REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA RESUELVE: Expediente No. 2515 MOTIVO: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Por cuanto en el desarrollo de las labores de inventario realizadas por este Tribunal, se constata la paralización prolongada de las actuaciones procesales en la presente causa y en acatamiento a las líneas y directrices fijadas por el Tribunal Supremo de Justicia, tendentes a dar respuesta oportuna al derecho tutelado o en general, a una pronta administración de justicia, y visto el estado de congestionamiento en el cual se encuentran los archivos del Juzgado, en búsqueda de despejar los anaqueles ocupados por las causas que se encuentran en la referida oficina; la suscrita Jueza de este Despacho se aboca al conocimiento de la misma para resolver sobre la perención de la instancia en los siguientes términos: Se inicia el presente juicio de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, incoado por la ciudadana abogada MARIA VIRGINIA OSORIO GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad Nº 15.937.557, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 131.140, obrando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil IMPORTADORA LAYLA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día veintidós (22) de Marzo de 2004, con el numero 11, del Tomo 19-A y domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra del ciudadano RICARDO SULBARÁN ARTEAGA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 12.479.737, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; siendo admitido por este Tribunal mediante auto de fecha dos (2) de octubre de 2009. En fecha catorce (14) de octubre de 2009, la abogada en ejercicio MARIA VIRGINIA OSORIO GONZALEZ, obrando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil IMPORTADORA LAYLA, C.A., consigna diligencia de consignación de gastos de transporte para la práctica de intimación de la parte demandada. En misma fecha, la referida abogada introduce escrito de solicitud de Medida de Embargo Preventivo. En fecha quince (15) de octubre de 2009, este Tribunal decreta medida preventiva de embargo, librándose a los efectos Exhorto No. 326-2009. Asimismo, el Alguacil expone que recibió los gastos de transporte. En fecha once (11) de mayo de 2010, este Órgano Jurisdiccional le da entrada a las resultas del exhorto librado, en la cual consta que fue parcialmente ejecutada la medida de embargo preventivo, ordenándose el depósito de las cantidades de dinero objeto de la medida. En fecha doce (12) de noviembre de 2010, la Jueza Temporal, abogada Senovia Urdaneta, se aboca al conocimiento de la causa. En fecha veintiséis (26) de mayo de 2010, la apoderada judicial de la parte actora, se da por notificada. En fecha diez (10) de agosto de 2010, el Alguacil del Tribunal expone que no logró la intimación de la parte demandada. En fecha veintiuno (21) de septiembre de 2010, este Tribunal mediante auto ordena la intimación cartelaria de la parte demandada. Ahora bien, encontrándose la causa en la etapa procesal antes dicha, no se observa actuación alguna por parte del intimante para impulsar el proceso, configurándose una inactividad prolongada por dicha parte, en tal sentido, la norma adjetiva en su artículo 267 ha asentado: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. Asimismo, establece el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y en la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Es así como las normas ut supra transcritas contemplan la extinción del procedimiento al haber transcurrido un (1) año sin actividad procesal, pudiendo en este caso el Juez, declarar de oficio la perención, por ser una facultad que la ley le otorga, quien al verificar los presupuestos que determinan su procedencia está en obligación de emitir pronunciamiento al respecto, entendiéndose que los efectos de la referida sanción operarán desde el momento en el cual se cumplió el tiempo de paralización del proceso o lo que es lo mismo, el período donde se evidenció la falta de impulso procesal. En atención a lo previsto en la legislación, la Sala de Casación Civil en Sentencia signada con el No. 211, de fecha veintiuno (21) de Junio de 2000, correspondiente al expediente Nº 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente: “La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…” De lo antes citado, se evidencia que la perención anual puede ser declarada aun de oficio por el Tribunal, una vez verificados los extremos de ley, en este caso, el transcurso de un (1) año, sin que las partes hubiesen realizados actos tendientes al impulso del proceso. En este caso, se observa que la última actuación de impulso verificada en actas, fue el día veintiuno (21) de septiembre de 2010, fecha en la cual este Órgano Jurisdiccional ordena la intimación cartelaria de la parte demandada. Por lo cual, desde la aludida fecha, hasta el día de hoy, transcurrió más de un (1) año sin que la parte actora hubiese efectuado actuación alguna capaz de impulsar el proceso e interrumpir el computo de la perención de la instancia, por lo que de conformidad con las normas y el extracto jurisprudencial antes citados, considera esta Juzgadora consumado los extremos concurrentes para la Perención de la Instancia, por lo que se hace necesario declarar la extinción del presente proceso. Así se determina.- Asimismo, se acuerda la suspensión de la medida preventiva de embargo decretada mediante auto de fecha quince (15) de octubre de 2009. Así se determina.- DISPOSITIVO Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 269 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar: 1) PERIMIDA LA INSTANCIA, y por consiguiente EXTINGUIDO el presente proceso de COBRO DE BOLIVARES VIA INTIMACIÓN, incoado por la ciudadana abogada MARIA VIRGINIA OSORIO GONZALEZ, obrando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil IMPORTADORA LAYLA, C.A., en contra del ciudadano RICARDO SULBARÁN ARTEAGA, plenamente identificados en la parte narrativa del presente fallo. 2) SE SUSPENDE la medida preventiva de embargo decretada mediante auto de fecha quince (15) de octubre de 2009. 3) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de las Federación.- La Jueza, Abog. Auriveth Meléndez La Secretaria, Abog. Margie Pirela En la misma fecha, siendo las doce y treinta minutos de la tarde (12:30 a.m.), se publicó la anterior sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva en el expediente No. 2515.- La Secretaria, Abog. Margie Pirela