante este Juzgado y/o de cualesquiera otra forma inequívoca manifieste libremente su consentimiento o no con el acuerdo de pago y/o transacción realizada en la presente causa. A tales efectos, se le otorga un lapso de cinco (05) días hábiles, y vencido éste, sin que conste la referida manifestación de voluntad a favor del acuerdo de pago, se pronunciará sobre la homologación de la transacción celebrada. Así se decide.-

DISPOSITIVO

Por los fundamentos antes expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley: Declara:

En relación a la petición de HOMOLOGACIÓN del acuerdo de pago en la presente causa que lleva la ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO, en contra de la demandada sociedad mercantil REGENTIS, C.A., se le insta a la parte demandante, esto es, al ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO, que se presente por ante este Juzgado y/o de cualesquiera otra forma inequívoca manifieste libremente su consentimiento o no con el acuerdo de pago y/o transacción realizada en la presente causa. A tales efectos, se le otorga un lapso de cinco (05) días hábiles, y vencido éste, sin que conste la referida manifestación de voluntad a favor del acuerdo de pago, se pronunciará sobre la homologación de la transacción celebrada. Así se decide.-

No hay especial condenatoria en costas dada la naturaleza de lo decidido.” (Destacados propios del fallo)

A posteriori los apoderados de las partes solicitaron suspensión de la causa, la cual fue aprobada (Folios 128 al 123 de la Pieza II).

Finalmente, en fecha 10/08/2016, el apoderado de la parte actora, en tiempo oportuno, consignó por ante la URDD diligencia en un (1) folio útil y anexos en tres (3) folios útiles, a través de lo cual plantea la manifestación de voluntad de su poderdante en cuanto al acuerdo transacción in comento.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Al respecto, este Tribunal para resolver, observa:

Se destaca que en el acuerdo de pago señalado, implica la satisfacción de la parte accionante, en cuanto al arreglo al cual se ha llegado en el presente Asunto VP01-L-2014-001969, acordándose unos pagos y/o consignaciones por convenio entre las partes.

Se aprecia que la parte actora prima facie tiene conocimiento de lo pretendido en juicio, toda vez que, del documento libelar se desprende lo reclamado.

En el referido acuerdo, se observa que la parte accionante, vale decir, la ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO, no suscribió el esgrimido convenio de pago, sino que estuvo representada por el profesional del Derecho JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ ZAMBRANO, inscrito en el inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.409; y la demandada sociedad mercantil REGENTIS, C.A., por la profesional del Derecho GIKSA SALAS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 18.544. En tal convenio o acuerdo no se hace indicación alguna de que se hará presente la parte accionante en forma personal.

Ahora bien, conforme al análisis de lo peticionado de común acuerdo por la representación judicial de la parte accionante, así como por la representación judicial de la entidad mercantil demandada, se tiene que, ante todo, es deber revisar las facultades de los Abogados actuantes en el acuerdo in comento, para evidenciar si estaban autorizados para transar, y en caso positivo, pasar al pronunciamiento respecto a si el escrito bajo análisis cumple con las previsiones de normas de orden público, entre ellas lo dispuesto en el artículo 89, numeral 2° de la Carta Magna, los artículos 2 y 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), antes 3 y 10 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), y que no es contrario a las buenas costumbres, así como de la doctrina jurisprudencial.

En este orden de ideas es menester transcribir el contenido del artículo 154 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicado por argumento a simili o analógico a la presente causa, artículo que entre otras hace referencia a la facultad de “transigir”, señalándose que debe ser expresa, en efecto el artículo señala:
Artículo 154.- “El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa.” (Negritas de este Sentenciador).

En tal sentido, se aprecia que la profesional del Derecho GIKSA SALAS, Inpreabogado N°18.544, es representante judicial de la demandada REGENTIS, C.A., conforme se evidencia de Poder que consta en los folios 33 al 36 de la Pieza Principal, y se observa que entre las facultades conferidas están las de convenir, desistir, celebrar transacciones en juicio (Folio 35)

De otra parte, en relación al profesional del Derecho JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ ZAMBRANO, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 46.409, en su condición de representante legal de la parte actora, se desprende de Poder Apud Acta que consta en el folio 08 de la Pieza Principal, que el nombrado abogado está facultado para convenir, desistir, y disponer del derecho en litigio. De modo que a la luz del poder se evidencia estar facultado para transar y/o transigir, y con facultades expresas para disponer del derecho en litigio.

No obstante lo anterior, es de suma importancia aquí transcribir el contenido del artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, así como Sentencia pertinente de la Sala Constitucional.

“Artículo 11: Efectos de la transacción laboral: La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.

Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno.

Parágrafo Segundo: El Inspector o Inspectora del Trabajo procederá a homologar o rechazar la transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándosele a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.” (Negritas y subrayado son de este Sentenciador)

Se destaca de la norma transcrita y a los efectos del presente asunto, que es menester a la hora de revisar la posibilidad de homologación de un acuerdo transaccional cerciorarse que el(la) trabajador(a) actúa libre de constreñimiento alguno.

