TSJ Regiones - Decisión

Se inicia el presente juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, incoado por ANGEL ALEXIS RAMIREZ MOLINA, Titular de la Cedula de Identidad No. V-9.895.597 y domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra los codemandados, ciudadanos JAIME AREVALO HERNANDEZ, CARLOS JOSE AREVALO HERNANDEZ, MARIA AUXILIADORA AREVALO HERNANDEZ DE PEREZ Y MARIA ASUNCION AREVALO HERNANDEZ, MARIA MARTHA AREVALO VIUDA DE ALVAREZ, Titulares de las Cédulas de Identidades Nos. 120.711, 140.756, 106.515, 134.306, 156.525, todos de este domicilio.

DE LA DEMANDA

Alega el demandante desde el año 1985, ha venido poseyendo de manera legitima, pacifica e ininterrumpida a la vista de todo el inmueble constituido por una casa familiar, ubicada en el Barrio ALTOS DE JALISCO, situado en la Avenida 6G, entre calles 41C y 43, casa signada bajo la nomenclatura municipal 41C-28, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual posee una superficie de veintitrés metros cuadrados de ancho (23 mts2) por trece metros de largo (13 mts2) para un total de doscientos noventa y nueve metros cuadrado (299 mts2), con una área de construcción de ciento veinte metros cuadrado (120 mts2), encontrándose comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: colinda con propiedad que es o fue de Florencio Leal y mide Veintitrés metros (23 mts), SUR: colinda con propiedad es o fue de Ángel Rosario y Ramón Moran y mide veintitrés metros (23 mts), ESTE: calle San Pedro y mide Trece metros (13 mts) y OESTE: colinda con la con el Colegio Fe y Alegría, intermedia vía Publica Séptima de Maracaibo del Estado Zulia, anotada bajo el No. 35, Tomo 48 de fecha 19 de Junio del año 2009.-
Dicho inmueble esta construido sobre un Lote de Terreno, conocido anteriormente como Hato Monte Cristo y Puntita de Piedra y actualmente se le conoce como ALTOS DE JALISCO, que fue adquirido por los ciudadanos JAIME AREVALO HERNANDEZ, CARLOS JOSE AREVALO HERNANDEZ, MARIA AUXILIADORA AREVALO HERNANDEZ DE PEREZ Y MARIA ASUNCION AREVALO HERNANDEZ, MARIA MARTHA AREVALO VIUDA DE ALVAREZ, plenamente identificado en actas, según consta de documento protocolizado por ante el Registro Publico del Primer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 16 de Agosto de 1962, inserto bajo el No. 44, Protocolo 1°, Tomo 2° y en fecha 13 de diciembre de 1962, No. 46, Protocolo 1°, Tomo 8°.-

Afirma el ciudadano ANGEL ALEXIS RAMIREZ MOLINA, plenamente identificado en actas, ha venido poseyendo por mas de veinte (20) años aproximadamente de manera legitima, pacifica e ininterrumpida a la vista de todo con animo de dueño, el inmueble supra identificado, por cuanto dicha posesión ha sido continua, por el transcurso de mas de veinte (20) años, aproximadamente sin interrupción alguna por el contrario ya que desde el mes de Abril del año 1985, ha realizado actos conservatorios y de mantenimiento a dicho inmueble, cancelado continuamente los servicios públicos como aseo, agua, luz entre otros; no interrumpida, por cuanto en el transcurso de la posesión ejercida no ha sido suspendida por actos naturales o civiles, en consecuencia, nunca ha sido privado del goce del mismo; pacifica, ya que no ha sido contradicha en el transcurso de otros años por personas algunas, manteniéndose sin ningún tipo de violencia por parte de terceros, publica, por haberla ejercido a la vista del colectivo que lo rodea, en ese sentido se le reconoce como propietario del inmueble, tanto en la comunidad vecinal como por la colectividad en general; no equivoca, al haber poseído el inmueble supra identificado indubitablemente y en nombre propio manteniendo claramente a través de los actos posesorios ejercidos el animus domini y por ultimo los actos posesorios ejercidos han sido con la intención de tener la cosa como propio, toda vez que el comportamiento ejercido sobre el inmueble ha sido como lo que se ejerce sobre un bien propio, realizando actos de mantenimiento y conservatorio que traduce un interés indudablemente sobre el mismo.-

Con bases a los hechos anteriormente narrado acudo ante este Órgano Jurisdiccional facultado por el interés jurídico actual que consagra el articulo 16 del Código de Procedimiento Civil, a demandar a los ciudadanos JAIME AREVALO HERNANDEZ, CARLOS JOSE AREVALO HERNANDEZ, MARIA AUXILIADORA AREVALO HERNANDEZ DE PEREZ Y MARIA ASUNCION AREVALO HERNANDEZ, MARIA MARTHA AREVALO VIUDA DE ALVAREZ, plenamente identificado en actas, por haber operado en mi favor la PRESCRIPCION ADQUISITIVA VEINTENAL, a tenor de lo previsto en los artículos 1952, 1953 y 1977 del Código Civil, sobre el inmueble constituido por un terreno propio el cual se encuentra construida una vivienda familiar ubicado en el Barrio ALTOS DE JALISCO, situado en la Avenida 6G, entre calles 41C y 43, casa signada bajo la nomenclatura municipal 41C-28, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual posee una superficie de veintitrés metros cuadrados de ancho (23 mts) por trece metros de largo (13 mts) para un total de doscientos noventa y nueve metros cuadrado (299 mts), con una área de construcción de ciento veinte metros cuadrado (120 mts2), encontrándose comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: colinda con propiedad que es o fue de Florencio Leal y mide Veintitrés metros (23 mts), SUR: colinda con propiedad es o fue de Ángel Rosario y Ramón Moran y mide veintitrés metros (23 mts), ESTE: calle San Pedro y mide Trece metros (13 mts) y OESTE: colinda con la con el Colegio Fe y Alegría, intermedia vía Publica Séptima de Maracaibo del Estado Zulia, anotada bajo el No. 35, Tomo 48 de fecha 19 de Junio del año 2009.-

Solicita sea admitida la presente demanda cuanto ha lugar en derecho, por cuanto no se encuentra incursa dentro de ninguna de las causales de inadmisibilidad prevista en el articulo 341 del Código de Procedimiento Civil, de igual manera, que la misma sea tramitada bajo las pautas del procedimiento establecido en el articulo 690 y siguiente de la norma adjetiva y una vez sea declarada con lugar la demanda, el tribunal ordene su protocolización en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia a los efectos previsto en el articulo 507 del Código Civil.-

De igual manera, dando cumplimiento a lo previsto en el articulo 691 del Código de Procedimiento Civil, señala expresamente como demandado a los ciudadanos JAIME AREVALO HERNANDEZ, CARLOS JOSE AREVALO HERNANDEZ, MARIA AUXILIADORA AREVALO HERNANDEZ DE PEREZ Y MARIA ASUNCION AREVALO HERNANDEZ, MARIA MARTHA AREVALO VIUDA DE ALVAREZ, Titulares de las Cédulas de Identidades Nos. 120.711, 140.756, 106.515, 134.306, 156.525, todos de este domicilio.

TRAMITACION DEL JUICIO

Recibida la demanda del Órgano Distribuidor en fecha 9 de Mayo de 2016, el Tribunal recibió la misma en fecha 16 de Mayo de 2016, instándolo a la parte demandante, consignar certificación del registro conforme a lo establecido en el articulo 691 del Código de Procedimiento Civil.-

En fecha 23 de Mayo de 2016, el abogado en ejercicio, RODNEY UZCATEGUI, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogados (INPREABOGADO), bajo el No. 158.436 y domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, ciudadano ANGEL ALEXIS RAMIREZ MOLINA, plenamente identificado en actas, consigna escrito donde hace aclaratoria en la cual consigna Oficio No. 479. 36-2016, de fecha 16 de Marzo de 2016, emitida por el ciudadano CARLOS OBERTO en su condición del Registrador Publico del Primer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.-

En fecha 13 de Junio de 2016, este Tribunal dicta auto donde se ordena instar nuevamente a la parte interesada a consignar copia de la cedulas de identidad de todo los demandados.-

En fecha 12 de Julio de 2016, el abogado en ejercicio, RODNEY UZCATEGUI, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogados (INPREABOGADO), bajo el No. 158.436 y domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, ciudadano ANGEL ALEXIS RAMIREZ MOLINA, plenamente identificado en actas, consigna Oficio bajo el No. 479-36-2016, de fecha 18 de Marzo de 2016, emitida por el ciudadano CARLOS OBERTO en su condición del Registrador Publico del Primer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.-