En este contexto es importante de igual manera, transcribir extracto de Sentencia Nº 442 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del extinto Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, de fecha 23/05/2000 (caso José Agustín Briceño Méndez contra la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 19 de enero de 1998), en la que se estableció:

“Es por ello que, asumiendo una posición teorética y no dogmática, concluye esta Sala que los modos de autocomposición procesal no son en sí mismos medios atentatorios contra el principio constitucional de la indisponibilidad en juicio (mal llamada “irrenunciabilidad”), de los derechos mínimos de los trabajadores, pues a través de ellos lo que se persigue es componer la litis por sus propios participantes, subrogándose dicha decisión a la sentencia de fondo que debía dictar el juez correspondiente y adquiriendo dicha composición los efectos de la cosa juzgada.

Mal podrían, entonces, y no por imitación de procesos que no vinculan a nuestros jueces, sino en razón de las reglas que la propia Carta Magna consagra, tenerse por prohibidos en los procesos laborales tanto el desistimiento de la demanda como la conciliación, SIEMPRE Y CUANDO SE ESTABLEZCAN LOS MECANISMOS O REQUISITOS QUE ASEGUREN LA CONSTATACIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO O JUDICIAL DE LA VOLUNTAD LIBREMENTE MANIFESTADA POR EL TRABAJADOR. Y así se decide.

5.- De otro lado, y en vista de la denuncia formulada por el accionante, considera la Sala que, con el fin de garantizar ese equilibrio entre los litigantes -por la función social del trabajo y los beneficios públicos que reporta la satisfacción de los beneficios que la ley otorga en esta materia-, conviene acoger como una consecuencia lógica del principio a la tutela judicial efectiva a que alude el artículo 26 de la Constitución, darle las mayores seguridades a la expresión de la voluntad que quede manifestada en juicio, de tal manera que sin excluir la voluntad privada, SE LE RODEE A LAS EXPRESIONES DE ÉSTA DE GARANTÍAS PARA ASEGURAR SU LIBRE FORMACIÓN Y MANIFESTACIÓN, VALORIZÁNDOLA COMO EXPRESIÓN DE LA PROPIA PERSONALIDAD HUMANA.
(Omissis)

En el caso sub iudice, como quedó constatado en el ítem 5 del Capítulo I de este fallo, no sólo hizo mella la sentencia al derecho a la tutela judicial efectiva, al no contener motivación alguna de la cual se constate como efectuado el necesario análisis tendente a la verificación que debió preceder a la homologación, particularmente por lo que respecta a la capacidad para disponer por parte del representante judicial del demandado -lo que evidencia un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional-; sino que también conculcó dicho derecho al desoír las múltiples, insistentes, inmediatas y posteriormente constantes advertencias del accionante respecto a que la declaración que hizo, el que hasta entonces era su apoderado, no era reflejo de su voluntad.

(Omissis)

Por último, la Sala estima necesario orientar a los jueces, en el sentido de que realicen interpretaciones de las normas teniendo por norte las propias y fundamentales garantías constitucionales, sin que esto signifique la desaplicación compulsiva de normas legales o la anulación de procesos por este sólo hecho, sino que con mesura y ponderación hagan interpretaciones constitucionales de las normas ya establecidas en el ordenamiento jurídico, y apliquen la consecuencia jurídica en atención a estos principios cuando no sea de extrema necesidad desaplicar la norma en cuestión.” (Negritas, mayúsculas sostenidas y subrayado de este Sentenciador).

En atención a Sentencia de nuestra Sala Constitucional como Máximo interprete de la Constitución, y lo pautado en los artículos 10 y 11 Parágrafo Segundo del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, así como de normas de orden público, entre ellas lo dispuesto en el artículo 89, numeral 2° de la Carta Magna, los artículos 2 y 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), antes 3 y 10 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), se observa como necesaria la manifestación de voluntad del (los) demandante(s) respecto a su conformidad con lo pautado en el acuerdo de pago y/o transacción.

A este respecto, destaca la diligencia y anexos acompañados por la representación de la parte actora de la cual se evidencia la manifestación de voluntad, y más propiamente dicho el consentimiento de la parte demandante.