En fecha 14 de Julio de 2016, este tribunal admite la demanda y vista la diligencia de fecha 12 de Julio de 2016, suscrita por el abogado en ejercicio, RODNEY UZCATEGUI, actuando con el carácter acreditado en actas, por cuanto la presente demanda no es contraria al orden publico, a las buenas costumbre a alguna disposición expresa de Ley, se admite cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia se ordeno citar a los demandados, ciudadanos JAIME AREVALO HERNANDEZ, CARLOS JOSE AREVALO HERNANDEZ, MARIA AUXILIADORA AREVALO HERNANDEZ DE PEREZ Y MARIA ASUNCION AREVALO HERNANDEZ, MARIA MARTHA AREVALO VIUDA DE ALVAREZ, plenamente identificado en actas, para que comparezcan por ante este Juzgado dentro de los veinte (20) días de despacho, después de la constancia en actas de haber citado y cumplidas todas las formalidades atinentes a la citación, de los llamados al proceso, a fin de que contesten la demanda incoada, asimismo de ordeno librar una publicación de Edicto, y de igual manera una reunión conciliatoria entre las partes del presente juicio.-

En fecha 17 de Octubre de 2016, el abogado en ejercicio, RODNEY UZCATEGUI, actuando con el carácter acreditado en actas, consigna escrito, donde solicita copias certificadas y la devolución de los instrumentos originales.-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien, el Tribunal habiendo efectuado el debido estudio a las actas procesales que conforman el presente expediente, se observa que las partes en litigio no realizaron actuación alguna posterior a la admisión de la demanda, por lo que en la presente causa ha operado la perención mensual de la instancia, contenida en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, puesto que tal como se dejó asentado con antelación la demanda fue admitida en fecha ocho (08) de enero de 2016, y como se evidencia de autos que la parte demandante no consignó los fotostatos para librar los respectivos recaudos, la dirección de la demandada, ni los mecanismos necesarios para practicar la ya mencionada citación, formalidad ésta requerida para interrumpir la perención mensual, que se produjo en fecha diez (10) de febrero del mismo año, esto es después de transcurrido los treinta días estipulados en la norma antes citada, que indica:

“…omissis…
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
…omissis…”

Sobre la Perención Mensual, el Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, contenido en la Sentencia de fecha seis (06) de julio del año dos mil cuatro (2004), expediente Nº AA20-C-2001-000436, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, en el caso seguido por el ciudadano JOSÉ RAMÓN BARCO VASQUEZ en contra de la Sociedad Mercantil SEGUROS CARACAS LIBERTY MUTUAL, C.A., asentó:

“(…) Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de las diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece. Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio. Pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide…”. (Negrillas y subrayado del Tribunal).

El presente criterio es nuevamente tomado en consideración por el Alto Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, ratificándolo mediante Sentencia proferida con posterioridad, esto es, en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil cuatro (2004), con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, Expediente Nº 04700. Así se expresa sobre la concurrencia de los requisitos necesarios para que se verifique la perención mensual:

“(…) Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del ar¬tículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destina¬das a lograr la citación del demandado. En primer lugar, la que correspondía, al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pa¬go del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunica¬ción procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte 1, numeral 1° y 2°, y aparte II, numeral 1 °, respecti¬vamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los ex¬tintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la¬ Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la ga¬rantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de qui¬nientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de reci¬bos o planilla, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención. Conforme al contenido del artículo 2° de la Ley Arancel Judi¬cial, el arancel se constituía en un ingreso público que tenía por objeto coadyuvar en el logro de la mayor eficiencia del Poder Judicial, permitiendo que dicho tributo fuese proporcional y facilitara el acceso a la justicia de todos los sectores de la población; y como tal ingreso público, quedaba dentro de la clasificación que el legislador ha consignado en el ar¬tículo 42 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional como rentas ordinarias. Empero, al lado de esta derogada obligación tributaria (ingre¬so público, según el art. 2° de la Ley de Arancel Judicial, que era percibido por los institutos bancarios con convenio con la hoy suprimida Oficina Nacional de Arancel Judicial), están las obligaciones PREVISTAS EN LA MISMA LEY DE ARAN¬CEL JUDICIAL QUE NO CONSTITUYEN INGRESO PÚBLICO NI TRIBUTOS NI SON PERCIBIDAS POR LOS INSTITUTOS BANCARIOS en sus oficinas receptoras de fondos nacionales, es decir, obligaciones que no son aranceles judiciales y, por ende, dichas obligaciones que pueden ser o no dinerarias NO SON DESTINADAS A COADYUVAR EL LOGRO DE LA EFI¬CIENCIA DEL PODER JUDICIAL NI A PERMITIR EL ACCESO A LA JUSTICIA (art. 2° de la Ley de Arancel Judicial) NI A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRAC/ÓN NACIONAL (art. 42, ord. 4° de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional) las cuales mantienen plena vigencia. Estas obligaciones son las contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial relativas al suministro de vehícu¬lo para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justi¬cia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, in¬cluyendo -además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione- los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acto o diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de 500 metros del lugar o recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro. Nadie osaría discutir ni poner en duda que el contenido del artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, constituye una obligación que el demandante debe satisfacer cuando la ci¬tación del demandado haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros del lugar o recinto donde el Tribu¬nal tiene su sede, ni nadie podría afirmar que el contenido económico de esta obligación pueda ser calificado de aran¬cel judicial o ingreso público tributario. En efecto, lo que se pague por transporte, hospedaje o manutención del funcionario judicial Alguacil (en caso de citación para la contestación de la demanda) no está destinado a coadyuvar al logro de la eficiencia del Poder Judicial ni para que todos tengan acceso a la justicia ni tampoco era pagado en las instituciones banca¬rias con las cuales la extinta Oficina Nacional de Arancel Ju¬dicial había celebrado convenios para la percepción de los tri¬butos. Los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede el Tribunal, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante -según el caso- ya que se repite, no respon¬de al concepto de ingreso público de carácter tributario, y cuyos montos ingresan al patrimonio del transportista, hotele¬ro o proveedor de estos servicios. No ingresaban al patrimo¬nio nacional que administraba la extinta Oficina Nacional de Arancel. De allí que, tales obligaciones a cargo del deman¬dante para la obtención de la citación, como se indicó, tienen plena vigencia en todos los procedimientos que hoy es¬tán exentos de la obligación tributaria (ingreso público) que estaba prevista en la Ley de Arancel Judicial, en razón de la justicia gratuita garantizada por el artículo 26 de la Constitu¬ción de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de las normas presupuestarias del extinto Consejo de la Judicatura no existían partidas destinadas (ni hoy existen en el Presupuesto del Poder Judicial) para satisfacer estos gastos en que necesariamente habrían de incurrir los funcionarios o auxiliares de justicia, cuando hayan de practicar diligencias fuera de la sede el Tribunal, Registro o Notaria, ni existe norma alguna que imponga a estos funcionarios a soportar en su patrimonio tales gastos, habida cuenta que tales dili¬gencias, como se indicó, son del único y exclusivo interés de los peticionantes o demandantes, salvo aquellos que son in¬herentes al funcionamiento del tribunal, para lo cual si existe una partida poco significante, que se le otorga a los alguaciles para transporte de esas diligencias. Entonces, siendo claro que se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el or¬dinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación a más de 500 metros de la sede del Tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones, independientemente de la gratuidad contemplada en la constitución, ya que ésta (la gratuidad) hace sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario. El Estado está facultado para establecer exenciones o exoneraciones tributarias, pero no para obligar a los particu¬lares (transportistas, hoteleros o prestadores de servicios de manutención, etc.) a soportar la gratuidad de los juicios. De manera, pues, que tales sumas de dinero para pagar trans¬porte, hospedaje o manutención no responden a la defini¬ción de ingreso público ni de tributo a que se contrae el ar¬tículo 2° de la Lev de Arancel Judicial, ni al de renta ordina¬ria previsto en el ordinal 4° del artículo 42 de la Ley Orgáni¬ca de Hacienda Pública Nacional ni al concepto doctrinario de tasa, lo que por vía de consecuencia, no vulnera la gra¬tuidad de la justicia consagrada en el vigente texto constitu¬cional. Las razones que avalan la afirmación anterior, radican en lo siguiente: Los pagos que se hagan por transporte, por ma¬nutención y por hospedaje se le hacen directamente al fun¬cionario para ser invertidos en el servicio que personas par¬ticulares han de recibir o directamente lo hará el interesado, al transportista, al hotelero o restaurante o fonda proveedora de alimentos. No se liquidan planillas como ocurría con el arancel judicial y con toda otra renta, ni se pagan en ofici¬nas receptoras de Fondos Nacionales. En este orden de ideas, y según sean proveídos los conceptos de transporte, manutención y hospedaje por el demandante, interesado en el cumplimiento de la diligencia al funcionario judicial (al¬guacil en el caso de citación para la contestación de la de¬manda), nos revelaría una relación de derecho privado entre el que suministra el transporte (el interesado) y el prestador de servicio de transporte, de manutención y de hospedaje, configurándose típico , objetivo definido en los ordinales 6° y 9° del artículo 2° del Código de Comer¬cio. Mientras que la relación que existía entre el particular que pagaba o liquidaba el arancel judicial (entendido como ingreso público o tributo, tal como lo definía el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial), y el estado, daba paso a una re¬lación de derecho público. De manera, pues, que existía una marcada y notoria diferencia en la naturaleza jurídica de am¬bas relaciones, pero que coincidían en que ambas
estaban im¬puestas o previstas por la Ley para el logro de la citación, las cuales debían ser cumplidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de admisión de la demanda por la parte del demandante interesado, so pena de que operara la perención de la instancia o extinción del proceso. Con lo dicho no debe en¬tenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma. NO. Por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lap¬so de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley desti¬nadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practi¬que efectivamente después de esos 30 días. No obstante, dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la cita¬ción cuando ésta haya de practicarse en un sitio que diste más de 50 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no, siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funciona¬rio o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de in¬greso público. Ahora bien, tal como claramente se desprende de la doctrina trans¬crita, la indicación que haga el demandante en su libelo del domicilio del demandado, es pertinente para su citación o intimación, por lo que ciertamente constituye una obligación impretermitible del accionante señalarle al juez el lugar en el que se debe practicar tan importante ac¬tuación procesal que dará inicio al contradictorio y, de no hacerlo, im¬posibilitaría la realización de las actividades procesales a cargo del Tribunal, dado que el Alguacil desconocería la dirección a la cual debe trasladarse para poner en conocimiento al demandado de que ha sido instaurado un juicio en su contra.” (Negrillas y subrayado del Tribunal).