De la señalada diligencia se transcribe el siguiente extracto:

“la ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO, en los actuales momentos no vive en Venezuela, sin embargo por diferentes vías electrónicas estamos en contacto sobre los pormenores del procedimiento, cuando la empresa demandada LABORATORIOS REGENTIS C.A., nos hace el ofrecimiento para llegar a un acuerdo y la ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO estuvo de acuerdo con la transacción que realizamos, para ratificar lo que decimos consignamos un correo electrónico en donde nuestra representada afirma estar de acuerdo con la transacción realizada, la misma está firmada por ella y tiene su número de cédula de identidad con su puño y letra; así mismo, consignamos en una copia fotostática, del baucher bancario cuando le depositamos el cheque recibido a nombre de mi poderdante por la transacción realizada a la cuenta corriente de la ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO del banco Provincial. Es todo, (…)” (F.125 de la Segunda Pieza)

De los anexos se aprecia que en el folio 126 de la Segunda Pieza aparece escrito un contenido –al parecer- a computadora, y seguido al mismo, firma autógrafa donde se lee el nombre de la demandante, y debajo de la firma escriturado el número de cédula de la misma. El contenido es el siguiente:

“Yo MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad número 11.864.146, domiciliada en estos momentos en el condado de Miami Dade, del Estado de la Florida de los estados (sic) Unidos de Norteamérica, por medio de la presente expongo: que autorice (sic) suficientemente al profesional del derecho JOSE GREGORIO GONZALEZ ZAMBRANO., abogado en ejercicio, con cédula de identidad número 7.768.56 (sic) e inscrito en el I.P.S.A. con el número 46.409, con domicilio en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, para que conviniera y transara bajo mi consentimiento un acuerdo en el procedimiento judicial que tenía instaurado en contra de la empresa LABORATORIOS REGENTIS C.A. en el expediente signado con la nomenclatura VP01-L-2014-001969, en cual se realizo (sic) en fecha 12 de julio de 2.016, a mi entera satisfacción.” (F.126 de la Pieza II)

Seguido al documento anterior aparece impresión de correo electrónico en el que según se lee, el abogado da instrucciones a la demandante en relación a la manifestación de voluntad de la transacción realizada del acuerdo transaccional. (F.127 de la Pieza II)

Además fue anexado copia de depósito bancario a favor de la demandante, por el propio abogado accionante. (F.128 de la Pieza II)

De tal manera que, conforme al dicho y documentos presentados por el abogado de la parte demandante, siendo que no hay elementos para dudar de su buena fe como ciudadano en ejercicio de su profesión, se concluye que aparece reflejada en actas, la manifestación de voluntad de las partes involucradas en la transacción, y que la misma cumple con los extremos de Ley conforme a la legislación que rige la materia laboral.

Así entonces, se ha llegado a una forma de autocomposición procesal, esto es a una Transacción, a los fines de dar por terminado el presente litigio acordando el pago la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.500.000,00), el cual, según instrucción de la ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO a su abogado JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ ZAMBRANO, le fue entregado de la siguiente forma: (i) Bs.400.000,00, mediante cheque librado a favor de MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO; y, (ii) Bs. 100.000,00, mediante cheque librado a favor de JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ ZAMBRANO.

De acuerdo al análisis de lo peticionado de común acuerdo por las partes en litigio, se tiene que la transacción realizada, no violenta en forma alguna normas de orden público, entre ellas lo dispuesto en el artículo 89, numeral 2° de la Carta Magna, los artículos 2 y 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), antes 3 y 10 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), ni es contraria a las buenas costumbres; es por lo que debe procederse, como en efecto se hace, a la homologación y a darle el carácter de cosa juzgada a la transacción y/o acuerdo de pago efectuado libremente por las partes, y el Tribunal ordena el archivo del expediente, toda vez que consta en actas el pago íntegro, total y definitivo de lo acordado. Así se decide.-

DISPOSITIVO

Por los fundamentos antes expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos y la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley: Declara: LA HOMOLOGACIÓN de la transacción y/o acuerdo de pago realizado a favor de la parte accionante MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO, en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.500.000,00), el cual, según instrucción de la ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO a su abogado JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ ZAMBRANO, le fue entregado de la siguiente forma: (i) Bs.400.000,00, mediante cheque librado a favor de MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO; y, (ii) Bs. 100.000,00, mediante cheque librado a favor de JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ ZAMBRANO; se le da el carácter de cosa juzgada, y se ordena cerrar y archivar el expediente, toda vez que consta el pago de lo acordado por las partes.

No hay especial condenatoria en costas dada la naturaleza de lo decidido.

Se deja constancia que la parte actora ciudadana MARLÍN RAQUEL GIL QUINTERO, estuvo representada por el profesional del Derecho JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ ZAMBRANO, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 46.409; y la demandada sociedad mercantil REGENTIS, C.A., estuvo representada por la Profesional del Derecho GIKSA SALAS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 18.544.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.-

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO, en Maracaibo a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2.016).- Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

El Juez Titular,

NEUDO FERRER GONZÁLEZ
El Secretario,

WILLIAM SUÉ

En la misma fecha, y estando el Ciudadano Juez en lugar destinado para Despachar, y siendo las dos y cincuenta y un minutos de la tarde (02:51 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede quedando registrado bajo el Nro. PJ068-2016-000070.-

El Secretario,

NFG/.-