Igualmente, este Tribunal acoge la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 321 del vigente Código de Procedimiento Civil, y el criterio sostenido en la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha seis (06) de julio del año dos mil cuatro (2004), que establece:

“Los jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de casación establecida en los casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia”.

Así, consecuencialmente y de conformidad con la jurisprudencia citada ut supra, para que sea procedente la declaratoria de perención mensual en esta instancia se requiere que la parte accionante haya incumplido dentro del lapso de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la admisión de la demanda, con las obligaciones previstas en la Ley a los fines de lograr la citación de la parte accionada, carga que consistía en: primero, consignar en el expediente de la causa las copias simples del libelo de la demanda y de su respectivo auto de admisión para su posterior certificación por parte de este Juzgado; segundo, indicar en el expediente la dirección de la parte demandada; y tercero, proveer al Alguacil de este Tribunal dentro del mismo lapso los emolumentos necesarios para que éste pudiera trasladarse al domicilio indicado y practicar efectivamente la citación, supuestos estos que no fueron cumplidos por el demandante en el lapso antes determinado, en consecuencia, aplicando la norma y los criterios jurisprudenciales antes explanados, se hace necesario deducir que en el presente Juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, se verifica la perención aludida, siendo el caso que el criterio contenido en la sentencia ut supra, tiene aplicabilidad sólo en las causas que sean admitidas a partir día siguiente de la fecha en la cual se produjo, esto es, desde el día 14-07-2016, determinándose de esta manera la perención mensual, contenida en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

Se ordena expedir las copias certificadas y la devolución de los instrumentos originales que corre inserta en los folios 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, previa certificación en actas, autorizando suficientemente para la devolución de los instrumentos originales al empleado judicial, ciudadano JOHN W. GOMEZ ANTINORI, persona capaz y de este domicilio. Cúmplase con lo ordenado.-

DISPOSITIVO

Por los fundamentos expuestos con anterioridad, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

• PERIMIDA LA INSTANCIA y por consiguiente, EXTINGUIDO el presente proceso de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, intentada por el ciudadano ANGEL ALEXIS RAMIREZ MOLINA, plenamente identificado en actas contra los ciudadanos JAIME AREVALO HERNANDEZ, CARLOS JOSE AREVALO HERNANDEZ, MARIA AUXILIADORA AREVALO HERNANDEZ DE PEREZ Y MARIA ASUNCION AREVALO HERNANDEZ, MARIA MARTHA AREVALO VIUDA DE ALVAREZ, plenamente identificados en actas.

• NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría de la presente decisión a los fines legales previstos en el artículo 72 ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y 1384 del Código Civil.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los DIECINUEVE (-19-) días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
El Juez,

Abog. Adan Vivas Santaella. La Secretaria,

Abg. Aranza Tirado Perdomo